Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.
Tras la teoría general de la obligación, este tema desarrolla el contrato como su fuente más relevante en la práctica: qué elementos exige el Código Civil para que exista un contrato válido, en qué momento se entiende perfeccionado y qué remedios prevé el ordenamiento cuando falta alguno de esos elementos o el consentimiento está viciado.
Concepto y elementos esenciales (arts. 1254 y 1261 CC)
El artículo 1254 del Código Civil dispone que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. El artículo 1261 CC enumera los requisitos sin los cuales no hay contrato: 1.º consentimiento de los contratantes; 2.º objeto cierto que sea materia del contrato; 3.º causa de la obligación que se establezca. La ausencia de cualquiera de estos tres elementos impide que el contrato llegue a existir válidamente.
El consentimiento y sus vicios (arts. 1265-1270 CC)
El artículo 1265 del Código Civil establece que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Para que el error invalide el consentimiento debe recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo (art. 1266 CC). La violencia existe cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible, y la intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave (art. 1267 CC). El dolo consiste en palabras o maquinaciones insidiosas empleadas por uno de los contratantes para inducir al otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho (art. 1269 CC).
Objeto y causa del contrato
El artículo 1271 del Código Civil admite como objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, incluso las futuras, y todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. El objeto debe ser posible (art. 1272 CC, que excluye las cosas o servicios imposibles), lícito (art. 1271 CC) y determinado o determinable (art. 1273 CC). La causa es el fundamento jurídico de la obligación de cada parte: en los contratos onerosos, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera; en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor (art. 1274 CC). Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno (art. 1275 CC).
Perfección del contrato (arts. 1258 y 1262 CC)
El artículo 1258 del Código Civil establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. El artículo 1262 CC precisa que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, regulando también el momento de perfección entre partes que contratan a distancia.
Ineficacia: nulidad y anulabilidad (arts. 1300 y 1301 CC)
El artículo 1300 del Código Civil establece que los contratos en que concurran los requisitos del artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley. Conforme al artículo 1301 CC, esta acción de anulabilidad caduca a los cuatro años, plazo que empieza a correr desde que cesó la intimidación o violencia, desde la consumación del contrato en los casos de error, dolo o falsedad de la causa, o desde otros momentos específicos previstos para menores o para actos de un cónyuge sin el consentimiento del otro. Frente a la anulabilidad (que exige impugnación y es subsanable por confirmación), la doctrina distingue la nulidad absoluta o de pleno derecho, que opera cuando falta un elemento esencial o la causa es ilícita, y cuya acción no está sujeta a plazo de caducidad.
La rescisión como otro supuesto de ineficacia (arts. 1290-1291 CC)
El artículo 1291 del Código Civil enumera los contratos rescindibles: entre otros, los celebrados en fraude de acreedores cuando estos no puedan cobrar de otro modo lo que se les deba, y los que se refieran a cosas litigiosas sin conocimiento o aprobación de las partes litigantes. La rescisión es un remedio distinto de la nulidad y la anulabilidad: no ataca a un contrato viciado en su formación, sino a un contrato válido que produce un perjuicio (lesión o fraude) a un tercero, y tiene carácter subsidiario, solo procedente cuando el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio (art. 1294 CC).
La autonomía de la voluntad y la fuerza de ley del contrato
El artículo 1255 del Código Civil consagra el principio de autonomía de la voluntad: los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. El artículo 1091 CC completa esta idea con el principio pacta sunt servanda: las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos; esto implica que, como regla general, un contrato válido no puede modificarse ni resolverse unilateralmente por una sola de las partes.
La forma del contrato: consensualismo y contratos formales
El artículo 1278 del Código Civil consagra el principio de libertad de forma o consensualismo: los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. No obstante, determinados contratos exigen una forma determinada con carácter constitutivo (contratos formales o solemnes), como ocurre con la hipoteca, que exige escritura pública e inscripción registral. Además, el artículo 1279 CC permite a los contratantes compelerse recíprocamente a llenar la forma legalmente exigida (p. ej. elevar a escritura pública un documento privado) desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos del art. 1261 CC.
La resolución del contrato por incumplimiento (art. 1124 CC)
El artículo 1124 del Código Civil regula la facultad resolutoria tácita: en las obligaciones recíprocas, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe; el perjudicado puede escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, y puede también pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible. Esta institución es distinta de la nulidad, la anulabilidad y la rescisión: parte de un contrato válidamente celebrado y sin vicios, cuya ineficacia sobreviene por el incumplimiento posterior de una de las partes.
Las condiciones generales de la contratación
La Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación, regula las cláusulas predispuestas unilateralmente por una de las partes (el predisponente), con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, con independencia de su autoría, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias; su incorporación al contrato exige que el adherente haya tenido oportunidad real de conocerlas, y pueden ser declaradas nulas, entre otros motivos, por ser contrarias a la buena fe o causar un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes cuando el adherente es un consumidor.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El contrato existe desde que hay consentimiento en obligarse a dar o prestar algo (art. 1254 CC).
Requisitos esenciales del contrato (art. 1261 CC): consentimiento, objeto cierto y causa.
Sin uno de los tres elementos del art. 1261 CC, el contrato no llega a existir válidamente.
El consentimiento es nulo si está prestado por error, violencia, intimidación o dolo (art. 1265 CC).
El error invalidante debe recaer sobre la sustancia de la cosa o sobre condiciones determinantes del contrato (art. 1266 CC).
La violencia exige fuerza irresistible; la intimidación, temor racional y fundado de un mal inminente y grave (art. 1267 CC).
El dolo son maquinaciones insidiosas que inducen a contratar cuando, sin ellas, no se habría contratado (art. 1269 CC).
El objeto del contrato debe ser posible (art. 1272 CC), lícito (art. 1271 CC) y determinado o determinable (art. 1273 CC).
La causa varía según el tipo de contrato: prestación en los onerosos, servicio remunerado en los remuneratorios, liberalidad en los de beneficencia (art. 1274 CC).
Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno (art. 1275 CC).
Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (art. 1258 CC).
La perfección exige el concurso de oferta y aceptación sobre la cosa y la causa (art. 1262 CC).
Los contratos anulables lo son aunque no haya lesión, si concurre un vicio invalidante (art. 1300 CC).
La acción de anulabilidad caduca a los cuatro años (art. 1301 CC).
El plazo de caducidad de la anulabilidad se cuenta desde momentos distintos según el vicio: cese de la violencia/intimidación, consumación del contrato en error/dolo, u otros hitos específicos.
La nulidad absoluta o de pleno derecho no está sujeta a plazo de caducidad, a diferencia de la anulabilidad.
La anulabilidad protege un interés particular y es subsanable por confirmación del contrato.
La rescisión (art. 1291 CC) ataca contratos válidamente celebrados que causan un perjuicio (fraude de acreedores, lesión).
La acción rescisoria es subsidiaria: solo procede si no existe otro recurso legal para reparar el perjuicio (art. 1294 CC).
El art. 1255 CC consagra la autonomía de la voluntad, con el límite de la ley, la moral y el orden público.
El art. 1091 CC recoge el principio pacta sunt servanda: el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes.
El art. 1278 CC consagra la libertad de forma (consensualismo) como regla general del contrato.
Ciertos contratos (como la hipoteca) exigen forma solemne con carácter constitutivo, por excepción al consensualismo.
El art. 1279 CC permite a las partes compelerse recíprocamente a elevar a la forma legalmente exigida un contrato ya perfeccionado.
El art. 1124 CC regula la facultad resolutoria tácita en las obligaciones recíprocas ante el incumplimiento de una de las partes.
El perjudicado por el incumplimiento puede optar entre exigir el cumplimiento o la resolución, con resarcimiento de daños en ambos casos.
La resolución del art. 1124 CC es distinta de la nulidad, la anulabilidad y la rescisión: parte de un contrato válido, afectado por un incumplimiento posterior.
La Ley 7/1998 regula las condiciones generales de la contratación: cláusulas predispuestas para una pluralidad de contratos.
Las condiciones generales pueden declararse nulas por ser contrarias a la buena fe o causar desequilibrio importante cuando el adherente es consumidor.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Según el art. 1261 del Código Civil, ¿cuáles son los requisitos esenciales sin los cuales no hay contrato?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?
Tras la teoría general de la obligación, este tema desarrolla el contrato como su fuente más relevante en la práctica: qué elementos exige el Código Civil para que exista un contrato válido, en qué momento se entiende perfeccionado y qué remedios prevé el ordenamiento cuando falta alguno de esos elementos o el consentimiento está viciado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
El contrato existe desde que hay consentimiento en obligarse a dar o prestar algo (art. 1254 CC). Requisitos esenciales del contrato (art. 1261 CC): consentimiento, objeto cierto y causa. Sin uno de los tres elementos del art. 1261 CC, el contrato no llega a existir válidamente. El consentimiento es nulo si está prestado por error, violencia, intimidación o dolo (art. 1265 CC). El error invalidante debe recaer sobre la sustancia de la cosa o sobre condiciones determinantes del contrato (art. 1266 CC). La violencia exige fuerza irresistible; la intimidación, temor racional y fundado de un mal inminente y grave (art. 1267 CC). El dolo son maquinaciones insidiosas que inducen a contratar cuando, sin ellas, no se habría contratado (art. 1269 CC). El objeto del contrato debe ser posible (art. 1272 CC), lícito (art. 1271 CC) y determinado o determinable (art. 1273 CC). La causa varía según el tipo de contrato: prestación en los onerosos, servicio remunerado en los remuneratorios, liberalidad en los de beneficencia (art. 1274 CC). Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno (art. 1275 CC). Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (art. 1258 CC). La perfección exige el concurso de oferta y aceptación sobre la cosa y la causa (art. 1262 CC). Los contratos anulables lo son aunque no haya lesión, si concurre un vicio invalidante (art. 1300 CC). La acción de anulabilidad caduca a los cuatro años (art. 1301 CC). El plazo de caducidad de la anulabilidad se cuenta desde momentos distintos según el vicio: cese de la violencia/intimidación, consumación del contrato en error/dolo, u otros hitos específicos. La nulidad absoluta o de pleno derecho no está sujeta a plazo de caducidad, a diferencia de la anulabilidad. La anulabilidad protege un interés particular y es subsanable por confirmación del contrato. La rescisión (art. 1291 CC) ataca contratos válidamente celebrados que causan un perjuicio (fraude de acreedores, lesión). La acción rescisoria es subsidiaria: solo procede si no existe otro recurso legal para reparar el perjuicio (art. 1294 CC). El art. 1255 CC consagra la autonomía de la voluntad, con el límite de la ley, la moral y el orden público. El art. 1091 CC recoge el principio pacta sunt servanda: el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. El art. 1278 CC consagra la libertad de forma (consensualismo) como regla general del contrato. Ciertos contratos (como la hipoteca) exigen forma solemne con carácter constitutivo, por excepción al consensualismo. El art. 1279 CC permite a las partes compelerse recíprocamente a elevar a la forma legalmente exigida un contrato ya perfeccionado. El art. 1124 CC regula la facultad resolutoria tácita en las obligaciones recíprocas ante el incumplimiento de una de las partes. El perjudicado por el incumplimiento puede optar entre exigir el cumplimiento o la resolución, con resarcimiento de daños en ambos casos. La resolución del art. 1124 CC es distinta de la nulidad, la anulabilidad y la rescisión: parte de un contrato válido, afectado por un incumplimiento posterior. La Ley 7/1998 regula las condiciones generales de la contratación: cláusulas predispuestas para una pluralidad de contratos. Las condiciones generales pueden declararse nulas por ser contrarias a la buena fe o causar desequilibrio importante cuando el adherente es consumidor.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).
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