Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.
La Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, regula la actividad de auditoría ejercida por profesionales privados -auditores de cuentas y sociedades de auditoría- sobre las cuentas anuales y otros estados financieros de cualquier tipo de entidad, pública o privada, a diferencia de la auditoría pública estudiada en un tema anterior, que es la que practica o encarga la propia Intervención General de la Administración del Estado sobre el sector público estatal. Ambas figuras comparten metodología y terminología técnica, pero se enmarcan en regímenes jurídicos distintos: mientras la auditoría pública se rige por el Real Decreto 2188/1995 y se inserta en el sistema de control interno de la IGAE, la auditoría de cuentas regulada en la Ley 22/2015 se apoya en un régimen de acceso, independencia y supervisión pública propio, bajo la vigilancia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
El artículo 1.2 de la Ley 22/2015 define la auditoría de cuentas como la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos, informe que está destinado a dar mayor seguridad a los usuarios sobre esa información y a producir efectos frente a terceros.
Modalidades de auditoría
El artículo 4 de la Ley 22/2015 distingue dos modalidades: la auditoría de cuentas anuales, cuyo objetivo es verificar y dictaminar si las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable; y la auditoría de otros estados financieros o documentos contables, dirigida a verificar y dictaminar si estos han sido preparados de conformidad con el marco normativo específico que les resulte aplicable.
Acceso a la actividad de auditoría
El ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas exige la previa autorización e inscripción en el correspondiente Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que gestiona el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); la ley exige, además de la formación teórica y práctica requerida, la superación de un examen de aptitud profesional, garantizando así un nivel homogéneo de cualificación técnica de quienes ejercen la función auditora.
Independencia del auditor
La Ley 22/2015 configura la independencia como principio esencial de la auditoría, articulado mediante un sistema mixto que combina un principio general de abstención cuando pudiera verse comprometida la objetividad del auditor frente a la entidad auditada, con causas de incompatibilidad tasadas -relaciones financieras, comerciales o laborales significativas con la entidad, participación en su proceso de toma de decisiones, prestación de determinados servicios distintos de la auditoría, entre otras- cuya concurrencia impide, en todo caso, la aceptación o continuación del encargo.
El informe de auditoría
El artículo 5 de la Ley 22/2015 exige que el informe de auditoría exprese una opinión técnica, debidamente motivada, sobre si las cuentas expresan la imagen fiel de la entidad auditada; la opinión será favorable cuando el auditor concluya que las cuentas se han preparado de conformidad con el marco normativo aplicable, con salvedades cuando existan incorrecciones o limitaciones que no invaliden el conjunto de las cuentas, desfavorable cuando las incorrecciones sean materiales y generalizadas, y denegada cuando el auditor no haya podido obtener evidencia suficiente para formarse una opinión.
Supervisión pública de la actividad auditora
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía, ejerce la supervisión pública de la actividad de auditoría de cuentas, función que comprende la autorización e inscripción registral de auditores y sociedades de auditoría, el control de calidad de su actividad mediante inspecciones periódicas, y el ejercicio de la potestad disciplinaria a través del correspondiente régimen de infracciones y sanciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La auditoría de cuentas se regula en la Ley 22/2015 y la ejercen profesionales privados: auditores de cuentas y sociedades de auditoría.
Se distingue de la auditoría pública (RD 2188/1995), que es la que practica o encarga la propia IGAE sobre el sector público estatal.
Su objeto es la revisión y verificación de cuentas anuales u otros estados financieros para emitir un informe sobre su fiabilidad (art. 1.2).
Modalidades: auditoría de cuentas anuales (imagen fiel del patrimonio y resultados) y de otros estados financieros o documentos contables (art. 4).
El ejercicio de la actividad exige autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
El acceso requiere formación teórica y práctica y la superación de un examen de aptitud profesional.
La independencia combina un principio general de abstención con causas de incompatibilidad tasadas.
El informe de auditoría debe expresar una opinión técnica motivada sobre la imagen fiel de las cuentas (art. 5).
Tipos de opinión: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada.
El ICAC ejerce la supervisión pública: autorización, inscripción registral, control de calidad e inspecciones.
El ICAC dispone de potestad disciplinaria mediante un régimen propio de infracciones y sanciones.
Auditoría pública y auditoría de cuentas comparten metodología técnica pero responden a regímenes jurídicos distintos.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el artículo 4 de la Ley 22/2015, ¿cuáles son las dos modalidades de auditoría de cuentas?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?
La Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, regula la actividad de auditoría ejercida por profesionales privados -auditores de cuentas y sociedades de auditoría- sobre las cuentas anuales y otros estados financieros de cualquier tipo de entidad, pública o privada, a diferencia de la auditoría pública estudiada en un tema anterior, que es la que practica o encarga la propia Intervención General de la Administración del Estado sobre el sector público estatal. Ambas figuras comparten metodología y terminología técnica, pero se enmarcan en regímenes jurídicos distintos: mientras la auditoría pública se rige por el Real Decreto 2188/1995 y se inserta en el sistema de control interno de la IGAE, la auditoría de cuentas regulada en la Ley 22/2015 se apoya en un régimen de acceso, independencia y supervisión pública propio, bajo la vigilancia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
La auditoría de cuentas se regula en la Ley 22/2015 y la ejercen profesionales privados: auditores de cuentas y sociedades de auditoría. Se distingue de la auditoría pública (RD 2188/1995), que es la que practica o encarga la propia IGAE sobre el sector público estatal. Su objeto es la revisión y verificación de cuentas anuales u otros estados financieros para emitir un informe sobre su fiabilidad (art. 1.2). Modalidades: auditoría de cuentas anuales (imagen fiel del patrimonio y resultados) y de otros estados financieros o documentos contables (art. 4). El ejercicio de la actividad exige autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). El acceso requiere formación teórica y práctica y la superación de un examen de aptitud profesional. La independencia combina un principio general de abstención con causas de incompatibilidad tasadas. El informe de auditoría debe expresar una opinión técnica motivada sobre la imagen fiel de las cuentas (art. 5). Tipos de opinión: favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. El ICAC ejerce la supervisión pública: autorización, inscripción registral, control de calidad e inspecciones. El ICAC dispone de potestad disciplinaria mediante un régimen propio de infracciones y sanciones. Auditoría pública y auditoría de cuentas comparten metodología técnica pero responden a regímenes jurídicos distintos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, arts. 1, 4 y 5, y Título I, Capítulo III (independencia)
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