Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.
Este tema estudia la organización de las Administraciones Públicas españolas a partir de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): su ámbito subjetivo, los principios generales que rigen su actuación, y la distinción entre la Administración territorial y el sector público institucional, con especial atención a los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales) y al resto de entidades que integran ese sector público institucional.
El artículo 2 de la Ley 40/2015 delimita su ámbito de aplicación: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional, integrado a su vez por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y las Universidades públicas.
Principios generales de actuación de las Administraciones Públicas (art. 3 LRJSP)
El artículo 3 de la Ley 40/2015 dispone que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho; y añade principios de buena regulación, buena fe, confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, transparencia, y cooperación y colaboración entre Administraciones.
Administración territorial frente a Administración institucional
La Administración territorial (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) tiene atribuidos fines generales sobre un territorio determinado y goza de autonomía política o de potestades de autogobierno reconocidas directamente por la Constitución o los Estatutos. La Administración institucional, integrada en el sector público institucional, se rige por el principio de especialidad: son entidades con personalidad jurídica propia, creadas por una Administración territorial para la gestión especializada de una actividad o servicio público concreto, de la que dependen o a la que están vinculadas y cuyos fines les vienen predeterminados por su norma de creación.
Clases de entidades del sector público institucional estatal (art. 84 LRJSP)
El artículo 84 de la Ley 40/2015 clasifica las entidades del sector público institucional estatal en: organismos públicos, que a su vez comprenden los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; autoridades administrativas independientes; sociedades mercantiles estatales; consorcios; fundaciones del sector público; fondos carentes de personalidad jurídica; y universidades públicas no transferidas.
Los organismos autónomos
Los organismos autónomos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios, dependientes de un Ministerio, a los que se encomienda la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Su régimen jurídico es, con carácter general, el propio del Derecho Administrativo, en cuanto al ejercicio de las potestades administrativas que tienen atribuidas, a la elaboración y ejecución de sus presupuestos y al régimen de personal, bienes y contratación.
Las entidades públicas empresariales
Las entidades públicas empresariales son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y tienen atribuido el ejercicio de actividades de prestación de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en aquellos aspectos específicamente regulados para ellas en la propia Ley 40/2015, en su legislación específica y en sus estatutos.
Las autoridades administrativas independientes y las sociedades mercantiles estatales
Las autoridades administrativas independientes son organismos públicos a los que una ley atribuye expresamente esa naturaleza, encomendándoles funciones de regulación o supervisión de sectores económicos o de actividades determinadas, cuyo correcto funcionamiento exige garantizar su independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que se traduce en particularidades en el nombramiento y cese de sus titulares y en su sometimiento a un control parlamentario reforzado. Las sociedades mercantiles estatales, por su parte, son sociedades de capital en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las Administraciones Públicas u otras entidades del sector público institucional es superior al cincuenta por ciento; se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, cualquiera que sea su forma jurídica, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación, y en ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
Los consorcios y las fundaciones del sector público
Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, creadas por varias Administraciones Públicas entre sí, o por una o varias Administraciones Públicas con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas en el marco de sus respectivas competencias; se rigen por sus propios estatutos y, supletoriamente, por la Ley 40/2015 y por la normativa presupuestaria que les resulte de aplicación según la Administración a la que queden adscritos. Las fundaciones del sector público son aquellas en las que concurre, entre otros requisitos, que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de Administraciones Públicas o de entidades de su sector público institucional, o que su patrimonio fundacional esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados por esas entidades; se rigen por su legislación específica y, en lo no previsto en ella, por la legislación general sobre fundaciones.
El sector público institucional incluye organismos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas y universidades públicas.
Art. 3 LRJSP: principios de actuación (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, entre otros).
Sometimiento pleno de las Administraciones Públicas a la Constitución, la Ley y el Derecho (art. 3 LRJSP).
La Administración territorial tiene fines generales; la institucional se rige por el principio de especialidad.
Las entidades del sector público institucional dependen o están vinculadas a una Administración territorial.
Art. 84 LRJSP: clases de entidades del sector público institucional estatal.
Clases del art. 84 LRJSP: organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas.
Los organismos autónomos dependen de un Ministerio y se rigen por Derecho Administrativo.
Los organismos autónomos tienen personalidad jurídica, tesorería y patrimonio propios.
Las entidades públicas empresariales se financian mayoritariamente con ingresos de mercado.
Las entidades públicas empresariales se rigen por Derecho privado salvo en la formación de voluntad de sus órganos y en las potestades administrativas atribuidas.
Las autoridades administrativas independientes actúan con especial autonomía funcional o independencia respecto de la Administración General del Estado.
Las sociedades mercantiles estatales se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materias presupuestarias, contables, de personal y de contratación.
Los consorcios son entidades de derecho público creadas por varias Administraciones, o por Administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, para fines de interés común.
Las fundaciones del sector público se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por la legislación general de fundaciones.
Los fondos carentes de personalidad jurídica se adscriben a un Ministerio u organismo público y llevan una contabilidad diferenciada.
El principio de descentralización distribuye el ejercicio de funciones entre distintos niveles de Administración territorial.
El principio de desconcentración atribuye el ejercicio de competencias a órganos inferiores dentro de una misma Administración.
La creación de entidades del sector público institucional debe justificarse conforme a los principios de necesidad, eficacia y eficiencia.
Las autoridades administrativas independientes gozan de independencia funcional o especial autonomía respecto de la AGE y están sujetas a un control parlamentario reforzado.
Las sociedades mercantiles estatales tienen participación pública superior al 50% del capital y se rigen por Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control y de contratación.
Las sociedades mercantiles estatales no pueden ejercer facultades que impliquen autoridad pública.
Los consorcios se crean entre Administraciones Públicas, o entre Administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, para fines de interés común.
Las fundaciones del sector público se caracterizan por una aportación fundacional mayoritariamente pública.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
El ámbito subjetivo de la Ley 40/2015, según su artículo 2, incluye:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?
Este tema estudia la organización de las Administraciones Públicas españolas a partir de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): su ámbito subjetivo, los principios generales que rigen su actuación, y la distinción entre la Administración territorial y el sector público institucional, con especial atención a los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales) y al resto de entidades que integran ese sector público institucional.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Art. 2 LRJSP: ámbito subjetivo (AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional). El sector público institucional incluye organismos y entidades de derecho público, entidades de derecho privado vinculadas y universidades públicas. Art. 3 LRJSP: principios de actuación (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, entre otros). Sometimiento pleno de las Administraciones Públicas a la Constitución, la Ley y el Derecho (art. 3 LRJSP). La Administración territorial tiene fines generales; la institucional se rige por el principio de especialidad. Las entidades del sector público institucional dependen o están vinculadas a una Administración territorial. Art. 84 LRJSP: clases de entidades del sector público institucional estatal. Clases del art. 84 LRJSP: organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas. Los organismos autónomos dependen de un Ministerio y se rigen por Derecho Administrativo. Los organismos autónomos tienen personalidad jurídica, tesorería y patrimonio propios. Las entidades públicas empresariales se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. Las entidades públicas empresariales se rigen por Derecho privado salvo en la formación de voluntad de sus órganos y en las potestades administrativas atribuidas. Las autoridades administrativas independientes actúan con especial autonomía funcional o independencia respecto de la Administración General del Estado. Las sociedades mercantiles estatales se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en materias presupuestarias, contables, de personal y de contratación. Los consorcios son entidades de derecho público creadas por varias Administraciones, o por Administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, para fines de interés común. Las fundaciones del sector público se rigen por su legislación específica y, supletoriamente, por la legislación general de fundaciones. Los fondos carentes de personalidad jurídica se adscriben a un Ministerio u organismo público y llevan una contabilidad diferenciada. El principio de descentralización distribuye el ejercicio de funciones entre distintos niveles de Administración territorial. El principio de desconcentración atribuye el ejercicio de competencias a órganos inferiores dentro de una misma Administración. La creación de entidades del sector público institucional debe justificarse conforme a los principios de necesidad, eficacia y eficiencia. Las autoridades administrativas independientes gozan de independencia funcional o especial autonomía respecto de la AGE y están sujetas a un control parlamentario reforzado. Las sociedades mercantiles estatales tienen participación pública superior al 50% del capital y se rigen por Derecho privado, salvo en materia presupuestaria, contable, de control y de contratación. Las sociedades mercantiles estatales no pueden ejercer facultades que impliquen autoridad pública. Los consorcios se crean entre Administraciones Públicas, o entre Administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, para fines de interés común. Las fundaciones del sector público se caracterizan por una aportación fundacional mayoritariamente pública.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).
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