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Tema 1. Fuentes del derecho y sistema jurídico español

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.

Este tema abre el temario situando las fuentes del ordenamiento jurídico español y la jerarquía normativa que las articula, base imprescindible para interpretar correctamente el resto de materias jurídicas del programa (civil, mercantil, administrativa y tributaria).

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Las fuentes del derecho en el artículo 1 del Código Civil

El artículo 1.1 del Código Civil establece que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El propio artículo 1 desarrolla el valor y la función de cada una: la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada (art. 1.3 CC); los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC).

La jurisprudencia y su función complementaria

El artículo 1.6 del Código Civil califica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo como complemento del ordenamiento jurídico: la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No es fuente autónoma, pero condiciona en la práctica cómo se aplican las demás.

Jerarquía normativa y principio de legalidad

El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza el principio de legalidad, el principio de jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La Constitución ocupa la cúspide del ordenamiento (art. 9.1 CE), seguida por la ley (orgánica y ordinaria) y las disposiciones reglamentarias, subordinadas siempre a la ley.

Clases de leyes: ley orgánica y ley ordinaria

El artículo 81 de la Constitución reserva la forma de Ley Orgánica al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, además de las demás previstas en la Constitución; su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. El resto de leyes emanadas de las Cortes Generales son leyes ordinarias, aprobadas por mayoría simple.

Eficacia general y aplicación de las normas

El artículo 6.1 del Código Civil recoge el principio de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El artículo 3.1 CC fija los criterios de interpretación de las normas (sentido propio de las palabras, contexto, antecedentes históricos y legislativos, y realidad social del tiempo en que han de aplicarse, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad). El artículo 4.1 CC regula la analogía: procederá cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

Los tratados internacionales como fuente del derecho

El artículo 96.1 de la Constitución dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno; sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. El artículo 1.5 del Código Civil recoge la misma idea desde la perspectiva de las fuentes: las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.

El Derecho de la Unión Europea

El artículo 93 de la Constitución habilita la autorización, mediante ley orgánica, para celebrar tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución; es la base jurídica de la integración de España en la Unión Europea. Los reglamentos de la Unión Europea tienen efecto directo y, junto con el resto del Derecho de la Unión, gozan de primacía sobre el derecho interno de los Estados miembros en caso de conflicto, sin que ello suponga la derogación de la norma nacional, sino su inaplicación al caso concreto.

Normas con rango de ley dictadas por el Gobierno

El artículo 86 de la Constitución regula el Decreto-ley: disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general; deben someterse a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El artículo 85 CE regula el Decreto Legislativo, dictado por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales mediante ley de bases (para elaborar textos articulados) o mediante ley ordinaria que autorice refundir varios textos legales en uno solo (texto refundido).

Vigencia, derogación e irretroactividad de las normas

El artículo 2.1 del Código Civil establece que las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa (periodo conocido como vacatio legis). El artículo 2.2 CC dispone que las leyes solo se derogan por otras posteriores, y que la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. El artículo 2.3 CC recoge el principio general de irretroactividad: las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, principio que se refuerza, para las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, con la garantía constitucional del artículo 9.3 CE.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las fuentes del ordenamiento español (art. 1.1 CC): ley, costumbre y principios generales del derecho.
  • La costumbre solo se aplica en defecto de ley aplicable (art. 1.3 CC).
  • Requisitos de la costumbre: no ser contraria a la moral o al orden público, y resultar probada.
  • Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley y costumbre (art. 1.4 CC).
  • Los principios generales tienen también carácter informador de todo el ordenamiento jurídico.
  • La jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento jurídico (art. 1.6 CC).
  • La jurisprudencia exige doctrina reiterada, no una sola sentencia aislada.
  • La jurisprudencia no es fuente del derecho en sentido estricto, sino complemento interpretativo.
  • Principio de legalidad y principio de jerarquía normativa recogidos en el art. 9.3 CE.
  • El art. 9.3 CE también garantiza publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras desfavorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
  • La Constitución es la norma suprema del ordenamiento (art. 9.1 CE).
  • Ley Orgánica: exige mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto (art. 81.2 CE).
  • Materias reservadas a Ley Orgánica: derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general.
  • Ley ordinaria: aprobada por mayoría simple de las Cortes Generales.
  • Los reglamentos están siempre subordinados a la ley (principio de jerarquía).
  • Art. 6.1 CC: la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
  • Criterios de interpretación de las normas (art. 3.1 CC): sentido propio de las palabras, contexto, antecedentes históricos y legislativos, realidad social, espíritu y finalidad de la norma.
  • La analogía (art. 4.1 CC) exige identidad de razón entre el supuesto no regulado y el supuesto sí regulado.
  • Las normas penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas (art. 4.2 CC).
  • Distinción clave para el resto del temario: fuente primaria (ley) vs. fuente supletoria (costumbre) vs. fuente subsidiaria de último grado (principios generales).
  • Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en el BOE forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE, art. 1.5 CC).
  • Un tratado internacional solo puede derogarse, modificarse o suspenderse según sus propias previsiones o las normas generales del Derecho Internacional.
  • El art. 93 CE (mediante ley orgánica) es la base constitucional de la cesión de competencias que permite la integración de España en la Unión Europea.
  • El Derecho de la Unión Europea goza de primacía sobre el derecho interno de los Estados miembros en caso de conflicto.
  • Los reglamentos de la UE tienen efecto directo, a diferencia de las directivas, que necesitan normalmente transposición.
  • El Decreto-ley (art. 86 CE) exige extraordinaria y urgente necesidad y no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general.
  • El Decreto-ley debe someterse a debate y votación de totalidad del Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación.
  • El Decreto Legislativo (art. 85 CE) exige delegación legislativa previa de las Cortes Generales, mediante ley de bases o ley ordinaria de delegación.
  • La ley de bases delegante habilita textos articulados; la ley ordinaria de delegación habilita textos refundidos.
  • Art. 2.1 CC: vacatio legis de veinte días si la norma no fija otro plazo de entrada en vigor.
  • Art. 2.2 CC: las leyes solo se derogan por leyes posteriores, con el alcance que estas dispongan expresamente.
  • Art. 2.3 CC: principio general de irretroactividad de las leyes, salvo disposición expresa en contrario.
  • La costumbre puede ser secundum legem (conforme a la ley que la invoca) o praeter legem (suple su ausencia); no se admite la costumbre contra legem.
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Un tratado internacional válidamente celebrado por España:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?

Este tema abre el temario situando las fuentes del ordenamiento jurídico español y la jerarquía normativa que las articula, base imprescindible para interpretar correctamente el resto de materias jurídicas del programa (civil, mercantil, administrativa y tributaria).

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

Las fuentes del ordenamiento español (art. 1.1 CC): ley, costumbre y principios generales del derecho. La costumbre solo se aplica en defecto de ley aplicable (art. 1.3 CC). Requisitos de la costumbre: no ser contraria a la moral o al orden público, y resultar probada. Los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley y costumbre (art. 1.4 CC). Los principios generales tienen también carácter informador de todo el ordenamiento jurídico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento jurídico (art. 1.6 CC). La jurisprudencia exige doctrina reiterada, no una sola sentencia aislada. La jurisprudencia no es fuente del derecho en sentido estricto, sino complemento interpretativo. Principio de legalidad y principio de jerarquía normativa recogidos en el art. 9.3 CE. El art. 9.3 CE también garantiza publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras desfavorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento (art. 9.1 CE). Ley Orgánica: exige mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto (art. 81.2 CE). Materias reservadas a Ley Orgánica: derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general. Ley ordinaria: aprobada por mayoría simple de las Cortes Generales. Los reglamentos están siempre subordinados a la ley (principio de jerarquía). Art. 6.1 CC: la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Criterios de interpretación de las normas (art. 3.1 CC): sentido propio de las palabras, contexto, antecedentes históricos y legislativos, realidad social, espíritu y finalidad de la norma. La analogía (art. 4.1 CC) exige identidad de razón entre el supuesto no regulado y el supuesto sí regulado. Las normas penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplican a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas (art. 4.2 CC). Distinción clave para el resto del temario: fuente primaria (ley) vs. fuente supletoria (costumbre) vs. fuente subsidiaria de último grado (principios generales). Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en el BOE forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE, art. 1.5 CC). Un tratado internacional solo puede derogarse, modificarse o suspenderse según sus propias previsiones o las normas generales del Derecho Internacional. El art. 93 CE (mediante ley orgánica) es la base constitucional de la cesión de competencias que permite la integración de España en la Unión Europea. El Derecho de la Unión Europea goza de primacía sobre el derecho interno de los Estados miembros en caso de conflicto. Los reglamentos de la UE tienen efecto directo, a diferencia de las directivas, que necesitan normalmente transposición. El Decreto-ley (art. 86 CE) exige extraordinaria y urgente necesidad y no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general. El Decreto-ley debe someterse a debate y votación de totalidad del Congreso en los treinta días siguientes a su promulgación. El Decreto Legislativo (art. 85 CE) exige delegación legislativa previa de las Cortes Generales, mediante ley de bases o ley ordinaria de delegación. La ley de bases delegante habilita textos articulados; la ley ordinaria de delegación habilita textos refundidos. Art. 2.1 CC: vacatio legis de veinte días si la norma no fija otro plazo de entrada en vigor. Art. 2.2 CC: las leyes solo se derogan por leyes posteriores, con el alcance que estas dispongan expresamente. Art. 2.3 CC: principio general de irretroactividad de las leyes, salvo disposición expresa en contrario. La costumbre puede ser secundum legem (conforme a la ley que la invoca) o praeter legem (suple su ausencia); no se admite la costumbre contra legem.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).

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