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Tema 24. El control externo y el Tribunal de Cuentas

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.

Frente al control interno que ejerce la Intervención General de la Administración del Estado sobre la propia Administración a la que pertenece -función interventora, control financiero permanente, auditoría pública y control de subvenciones e ingresos, ya estudiados-, el ordenamiento español prevé un control externo, ejercido por un órgano ajeno al Poder Ejecutivo: el Tribunal de Cuentas, regulado en el artículo 136 de la Constitución, en la Ley Orgánica 2/1982 y en su ley de funcionamiento, la Ley 7/1988. Este tema desarrolla la naturaleza y composición del Tribunal, sus dos funciones -fiscalizadora y enjuiciadora- y el modo en que ambas se proyectan sobre la Cuenta General del Estado y sobre la responsabilidad contable de quienes manejan fondos públicos, cerrando así el ciclo de control de la actividad económico-financiera del sector público que el temario ha ido recorriendo desde la función interventora.

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Naturaleza y dependencia del Tribunal de Cuentas

El artículo 1.Uno de la Ley Orgánica 2/1982 define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público; el artículo 1.Dos lo configura como único en su orden dentro de todo el territorio nacional y dependiente directamente de las Cortes Generales. El artículo 136.1 de la Constitución, por su parte, precisa que el Tribunal ejerce sus funciones por delegación de las Cortes Generales en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

Composición y órganos del Tribunal

Según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1982, el Pleno del Tribunal está integrado por doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales lo preside, y el Fiscal; su estructura orgánica se completa con la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización -encargada de la función fiscalizadora- y la Sección de Enjuiciamiento -encargada de la función jurisdiccional-, junto con los Consejeros de Cuentas que, individualmente, actúan como órgano unipersonal en primera instancia de los procedimientos jurisdiccionales.

La función fiscalizadora

El artículo 2.a) de la Ley Orgánica 2/1982 atribuye al Tribunal de Cuentas la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público; externa por ser ajena al propio ente fiscalizado, permanente por proyectarse de manera continuada en el tiempo y consuntiva por recaer sobre una actividad ya realizada. El resultado de esta función se traduce en informes, mociones y notas que el Tribunal eleva a las Cortes Generales.

El procedimiento de fiscalización

La Ley 7/1988 desarrolla el procedimiento fiscalizador a través, entre otros trámites, del examen de las cuentas rendidas -incluida la Cuenta General del Estado que la IGAE remite tras su formación-, con una fase en la que las actuaciones practicadas se ponen de manifiesto a los responsables para que puedan formular alegaciones en el plazo que se les conceda, garantizando así el principio de contradicción antes de la aprobación del informe definitivo de fiscalización.

La función jurisdiccional: enjuiciamiento de la responsabilidad contable

El artículo 2.b) de la Ley Orgánica 2/1982 atribuye al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos; conforme al artículo 38.1, quien por acción u omisión contraria a la ley origine el menoscabo de los caudales o efectos públicos queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados, dando lugar al concepto de alcance como menoscabo de fondos públicos imputable a quien los tiene a su cargo.

El juicio de cuentas y el procedimiento de reintegro por alcance

La Ley 7/1988 regula el juicio de cuentas como proceso declarativo especial en el que los Consejeros de Cuentas conocen, en primera instancia, de las pretensiones de responsabilidad contable, siendo susceptibles sus resoluciones de apelación ante las Salas de Justicia del Tribunal; el procedimiento de reintegro por alcance, por su parte, se dirige a concretar los hechos y los posibles responsables mediante actuaciones previas que pueden culminar en una liquidación provisional del alcance y, en su caso, en el embargo de bienes del presunto responsable.

Legitimación y recursos

Según el artículo 55.1 de la Ley 7/1988, están legitimados para el ejercicio de la acción de responsabilidad contable la Administración o entidad pública perjudicada y el Ministerio Fiscal, entre otros; contra las sentencias dictadas por los Consejeros de Cuentas en primera instancia cabe recurso de apelación ante las Salas de Justicia, y contra las resoluciones de estas, recursos de casación y de revisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado (art. 1.1 LO 2/1982).
  • Es órgano de relevancia constitucional (art. 136 CE), único en su orden, que depende directamente de las Cortes Generales (art. 1.2 LO 2/1982).
  • El Pleno lo integran doce Consejeros de Cuentas, uno de ellos Presidente, y el Fiscal (art. 21 LO 2/1982).
  • Órganos principales: Pleno, Comisión de Gobierno, Sección de Fiscalización y Sección de Enjuiciamiento.
  • Ejerce dos funciones: fiscalizadora (art. 2.a) y jurisdiccional o enjuiciadora (art. 2.b) de la LO 2/1982.
  • La función fiscalizadora es externa, permanente y consuntiva sobre la actividad económico-financiera del sector público.
  • El resultado de la fiscalización se traduce en informes, mociones y notas elevados a las Cortes Generales.
  • El procedimiento fiscalizador examina las cuentas rendidas, incluida la Cuenta General del Estado, con trámite de alegaciones.
  • La función jurisdiccional enjuicia la responsabilidad contable de quienes manejan caudales o efectos públicos.
  • Alcance: menoscabo de fondos públicos que obliga a indemnizar los daños causados (art. 38.1 LO 2/1982).
  • El juicio de cuentas se sustancia en primera instancia ante los Consejeros de Cuentas, con apelación ante las Salas de Justicia.
  • El procedimiento de reintegro por alcance concreta hechos y responsables y puede acordar embargo de bienes.
  • Están legitimados para exigir responsabilidad contable la Administración perjudicada y el Ministerio Fiscal (art. 55.1 Ley 7/1988).
  • Contra las resoluciones de las Salas de Justicia caben casación y revisión ante el Tribunal Supremo.
  • El control externo del Tribunal de Cuentas complementa, desde fuera del Ejecutivo, el control interno que ejerce la IGAE.
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En el juicio de cuentas, las resoluciones dictadas en primera instancia por los Consejeros de Cuentas son susceptibles de...

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?

Frente al control interno que ejerce la Intervención General de la Administración del Estado sobre la propia Administración a la que pertenece -función interventora, control financiero permanente, auditoría pública y control de subvenciones e ingresos, ya estudiados-, el ordenamiento español prevé un control externo, ejercido por un órgano ajeno al Poder Ejecutivo: el Tribunal de Cuentas, regulado en el artículo 136 de la Constitución, en la Ley Orgánica 2/1982 y en su ley de funcionamiento, la Ley 7/1988. Este tema desarrolla la naturaleza y composición del Tribunal, sus dos funciones -fiscalizadora y enjuiciadora- y el modo en que ambas se proyectan sobre la Cuenta General del Estado y sobre la responsabilidad contable de quienes manejan fondos públicos, cerrando así el ciclo de control de la actividad económico-financiera del sector público que el temario ha ido recorriendo desde la función interventora.

¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado (art. 1.1 LO 2/1982). Es órgano de relevancia constitucional (art. 136 CE), único en su orden, que depende directamente de las Cortes Generales (art. 1.2 LO 2/1982). El Pleno lo integran doce Consejeros de Cuentas, uno de ellos Presidente, y el Fiscal (art. 21 LO 2/1982). Órganos principales: Pleno, Comisión de Gobierno, Sección de Fiscalización y Sección de Enjuiciamiento. Ejerce dos funciones: fiscalizadora (art. 2.a) y jurisdiccional o enjuiciadora (art. 2.b) de la LO 2/1982. La función fiscalizadora es externa, permanente y consuntiva sobre la actividad económico-financiera del sector público. El resultado de la fiscalización se traduce en informes, mociones y notas elevados a las Cortes Generales. El procedimiento fiscalizador examina las cuentas rendidas, incluida la Cuenta General del Estado, con trámite de alegaciones. La función jurisdiccional enjuicia la responsabilidad contable de quienes manejan caudales o efectos públicos. Alcance: menoscabo de fondos públicos que obliga a indemnizar los daños causados (art. 38.1 LO 2/1982). El juicio de cuentas se sustancia en primera instancia ante los Consejeros de Cuentas, con apelación ante las Salas de Justicia. El procedimiento de reintegro por alcance concreta hechos y responsables y puede acordar embargo de bienes. Están legitimados para exigir responsabilidad contable la Administración perjudicada y el Ministerio Fiscal (art. 55.1 Ley 7/1988). Contra las resoluciones de las Salas de Justicia caben casación y revisión ante el Tribunal Supremo. El control externo del Tribunal de Cuentas complementa, desde fuera del Ejecutivo, el control interno que ejerce la IGAE.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 136
  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, arts. 1, 2, 21 y 38
  • Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Título IV (fiscalización, arts. 27 y ss.), arts. 45 y ss. (actuaciones previas de reintegro por alcance), art. 55.1 (legitimación) y Título V (juicio de cuentas y recursos)

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