Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.
La gobernanza pública designa el conjunto de principios, reglas y prácticas que orientan el ejercicio del poder público hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, superando un modelo de Administración cerrada sobre sí misma. En España, ese cambio de paradigma se materializa principalmente en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la adhesión de España a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que se instrumenta mediante planes de acción periódicos elaborados con participación de la sociedad civil.
Objeto y ámbito subjetivo de la Ley 19/2013 (arts. 1 a 3)
El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. El artículo 2 delimita el ámbito subjetivo de aplicación, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, las corporaciones de derecho público y los órganos constitucionales y estatutarios; el artículo 3 extiende determinadas obligaciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas por encima de determinados umbrales.
La publicidad activa (Título I, Capítulo II, arts. 5 a 11)
El Capítulo II del Título I regula la publicidad activa, entendida como la obligación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de publicar, de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, de forma clara, estructurada y en formatos reutilizables. El artículo 5.4 exige que esta información se publique en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y comprensible para los interesados. La obligación se proyecta sobre información institucional, organizativa y de planificación (art. 6), información de relevancia jurídica (art. 7) e información económica, presupuestaria y estadística (art. 8), esta última referida a contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales y retribuciones de altos cargos, entre otros extremos.
El derecho de acceso a la información pública (Título I, Capítulo III, arts. 12 a 24)
El artículo 12 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, entendida conforme al artículo 13 como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, sin que el ejercicio de este derecho exija motivar la solicitud. El artículo 14 establece los límites al derecho de acceso, que podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinados intereses (la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la investigación o sanción de infracciones penales, administrativas o disciplinarias, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, entre otros), mientras que el artículo 15 somete el acceso a información que contenga datos especialmente protegidos a reglas específicas de ponderación o consentimiento. El artículo 20 fija en un mes, prorrogable por otro mes en atención al volumen o complejidad de la información solicitada, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título III, arts. 33 a 39)
El Título III crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito al departamento ministerial competente, cuya finalidad es promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno (art. 34). Entre sus funciones destaca la resolución de las reclamaciones que se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, reclamación de carácter potestativo y previa a su impugnación en vía contencioso-administrativa (art. 24), así como la adopción de recomendaciones y la elaboración de una memoria anual que se remite a las Cortes Generales.
Los principios de buen gobierno (Título II, arts. 25 a 32)
El Título II establece un catálogo de principios de buen gobierno que deben presidir la actuación de los altos cargos y asimilados de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, entre ellos los principios generales (art. 26: actuar con transparencia, ejercer las funciones con dedicación, respetar el principio de imparcialidad, entre otros), los principios de actuación (art. 26.2) y los principios de buena gestión financiera y de gestión de personal (arts. 27 y 28). El incumplimiento de estos principios se tipifica como infracción en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria o en materia disciplinaria (arts. 29 a 31), con sanciones que pueden llegar a la destitución en el cargo y a la prohibición de nombramiento para ocupar cargos de similar naturaleza durante un periodo determinado.
El Gobierno Abierto y la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership)
El Gobierno Abierto es un modelo de relación entre los poderes públicos y la ciudadanía que se articula en torno a cuatro pilares: la transparencia, el acceso a la información y los datos abiertos (open data); la participación ciudadana en el diseño y la evaluación de las políticas públicas; la rendición de cuentas; y la colaboración entre Administración, sociedad civil y sector privado para la coproducción de servicios y políticas públicas. España forma parte, desde su creación en 2011, de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa multilateral voluntaria que exige a sus países miembros elaborar y ejecutar planes de acción de gobierno abierto de carácter bienal, negociados y cogobernados con organizaciones de la sociedad civil a través de mecanismos de participación institucional, de modo que cada plan recoge compromisos concretos evaluados de forma independiente al término de su vigencia.
La reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007 y Ley 18/2015)
Junto al derecho de acceso a la información pública, que atribuye a toda persona la facultad de conocer el contenido de documentos públicos, el ordenamiento regula de forma diferenciada la reutilización de la información del sector público, entendida como el uso de documentos en poder de las Administraciones Públicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial para el que se produjo la información. Esta materia se regula en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificada sustancialmente por la Ley 18/2015, de 9 de julio, que extendió el régimen de reutilización a los documentos en poder de bibliotecas, museos y archivos, y desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. La reutilización se articula sobre el principio de licencia abierta y sobre portales de datos abiertos (open data) que ponen a disposición de terceros, en la medida de lo posible en formatos abiertos y legibles por máquina, los conjuntos de datos del sector público.
La Administración electrónica como instrumento de buen gobierno (Ley 39/2015 y Ley 40/2015)
La transformación digital de la Administración Pública, impulsada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, constituye un instrumento esencial de la gobernanza pública, en la medida en que facilita el ejercicio de los derechos de acceso y participación y refuerza la rendición de cuentas mediante sedes electrónicas, registros electrónicos, archivo electrónico único y notificaciones electrónicas. Estas normas consagran el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y la obligación de determinados sujetos, entre ellos las personas jurídicas, de hacerlo exclusivamente por medios electrónicos, reforzando así la transparencia y la eficacia de la actuación administrativa.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Art. 1: objeto de la ley, transparencia, derecho de acceso y obligaciones de buen gobierno.
Art. 2: ámbito subjetivo, Administraciones Públicas, entidades y organismos del sector público.
Art. 3: obligaciones extendidas a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades subvencionadas.
Publicidad activa (Título I, Cap. II, arts. 5-11): obligación de publicar información institucional, jurídica y económico-presupuestaria.
Art. 12: derecho de toda persona a acceder a la información pública sin necesidad de motivar la solicitud.
Art. 14: límites al derecho de acceso por razón de intereses públicos o privados tasados.
Art. 15: régimen específico para información con datos especialmente protegidos.
Art. 20: plazo máximo de resolución de un mes, prorrogable por otro mes.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título III, arts. 33-39): organismo independiente que resuelve reclamaciones y vela por el cumplimiento de la ley.
Art. 24: la reclamación ante el Consejo es potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa.
Principios de buen gobierno (Título II, arts. 25-32): transparencia, ejemplaridad, imparcialidad y buena gestión financiera de los altos cargos.
Las infracciones de buen gobierno pueden dar lugar a destitución e inhabilitación temporal para altos cargos (arts. 29-31).
El Gobierno Abierto se articula sobre transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y colaboración.
Open data (datos abiertos): publicación de información pública en formatos reutilizables.
España es miembro desde 2011 de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership).
Los planes de acción de gobierno abierto son bienales y se cogobiernan con la sociedad civil.
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio.
La reutilización se distingue del derecho de acceso: se orienta al reuso de la información, en formatos abiertos, con fines comerciales o no comerciales.
Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre: Administración electrónica como instrumento de gobernanza pública (sede electrónica, registro electrónico, notificaciones electrónicas).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
España forma parte, desde su creación en 2011, de una iniciativa multilateral voluntaria que exige a sus miembros elaborar planes de acción de gobierno abierto cogobernados con la sociedad civil. Esa iniciativa es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?
La gobernanza pública designa el conjunto de principios, reglas y prácticas que orientan el ejercicio del poder público hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, superando un modelo de Administración cerrada sobre sí misma. En España, ese cambio de paradigma se materializa principalmente en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la adhesión de España a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que se instrumenta mediante planes de acción periódicos elaborados con participación de la sociedad civil.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Art. 1: objeto de la ley, transparencia, derecho de acceso y obligaciones de buen gobierno. Art. 2: ámbito subjetivo, Administraciones Públicas, entidades y organismos del sector público. Art. 3: obligaciones extendidas a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades subvencionadas. Publicidad activa (Título I, Cap. II, arts. 5-11): obligación de publicar información institucional, jurídica y económico-presupuestaria. Art. 12: derecho de toda persona a acceder a la información pública sin necesidad de motivar la solicitud. Art. 14: límites al derecho de acceso por razón de intereses públicos o privados tasados. Art. 15: régimen específico para información con datos especialmente protegidos. Art. 20: plazo máximo de resolución de un mes, prorrogable por otro mes. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título III, arts. 33-39): organismo independiente que resuelve reclamaciones y vela por el cumplimiento de la ley. Art. 24: la reclamación ante el Consejo es potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa. Principios de buen gobierno (Título II, arts. 25-32): transparencia, ejemplaridad, imparcialidad y buena gestión financiera de los altos cargos. Las infracciones de buen gobierno pueden dar lugar a destitución e inhabilitación temporal para altos cargos (arts. 29-31). El Gobierno Abierto se articula sobre transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y colaboración. Open data (datos abiertos): publicación de información pública en formatos reutilizables. España es miembro desde 2011 de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Los planes de acción de gobierno abierto son bienales y se cogobiernan con la sociedad civil. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio. La reutilización se distingue del derecho de acceso: se orienta al reuso de la información, en formatos abiertos, con fines comerciales o no comerciales. Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre: Administración electrónica como instrumento de gobernanza pública (sede electrónica, registro electrónico, notificaciones electrónicas).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auditoría y Contabilidad (TAC).