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Tema 25. La Administración electrónica

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), turno de acceso libre y promoción interna (103 plazas: 98 de acceso libre, 8 de ellas de discapacidad, y 5 de promoción interna). El programa oficial (Anexo I) se organiza en tres bloques de temas numerados que alimentan ejercicios distintos del proceso selectivo: Anexo I.1.1 y I.1.2 (35 temas, primer ejercicio: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Derecho Constitucional y Administrativo) y Anexo I.3 (33 temas, tercer ejercicio: Derecho Presupuestario, Control y Contabilidad Pública, Derecho Tributario). El Anexo I.2 (Contabilidad y Matemáticas Financieras) no enumera temas individuales en la convocatoria, sino un temario de materias que alimenta el caso práctico del segundo ejercicio; aquí se recoge como dos entradas descriptivas, no como temas desarrollables uno a uno. Es un cuerpo único de la Administración General del Estado, sin fragmentación autonómica ni local.

La Administración electrónica designa el conjunto de medios y sistemas telemáticos que las Administraciones Públicas emplean para el ejercicio de sus competencias y para relacionarse con los ciudadanos y entre sí, marco que en España articulan fundamentalmente la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), desde la perspectiva de la relación con el interesado, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), desde la perspectiva del funcionamiento interno y entre Administraciones. Ambas leyes generalizaron y consolidaron un proceso iniciado con la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que fue la primera en reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración.

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Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente

El artículo 14 LPAC reconoce a las personas físicas el derecho a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de dichos medios; en cambio, quedan obligadas a relacionarse electrónicamente las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente.

Identificación y firma electrónica de los interesados

Los artículos 9 y 10 LPAC admiten, con carácter general, sistemas de identificación de los interesados basados en certificados electrónicos cualificados, sistemas de clave concertada u otros sistemas que las Administraciones consideren válidos; para la firma electrónica, exigida únicamente cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado (por ejemplo, en solicitudes, recursos o desistimientos), se admiten sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, así como cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido.

Registro electrónico general y registros electrónicos de apoderamientos

El artículo 16 LPAC dispone que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, interoperable con los de las restantes Administraciones, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba, así como la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares; el asiento registral recoge un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado y del órgano administrativo remitente o destinatario.

Archivo electrónico único

El artículo 17 LPAC establece que cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, debiendo los documentos electrónicos conservarse de un modo que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.

Notificaciones electrónicas

Los artículos 41 a 43 LPAC configuran las notificaciones electrónicas como la forma preferente de notificación, practicándose por comparecencia en la sede electrónica o dirección electrónica habilitada única de la Administración correspondiente, con puesta a disposición del interesado de un aviso de notificación; se entiende cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición del acto objeto de notificación, y se entiende rechazada, con los efectos que ello comporta, si transcurren diez días naturales sin que el interesado acceda a su contenido.

Sede electrónica y funcionamiento electrónico del sector público

La Ley 40/2015 dedica su Capítulo V del Título Preliminar (arts. 38 a 46) al funcionamiento electrónico del sector público: el artículo 38 exige que cada Administración disponga de una sede electrónica, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública y cuya gestión y administración responde a los principios de transparencia, publicidad, integridad, seguridad y disponibilidad de la información y los servicios; el artículo 41 regula la actuación administrativa automatizada, mediante la cual una Administración puede actuar sin intervención directa de una persona física, siempre que quede identificado el órgano responsable a efectos de impugnación.

Interoperabilidad y esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad

El artículo 3.2 LRJSP consagra el principio de interoperabilidad, conforme al cual las Administraciones Públicas se relacionan entre sí y con sus organismos vinculados o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptados; este mandato se desarrolla técnicamente en el artículo 156 LRJSP a través del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad, aprobados reglamentariamente, que fijan los criterios y recomendaciones comunes que deben seguir las Administraciones para garantizar la protección de la información y la prestación de servicios electrónicos seguros e interoperables.

Documentos y copias administrativas electrónicas

El artículo 26 LPAC exige que los documentos administrativos que emitan las Administraciones Públicas se emitan por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, debiendo incluir siempre la identificación y firma electrónica, en su caso, de quien los dicta, ordena, expide o, cuando proceda, los suscribe. El artículo 27 regula la validez y eficacia de las copias: las Administraciones Públicas deben emitir copias electrónicas auténticas de cualquier documento en papel que presenten los interesados, así como obtener copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados, con el mismo valor que el documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.

El Esquema Nacional de Seguridad

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobado inicialmente por el Real Decreto 3/2010 y actualmente regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, desarrolla el mandato del artículo 156 LRJSP y establece los principios y requisitos de seguridad que deben aplicar las Administraciones Públicas para proteger la información y los servicios electrónicos. El ENS categoriza los sistemas de información en tres niveles —básico, medio y alto— en función de la valoración del impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los servicios, y exige a cada Administración la auditoría periódica de sus sistemas y la elaboración de una declaración o certificación de conformidad.

El Reglamento eIDAS y los servicios electrónicos de confianza

El Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (Reglamento eIDAS), establece el marco común europeo para el reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación electrónica notificados entre Estados miembros y regula los denominados servicios de confianza: firma electrónica, sello electrónico, sello de tiempo, servicio de entrega electrónica certificada y certificados de autenticación de sitios web. Su aplicación directa en España se complementa con las previsiones de la LPAC y de la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Administración electrónica se articula en la LPAC (relación con el interesado) y en la LRJSP (funcionamiento interno y entre Administraciones).
  • Precedente: la Ley 11/2007 reconoció por primera vez el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • Las personas físicas eligen relacionarse electrónicamente o no; personas jurídicas y colectivos del art. 14.2 LPAC están obligados a ello.
  • La identificación admite certificados electrónicos cualificados, claves concertadas u otros sistemas válidos (arts. 9-10 LPAC).
  • La firma electrónica solo se exige cuando deba acreditarse la voluntad del interesado (solicitudes, recursos, desistimientos).
  • Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General interoperable con el resto de Administraciones (art. 16 LPAC).
  • El asiento registral recoge número, fecha, hora, identificación del interesado y órgano remitente o destinatario.
  • Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos finalizados (art. 17 LPAC).
  • Las notificaciones electrónicas son la forma preferente de notificación, mediante comparecencia en sede electrónica (arts. 41-43 LPAC).
  • La notificación se entiende rechazada si el interesado no accede a su contenido en diez días naturales.
  • Toda Administración debe disponer de una sede electrónica, con gestión sujeta a principios de transparencia y seguridad (art. 38 LRJSP).
  • La actuación administrativa automatizada permite actuar sin intervención de una persona física, identificando el órgano responsable (art. 41 LRJSP).
  • El principio de interoperabilidad (art. 3.2 LRJSP) exige medios electrónicos que aseguren interoperabilidad y seguridad entre Administraciones.
  • El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad (art. 156 LRJSP) desarrollan técnicamente ese principio.
  • Art. 26 LPAC: los documentos administrativos se emiten por medios electrónicos, con identificación y firma del órgano que los dicta.
  • Art. 27 LPAC: las Administraciones deben emitir y obtener copias electrónicas auténticas con el mismo valor que el documento original.
  • El Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022, antes RD 3/2010) categoriza los sistemas en niveles básico, medio y alto.
  • El Reglamento eIDAS (UE 910/2014) regula la identificación electrónica transfronteriza y los servicios de confianza (firma, sello electrónico, sello de tiempo).
  • La Ley 6/2020 completa en España la regulación de los servicios electrónicos de confianza del Reglamento eIDAS.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Las copias electrónicas auténticas emitidas por las Administraciones Públicas conforme al art. 27 LPAC tienen:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 25 de Auditoría y Contabilidad (TAC)?

La Administración electrónica designa el conjunto de medios y sistemas telemáticos que las Administraciones Públicas emplean para el ejercicio de sus competencias y para relacionarse con los ciudadanos y entre sí, marco que en España articulan fundamentalmente la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), desde la perspectiva de la relación con el interesado, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), desde la perspectiva del funcionamiento interno y entre Administraciones. Ambas leyes generalizaron y consolidaron un proceso iniciado con la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que fue la primera en reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?

La Administración electrónica se articula en la LPAC (relación con el interesado) y en la LRJSP (funcionamiento interno y entre Administraciones). Precedente: la Ley 11/2007 reconoció por primera vez el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración. Las personas físicas eligen relacionarse electrónicamente o no; personas jurídicas y colectivos del art. 14.2 LPAC están obligados a ello. La identificación admite certificados electrónicos cualificados, claves concertadas u otros sistemas válidos (arts. 9-10 LPAC). La firma electrónica solo se exige cuando deba acreditarse la voluntad del interesado (solicitudes, recursos, desistimientos). Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General interoperable con el resto de Administraciones (art. 16 LPAC). El asiento registral recoge número, fecha, hora, identificación del interesado y órgano remitente o destinatario. Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos finalizados (art. 17 LPAC). Las notificaciones electrónicas son la forma preferente de notificación, mediante comparecencia en sede electrónica (arts. 41-43 LPAC). La notificación se entiende rechazada si el interesado no accede a su contenido en diez días naturales. Toda Administración debe disponer de una sede electrónica, con gestión sujeta a principios de transparencia y seguridad (art. 38 LRJSP). La actuación administrativa automatizada permite actuar sin intervención de una persona física, identificando el órgano responsable (art. 41 LRJSP). El principio de interoperabilidad (art. 3.2 LRJSP) exige medios electrónicos que aseguren interoperabilidad y seguridad entre Administraciones. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad (art. 156 LRJSP) desarrollan técnicamente ese principio. Art. 26 LPAC: los documentos administrativos se emiten por medios electrónicos, con identificación y firma del órgano que los dicta. Art. 27 LPAC: las Administraciones deben emitir y obtener copias electrónicas auténticas con el mismo valor que el documento original. El Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022, antes RD 3/2010) categoriza los sistemas en niveles básico, medio y alto. El Reglamento eIDAS (UE 910/2014) regula la identificación electrónica transfronteriza y los servicios de confianza (firma, sello electrónico, sello de tiempo). La Ley 6/2020 completa en España la regulación de los servicios electrónicos de confianza del Reglamento eIDAS.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (Ministerio de Hacienda), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (BOE-A-2025-27059), Anexo I (programa) (Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad (Resolución de 23 de diciembre de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 9, 10, 14, 16, 17 y 41 a 43
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3.2, 38 y 41 (Título Preliminar, Cap. V) y art. 156 (Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad)
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
  • Reglamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS) y Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza

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