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Tema 5. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla cuatro órganos constitucionales de relevancia y funciones distintas: el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución; el Defensor del Pueblo, comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos fundamentales; el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas públicas; y el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno.

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El Tribunal Constitucional: naturaleza y composición

El Título IX CE (arts. 159-165) y su Ley Orgánica (LO 2/1979, del Tribunal Constitucional, LOTC) regulan al TC como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado por igual mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Su mandato es de nueve años y el Tribunal se renueva por terceras partes cada tres años.

Competencias del Tribunal Constitucional

El art. 161 CE atribuye al TC el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por jueces y tribunales, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades reconocidos en el art. 53.2 CE, los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (positivos y negativos, arts. 60 a 72 LOTC), los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, los conflictos en defensa de la autonomía local (introducidos por la LO 7/1999) y el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales.

El Defensor del Pueblo

El art. 54 CE lo define como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Se regula por la LO 3/1981. Es elegido por las Cortes por un periodo de cinco años, actúa con autonomía funcional, no está sujeto a mandato imperativo y, en el ejercicio de sus funciones, está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

El Tribunal de Cuentas

El art. 136 CE lo configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales y con jurisdicción en todo el territorio nacional sin perjuicio de los órganos fiscalizadores autonómicos. Su Ley Orgánica (LO 2/1982) le atribuye una doble función: fiscalizadora (control externo de la actividad económico-financiera del sector público) y jurisdiccional (enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos). Está compuesto por doce Consejeros de Cuentas, seis designados por el Congreso y seis por el Senado, por mayoría de 3/5, con un mandato de nueve años.

El Consejo de Estado

El art. 107 CE lo define como el supremo órgano consultivo del Gobierno, cuya composición y competencia se regulan por su Ley Orgánica (LO 3/1980). Emite dictámenes preceptivos (aunque no vinculantes, salvo excepciones) y facultativos en los asuntos que la ley determina. Su organización comprende el Pleno, la Comisión Permanente (Presidente, Consejeros permanentes y Secretario General) y un mínimo de ocho Secciones, cada una presidida por un Consejero permanente. Los Consejeros pueden ser permanentes (nombrados por Real Decreto entre quienes hayan ocupado determinados altos cargos), natos (por razón del cargo que ostentan) y electivos (nombrados por cuatro años entre personas de reconocido prestigio).

El procedimiento del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

El recurso de amparo constitucional, regulado en la LOTC, tiene carácter subsidiario: solo procede una vez agotada la vía judicial previa procedente, lo que refleja que la protección primaria de los derechos fundamentales corresponde a los Jueces y Tribunales ordinarios (art. 53.2 CE) y que el TC actúa como garante último y extraordinario. Están legitimados para interponerlo toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Desde la reforma de la LOTC operada por la Ley Orgánica 6/2007, el recurso de amparo exige, además de la lesión del derecho fundamental, que el recurrente justifique la especial trascendencia constitucional del asunto para que la Sala o Sección competente lo admita a trámite, reforzando así el carácter objetivo del recurso frente a su anterior configuración centrada casi exclusivamente en la tutela subjetiva del recurrente.

Los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional (art. 164 CE)

El art. 164.1 CE dispone que las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el BOE y tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, no cabiendo recurso alguno contra ellas; las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, producen efectos generales desde la fecha de su publicación. El art. 164.2 CE precisa que, salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Las sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad y en conflictos de competencia vinculan a todos los poderes públicos y tienen efectos generales (erga omnes), mientras que las dictadas en recursos de amparo producen, con carácter general, efectos limitados al caso concreto.

La estructura interna del Tribunal Constitucional: Pleno y Salas

El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en dos Salas (compuestas cada una por un número igual de Magistrados) y en Secciones dentro de cada Sala, para el despacho ordinario de los asuntos y la resolución de determinados recursos de amparo. El Pleno, formado por la totalidad de los Magistrados, conoce de los asuntos de mayor relevancia institucional: recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí, conflictos entre órganos constitucionales del Estado, el control previo de tratados internacionales y, entre otras competencias, puede avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto atribuido a las Salas. Las Salas conocen, salvo avocación por el Pleno, de los recursos de amparo y de otras cuestiones que la Ley Orgánica les atribuya; dentro de cada Sala, las Secciones pueden inadmitir recursos de amparo y resolver determinadas cuestiones de trámite.

El Defensor del Pueblo: estructura, legitimación y adjuntos

La LO 3/1981, del Defensor del Pueblo, desarrolla el art. 54 CE y configura a esta institución con autonomía funcional respecto de las Cortes Generales que lo designan, sin estar sujeto a mandato imperativo ni recibir instrucciones de ninguna autoridad. Para el desarrollo de sus funciones, el Defensor del Pueblo está auxiliado por dos Adjuntos, en quienes puede delegar sus funciones y que le sustituyen por su orden en los supuestos de imposibilidad temporal o cese. Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes en relación con los ciudadanos; sus resoluciones no tienen carácter vinculante ni son recurribles, materializándose su eficacia mediante recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias, así como a través de su Informe anual a las Cortes Generales.

Los Comisionados Parlamentarios Autonómicos y su relación con el Defensor del Pueblo

Diversas Comunidades Autónomas han creado, en el ejercicio de su autonomía y conforme a sus respectivos Estatutos, instituciones similares al Defensor del Pueblo con distintas denominaciones (Síndic de Greuges, Ararteko, Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras), orientadas a la supervisión de la Administración autonómica y local en su ámbito territorial. La LO 3/1981 prevé que estas figuras autonómicas puedan coordinar sus funciones con el Defensor del Pueblo estatal, que puede recabar su cooperación, sin que ello suponga una relación de subordinación jerárquica entre ambas instituciones, que actúan en sus respectivos ámbitos de competencia. El Tribunal Constitucional ha admitido la constitucionalidad de estas figuras autonómicas, en tanto no dupliquen simplemente las funciones del Defensor del Pueblo estatal en materias de competencia exclusivamente estatal, sino que se proyecten sobre la actuación de las Administraciones autonómicas y locales de su territorio.

El control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95 CE)

El art. 95.1 CE dispone que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional, mientras que el art. 95.2 habilita al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras para requerir al Tribunal Constitucional que declare si existe o no esa contradicción, con carácter previo a la celebración del tratado. Este control previo, regulado en los arts. 78 y 79 LOTC, se diferencia del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad en que recae sobre un texto que todavía no ha entrado en vigor en el ordenamiento español, y su finalidad es evitar el conflicto entre el compromiso internacional asumido por España y la Constitución, que de otro modo exigiría acudir a la reforma constitucional antes de poder ratificar el tratado; así ocurrió, por ejemplo, con la Declaración del Tribunal Constitucional 1/1992 sobre el Tratado de Maastricht, que determinó la reforma del art. 13.2 CE llevada a cabo en 1992.

Los dictámenes del Consejo de Estado: supuestos de consulta preceptiva

La Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado distingue entre dictámenes preceptivos, que la ley exige recabar obligatoriamente antes de adoptar determinadas decisiones (aunque su contenido no vincule, salvo excepciones, a quien consulta), y dictámenes facultativos, solicitados libremente por el Gobierno o sus miembros. Entre los supuestos de consulta preceptiva al Pleno o a la Comisión Permanente destacan los anteproyectos de reforma constitucional y de leyes orgánicas que el Gobierno decida someter a su dictamen, los anteproyectos de ley cuando el Gobierno lo estime conveniente, los proyectos de decretos legislativos, los reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes y las dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en que España sea parte. También informa preceptivamente los expedientes de revisión de oficio de disposiciones y actos administrativos, y las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado de cuantía igual o superior a la fijada reglamentariamente.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Título IX CE (Tribunal Constitucional): arts. 159 a 165. Ley Orgánica del TC: LO 2/1979.
  • El TC tiene 12 miembros: 4 propuestos por el Congreso, 4 por el Senado (ambos por mayoría de 3/5), 2 por el Gobierno y 2 por el CGPJ.
  • El mandato de los magistrados del TC es de 9 años; el Tribunal se renueva por terceras partes cada 3 años.
  • Competencias del TC (art. 161 CE): recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia Estado-CCAA, conflictos entre órganos constitucionales, conflictos en defensa de la autonomía local, control previo de tratados internacionales.
  • Los conflictos de competencia positivos y negativos se regulan en los arts. 60 a 72 LOTC.
  • Los conflictos en defensa de la autonomía local ante el TC los introdujo la LO 7/1999.
  • Art. 54 CE: el Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I.
  • Ley Orgánica del Defensor del Pueblo: LO 3/1981.
  • El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales por 5 años.
  • El Defensor del Pueblo puede interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo.
  • Art. 136 CE: el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.
  • El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales.
  • Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: LO 2/1982.
  • El Tribunal de Cuentas tiene una función fiscalizadora (control externo) y una función jurisdiccional (enjuiciamiento contable).
  • El Tribunal de Cuentas está formado por 12 Consejeros de Cuentas (6 del Congreso, 6 del Senado, mayoría de 3/5), mandato de 9 años.
  • Art. 107 CE: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
  • Ley Orgánica del Consejo de Estado: LO 3/1980.
  • El Consejo de Estado se organiza en Pleno, Comisión Permanente y un mínimo de 8 Secciones.
  • Los dictámenes del Consejo de Estado pueden ser preceptivos o facultativos, y por regla general no son vinculantes.
  • Consejeros del Consejo de Estado: permanentes (indefinidos), natos (por razón del cargo) y electivos (por 4 años).
  • El recurso de amparo exige, desde la reforma de la LOTC por la LO 6/2007, que el recurrente justifique la especial trascendencia constitucional del asunto para su admisión.
  • Art. 164.1 CE: las sentencias del TC se publican en el BOE, tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.
  • Las sentencias de inconstitucionalidad y las de conflictos de competencia del TC tienen efectos generales (erga omnes); las de amparo, efectos limitados al caso concreto, con carácter general.
  • El TC actúa en Pleno (todos los Magistrados, asuntos de mayor relevancia institucional) y en dos Salas, con Secciones dentro de cada una para el despacho ordinario.
  • El Defensor del Pueblo está auxiliado por dos Adjuntos y rinde un Informe anual a las Cortes Generales; sus resoluciones no son vinculantes ni recurribles.
  • Art. 95.2 CE: el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al TC un control previo sobre si un tratado internacional contiene estipulaciones contrarias a la Constitución.
  • Si el TC declara la contradicción del art. 95.1 CE, la celebración del tratado exige la previa reforma constitucional (caso de la DTC 1/1992 sobre el Tratado de Maastricht, origen de la reforma del art. 13.2 CE en 1992).
  • El Consejo de Estado emite dictámenes preceptivos (exigidos por ley, no vinculantes salvo excepción) y facultativos (solicitados libremente por el Gobierno).
  • Entre los dictámenes preceptivos del Consejo de Estado: anteproyectos de reforma constitucional, proyectos de decretos legislativos, reglamentos ejecutivos de las leyes y expedientes de revisión de oficio.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Desde la reforma de la LOTC por la LO 6/2007, para que se admita un recurso de amparo el recurrente debe justificar:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Bibliotecario?

Desarrolla cuatro órganos constitucionales de relevancia y funciones distintas: el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución; el Defensor del Pueblo, comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos fundamentales; el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas públicas; y el Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Título IX CE (Tribunal Constitucional): arts. 159 a 165. Ley Orgánica del TC: LO 2/1979. El TC tiene 12 miembros: 4 propuestos por el Congreso, 4 por el Senado (ambos por mayoría de 3/5), 2 por el Gobierno y 2 por el CGPJ. El mandato de los magistrados del TC es de 9 años; el Tribunal se renueva por terceras partes cada 3 años. Competencias del TC (art. 161 CE): recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia Estado-CCAA, conflictos entre órganos constitucionales, conflictos en defensa de la autonomía local, control previo de tratados internacionales. Los conflictos de competencia positivos y negativos se regulan en los arts. 60 a 72 LOTC. Los conflictos en defensa de la autonomía local ante el TC los introdujo la LO 7/1999. Art. 54 CE: el Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo: LO 3/1981. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales por 5 años. El Defensor del Pueblo puede interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo. Art. 136 CE: el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales. Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: LO 2/1982. El Tribunal de Cuentas tiene una función fiscalizadora (control externo) y una función jurisdiccional (enjuiciamiento contable). El Tribunal de Cuentas está formado por 12 Consejeros de Cuentas (6 del Congreso, 6 del Senado, mayoría de 3/5), mandato de 9 años. Art. 107 CE: el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Ley Orgánica del Consejo de Estado: LO 3/1980. El Consejo de Estado se organiza en Pleno, Comisión Permanente y un mínimo de 8 Secciones. Los dictámenes del Consejo de Estado pueden ser preceptivos o facultativos, y por regla general no son vinculantes. Consejeros del Consejo de Estado: permanentes (indefinidos), natos (por razón del cargo) y electivos (por 4 años). El recurso de amparo exige, desde la reforma de la LOTC por la LO 6/2007, que el recurrente justifique la especial trascendencia constitucional del asunto para su admisión. Art. 164.1 CE: las sentencias del TC se publican en el BOE, tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las sentencias de inconstitucionalidad y las de conflictos de competencia del TC tienen efectos generales (erga omnes); las de amparo, efectos limitados al caso concreto, con carácter general. El TC actúa en Pleno (todos los Magistrados, asuntos de mayor relevancia institucional) y en dos Salas, con Secciones dentro de cada una para el despacho ordinario. El Defensor del Pueblo está auxiliado por dos Adjuntos y rinde un Informe anual a las Cortes Generales; sus resoluciones no son vinculantes ni recurribles. Art. 95.2 CE: el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al TC un control previo sobre si un tratado internacional contiene estipulaciones contrarias a la Constitución. Si el TC declara la contradicción del art. 95.1 CE, la celebración del tratado exige la previa reforma constitucional (caso de la DTC 1/1992 sobre el Tratado de Maastricht, origen de la reforma del art. 13.2 CE en 1992). El Consejo de Estado emite dictámenes preceptivos (exigidos por ley, no vinculantes salvo excepción) y facultativos (solicitados libremente por el Gobierno). Entre los dictámenes preceptivos del Consejo de Estado: anteproyectos de reforma constitucional, proyectos de decretos legislativos, reglamentos ejecutivos de las leyes y expedientes de revisión de oficio.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado

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