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Tema 24. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS). El gobierno abierto: concepto y principios informadores. Datos abiertos y reutilización.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Cierra el bloque de transparencia y buen gobierno del temario junto con el tema de Administración electrónica: desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que articula un triple contenido -publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno- y crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano de garantía. Completa el tema con las Unidades de Información y Transparencia como piezas de gestión interna de cada organismo, y con el concepto de gobierno abierto y la reutilización de datos abiertos, ambos de particular relevancia para las bibliotecas como instituciones dedicadas al acceso público a la información.

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Objeto y estructura de la Ley 19/2013

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene por objeto, conforme a su artículo 1, ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Se estructura en un Título Preliminar (art. 1, objeto), un Título I dedicado a la transparencia de la actividad pública (arts. 2 a 24, con un Capítulo I sobre ámbito subjetivo de aplicación, un Capítulo II sobre publicidad activa y un Capítulo III sobre el derecho de acceso a la información pública), un Título II dedicado al buen gobierno (arts. 25 a 32) y un Título III que crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 33 a 40).

La publicidad activa y el Portal de Transparencia

El Capítulo II del Título I (arts. 5 a 11) impone a los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley la obligación de publicar de forma periódica y actualizada, de manera clara, estructurada y accesible, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, distinguiendo información institucional y organizativa (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y de relevancia económica, presupuestaria y estadística (art. 8). El art. 10 crea el Portal de Transparencia, dependiente del Ministerio competente, a través del cual se ejerce esta publicidad activa referida a la Administración General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, y el art. 11 fija los principios técnicos -accesibilidad, interoperabilidad y reutilización- que debe respetar la información publicada.

El derecho de acceso a la información pública

El Capítulo III del Título I (arts. 12 a 24) reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, entendida como los contenidos o documentos en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El ejercicio del derecho puede ser inadmitido a trámite en los supuestos del art. 18 (información en curso de elaboración, notas internas, solicitudes manifiestamente repetitivas, etc.) y puede limitarse cuando entre en conflicto con los intereses protegidos en el art. 14 (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, política económica, igualdad de las partes en procesos judiciales, funciones de vigilancia e inspección, intereses económicos y comerciales, protección del medio ambiente) o con la protección de datos personales de terceros (art. 15). Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario.

El buen gobierno: principios y régimen sancionador

El Título II (arts. 25 a 32) fija los principios de buen gobierno que deben presidir la actuación de los altos cargos y asimilados de las Administraciones Públicas: principios generales y de actuación (art. 26), entre ellos el interés general, la integridad, la objetividad, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos. El art. 27 regula el deber de abstención en supuestos de conflicto de intereses. Los arts. 28 a 32 tipifican las infracciones -en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias, estas últimas clasificadas en muy graves, graves y leves- y su régimen sancionador, que puede incluir la declaración de incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Título III (arts. 33 a 40) crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de ámbito estatal, adscrito al Ministerio competente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, garantizar el derecho de acceso a la información pública y salvaguardar el ejercicio de las obligaciones de buen gobierno. Actúa a través de una Presidencia y una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, de composición interadministrativa. Entre sus funciones destacan resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso -una vía sustitutiva de los recursos administrativos, previa a la jurisdicción contencioso-administrativa-, adoptar recomendaciones y criterios de interpretación uniforme, y elaborar una memoria anual.

Las Unidades de Información y Transparencia (UITs)

Cada departamento ministerial y sus organismos públicos dependientes cuentan con unidades responsables de tramitar internamente las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten dentro de su ámbito de competencia, así como de coordinar la publicidad activa que corresponde publicar a su organización en el Portal de Transparencia. Estas Unidades de Información y Transparencia actúan como enlace entre la ciudadanía, el órgano gestor de la información solicitada y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y son la vía ordinaria a través de la cual las bibliotecas y organismos culturales dependientes de la Administración General del Estado canalizan sus obligaciones de transparencia.

El gobierno abierto y los datos abiertos

El gobierno abierto es un modelo de relación entre la Administración y la ciudadanía articulado, según lo asumido por España desde su adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) en 2011, en torno a cuatro principios informadores: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y colaboración. La Ley 19/2013 constituye el desarrollo normativo básico del primero de estos principios. Vinculada a la transparencia se encuentra la reutilización de la información del sector público, regulada con carácter general por la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, que permite el uso por personas físicas o jurídicas de documentos en poder de las Administraciones Públicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que motivó su elaboración. Los catálogos y registros bibliográficos, en la medida en que constituyen información pública susceptible de difusión, son un ejemplo directo de dato abierto de interés para el sector bibliotecario.

Los recursos frente a la inadmisión o denegación del acceso a la información

El art. 24 de la Ley 19/2013 habilita, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -o ante el órgano autonómico equivalente, cuando la Comunidad Autónoma competente haya atribuido esta función a su propio órgano de garantía-, que debe interponerse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o desde que se entienda desestimada la solicitud por silencio. Esta reclamación sustituye a los recursos administrativos ordinarios -es alternativa, no adicional, al recurso de reposición o de alzada- y resulta, a su vez, previa y potestativa respecto del recurso contencioso-administrativo, que la persona interesada puede interponer directamente o tras agotar la vía de la reclamación.

Los datos abiertos y el portal datos.gob.es

Vinculado al principio de reutilización que preside la publicidad activa (art. 11 Ley 19/2013), el Gobierno de España mantiene el portal datos.gob.es como catálogo nacional de datos abiertos del sector público, que agrega y da visibilidad a los conjuntos de datos publicados por las distintas Administraciones en formatos reutilizables, en el marco de la normativa de reutilización de la información del sector público. Los catálogos y registros bibliográficos de titularidad pública, en la medida en que constituyen información elaborada con fondos públicos, son candidatos naturales a su publicación como datos abiertos, en línea con la misión de las bibliotecas de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Objeto (art. 1): ampliar y reforzar la transparencia, garantizar el acceso a la información y fijar las obligaciones de buen gobierno.
  • Estructura: Título Preliminar (art. 1) + Título I transparencia (arts. 2-24) + Título II buen gobierno (arts. 25-32) + Título III Consejo (arts. 33-40).
  • Publicidad activa: Capítulo II del Título I, arts. 5-11.
  • El Portal de Transparencia se crea en el art. 10.
  • Principios técnicos de la información publicada (art. 11): accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
  • Derecho de acceso a la información pública: Capítulo III del Título I, arts. 12-24.
  • Límites del derecho de acceso (art. 14) y protección de datos de terceros (art. 15).
  • El silencio administrativo en materia de acceso es desestimatorio, salvo previsión legal en contrario.
  • Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: organismo público estatal regulado en los arts. 33-40.
  • Órganos del Consejo: Presidencia y Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
  • Función clave del Consejo: resolver las reclamaciones frente a resoluciones sobre acceso, previas a la vía contencioso-administrativa.
  • Buen gobierno (Título II): principios de actuación de altos cargos e infracciones económico-presupuestarias y disciplinarias.
  • UITs: unidades internas de cada organismo para tramitar solicitudes de acceso y coordinar la publicidad activa.
  • Gobierno abierto: transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración (España en la OGP desde 2011).
  • Reutilización de la información del sector público: Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
  • Art. 24 Ley 19/2013: reclamación potestativa ante el CTBG, plazo de un mes, alternativa a los recursos administrativos ordinarios.
  • La reclamación ante el CTBG es previa y potestativa respecto del recurso contencioso-administrativo.
  • datos.gob.es: catálogo nacional de datos abiertos del sector público español.
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¿Qué efecto produce el silencio administrativo en materia de acceso a la información pública, transcurrido el plazo máximo para resolver sin resolución expresa?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Bibliotecario?

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¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Objeto (art. 1): ampliar y reforzar la transparencia, garantizar el acceso a la información y fijar las obligaciones de buen gobierno. Estructura: Título Preliminar (art. 1) + Título I transparencia (arts. 2-24) + Título II buen gobierno (arts. 25-32) + Título III Consejo (arts. 33-40). Publicidad activa: Capítulo II del Título I, arts. 5-11. El Portal de Transparencia se crea en el art. 10. Principios técnicos de la información publicada (art. 11): accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. Derecho de acceso a la información pública: Capítulo III del Título I, arts. 12-24. Límites del derecho de acceso (art. 14) y protección de datos de terceros (art. 15). El silencio administrativo en materia de acceso es desestimatorio, salvo previsión legal en contrario. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: organismo público estatal regulado en los arts. 33-40. Órganos del Consejo: Presidencia y Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Función clave del Consejo: resolver las reclamaciones frente a resoluciones sobre acceso, previas a la vía contencioso-administrativa. Buen gobierno (Título II): principios de actuación de altos cargos e infracciones económico-presupuestarias y disciplinarias. UITs: unidades internas de cada organismo para tramitar solicitudes de acceso y coordinar la publicidad activa. Gobierno abierto: transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración (España en la OGP desde 2011). Reutilización de la información del sector público: Ley 37/2007, de 16 de noviembre. Art. 24 Ley 19/2013: reclamación potestativa ante el CTBG, plazo de un mes, alternativa a los recursos administrativos ordinarios. La reclamación ante el CTBG es previa y potestativa respecto del recurso contencioso-administrativo. datos.gob.es: catálogo nacional de datos abiertos del sector público español.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, arts. 1, 10, 11, 14, 15 y 33 a 40
  • Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público

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