Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).
Desarrolla el Título II de la Constitución, dedicado a la Corona (arts. 56-65), y el Título III, dedicado a las Cortes Generales (arts. 66-96): su composición, forma de elección y funciones, con especial atención a la diferencia entre Congreso de los Diputados y Senado.
La Corona: funciones y sucesión (Título II, arts. 56-65)
El art. 56 CE define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Sus actos están sujetos a refrendo (art. 64) y carecen de validez sin él, salvo la excepción del art. 65.2 (libre nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa). El art. 57.1 regula el orden de sucesión: preferencia de la línea anterior sobre las posteriores, del grado más próximo sobre el más remoto y, en el mismo grado, del varón sobre la mujer y de la persona de más edad sobre la de menos. Esta preferencia del varón sigue vigente en 2026: se ha planteado su reforma en varias ocasiones, pero no se ha llegado a materializar; exigiría el procedimiento agravado del art. 168 (mayoría de 2/3 en cada Cámara, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio).
Composición y elección de las Cortes Generales
El art. 66 CE configura las Cortes Generales como el órgano que representa al pueblo español, formado por el Congreso de los Diputados y el Senado, ejerciendo la potestad legislativa del Estado, aprobando sus Presupuestos, controlando la acción del Gobierno y teniendo las demás competencias que les atribuye la Constitución. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (fijado por la LOREG en 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema proporcional (art. 68). El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69): la mayor parte de sus miembros se elige por provincia (4 por provincia, con particularidades para islas y Ceuta y Melilla) y una parte se designa por las Comunidades Autónomas (uno más por cada millón de habitantes).
Funciones legislativas y de control
Las Cortes ejercen la potestad legislativa mediante la tramitación de proyectos de ley (iniciativa del Gobierno) y proposiciones de ley (iniciativa parlamentaria, popular o autonómica), con el Congreso como Cámara de primera lectura general y el Senado ejerciendo un veto o introduciendo enmiendas que el Congreso puede levantar por mayoría simple pasados dos meses (o veinte días si el proyecto se declara urgente). El control al Gobierno se instrumenta a través de preguntas e interpelaciones parlamentarias, comisiones de investigación, y los mecanismos específicos de exigencia de responsabilidad política que se desarrollan en el tema del Gobierno (moción de censura y cuestión de confianza).
Las funciones del Rey (art. 62 CE)
El art. 62 CE enumera las funciones del Rey, todas ellas sujetas a refrendo salvo las excepciones tasadas del art. 65.2: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones; ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder autorizar indultos generales; y ejercer el Alto Patronazgo de las Reales Academias. En el ámbito internacional, acredita a los embajadores y representantes diplomáticos y manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados.
El estatuto de Diputados y Senadores: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento (art. 71 CE)
El art. 71 CE reconoce a los Diputados y Senadores dos garantías para el libre ejercicio de su función representativa. La inviolabilidad (art. 71.1) los exime de responsabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, con carácter permanente, incluso tras perder la condición de parlamentario. La inmunidad (art. 71.2) impide su detención salvo en caso de flagrante delito, y su inculpación o procesamiento requiere la previa autorización de la Cámara respectiva (el suplicatorio); es una garantía de carácter temporal, limitada al periodo del mandato. Además, durante su mandato gozan de aforamiento: en las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3 CE). El art. 70 CE remite a la ley electoral las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, entre las que se cuentan los componentes del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la Administración que determine la ley, el Defensor del Pueblo, Jueces, Magistrados y Fiscales en activo, y los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo.
Organización y funcionamiento de las Cámaras: sesiones, Diputación Permanente y comisiones
Las Cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio (art. 73.1 CE), pudiendo celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, siempre sobre un orden del día determinado (art. 73.2 CE). Las decisiones se adoptan, salvo excepción constitucional o legal, por mayoría simple de los miembros presentes, siendo necesaria la asistencia de la mayoría de los miembros de la Cámara para adoptar acuerdos válidamente (art. 79 CE). Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario adoptado por mayoría absoluta (art. 80 CE). En cada Cámara existe una Diputación Permanente, presidida por el Presidente de la Cámara y compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, encargada de velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida, incluidos los periodos entre legislaturas tras una disolución (art. 78 CE). Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones, que pueden tener competencia legislativa plena en los términos del art. 75 CE, con excepciones tasadas (la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases, y los Presupuestos Generales del Estado).
El procedimiento legislativo ordinario: iniciativa, tramitación y aprobación
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno (proyectos de ley, que gozan de prioridad en su tramitación, art. 89 CE), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley), a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y al pueblo, mediante la iniciativa legislativa popular regulada por la LO 3/1984, que exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y excluye determinadas materias (las propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia). Aprobado un proyecto o proposición por el Congreso, el Senado puede, en el plazo de dos meses desde su recepción (veinte días si el proyecto se declara urgente), oponer su veto por mayoría absoluta o introducir enmiendas. El veto puede levantarlo el Congreso por mayoría absoluta de forma inmediata, o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición (art. 90 CE). El Rey sanciona, en el plazo de quince días, las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y ordena su inmediata publicación (art. 91 CE).
El referéndum y otras formas de participación directa
El art. 92 CE prevé que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan someterse a referéndum consultivo, convocado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados; una Ley Orgánica (LO 2/1980) regula las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución. Además del referéndum consultivo del art. 92, la Constitución prevé referéndums vinculados a procedimientos específicos: el de ratificación de la reforma constitucional por el procedimiento agravado del art. 168 (obligatorio) y el facultativo del procedimiento ordinario del art. 167 (a solicitud de una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los quince días siguientes a su aprobación); y los vinculados al acceso y reforma de los Estatutos de Autonomía en determinados territorios. La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) y el derecho de petición (art. 29 CE) son otras vías constitucionales de participación ciudadana distintas del referéndum.
La abdicación, renuncia y la Regencia (arts. 57 y 59 CE)
El art. 57.5 CE remite a una ley orgánica las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona; en aplicación de esta previsión se tramitó y aprobó la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I y la consiguiente proclamación de Felipe VI como Rey, siguiendo el procedimiento de ley orgánica ordinaria (sin referéndum, al no tratarse de una reforma constitucional). El art. 59 CE regula la Regencia, que se ejerce por mandato constitucional cuando el Rey fuere menor de edad o estuviere inhabilitado para el ejercicio de su autoridad y esta imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales: entrará a ejercerla el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a sucederle, según el orden establecido en la Constitución; si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la Regencia, será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. El art. 60 CE regula de forma paralela la tutela del Rey menor.
El control de los actos de las Cámaras y de sus Reglamentos
Cada Cámara aprueba su propio Reglamento, en el que se regula su organización y funcionamiento interno (Reglamento del Congreso de 1982 y Reglamento del Senado de 1994, con sus reformas); los Reglamentos parlamentarios son normas con rango de ley a efectos de su impugnación, de modo que el recurso de inconstitucionalidad frente a ellos corresponde al Tribunal Constitucional (art. 161.1.a CE, en relación con el art. 27.2.d LOTC). Los actos parlamentarios sin valor de ley (resoluciones de la Mesa o de la Presidencia, calificación de escritos, admisión o rechazo de iniciativas) pueden, en determinados supuestos y una vez agotada la vía parlamentaria interna, ser recurridos en amparo ante el Tribunal Constitucional cuando se alegue la vulneración de derechos fundamentales de los parlamentarios en el ejercicio de su cargo representativo (art. 23 CE), como el llamado recurso de amparo parlamentario, de construcción jurisprudencial.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Título II CE (Corona): arts. 56 a 65. Título III CE (Cortes Generales): arts. 66 a 96.
Art. 56: el Rey es Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera las instituciones.
El Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales (art. 56).
Los actos del Rey requieren refrendo (art. 64) salvo la libre distribución de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2).
Orden de sucesión del art. 57.1: preferencia de línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer en igual grado, mayor edad sobre menor.
La preferencia del varón del art. 57.1 sigue vigente en 2026; se ha planteado su reforma varias veces sin llegar a materializarse.
Reformar el art. 57.1 exigiría el procedimiento agravado del art. 168 (mayoría de 2/3, disolución de Cortes, nueva ratificación, referéndum obligatorio).
Art. 66: las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por Congreso y Senado.
Funciones de las Cortes: potestad legislativa, aprobación de Presupuestos, control de la acción del Gobierno.
El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 fijados por la LOREG).
Elección del Congreso: sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, sistema proporcional (art. 68).
El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69).
Senado: 4 senadores por provincia, con regímenes especiales para islas, Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla eligen cada una 2 senadores.
Cada Comunidad Autónoma designa un senador y uno más por cada millón de habitantes de su territorio.
Iniciativa legislativa: el Gobierno presenta proyectos de ley; el Congreso, el Senado, las CCAA y la iniciativa popular presentan proposiciones de ley.
El Congreso es la Cámara de primera lectura general de proyectos y proposiciones de ley.
El Senado puede vetar o enmendar un proyecto; el Congreso levanta el veto por mayoría simple tras dos meses (veinte días si es urgente).
Instrumentos de control parlamentario: preguntas, interpelaciones y comisiones de investigación.
La exigencia de responsabilidad política más intensa al Gobierno (moción de censura, cuestión de confianza) se articula desde el Congreso, no desde el Senado.
Art. 62 CE: funciones del Rey — sanciona y promulga leyes, convoca/disuelve Cortes y elecciones, convoca referéndum, propone y nombra al Presidente del Gobierno, nombra/separa Ministros, expide decretos, mando supremo de las FFAA, derecho de gracia (sin indultos generales), Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Art. 71 CE: inviolabilidad (permanente, por opiniones en el ejercicio del cargo) e inmunidad (temporal: no detención salvo flagrante delito, suplicatorio para procesarlos) de Diputados y Senadores; aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Art. 78 CE: la Diputación Permanente de cada Cámara tiene un mínimo de 21 miembros y vela por los poderes de la Cámara fuera de los periodos de sesiones o tras la disolución de las Cortes.
Iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE, LO 3/1984): exige al menos 500.000 firmas acreditadas; excluye materias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y la prerrogativa de gracia.
El veto del Senado a un proyecto de ley (art. 90 CE) puede levantarlo el Congreso por mayoría absoluta de inmediato, o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición.
Art. 57.5 CE: las abdicaciones y renuncias a la Corona se resuelven por ley orgánica (ejemplo real: LO 3/2014, abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI).
La LO 3/2014 no requirió referéndum: no fue una reforma constitucional, sino una ley orgánica ordinaria dictada en aplicación del art. 57.5 CE.
Art. 59 CE: la Regencia se ejerce cuando el Rey es menor de edad o está inhabilitado y las Cortes Generales reconocen esa imposibilidad; corresponde, por su orden, al padre o madre del Rey y, en su defecto, al pariente mayor de edad más próximo en la sucesión.
Los Reglamentos de las Cámaras (Congreso 1982, Senado 1994) tienen rango de ley a efectos de su control: son recurribles en inconstitucionalidad ante el TC.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
La iniciativa legislativa popular, regulada por la LO 3/1984, exige un mínimo de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Bibliotecario?
Desarrolla el Título II de la Constitución, dedicado a la Corona (arts. 56-65), y el Título III, dedicado a las Cortes Generales (arts. 66-96): su composición, forma de elección y funciones, con especial atención a la diferencia entre Congreso de los Diputados y Senado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
Título II CE (Corona): arts. 56 a 65. Título III CE (Cortes Generales): arts. 66 a 96. Art. 56: el Rey es Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera las instituciones. El Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales (art. 56). Los actos del Rey requieren refrendo (art. 64) salvo la libre distribución de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2). Orden de sucesión del art. 57.1: preferencia de línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer en igual grado, mayor edad sobre menor. La preferencia del varón del art. 57.1 sigue vigente en 2026; se ha planteado su reforma varias veces sin llegar a materializarse. Reformar el art. 57.1 exigiría el procedimiento agravado del art. 168 (mayoría de 2/3, disolución de Cortes, nueva ratificación, referéndum obligatorio). Art. 66: las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por Congreso y Senado. Funciones de las Cortes: potestad legislativa, aprobación de Presupuestos, control de la acción del Gobierno. El Congreso tiene entre 300 y 400 Diputados (350 fijados por la LOREG). Elección del Congreso: sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, sistema proporcional (art. 68). El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69). Senado: 4 senadores por provincia, con regímenes especiales para islas, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla eligen cada una 2 senadores. Cada Comunidad Autónoma designa un senador y uno más por cada millón de habitantes de su territorio. Iniciativa legislativa: el Gobierno presenta proyectos de ley; el Congreso, el Senado, las CCAA y la iniciativa popular presentan proposiciones de ley. El Congreso es la Cámara de primera lectura general de proyectos y proposiciones de ley. El Senado puede vetar o enmendar un proyecto; el Congreso levanta el veto por mayoría simple tras dos meses (veinte días si es urgente). Instrumentos de control parlamentario: preguntas, interpelaciones y comisiones de investigación. La exigencia de responsabilidad política más intensa al Gobierno (moción de censura, cuestión de confianza) se articula desde el Congreso, no desde el Senado. Art. 62 CE: funciones del Rey — sanciona y promulga leyes, convoca/disuelve Cortes y elecciones, convoca referéndum, propone y nombra al Presidente del Gobierno, nombra/separa Ministros, expide decretos, mando supremo de las FFAA, derecho de gracia (sin indultos generales), Alto Patronazgo de las Reales Academias. Art. 71 CE: inviolabilidad (permanente, por opiniones en el ejercicio del cargo) e inmunidad (temporal: no detención salvo flagrante delito, suplicatorio para procesarlos) de Diputados y Senadores; aforamiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Art. 78 CE: la Diputación Permanente de cada Cámara tiene un mínimo de 21 miembros y vela por los poderes de la Cámara fuera de los periodos de sesiones o tras la disolución de las Cortes. Iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE, LO 3/1984): exige al menos 500.000 firmas acreditadas; excluye materias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y la prerrogativa de gracia. El veto del Senado a un proyecto de ley (art. 90 CE) puede levantarlo el Congreso por mayoría absoluta de inmediato, o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición. Art. 57.5 CE: las abdicaciones y renuncias a la Corona se resuelven por ley orgánica (ejemplo real: LO 3/2014, abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI). La LO 3/2014 no requirió referéndum: no fue una reforma constitucional, sino una ley orgánica ordinaria dictada en aplicación del art. 57.5 CE. Art. 59 CE: la Regencia se ejerce cuando el Rey es menor de edad o está inhabilitado y las Cortes Generales reconocen esa imposibilidad; corresponde, por su orden, al padre o madre del Rey y, en su defecto, al pariente mayor de edad más próximo en la sucesión. Los Reglamentos de las Cámaras (Congreso 1982, Senado 1994) tienen rango de ley a efectos de su control: son recurribles en inconstitucionalidad ante el TC.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).
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