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Tema 23. La Administración electrónica y el servicio a los ciudadanos. El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y su relación con las bibliotecas.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla el marco de la actuación administrativa por medios electrónicos configurado por las Leyes 39/2015 y 40/2015 y, de forma más específica, por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que despliega reglamentariamente instituciones como la sede electrónica, el registro electrónico, la identificación y firma electrónica o la actuación administrativa automatizada, de aplicación directa a la prestación de servicios bibliotecarios por medios digitales.

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El derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con la Administración

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, configura el uso de medios electrónicos como derecho general de las personas en sus relaciones con la Administración, con la posibilidad de elegir en todo momento si se comunican con ella para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de dichos medios. El artículo 14 de la propia ley impone, sin embargo, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración a determinados sujetos: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad, y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

El Real Decreto 203/2021: objeto y ámbito de aplicación

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que tiene por objeto, conforme a su artículo 1, desarrollar reglamentariamente las previsiones de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento electrónico del sector público, siendo de aplicación a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de ambas leyes.

La sede electrónica y la sede electrónica asociada

El Reglamento regula, en su Título I, la sede electrónica como la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa, en el ejercicio de sus competencias, estableciendo su régimen de creación, modificación y supresión, su contenido mínimo obligatorio -entre otros, la identificación de la sede y de su titular, la fecha y hora oficial, el catálogo de procedimientos o la relación de sistemas de identificación y firma admitidos- y las responsabilidades del órgano u organismo titular de la sede sobre la integridad, veracidad y actualización de la información. Se regula también la sede electrónica asociada, que permite a un órgano o entidad disponer de una sede propia mediante la asociación de sus contenidos, servicios y trámites a la sede electrónica de otro órgano u organismo público, sin necesidad de crear una sede electrónica singular propia.

El Punto de Acceso General electrónico y la Carpeta Ciudadana

El Reglamento regula el Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado como el portal que facilita a la ciudadanía y a otros sujetos del ámbito de aplicación del reglamento el acceso a los servicios, trámites e información de dicha Administración, sirviendo de puerta de entrada a la Carpeta Ciudadana, herramienta que permite a las personas interesadas consultar de forma centralizada el estado de tramitación de sus expedientes y las notificaciones electrónicas que se les hayan practicado.

Identificación y firma electrónica

El Título II del Reglamento regula los sistemas de identificación y firma electrónica admisibles en las relaciones con el sector público -entre ellos, los sistemas basados en certificados electrónicos cualificados y no cualificados, y los sistemas de clave concertada-, el sello electrónico de las Administraciones Públicas para la actuación administrativa automatizada, la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas y el sistema de apoderamientos electrónicos apud acta, que permite a los interesados otorgar y consultar por medios electrónicos su representación ante la Administración.

El registro electrónico

El Reglamento regula los registros electrónicos generales y de apoyo, competentes para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como el funcionamiento de las oficinas de asistencia en materia de registros, que prestan asistencia a la ciudadanía para la presentación electrónica de documentos cuando esta carezca de los medios necesarios, garantizando así el ejercicio efectivo del derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración también para quienes no disponen de medios propios.

La actuación administrativa automatizada y el archivo electrónico único

El Reglamento desarrolla la actuación administrativa automatizada, mediante la que la Administración dicta actos o resoluciones sin intervención directa de una persona empleada pública en un supuesto concreto, exigiendo la previa determinación del órgano competente para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información, así como del órgano que deba ser considerado responsable a efectos de impugnación. Regula asimismo el archivo electrónico único de cada Administración, sistema que integra los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, garantizando su conservación, integridad, disponibilidad y consulta a lo largo del tiempo.

Proyección sobre el servicio bibliotecario

El marco de la Administración electrónica resulta directamente aplicable a las bibliotecas de titularidad pública en cuanto órganos o entidades integradas en el sector público: la sede electrónica del organismo del que dependan permite tramitar en línea el carné de usuario, las reservas y renovaciones de préstamo o las solicitudes de préstamo interbibliotecario, y los principios de accesibilidad, interoperabilidad y transparencia que inspiran esta normativa conectan con la propia misión de las bibliotecas de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y al conocimiento también por medios digitales.

El Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad

La actuación del sector público por medios electrónicos regulada por el RD 203/2021 se completa con dos instrumentos transversales previstos en la Ley 40/2015: el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), actualmente regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que establece los principios y requisitos de seguridad aplicables a los sistemas de información del sector público mediante una categorización de estos en función del nivel de riesgo -básico, medio o alto- y la correspondiente aplicación de medidas de seguridad proporcionadas; y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, que fija los criterios de seguridad, normalización y conservación de la información, de los documentos electrónicos y de sus metadatos, de directa aplicación a los catálogos y repositorios digitales de las bibliotecas públicas.

Los catálogos bibliográficos como datos abiertos y la interoperabilidad semántica

Los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización que inspiran la Administración electrónica se proyectan de forma particular sobre los catálogos bibliográficos, que constituyen información del sector público susceptible de ser reutilizada conforme a la normativa de reutilización de la información del sector público. La adopción de formatos de metadatos normalizados e interoperables -como MARC21, Dublín Core o los modelos de datos enlazados (linked open data) basados en RDF- permite a las bibliotecas integrar sus catálogos en infraestructuras agregadoras de ámbito nacional e internacional, como Hispana -portal español agregador de contenidos hacia Europeana- o la propia Europeana, facilitando así el acceso unificado al patrimonio bibliográfico digitalizado y su reutilización por terceros con fines de investigación, educativos o de innovación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 39/2015: derecho general de la ciudadanía a elegir relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • Art. 14 Ley 39/2015: obligación de relacionarse electrónicamente para personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados y empleados públicos.
  • RD 203/2021, de 30 de marzo, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • Desarrolla las Leyes 39/2015 (LPAC) y 40/2015 (LRJSP).
  • Título I RD 203/2021: sede electrónica y sede electrónica asociada.
  • La sede electrónica asociada evita a órganos u organismos menores crear sede propia.
  • Punto de Acceso General electrónico y Carpeta Ciudadana: acceso centralizado a trámites y notificaciones.
  • Título II RD 203/2021: identificación y firma electrónica, sistemas admitidos, sello electrónico, apoderamientos apud acta.
  • Registros electrónicos generales y de apoyo, y oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Actuación administrativa automatizada: exige determinar el órgano responsable a efectos de impugnación.
  • Archivo electrónico único: conservación e integridad de los documentos de procedimientos finalizados.
  • La Administración electrónica facilita a las bibliotecas servicios en línea: carné, reservas, préstamo interbibliotecario.
  • ENS (RD 311/2022, de 3 de mayo): categorización de sistemas por nivel de riesgo (básico, medio, alto) y medidas de seguridad proporcionadas.
  • ENI (RD 4/2010, de 8 de enero): interoperabilidad, normalización y conservación de la información y de los documentos electrónicos.
  • MARC21, Dublín Core y RDF (datos enlazados) como formatos de metadatos interoperables para catálogos bibliográficos.
  • Hispana: portal español agregador de contenidos digitales hacia Europeana.
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¿Qué norma aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 23 de Bibliotecario?

Desarrolla el marco de la actuación administrativa por medios electrónicos configurado por las Leyes 39/2015 y 40/2015 y, de forma más específica, por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que despliega reglamentariamente instituciones como la sede electrónica, el registro electrónico, la identificación y firma electrónica o la actuación administrativa automatizada, de aplicación directa a la prestación de servicios bibliotecarios por medios digitales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?

Ley 39/2015: derecho general de la ciudadanía a elegir relacionarse electrónicamente con la Administración. Art. 14 Ley 39/2015: obligación de relacionarse electrónicamente para personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados y empleados públicos. RD 203/2021, de 30 de marzo, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Desarrolla las Leyes 39/2015 (LPAC) y 40/2015 (LRJSP). Título I RD 203/2021: sede electrónica y sede electrónica asociada. La sede electrónica asociada evita a órganos u organismos menores crear sede propia. Punto de Acceso General electrónico y Carpeta Ciudadana: acceso centralizado a trámites y notificaciones. Título II RD 203/2021: identificación y firma electrónica, sistemas admitidos, sello electrónico, apoderamientos apud acta. Registros electrónicos generales y de apoyo, y oficinas de asistencia en materia de registros. Actuación administrativa automatizada: exige determinar el órgano responsable a efectos de impugnación. Archivo electrónico único: conservación e integridad de los documentos de procedimientos finalizados. La Administración electrónica facilita a las bibliotecas servicios en línea: carné, reservas, préstamo interbibliotecario. ENS (RD 311/2022, de 3 de mayo): categorización de sistemas por nivel de riesgo (básico, medio, alto) y medidas de seguridad proporcionadas. ENI (RD 4/2010, de 8 de enero): interoperabilidad, normalización y conservación de la información y de los documentos electrónicos. MARC21, Dublín Core y RDF (datos enlazados) como formatos de metadatos interoperables para catálogos bibliográficos. Hispana: portal español agregador de contenidos digitales hacia Europeana.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 14
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
  • Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad

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