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Tema 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo común: Concepto, naturaleza, fases y características. Términos y plazos. Recursos administrativos.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC): su naturaleza y estructura, el concepto y las fases del procedimiento administrativo común, el régimen de términos y plazos, y el sistema de recursos administrativos con el que los interesados pueden reaccionar frente a los actos de la Administración.

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Naturaleza y estructura de la Ley 39/2015

La Ley 39/2015 sustituyó a la anterior Ley 30/1992 y, junto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, con la que se aprobó de forma coordinada, reordena el Derecho Administrativo general, separando las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos (LPAC) de la organización y funcionamiento interno de las Administraciones Públicas (LRJSP). Se dicta al amparo del art. 149.1.18ª CE, que reserva al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento administrativo común, por lo que sus preceptos básicos resultan de aplicación a todas las Administraciones Públicas. Se estructura en un título preliminar y cinco títulos: disposiciones generales, de la actividad de las Administraciones Públicas, de los actos administrativos, del procedimiento administrativo común y de la revisión de los actos en vía administrativa.

Concepto y características del procedimiento administrativo común

El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración para la realización de un fin, garantizando el acierto de sus resoluciones y la salvaguarda de los derechos e intereses de los ciudadanos afectados por ellas. Su carácter "común" significa que fija un procedimiento base o de mínimos, aplicable con carácter general, sin perjuicio de las especialidades ratione materiae que puedan establecer las normas reguladoras de los distintos sectores de la acción administrativa (procedimientos sancionador, de responsabilidad patrimonial, etc.). Entre sus principios rectores destacan la contradicción, la economía procesal, el impulso de oficio, la gratuidad de determinados trámites, la celeridad y la garantía del trámite de audiencia al interesado.

Fases del procedimiento: iniciación, ordenación e instrucción

El Título IV LPAC regula las fases del procedimiento administrativo común (arts. 53 a 105). La iniciación (arts. 54-69) puede producirse de oficio, por acuerdo del órgano competente, o a solicitud de persona interesada, mediante escrito que debe cumplir los requisitos del art. 66; el art. 55 prevé además, con carácter previo a la iniciación, actuaciones de información o de actuación previa que permitan conocer las circunstancias del caso. La ordenación (arts. 70-74) comprende el conjunto de trámites que dan impulso al procedimiento conforme al principio de celeridad, incluyendo el expediente administrativo y el orden de despacho de los asuntos. La instrucción (arts. 75-83) agrupa los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución, entre ellos las alegaciones, la prueba, los informes preceptivos y facultativos y el trámite de audiencia al interesado, previo a la propuesta de resolución.

Fases del procedimiento: finalización y ejecución

La finalización del procedimiento (arts. 84-95) puede producirse por resolución expresa, que decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del expediente, por desistimiento, por renuncia al derecho en que se funde la solicitud, por declaración de caducidad cuando el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado, o por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. El silencio administrativo, regulado en el art. 24 LPAC, opera como garantía frente a la falta de resolución expresa en plazo, con efecto generalmente estimatorio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo las excepciones legalmente previstas. La ejecución (arts. 97-105) desarrolla los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos (apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas) dentro del respeto al principio de proporcionalidad.

Términos y plazos

Los arts. 29 a 33 LPAC regulan la obligatoriedad de los términos y plazos, que vinculan tanto a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones como a los propios interesados. El art. 30 fija el cómputo de plazos: cuando se señalan por días, se entiende que estos son hábiles, salvo que expresamente se indique que son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y días declarados festivos; cuando se señalan por meses o años, el cómputo se realiza de fecha a fecha, y si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial, se entiende que el plazo expira el último día del mes. El art. 31 regula el cómputo de plazos en los registros, y el art. 32 la posibilidad de ampliación de plazos, salvo precepto en contrario, cuando las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de tercero, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad del plazo inicialmente previsto.

Recursos administrativos (arts. 112-126)

El Título V LPAC regula la revisión de los actos en vía administrativa. El Capítulo I (arts. 106-111) regula la revisión de oficio, mecanismo excepcional que permite a la Administración anular sus propios actos nulos de pleno derecho o declarar lesivos para el interés público los anulables, para su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Capítulo II (arts. 112-126) regula los recursos administrativos ordinarios. El recurso de alzada (arts. 121-122) se interpone contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el órgano que dictó el acto o ante su superior jerárquico, en el plazo de un mes desde la notificación si el acto fuera expreso. El recurso potestativo de reposición (arts. 123-124) se interpone, con carácter facultativo, contra actos que sí ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó, también en el plazo de un mes. El recurso extraordinario de revisión (arts. 125-126) procede únicamente contra actos firmes en vía administrativa y por los motivos tasados que enumera el art. 125.1 (error de hecho, aparición de documentos de valor esencial, influencia de documentos o testimonios declarados falsos, o prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible).

La capacidad de obrar y el concepto de interesado (arts. 3 y 4 LPAC)

El Título Preliminar de la LPAC delimita los sujetos del procedimiento administrativo. El art. 3 reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de a las personas que la tengan conforme a las normas civiles, a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela (salvo en el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate). El art. 4 define como interesados en el procedimiento administrativo a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; a los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. La condición de interesado es presupuesto, entre otras cosas, para tener derecho de acceso al expediente, para ser notificado de las resoluciones y actos de trámite que afecten a esos derechos o intereses, y para formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia.

Notificación y publicación de los actos administrativos (arts. 40-46 LPAC)

El Capítulo II del Título III LPAC (arts. 40 a 46) regula la notificación y publicación de los actos administrativos como requisito de eficacia. El art. 40 exige que toda notificación se curse en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, debiendo contener el texto íntegro de la resolución, indicar si es o no definitivo en vía administrativa, expresar los recursos procedentes, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. El art. 41 establece que, con carácter general, las Administraciones Públicas están obligadas a practicar las notificaciones preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado esté obligado a relacionarse por esos medios con la Administración (personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales sujetos a colegiación obligatoria, empleados públicos y quienes los representen); el resto de personas físicas puede elegir en todo momento el medio de notificación, salvo que esté obligada a relacionarse electrónicamente. El art. 43 regula la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, que se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, con rechazo tácito si transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin que el interesado acceda a ella. La publicación sustituye a la notificación individual en los supuestos del art. 45 (actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, actos dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación personal a un interesado es insuficiente para garantizar la eficacia del acto).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Ley 39/2015 (LPAC) y la Ley 40/2015 (LRJSP) sustituyeron, coordinadamente, a la anterior Ley 30/1992.
  • LPAC regula las relaciones ad extra con los ciudadanos; LRJSP regula la organización interna de las Administraciones.
  • Base competencial: art. 149.1.18ª CE (bases del régimen jurídico de las AAPP y procedimiento administrativo común).
  • El procedimiento administrativo común fija un procedimiento de mínimos, sin perjuicio de especialidades sectoriales (sancionador, responsabilidad patrimonial…).
  • Título IV LPAC (arts. 53-105): fases del procedimiento — iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.
  • Iniciación (arts. 54-69): de oficio o a solicitud del interesado.
  • Instrucción (arts. 75-83): alegaciones, prueba, informes y trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.
  • Finalización (arts. 84-95): resolución expresa, desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material de continuar.
  • El silencio administrativo (art. 24 LPAC) es, con carácter general, estimatorio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo excepciones legales.
  • Ejecución (arts. 97-105): apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.
  • Art. 30 LPAC: si los plazos se fijan por días, se entienden hábiles salvo que se diga naturales; se excluyen sábados, domingos y festivos.
  • Los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha (art. 30 LPAC).
  • Art. 32 LPAC: la ampliación de plazos no puede exceder de la mitad del plazo inicialmente previsto.
  • Título V LPAC: revisión de oficio (arts. 106-111) y recursos administrativos (arts. 112-126).
  • Recurso de alzada (arts. 121-122): contra actos que no agotan la vía administrativa; plazo de un mes; resuelve el superior jerárquico.
  • Recurso potestativo de reposición (arts. 123-124): contra actos que agotan la vía administrativa; plazo de un mes; resuelve el mismo órgano.
  • Recurso extraordinario de revisión (arts. 125-126): solo contra actos firmes y por motivos tasados (error de hecho, documentos esenciales aparecidos, falsedad, delito).
  • La revisión de oficio permite a la Administración anular sus propios actos nulos, o declarar lesivos los anulables para recurrirlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Arts. 40-46 LPAC: notificación y publicación de los actos administrativos como requisito de eficacia.
  • Art. 40 LPAC: la notificación debe cursarse en el plazo de diez días desde que el acto fue dictado, con contenido íntegro y expresión de recursos.
  • Art. 41 LPAC: notificación preferentemente electrónica, obligatoria para personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados obligatoriamente y empleados públicos.
  • Art. 43 LPAC: la notificación electrónica se entiende practicada al acceder a su contenido, o por rechazo tácito a los diez días naturales sin acceder.
  • Art. 45 LPAC: la publicación sustituye a la notificación individual en procedimientos selectivos, de concurrencia competitiva o actos dirigidos a pluralidad indeterminada de personas.
  • Art. 3 LPAC: capacidad de obrar, con reconocimiento expreso a los menores de edad para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permita sin asistencia de su representante legal.
  • Art. 4 LPAC: son interesados quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos que puedan resultar afectados sin haberlo iniciado, y quienes tienen intereses legítimos afectados y se personan antes de la resolución definitiva.
  • La condición de interesado da derecho de acceso al expediente, a ser notificado y a formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Cuál de los siguientes NO es un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos regulado en la LPAC?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Bibliotecario?

Desarrolla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC): su naturaleza y estructura, el concepto y las fases del procedimiento administrativo común, el régimen de términos y plazos, y el sistema de recursos administrativos con el que los interesados pueden reaccionar frente a los actos de la Administración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

La Ley 39/2015 (LPAC) y la Ley 40/2015 (LRJSP) sustituyeron, coordinadamente, a la anterior Ley 30/1992. LPAC regula las relaciones ad extra con los ciudadanos; LRJSP regula la organización interna de las Administraciones. Base competencial: art. 149.1.18ª CE (bases del régimen jurídico de las AAPP y procedimiento administrativo común). El procedimiento administrativo común fija un procedimiento de mínimos, sin perjuicio de especialidades sectoriales (sancionador, responsabilidad patrimonial…). Título IV LPAC (arts. 53-105): fases del procedimiento — iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. Iniciación (arts. 54-69): de oficio o a solicitud del interesado. Instrucción (arts. 75-83): alegaciones, prueba, informes y trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución. Finalización (arts. 84-95): resolución expresa, desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material de continuar. El silencio administrativo (art. 24 LPAC) es, con carácter general, estimatorio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo excepciones legales. Ejecución (arts. 97-105): apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Art. 30 LPAC: si los plazos se fijan por días, se entienden hábiles salvo que se diga naturales; se excluyen sábados, domingos y festivos. Los plazos por meses o años se computan de fecha a fecha (art. 30 LPAC). Art. 32 LPAC: la ampliación de plazos no puede exceder de la mitad del plazo inicialmente previsto. Título V LPAC: revisión de oficio (arts. 106-111) y recursos administrativos (arts. 112-126). Recurso de alzada (arts. 121-122): contra actos que no agotan la vía administrativa; plazo de un mes; resuelve el superior jerárquico. Recurso potestativo de reposición (arts. 123-124): contra actos que agotan la vía administrativa; plazo de un mes; resuelve el mismo órgano. Recurso extraordinario de revisión (arts. 125-126): solo contra actos firmes y por motivos tasados (error de hecho, documentos esenciales aparecidos, falsedad, delito). La revisión de oficio permite a la Administración anular sus propios actos nulos, o declarar lesivos los anulables para recurrirlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Arts. 40-46 LPAC: notificación y publicación de los actos administrativos como requisito de eficacia. Art. 40 LPAC: la notificación debe cursarse en el plazo de diez días desde que el acto fue dictado, con contenido íntegro y expresión de recursos. Art. 41 LPAC: notificación preferentemente electrónica, obligatoria para personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados obligatoriamente y empleados públicos. Art. 43 LPAC: la notificación electrónica se entiende practicada al acceder a su contenido, o por rechazo tácito a los diez días naturales sin acceder. Art. 45 LPAC: la publicación sustituye a la notificación individual en procedimientos selectivos, de concurrencia competitiva o actos dirigidos a pluralidad indeterminada de personas. Art. 3 LPAC: capacidad de obrar, con reconocimiento expreso a los menores de edad para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permita sin asistencia de su representante legal. Art. 4 LPAC: son interesados quienes promueven el procedimiento, quienes tienen derechos que puedan resultar afectados sin haberlo iniciado, y quienes tienen intereses legítimos afectados y se personan antes de la resolución definitiva. La condición de interesado da derecho de acceso al expediente, a ser notificado y a formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 3-4, 24, 29-33, 53-105 y 106-126
  • Constitución Española de 1978, art. 149.1.18ª
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 40-46

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