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Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

El Poder Judicial, único e independiente, se organiza en torno al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno, el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (salvo en garantías constitucionales), y una estructura territorial de juzgados y tribunales que culmina en cada Comunidad Autónoma en el Tribunal Superior de Justicia; el Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional que no ejerce potestad jurisdiccional, promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad.

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Principios constitucionales del Poder Judicial (Título VI, arts. 117-127 CE)

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1). Es una fórmula que sintetiza los cuatro atributos del estatuto judicial. La potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que estas establezcan (117.3). Estos no ejercerán más funciones que las anteriores y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho (117.4). El Título VI se completa con la obligación de cumplir las sentencias y resoluciones firmes y de prestar colaboración requerida por los jueces (118), la gratuidad de la justicia cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (119), la publicidad de las actuaciones, el carácter predominantemente oral del procedimiento, en especial en materia criminal, y las sentencias siempre motivadas y públicas (120), la responsabilidad patrimonial por error judicial (121), la acción popular y el jurado (125) y la Policía Judicial (126).

Unidad jurisdiccional, exclusividad y prohibición de tribunales de excepción (art. 117.3 a 6 CE)

El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales (117.5): existe un único Poder Judicial ordinario, sin jurisdicciones especiales paralelas, con la única excepción de la jurisdicción militar, que la ley regula para el ámbito estrictamente castrense y para los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. El principio de exclusividad (117.3-4) reserva la potestad jurisdiccional a Jueces y Tribunales y limita sus funciones a las jurisdiccionales y las que la ley les atribuya en garantía de derechos. Se prohíben los Tribunales de excepción (117.6). Se admiten como excepciones recogidas por la ley la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas, el Tribunal del Jurado, y los tribunales consuetudinarios y tradicionales (Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y Consejo de Hombres Buenos de Murcia), reconocidos por la LOPJ.

El estatuto de Jueces y Magistrados: independencia, inamovilidad, responsabilidad e incompatibilidades

La independencia se garantiza frente a los demás poderes y dentro del propio Poder Judicial (no cabe dar instrucciones sobre el sentido de las resoluciones). La inamovilidad (117.2) impide separar, suspender, trasladar ni jubilar a Jueces y Magistrados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley, típicamente mediante expediente disciplinario tramitado por el CGPJ. La responsabilidad, que exige la propia fórmula del art. 117.1, puede ser civil, penal y disciplinaria. El art. 127 CE impide a los Jueces y Magistrados, así como a los Fiscales, mientras se hallen en activo, desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos; la ley establece el sistema y modalidades de asociación profesional, y el régimen de incompatibilidades para asegurar la total independencia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial y las fuentes de la organización judicial

El art. 122.1 CE reserva a la ley orgánica la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados de carrera, que forman un Cuerpo único, y el del personal al servicio de la Administración de Justicia. Esa ley es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). La demarcación y planta judicial se regulan en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. El art. 26 LOPJ enumera los órganos jurisdiccionales: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y Juzgados (de Primera Instancia, de Instrucción, Mercantil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia sobre la Mujer y de Paz), en la configuración vigente tras la LO 1/2025.

Los órdenes jurisdiccionales

El orden civil conoce de los litigios entre particulares y, residualmente, de lo no atribuido a otro orden; el orden penal, de la responsabilidad penal por delitos; el orden contencioso-administrativo, del control de legalidad de las Administraciones Públicas y su responsabilidad patrimonial (art. 106 CE y Ley 29/1998); el orden social, de los conflictos derivados del contrato de trabajo y la Seguridad Social; y el orden militar, de los delitos estrictamente castrenses. La jurisdicción mercantil se integra en el orden civil. La jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015) completa la función jurisdiccional en asuntos sin controversia.

El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza y composición (art. 122 CE)

Es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2 CE), sin función jurisdiccional propia. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años (122.3): doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y ocho elegidos entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. Su estatuto y régimen de incompatibilidades los fija la LOPJ. El CGPJ ha experimentado reformas del sistema de elección de los vocales judiciales (entre otras, LO 4/2013) y del régimen del CGPJ en funciones (LO 4/2021); el mandato del Consejo elegido en 2013 expiró en 2018 y su renovación no se produjo hasta julio de 2024.

Funciones y órganos del CGPJ

La Constitución le encomienda, en particular, los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario (art. 122.2), preservando la independencia judicial frente a una eventual injerencia del Ejecutivo. La LOPJ le atribuye además: informar los anteproyectos de ley y disposiciones generales que afecten a la organización o al estatuto de los jueces, ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su competencia, aprobar su presupuesto, la formación y selección a través de la Escuela Judicial, la elaboración de estadística y la Memoria anual. Actúa en Pleno, y cuenta con un Presidente, un Vicepresidente, una Comisión Permanente, una Comisión Disciplinaria, una Comisión de Igualdad y otros órganos auxiliares como el Servicio de Inspección y el Promotor de la Acción Disciplinaria.

El Tribunal Supremo (arts. 123 CE y 53-61 LOPJ)

El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional (art. 123.1 CE). Su sede está en Madrid. Se organiza en cinco Salas: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar, con régimen especial), además de una Sala especial (art. 61 LOPJ) y de la Sala de Gobierno. Conoce, entre otros asuntos, de los recursos de casación y de revisión, y de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra aforados: Presidente del Gobierno, Ministros (art. 102 CE), Diputados y Senadores (art. 71.3 CE), magistrados del Tribunal Constitucional y vocales del CGPJ, entre otros. En el orden contencioso-administrativo, el recurso de casación se funda en el «interés casacional objetivo» (reforma de la LO 7/2015).

El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ

El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley (art. 123.2 CE), y lo es simultáneamente del propio Consejo (art. 122.3 CE), que lo elige en su Pleno. Su mandato es de cinco años. Es la máxima representación del Poder Judicial en sus relaciones con los demás poderes del Estado. En la actualidad ocupa el cargo Doña Isabel Perelló, primera mujer en presidirlo (elegida por el Pleno del CGPJ el 28 de agosto de 2024, con toma de posesión el 4 de septiembre de 2024).

La Audiencia Nacional

Órgano jurisdiccional con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, especializado por razón de la materia. Se organiza en Salas de lo Penal (terrorismo, delitos económicos de especial trascendencia, narcotráfico organizado en varias provincias, órdenes europeas de detención y entrega y extradición pasiva), Contencioso-Administrativo (actos de Ministros y Secretarios de Estado, entre otros) y Social, y cuenta con una Sala de Apelación. Existen asimismo Juzgados Centrales (de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria) que dependen de la Audiencia Nacional.

Los Tribunales Superiores de Justicia (art. 152.1 CE)

Culminan la organización judicial dentro del ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo (art. 152.1 CE). Existe uno por Comunidad Autónoma, con sede en la ciudad que determina el Estatuto, organizado en tres Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Conocen de determinados recursos en su ámbito territorial (apelación, casación en materia de derecho civil foral o especial propio, y suplicación en el orden social) y de las causas penales contra los aforados autonómicos. Cuentan con una Sala de Gobierno.

Las Audiencias Provinciales y el Tribunal del Jurado

Órganos colegiados con sede en la capital de cada provincia y jurisdicción provincial. Conocen en el orden penal del enjuiciamiento de los delitos graves (los castigados con pena privativa de libertad superior a cinco años, art. 14.4 LECrim; hasta ese límite conoce el Juzgado de lo Penal, art. 14.3 LECrim) y de los recursos de apelación contra resoluciones de los Juzgados de lo Penal y de Instrucción; en el orden civil, de los recursos de apelación contra las sentencias de los Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles. Se organizan en Secciones, normalmente de tres Magistrados. Ante las Audiencias se celebra el juicio por Jurado (LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado) para determinados delitos: el Jurado se compone de nueve ciudadanos y un Magistrado-Presidente.

El Tribunal de Instancia tras la reforma de la LO 1/2025

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, reorganiza la planta judicial de primer grado: los antiguos juzgados unipersonales (Primera Instancia, Instrucción, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso-Administrativo y Social) pasan a integrarse en un Tribunal de Instancia por cada partido judicial, con un Presidente y una estructura de gobierno común, organizado en Secciones por materias (civil, instrucción, penal, violencia sobre la mujer, mercantil, menores, vigilancia penitenciaria, contencioso-administrativo y social, entre otras), sin alterar el reparto de competencias por materia. La implantación se realizó en tres fases a lo largo de 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre), fecha esta última en la que se completó la transformación de los juzgados restantes en todo el territorio. La misma ley introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en la jurisdicción civil y mercantil.

Los Juzgados de Paz

Órgano judicial más próximo al ciudadano, existente en los municipios donde no tiene sede un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (o Tribunal de Instancia). Está servido por un Juez de Paz, que no necesita ser licenciado en Derecho, elegido por el Pleno del Ayuntamiento y nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por un periodo de cuatro años. Sus competencias son limitadas: funciones de auxilio judicial (notificaciones, práctica de pruebas) y asuntos civiles y penales de escasa cuantía o gravedad que la ley les atribuye.

El Ministerio Fiscal (art. 124 CE; Ley 50/1981)

Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social (124.1). Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad (124.2). Su Estatuto Orgánico es la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que lo define como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial; no ejerce potestad jurisdiccional y sus miembros no son jueces. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (124.4). Desde el 10 de diciembre de 2025 ocupa el cargo Doña Teresa Peramato Martín, tras el cese de Álvaro García Ortiz. La carrera fiscal se organiza en la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las Fiscalías de los Tribunales Superiores y las Fiscalías Provinciales.

El acceso a la carrera judicial y las categorías judiciales

El ingreso en la carrera judicial se produce, con carácter general, mediante oposición libre seguida de un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial (con sede en Barcelona, dependiente del CGPJ), sin perjuicio de otros sistemas de acceso previstos en la LOPJ para juristas de reconocida competencia (el denominado cuarto turno, para determinadas categorías). La carrera judicial cuenta con tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. El Ministerio Fiscal comparte con la carrera judicial el sistema de oposición y la formación inicial, pero constituye una carrera diferenciada.

Gobierno interno de los Tribunales: Salas de Gobierno, Presidentes y Jueces Decanos

Junto al CGPJ, como órgano de gobierno central del Poder Judicial, existen órganos de gobierno interno en cada territorio: las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, los Presidentes de los Tribunales y Audiencias, y los Jueces Decanos en las poblaciones donde existan varios órganos judiciales unipersonales (tras la LO 1/2025, la presidencia del Tribunal de Instancia asume en el partido judicial buena parte de estas funciones de gobierno), encargados de la distribución de asuntos y de las relaciones con otras Administraciones y autoridades.

Poder Judicial y Administración de Justicia: el personal al servicio de la justicia

El Poder Judicial en sentido estricto está integrado por Jueces y Magistrados de carrera, sujetos al gobierno del CGPJ. La Administración de Justicia, en cambio, comprende también los medios personales y materiales al servicio de la función jurisdiccional: los Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales, denominación que cambió con la LO 7/2015) y los cuerpos de funcionarios de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, junto con médicos forenses y otros cuerpos. Su gestión corresponde al Ministerio de Justicia y, en su caso, a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial (Título IX CE).

La responsabilidad patrimonial por error judicial (art. 121 CE)

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Es un supuesto especial de responsabilidad patrimonial de la Administración, con procedimiento propio regulado en los arts. 292 y siguientes de la LOPJ. Debe distinguirse de la responsabilidad personal del juez (civil, penal y disciplinaria).

El derecho a la tutela judicial efectiva y su conexión con el Poder Judicial (art. 24 CE)

El art. 24 CE reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (24.1), así como los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, y a la presunción de inocencia (24.2). Son garantías que solo son efectivas gracias a la independencia e inamovilidad del art. 117 CE.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Poder Judicial se rige por los principios de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento único al imperio de la ley (art. 117.1 CE).
  • El CGPJ está formado por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 jueces y magistrados y 8 juristas (4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado, por mayoría de 3/5, con más de 15 años de ejercicio).
  • El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo en toda España (art. 152.1 CE).
  • El Ministerio Fiscal no ejerce potestad jurisdiccional: promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, con unidad de actuación y dependencia jerárquica; su Fiscal General es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124 CE).
  • El principio de exclusividad (art. 117.3-4 CE) reserva el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales, sin otras funciones que las jurisdiccionales salvo las atribuidas en garantía de derechos.
  • El principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) admite como única excepción la jurisdicción militar, limitada al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio; se prohíben los Tribunales de excepción (art. 117.6).
  • La organización territorial se estructura, de menor a mayor ámbito, en Juzgados de Paz, Tribunal de Instancia (por partido judicial, tras la LO 1/2025), Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
  • El Tribunal Supremo se organiza en cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar); su Presidente, nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ, lo es también del propio CGPJ.
  • La LOPJ es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio; la Ley de Demarcación y Planta Judicial es la Ley 38/1988; la LO 1/2025, de 2 de enero, crea los Tribunales de Instancia y los MASC.
  • El art. 121 CE reconoce el derecho a indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
  • El ingreso en la carrera judicial se produce mediante oposición libre seguida de curso en la Escuela Judicial; las categorías son Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez.
  • El art. 127 CE prohíbe a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo desempeñar otros cargos públicos o pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
  • El Juez de Paz no necesita ser licenciado en Derecho: lo elige el Pleno del Ayuntamiento y lo nombra la Sala de Gobierno del TSJ por cuatro años.
  • El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial; el Tribunal Supremo es superior en todos los órdenes salvo en garantías constitucionales (art. 123.1 CE).
  • El art. 24 CE reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, y a un proceso con todas las garantías, efectivo gracias a la independencia e inamovilidad del art. 117 CE.
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El órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Auxiliar Admin. Estado?

El Poder Judicial, único e independiente, se organiza en torno al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno, el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (salvo en garantías constitucionales), y una estructura territorial de juzgados y tribunales que culmina en cada Comunidad Autónoma en el Tribunal Superior de Justicia; el Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional que no ejerce potestad jurisdiccional, promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

El Poder Judicial se rige por los principios de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento único al imperio de la ley (art. 117.1 CE). El CGPJ está formado por el Presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 jueces y magistrados y 8 juristas (4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado, por mayoría de 3/5, con más de 15 años de ejercicio). El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo en toda España (art. 152.1 CE). El Ministerio Fiscal no ejerce potestad jurisdiccional: promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, con unidad de actuación y dependencia jerárquica; su Fiscal General es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124 CE). El principio de exclusividad (art. 117.3-4 CE) reserva el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales, sin otras funciones que las jurisdiccionales salvo las atribuidas en garantía de derechos. El principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) admite como única excepción la jurisdicción militar, limitada al ámbito estrictamente castrense y al estado de sitio; se prohíben los Tribunales de excepción (art. 117.6). La organización territorial se estructura, de menor a mayor ámbito, en Juzgados de Paz, Tribunal de Instancia (por partido judicial, tras la LO 1/2025), Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se organiza en cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar); su Presidente, nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ, lo es también del propio CGPJ. La LOPJ es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio; la Ley de Demarcación y Planta Judicial es la Ley 38/1988; la LO 1/2025, de 2 de enero, crea los Tribunales de Instancia y los MASC. El art. 121 CE reconoce el derecho a indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El ingreso en la carrera judicial se produce mediante oposición libre seguida de curso en la Escuela Judicial; las categorías son Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. El art. 127 CE prohíbe a Jueces, Magistrados y Fiscales en activo desempeñar otros cargos públicos o pertenecer a partidos políticos o sindicatos. El Juez de Paz no necesita ser licenciado en Derecho: lo elige el Pleno del Ayuntamiento y lo nombra la Sala de Gobierno del TSJ por cuatro años. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial; el Tribunal Supremo es superior en todos los órdenes salvo en garantías constitucionales (art. 123.1 CE). El art. 24 CE reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, y a un proceso con todas las garantías, efectivo gracias a la independencia e inamovilidad del art. 117 CE.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VI (arts. 117-127), art. 152.1 y art. 24 (BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
  • Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
  • Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

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