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Tema 2. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

Los servicios de información administrativa facilitan a los ciudadanos el conocimiento de sus derechos y obligaciones frente a la Administración, distinguiendo entre información de carácter general, accesible a cualquier persona, e información particular, referida al estado de un procedimiento concreto y reservada al interesado. Junto a ellos, los ciudadanos disponen de cauces para participar y exigir mejoras: las iniciativas y sugerencias, las quejas y reclamaciones y el derecho de petición del art. 29 CE (LO 4/2001), que conviene distinguir de otras figuras como la denuncia, el recurso, el derecho de acceso a la información pública y la queja ante el Defensor del Pueblo.

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Los servicios de información administrativa

Los servicios de información administrativa se clasifican tradicionalmente en información general (relativa a la estructura, competencias y funcionamiento de la Administración, así como a los requisitos jurídicos o técnicos de las actuaciones de los particulares) e información particular (referida al estado de tramitación de un procedimiento concreto en el que el interesado tenga la condición de tal, o a la identificación de las autoridades y del personal al servicio de la Administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos). Se prestan tanto de forma general (oficinas de información, teléfonos de atención, portales web) como en las propias unidades tramitadoras. Su regulación clásica en la AGE se encuentra en el Real Decreto 208/1996, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, cuyos Capítulos I y II (información administrativa) siguen vigentes, mientras que su Capítulo III (Libro de Quejas y Sugerencias) fue derogado por el RD 951/2005 y sus arts. 11 a 13 (órganos colegiados) por el RD 776/2011; todo ello completado por la Ley 39/2015 y el RD 203/2021.

Iniciativas, reclamaciones, quejas y peticiones

La ciudadanía puede dirigirse a la Administración a través de distintos cauces: las iniciativas y sugerencias, orientadas a proponer mejoras en el funcionamiento de los servicios; las quejas, cuando se manifiesta disconformidad con el funcionamiento de un servicio; las reclamaciones, cuando se exige una actuación concreta ante una disfunción; y las peticiones, reguladas por la Ley Orgánica 4/2001, del Derecho de Petición, que permite a cualquier persona, individual o colectivamente, dirigirse a los poderes públicos sobre cualquier asunto de su competencia, sin que sea necesario invocar un derecho subjetivo o un interés legítimo, debiendo la Administración acusar recibo, declarar su admisión o inadmisión motivada y, en su caso, contestar en un plazo máximo de tres meses.

Información general e información particular al ciudadano

La información general se dirige a un destinatario indeterminado y versa sobre disposiciones vigentes, requisitos de procedimientos, y localización de dependencias y órganos; puede prestarla cualquier unidad de información sin exigir legitimación. La información particular se refiere al estado de tramitación de un procedimiento concreto en el que el solicitante es interesado, y solo puede facilitarse a este por afectar a datos personales o a un expediente identificado.

El derecho de petición (art. 29 CE y LO 4/2001)

Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley (art. 29.1 CE), desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que lo extiende a toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas e Institutos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica (art. 29.2 CE). Es un derecho residual: no procede cuando existe un procedimiento administrativo o judicial específico para el objeto de la petición. La Administración debe acusar recibo, declararla admitida o inadmitida y, en su caso, contestarla y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses.

Sujetos y objeto del derecho de petición

Pueden ejercerlo personas físicas o jurídicas, con independencia de su nacionalidad (la LO 4/2001 amplía así la referencia constitucional a los «españoles»), individual o colectivamente. El objeto puede ser cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecte exclusivamente al peticionario o sea de interés colectivo o general, pudiendo referirse a sugerencias o iniciativas, solicitar información, expresar opiniones o formular quejas o peticiones de actuación. No son objeto de este derecho las solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento haya establecido un procedimiento específico distinto.

Diferencia entre petición, queja, reclamación y sugerencia

La petición (LO 4/2001) tiene carácter residual y no cabe cuando existe un procedimiento específico. La queja expresa disconformidad con el funcionamiento de un servicio o con la actuación del personal, sin pretender el reconocimiento de un derecho. La reclamación exige una respuesta o resarcimiento concreto. La sugerencia propone mejoras en el funcionamiento de los servicios públicos, sin implicar disconformidad previa.

El sistema de quejas y sugerencias en la AGE (Real Decreto 951/2005)

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, regula el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, incluyendo el programa de quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Cualquier persona puede formular quejas por el funcionamiento de los servicios públicos y sugerencias para mejorar su calidad, de forma presencial, por correo postal o por medios telemáticos, ante las unidades competentes de cada departamento (habitualmente las Inspecciones Generales de Servicios y las unidades de información y atención al ciudadano). No tienen la calificación de recurso administrativo, no paralizan los plazos de los procedimientos y no condicionan el ejercicio de otras acciones.

Las Cartas de Servicios

Documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la AGE informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con ellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación, incluyendo indicadores para evaluar la calidad del servicio y, en su caso, medidas de subsanación en caso de incumplimiento.

El derecho de acceso a la información pública frente al derecho de petición

El derecho de petición del art. 29 CE se distingue del derecho de acceso a la información pública de la Ley 19/2013 en que este último tiene por objeto específico obtener información ya existente en poder de la Administración, mientras que la petición puede solicitar cualquier actuación, sugerencia o pronunciamiento, sin necesidad de que la información o actuación solicitada preexista.

Los servicios de información administrativa: general y especializada

La información administrativa se organiza en unidades de información general, competentes para la orientación básica a cualquier ciudadano sobre cualquier materia de la Administración, y unidades de información especializada, adscritas a cada centro directivo, competentes para la información particular y de mayor complejidad técnica sobre los procedimientos y servicios propios de su ámbito material.

Principios de la información administrativa

La información administrativa debe prestarse conforme a los principios de veracidad, claridad, actualización, accesibilidad y gratuidad. Debe distinguirse la mera información (orientación sobre trámites, requisitos, dependencias competentes) de la certificación o de la resolución de fondo de un procedimiento, funciones estas últimas que exceden del servicio de información general.

Formalización y presentación de la petición (LO 4/2001)

La LO 4/2001 exige que la petición se formule por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluya necesariamente la identidad del solicitante, su nacionalidad si la tuviere, el lugar o medio elegido para las notificaciones, el objeto y el destinatario; en las peticiones colectivas deben firmar todos los peticionarios. Puede presentarse en cualquier registro admitido, y la Administración receptora debe acusar recibo. Si la petición adolece de defectos, se concede al peticionario un plazo para subsanar.

Contestación de la petición

Una vez admitida a trámite, la autoridad u órgano competente debe contestarla y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses desde su presentación, explicando las razones tenidas en cuenta para acceder o no a lo solicitado. La ley no contempla una prórroga adicional de ese plazo.

Inadmisión de peticiones y decisión sobre competencia (LO 4/2001)

La LO 4/2001 excluye del ámbito de aplicación los asuntos ajenos a las atribuciones del destinatario y aquellos cuya resolución deba ampararse en un procedimiento parlamentario, administrativo o judicial específico distinto (recurso, denuncia, queja). La declaración de inadmisibilidad debe ser motivada y se adopta en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la presentación del escrito; si no se declara en ese plazo, la petición se entiende admitida a trámite (art. 9 LO 4/2001). Cuando el destinatario carezca de competencia, debe remitir la petición al órgano que considere competente e informar de ello al peticionario.

Canales de la información administrativa

La información administrativa se presta a través de canales presenciales (oficinas de información y registro), telefónicos (líneas de información general como el 060) y telemáticos (sedes electrónicas, portales de transparencia, puntos de acceso general). La Ley 39/2015 impulsa el canal electrónico como preferente, sin perjuicio del derecho de las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente a elegir el canal presencial.

El Punto de Acceso General y la información administrativa integrada

El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (administracion.gob.es) centraliza el acceso a los servicios, trámites e información de los distintos departamentos ministeriales y organismos públicos, facilitando que el ciudadano no tenga que conocer de antemano qué órgano es competente para localizar la información que necesita.

Iniciativas ciudadanas y participación

Además de las quejas y peticiones, los ciudadanos disponen de otros cauces de participación, como las iniciativas legislativas populares (art. 87.3 CE, con al menos 500.000 firmas acreditadas) o los procesos de información pública y audiencia previstos en los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general (art. 133 Ley 39/2015), que permiten a la ciudadanía formular observaciones antes de la aprobación definitiva de una norma.

Obligación de resolver y silencio administrativo (arts. 21 y 24 Ley 39/2015)

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos (art. 21 Ley 39/2015). Cuando no lo hace en plazo, opera el silencio administrativo: con carácter general positivo (estimatorio) en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo las excepciones tasadas del art. 24.1 (entre ellas, las solicitudes de ejercicio del derecho de petición), en las que el silencio es negativo (desestimatorio).

Diferencia entre la petición del art. 29 CE (LO 4/2001) y la queja del procedimiento administrativo

Conviene no confundir la petición-queja del art. 29 CE (canalizada por la LO 4/2001, sobre el funcionamiento general de un servicio o cualquier asunto de competencia del destinatario) con la queja o reclamación que un interesado puede formular dentro de un procedimiento administrativo concreto del que sea parte, cuya resolución sigue las reglas generales de la Ley 39/2015 y no las de la LO 4/2001. Tampoco debe confundirse con la queja ante el Defensor del Pueblo (art. 54 CE y LO 3/1981).

El registro de entrada como cauce formal de presentación de escritos

Tanto las peticiones como las quejas, reclamaciones y sugerencias, cuando se presentan por escrito, deben tener constancia de entrada en el registro electrónico general o en las oficinas de asistencia en materia de registros correspondientes, lo que otorga fecha cierta a efectos del cómputo de los plazos de tramitación y respuesta.

La Inspección General de Servicios como órgano de control interno

Muchos departamentos ministeriales cuentan con una Inspección General de Servicios encargada de velar por el correcto funcionamiento de las unidades administrativas y de tramitar, en su caso, las quejas y reclamaciones de mayor entidad relativas al funcionamiento de los servicios, en coordinación con el sistema general de quejas y sugerencias del RD 951/2005.

Concepto de interesado y representación (arts. 4 a 6 Ley 39/2015)

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen en el procedimiento (art. 4). Los interesados pueden actuar por medio de representante, con acreditación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal o electrónica (apud acta) (art. 5). Los registros electrónicos de apoderamientos permiten hacer constar las representaciones (art. 6). Esta condición es clave porque la información particular solo se facilita al interesado o a su representante.

Derechos del interesado en cuanto a la información particular (art. 53.1 Ley 39/2015)

El interesado tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga tal condición, el sentido del silencio administrativo que corresponda, el órgano competente para su instrucción y resolución y los actos de trámite dictados; también a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento, a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite, a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración y a obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos que se exijan a sus proyectos o solicitudes.

Derecho de acceso a la información pública (Ley 19/2013)

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce a todas las personas el derecho de acceso a la información pública (contenidos o documentos que obren en poder de los sujetos obligados y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones). No es necesario motivar la solicitud. El plazo máximo para resolver y notificar es de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o complejidad lo justifican; el silencio es desestimatorio. Frente a la resolución cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter previo al recurso contencioso-administrativo. El acceso es gratuito, sin perjuicio de las tasas por copias o soportes. Es un derecho distinto del de petición y del del interesado a conocer su expediente.

La denuncia y su diferencia con la queja y la petición (art. 62 Ley 39/2015)

La denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación jurídica, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Debe expresar la identidad de la persona que la presenta, el relato de los hechos y la fecha de su comisión, y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. A diferencia de la queja (disconformidad con el servicio) y de la petición (solicitud al poder público), la denuncia busca activar la potestad de la Administración.

La queja ante el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981, de 6 de abril) es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, para lo cual supervisa la actividad de la Administración. Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción por nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal o internamiento, puede dirigirle una queja por escrito, firmada y razonada, en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos; el trámite es gratuito y no exige abogado ni procurador. No es un recurso: no suspende plazos ni sustituye a las vías administrativas o judiciales.

Peticiones ante las Cortes Generales y ante el Parlamento Europeo

El art. 77 CE permite a las Cámaras recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas; las Cámaras pueden remitirlas al Gobierno y este debe explicar su contenido cuando las Cámaras lo exijan. En el Congreso la tramitación corresponde a la Comisión de Peticiones. A escala europea, el art. 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce a todo ciudadano de la Unión y a toda persona residente el derecho de petición ante el Parlamento Europeo sobre asuntos de la competencia de la Unión que le afecten directamente.

Iniciativa legislativa popular e iniciativa ciudadana europea

La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE; LO 3/1984) requiere al menos 500.000 firmas acreditadas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Requiere la constitución de una comisión promotora, la admisión por la Mesa del Congreso y la recogida de firmas en un plazo legal. La iniciativa ciudadana europea (Reglamento (UE) 2019/788) permite a un millón de ciudadanos de la Unión, procedentes de al menos siete Estados miembros, invitar a la Comisión Europea a proponer un acto jurídico. Las iniciativas del art. 133 Ley 39/2015 (consulta pública previa, audiencia e información pública) son cauces de participación en la elaboración de normas.

Consulta pública previa y participación en la elaboración de normas (art. 133 Ley 39/2015)

Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectados sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas. Cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web para que las personas afectadas puedan hacer alegaciones (audiencia e información pública).

Canales y buenas prácticas en la atención de quejas y peticiones

Toda queja, sugerencia o petición debe registrarse, acusar recibo, identificar al órgano competente y contestarse en plazo con lenguaje claro, indicando las medidas adoptadas o las razones de su rechazo. El personal debe orientar al ciudadano sobre la vía adecuada según su pretensión (petición, queja, sugerencia, recurso, denuncia o solicitud de acceso a información pública) sin prejuzgar el resultado, pues una vía equivocada puede hacer perder derechos o plazos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La información general no exige acreditar un interés determinado; la información particular sí, por afectar al estado de un procedimiento concreto (art. 53.1 Ley 39/2015).
  • Iniciativas, reclamaciones/quejas y peticiones son cauces distintos: proponer mejoras, manifestar disconformidad y solicitar algo, respectivamente.
  • El derecho de petición (art. 29 CE, LO 4/2001) no obliga a la Administración a resolver en un sentido determinado sobre el fondo, pero sí a acusar recibo, decidir sobre su admisión y notificar la contestación.
  • El art. 29 CE habla de «españoles», pero la LO 4/2001 extiende el derecho a toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, de forma individual o colectiva y también por medios electrónicos.
  • La petición es residual: no procede cuando existe un procedimiento administrativo o judicial específico para el objeto solicitado.
  • La contestación a una petición admitida debe notificarse en el plazo máximo de tres meses desde su presentación (LO 4/2001).
  • La inadmisión de una petición debe ser motivada y declararse en el plazo de 45 días hábiles; si no se declara en ese plazo, la petición se entiende admitida a trámite.
  • La LO 4/2001 no contiene un art. 29: el art. 29 corresponde a la Constitución Española.
  • El derecho de petición se distingue del derecho de acceso a la información pública (Ley 19/2013) en que este solo tiene por objeto obtener información ya existente en poder de la Administración.
  • Acceso a la información pública: no hay que motivar la solicitud; plazo de un mes ampliable por otro mes; silencio desestimatorio; reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
  • El sistema de quejas y sugerencias de la AGE (RD 951/2005) permite a cualquier persona formular quejas por el funcionamiento de los servicios y sugerencias de mejora; no son recurso ni suspenden plazos.
  • El silencio administrativo ante una solicitud de ejercicio del derecho de petición es desestimatorio, excepción tasada del art. 24.1 Ley 39/2015.
  • La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado (art. 62.5 Ley 39/2015).
  • La queja ante el Defensor del Pueblo debe presentarse en el plazo máximo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos y no suspende plazos.
  • Las peticiones ante las Cortes (art. 77 CE) han de ser por escrito y no pueden presentarse directamente mediante manifestaciones ciudadanas.
  • La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) exige al menos 500.000 firmas acreditadas y es un cauce de participación distinto de la petición y la queja.
  • Las Cartas de Servicios informan sobre los servicios prestados, los compromisos de calidad y los derechos de los ciudadanos en relación con ellos.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Según el art. 87.3 de la Constitución, la iniciativa legislativa popular requiere, al menos:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Auxiliar Admin. Estado?

Los servicios de información administrativa facilitan a los ciudadanos el conocimiento de sus derechos y obligaciones frente a la Administración, distinguiendo entre información de carácter general, accesible a cualquier persona, e información particular, referida al estado de un procedimiento concreto y reservada al interesado. Junto a ellos, los ciudadanos disponen de cauces para participar y exigir mejoras: las iniciativas y sugerencias, las quejas y reclamaciones y el derecho de petición del art. 29 CE (LO 4/2001), que conviene distinguir de otras figuras como la denuncia, el recurso, el derecho de acceso a la información pública y la queja ante el Defensor del Pueblo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

La información general no exige acreditar un interés determinado; la información particular sí, por afectar al estado de un procedimiento concreto (art. 53.1 Ley 39/2015). Iniciativas, reclamaciones/quejas y peticiones son cauces distintos: proponer mejoras, manifestar disconformidad y solicitar algo, respectivamente. El derecho de petición (art. 29 CE, LO 4/2001) no obliga a la Administración a resolver en un sentido determinado sobre el fondo, pero sí a acusar recibo, decidir sobre su admisión y notificar la contestación. El art. 29 CE habla de «españoles», pero la LO 4/2001 extiende el derecho a toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, de forma individual o colectiva y también por medios electrónicos. La petición es residual: no procede cuando existe un procedimiento administrativo o judicial específico para el objeto solicitado. La contestación a una petición admitida debe notificarse en el plazo máximo de tres meses desde su presentación (LO 4/2001). La inadmisión de una petición debe ser motivada y declararse en el plazo de 45 días hábiles; si no se declara en ese plazo, la petición se entiende admitida a trámite. La LO 4/2001 no contiene un art. 29: el art. 29 corresponde a la Constitución Española. El derecho de petición se distingue del derecho de acceso a la información pública (Ley 19/2013) en que este solo tiene por objeto obtener información ya existente en poder de la Administración. Acceso a la información pública: no hay que motivar la solicitud; plazo de un mes ampliable por otro mes; silencio desestimatorio; reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El sistema de quejas y sugerencias de la AGE (RD 951/2005) permite a cualquier persona formular quejas por el funcionamiento de los servicios y sugerencias de mejora; no son recurso ni suspenden plazos. El silencio administrativo ante una solicitud de ejercicio del derecho de petición es desestimatorio, excepción tasada del art. 24.1 Ley 39/2015. La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado (art. 62.5 Ley 39/2015). La queja ante el Defensor del Pueblo debe presentarse en el plazo máximo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos y no suspende plazos. Las peticiones ante las Cortes (art. 77 CE) han de ser por escrito y no pueden presentarse directamente mediante manifestaciones ciudadanas. La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE) exige al menos 500.000 firmas acreditadas y es un cauce de participación distinto de la petición y la queja. Las Cartas de Servicios informan sobre los servicios prestados, los compromisos de calidad y los derechos de los ciudadanos en relación con ellos.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 29, 54, 77 y 87.3.
  • Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 4, 5, 6, 21, 24, 53, 62 y 133.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
  • Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano (Capítulos I y II vigentes; Capítulo III derogado por el RD 951/2005 y arts. 11-13 por el RD 776/2011).
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
  • Reglamento (UE) 2019/788 sobre la iniciativa ciudadana europea.

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