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Tema 12. La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos y obligaciones.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

La protección de datos personales en España se rige por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y por la Ley Orgánica 3/2018, que lo desarrolla y reconoce un catálogo de derechos a las personas cuyos datos son tratados, bajo la supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos.

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Marco normativo y principios del tratamiento

El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación directa en todos los Estados miembros desde el 25 de mayo de 2018, y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), que lo completa y adapta en España, configuran el marco vigente. Los principios del tratamiento (art. 5 RGPD) son: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva (accountability), por el cual el responsable debe ser capaz de demostrar el cumplimiento de todos los anteriores.

Derechos de las personas interesadas

El RGPD y la LOPDGDD reconocen los derechos de acceso (conocer si se tratan datos propios y a qué finalidad), rectificación (corregir datos inexactos), supresión o "derecho al olvido" (cancelar datos cuando ya no sean necesarios o se retire el consentimiento), limitación del tratamiento, portabilidad (recibir los datos en formato estructurado y transmitirlos a otro responsable) y oposición (oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular). Estos derechos son personalísimos, gratuitos con carácter general, y deben atenderse en el plazo de un mes, prorrogable por dos meses más en función de la complejidad.

Responsable, encargado y delegado del tratamiento

El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del tratamiento (art. 4.7 RGPD); en el ámbito de las Administraciones públicas, suele coincidir con el propio órgano u organismo titular del fichero o actividad de tratamiento. El encargado del tratamiento trata los datos por cuenta del responsable, en virtud de un contrato o acto jurídico que le vincula (art. 28 RGPD), sin poder tratarlos para fines propios. El delegado de protección de datos (DPO) es la figura de asesoramiento y supervisión interna, de designación obligatoria para las Administraciones públicas (art. 37.1.a RGPD y art. 34 LOPDGDD), que informa y asesora al responsable, supervisa el cumplimiento normativo y coopera con la autoridad de control.

Autoridades de control y derechos digitales

La autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo público independiente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa, tramitar reclamaciones e imponer sanciones; en el ámbito autonómico existen autoridades propias: la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con competencia sobre los tratamientos de las administraciones de su comunidad. La LOPDGDD dedica su Título X a los derechos digitales, entre ellos el derecho a la neutralidad de Internet, el derecho al olvido en búsquedas de Internet y en redes sociales, el derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, el derecho a la educación digital, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, y los derechos digitales en la negociación colectiva.

El RGPD: ámbito y objetivo

El Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018, protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, en particular su derecho a la protección de datos, y garantiza la libre circulación de estos en el mercado interior, con ámbito de aplicación territorial extendido a responsables fuera de la UE que ofrezcan bienes o servicios a interesados en ella.

La LOPDGDD: estructura y función

La Ley Orgánica 3/2018 adapta el ordenamiento español al RGPD, completando aspectos remitidos a los Estados miembros (edad de consentimiento, tratamiento de datos de fallecidos, DPO en el sector público, régimen sancionador), y deroga la LO 15/1999. Su Título X, novedoso, regula la garantía de los derechos digitales.

Concepto de dato personal y categorías especiales (arts. 4.1 y 9 RGPD)

Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Las categorías especiales (origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, de salud o vida sexual) tienen tratamiento en principio prohibido, salvo excepciones tasadas, por su especial riesgo para los derechos del interesado.

Principio de licitud, lealtad y transparencia (art. 5.1.a RGPD)

El tratamiento debe fundarse en alguna base jurídica del art. 6 RGPD (licitud), no resultar engañoso ni perjudicial para las expectativas razonables del interesado (lealtad), y facilitar información concisa, inteligible y de fácil acceso sobre el tratamiento (transparencia), presupuesto necesario para el ejercicio del resto de derechos.

Principios de limitación de la finalidad y minimización de datos

Los datos deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos, sin tratamiento ulterior incompatible (limitación de la finalidad), y ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para dichos fines (minimización), conectado este último con la protección de datos desde el diseño y por defecto del art. 25 RGPD.

Principios de exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad

Los datos deben ser exactos y actualizados, suprimiéndose o rectificándose sin dilación los inexactos. Deben conservarse solo durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento. Y deben tratarse garantizando seguridad adecuada (confidencialidad e integridad), incluida protección contra tratamiento no autorizado, pérdida o daño accidental (art. 32 RGPD: seudonimización, cifrado).

El principio de responsabilidad proactiva (accountability, art. 5.2 RGPD)

El responsable debe cumplir todos los principios del art. 5.1 y ser capaz de demostrarlo, sustituyendo el antiguo modelo de inscripción previa de ficheros por uno de autorresponsabilidad: evaluación de riesgos, medidas técnicas y organizativas, y capacidad de acreditar el cumplimiento mediante el registro de actividades, evaluaciones de impacto y códigos de conducta.

Bases jurídicas del tratamiento (art. 6.1 RGPD)

Consentimiento del interesado; necesidad para ejecutar un contrato; cumplimiento de obligación legal; protección de intereses vitales; cumplimiento de misión de interés público o ejercicio de poderes públicos (base habitual de las Administraciones); e interés legítimo del responsable o de un tercero, esta última no invocable por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

El consentimiento del interesado: requisitos (arts. 4.11 y 7 RGPD)

Manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. El responsable debe poder demostrarlo; si se da junto a otros asuntos, debe presentarse de forma distinguible; puede retirarse en cualquier momento con la misma facilidad con que se otorgó. La edad de consentimiento del menor para servicios de la sociedad de la información se fija en España en 14 años.

Derecho de acceso, rectificación y supresión (arts. 15-17 RGPD)

Acceso: confirmación de si se tratan datos y acceso a ellos y a la información del tratamiento. Rectificación: corrección de datos inexactos o incompletos. Supresión o «derecho al olvido»: eliminación cuando concurran motivos tasados (datos ya no necesarios, retirada del consentimiento, tratamiento ilícito), cediendo ante libertad de expresión, obligación legal o interés público en salud.

Derecho a la limitación del tratamiento y a la portabilidad (arts. 18 y 20 RGPD)

Limitación: marcar los datos para restringir su tratamiento futuro (por ejemplo, mientras se verifica su exactitud). Portabilidad: recibir los datos facilitados en formato estructurado y de uso común, y transmitirlos a otro responsable, cuando el tratamiento se base en consentimiento o contrato y se efectúe por medios automatizados.

Derecho de oposición y decisiones automatizadas (arts. 21 y 22 RGPD)

Oposición al tratamiento basado en interés público o legítimo, incluida la elaboración de perfiles; absoluta y sin justificación en mercadotecnia directa. Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado con efectos jurídicos significativos, salvo excepciones tasadas, exigiéndose en tal caso, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana.

El responsable y el encargado del tratamiento (art. 4.7 y 4.8 RGPD)

El responsable determina los fines y medios del tratamiento; en la Administración, es el órgano titular de la competencia. El encargado trata datos por cuenta del responsable, mediante contrato u acto jurídico vinculante (art. 28 RGPD) que regula objeto, duración, naturaleza, tipo de datos, obligaciones y prohibición de subcontratar sin autorización.

El delegado de protección de datos (DPO, arts. 37-39 RGPD)

Designación obligatoria, entre otros supuestos, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público (salvo los tribunales en ejercicio de su función judicial). Informa y asesora al responsable y a los empleados, supervisa el cumplimiento normativo, asesora en las evaluaciones de impacto, coopera con la autoridad de control y actúa como punto de contacto, desempeñando sus funciones con independencia.

El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD)

Obligación de cada responsable de documentar sus tratamientos: identidad del responsable y del DPO, fines, categorías de interesados y de datos, destinatarios, transferencias internacionales, plazos de supresión previstos y descripción de las medidas de seguridad, sustituyendo al antiguo sistema de inscripción de ficheros ante la autoridad de control.

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD, art. 35 RGPD)

Exigida cuando un tratamiento entrañe probablemente alto riesgo para los derechos de las personas (evaluación sistemática de aspectos personales con efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales, observación sistemática a gran escala de zonas públicas), debiendo describir las operaciones, evaluar necesidad, proporcionalidad y riesgos, y prever medidas de mitigación.

Notificación de brechas de seguridad (arts. 33-34 RGPD)

El responsable debe notificar la violación de seguridad a la autoridad de control sin dilación indebida, a más tardar en 72 horas, salvo que sea improbable el riesgo para los derechos del afectado. Debe comunicarse también al interesado cuando el riesgo sea alto, salvo medidas que hagan ininteligibles los datos (cifrado) o esfuerzo desproporcionado.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): funciones y sanciones

Autoridad de control independiente que supervisa la aplicación del RGPD y la LOPDGDD, resuelve reclamaciones, investiga, impone medidas correctivas y sanciones, y coopera con otras autoridades europeas. El régimen sancionador distingue multas de hasta 10 y hasta 20 millones de euros (o 2% y 4% del volumen de negocio); las Administraciones Públicas españolas quedan sujetas a un régimen específico de apercibimiento.

Transferencias internacionales de datos (arts. 44-50 RGPD)

Solo proceden si se garantiza que el nivel de protección no se menoscaba: decisión de adecuación de la Comisión Europea; garantías adecuadas (cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes); o, subsidiariamente, excepciones tasadas del art. 49 (consentimiento explícito informado de los riesgos).

Derechos digitales de la LOPDGDD (Título X)

Derecho a la neutralidad de internet; derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, respetando descanso, permisos y vacaciones frente al uso de dispositivos digitales; y derecho al testamento digital, que permite a herederos o personas designadas acceder a los contenidos digitales de una persona fallecida y dar instrucciones sobre su destino.

Protección de menores en internet

Reconocimiento del derecho a la protección de la intimidad de los menores frente al uso indebido de sus datos e imagen en la red, con deber de padres, tutores y centros educativos de contribuir a garantizarla, complementado con la edad de 14 años para el consentimiento del menor en servicios de la sociedad de la información.

El tratamiento de datos por las Administraciones Públicas

Su base jurídica ordinaria es el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, sin necesidad de consentimiento para tratamientos en ejercicio de competencias legalmente atribuidas. Un mismo DPO puede designarse para varios organismos públicos, y el régimen sancionador del sector público sustituye la multa por la resolución de apercibimiento con medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD), que se notifica también al órgano superior jerárquico y a los afectados.

Ámbito de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD (arts. 2 y 3 RGPD; art. 2 LOPDGDD)

El RGPD se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. No se aplica, entre otros supuestos, al tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, ni a las actividades que queden fuera del Derecho de la Unión, ni a los tratamientos de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, que se rigen por la Directiva (UE) 2016/680, transpuesta en España por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Territorialmente se aplica a responsables o encargados establecidos en la Unión y también a los no establecidos en ella cuando ofrezcan bienes o servicios a personas que se encuentren en la Unión o controlen su comportamiento. Los datos de personas jurídicas y los de personas fallecidas quedan en principio fuera del RGPD, si bien la LOPDGDD permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, puedan solicitar el acceso, la rectificación o la supresión de sus datos, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley.

Definiciones básicas (art. 4 RGPD)

Interesado: la persona física identificada o identificable cuyos datos se tratan. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales (recogida, registro, organización, conservación, consulta, comunicación, supresión, etc.), sea o no automatizada. Fichero: todo conjunto estructurado de datos accesibles con arreglo a criterios determinados. Elaboración de perfiles: tratamiento automatizado que evalúa aspectos personales de una persona física. Seudonimización: tratamiento de modo que los datos ya no puedan atribuirse a un interesado sin información adicional, que se mantiene separada; los datos seudonimizados siguen siendo datos personales, mientras que los datos verdaderamente anonimizados quedan fuera del RGPD. Destinatario: quien recibe comunicación de datos; tercero: persona distinta del interesado, del responsable, del encargado y de las personas autorizadas para tratar los datos. Violación de la seguridad de los datos personales: toda violación que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos, o la comunicación o acceso no autorizados a ellos.

Categorías especiales y datos de condenas penales (art. 9 y 10 RGPD; arts. 9 y 10 LOPDGDD)

El art. 9 RGPD prohíbe, como regla general, el tratamiento de datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como los datos genéticos, los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, los datos relativos a la salud y los relativos a la vida sexual o la orientación sexual. La prohibición se levanta cuando concurre alguna circunstancia del apartado 2 (por ejemplo, consentimiento explícito, obligaciones en el ámbito laboral y de la seguridad social, intereses vitales, fines de medicina preventiva o laboral, razones de interés público esencial, fines de archivo en interés público, investigación científica o estadística). La LOPDGDD precisa que el solo consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición cuando la finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, y que los tratamientos de estas categorías fundados en razones de interés público esencial, o en fines de salud, deben ampararse en una norma con rango de ley. Los datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10 RGPD) solo pueden tratarse bajo el control de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Derecho de información: transparencia al recoger los datos (arts. 12-14 RGPD; art. 11 LOPDGDD)

El responsable debe facilitar al interesado, de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con lenguaje claro y sencillo, la información de los arts. 13 (datos recogidos del propio interesado) y 14 (datos no obtenidos del interesado): identidad y datos de contacto del responsable y, en su caso, del delegado de protección de datos; fines y base jurídica del tratamiento; destinatarios; transferencias internacionales; plazo de conservación o criterios para determinarlo; existencia de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad; derecho a retirar el consentimiento; derecho a reclamar ante la autoridad de control; y existencia de decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Cuando los datos no se obtienen del interesado, debe informarse además de la fuente de procedencia y de las categorías de datos, en un plazo razonable y como máximo en un mes. La LOPDGDD admite el cumplimiento del deber de información por capas: una primera capa básica (identidad del responsable, finalidad, posibilidad de ejercer derechos) y una segunda capa con el resto de información, accesible de modo sencillo e inmediato.

Ejercicio de los derechos: reglas comunes (art. 12 RGPD; arts. 12-18 LOPDGDD)

El responsable debe facilitar el ejercicio de los derechos y responder a la solicitud en el plazo de un mes desde su recepción, plazo prorrogable por otros dos meses, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes, informando de la prórroga y de sus motivos dentro del primer mes. Si el responsable no da curso a la solicitud, debe informar, a más tardar en el plazo de un mes, de las razones y de la posibilidad de reclamar ante la autoridad de control y de ejercer acciones judiciales. La información y las actuaciones son gratuitas; cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, el responsable puede cobrar un canon razonable basado en costes administrativos o negarse a actuar. Los derechos pueden ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario, y el encargado puede tramitar las solicitudes por cuenta del responsable si así se prevé en el contrato. El responsable debe comunicar las rectificaciones, supresiones o limitaciones a cada destinatario a quien se hayan comunicado los datos, salvo que resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. La LOPDGDD regula cada derecho en sus arts. 13 (acceso), 14 (rectificación), 15 (supresión), 16 (limitación), 17 (portabilidad) y 18 (oposición).

Contenido del derecho de acceso y de la supresión (arts. 15 y 17 RGPD)

El derecho de acceso permite obtener confirmación de si se tratan o no datos personales y, en caso afirmativo, acceder a ellos y a información sobre fines, categorías de datos, destinatarios, plazo de conservación, existencia de los demás derechos, derecho a reclamar, origen de los datos si no los facilitó el interesado y existencia de decisiones automatizadas; además, el responsable debe entregar una primera copia gratuita de los datos. El derecho de supresión procede cuando los datos ya no sean necesarios para los fines, se retire el consentimiento y no exista otra base jurídica, el interesado se oponga con éxito, los datos se hayan tratado ilícitamente, deban suprimirse por obligación legal o se hayan obtenido en relación con servicios de la sociedad de la información ofrecidos a menores. No procede en la medida en que el tratamiento sea necesario para ejercer la libertad de expresión e información, cumplir una obligación legal o una misión de interés público, fines de salud pública, archivo en interés público, investigación o estadística, o para formular, ejercer o defender reclamaciones. La LOPDGDD incorpora la figura del bloqueo (art. 32): cuando proceda la rectificación o supresión, los datos se conservan bloqueados, con medidas técnicas y organizativas que impidan su tratamiento, y a disposición de jueces, tribunales, Ministerio Fiscal y Administraciones Públicas competentes para exigir posibles responsabilidades, durante el plazo de prescripción de estas.

Responsabilidad activa: medidas del responsable (arts. 24, 25 y 32 RGPD; art. 28 LOPDGDD)

El responsable debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas, para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con la normativa. Las medidas se revisan y actualizan cuando es necesario. Dos manifestaciones concretas son la protección de datos desde el diseño (aplicar medidas como la seudonimización o la minimización ya al determinar los medios del tratamiento y durante este) y la protección de datos por defecto (tratar, por defecto, solo los datos necesarios para cada fin específico). La seguridad (art. 32) exige medidas adecuadas al riesgo, que pueden incluir seudonimización y cifrado, capacidad de garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, capacidad de restaurar la disponibilidad tras un incidente y un proceso de verificación y evaluación regular de la eficacia de las medidas. En el sector público español, el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo) es el referente para determinar las medidas, tal como establece la disposición adicional primera de la LOPDGDD.

Corresponsables, representantes y encargados: matices (arts. 26-29 RGPD)

Cuando dos o más responsables determinan conjuntamente los fines y medios del tratamiento son corresponsables y deben determinar de modo transparente, mediante un acuerdo, sus respectivas responsabilidades, cuyos aspectos esenciales se ponen a disposición del interesado. El encargado solo puede recurrir a otro encargado (subencargado) con autorización previa, específica o general, por escrito del responsable; el encargado inicial sigue siendo plenamente responsable ante el responsable de las obligaciones del subencargado. El contrato del encargado debe obligar a tratar los datos solo siguiendo instrucciones documentadas del responsable, garantizar el deber de confidencialidad del personal autorizado, adoptar las medidas de seguridad, asistir al responsable en el ejercicio de los derechos y en las obligaciones de seguridad y evaluación de impacto, y suprimir o devolver los datos al finalizar la prestación. Si el encargado determina por su cuenta fines y medios, será considerado responsable del tratamiento en cuestión. La LOPDGDD, en sus arts. 28 y 33, desarrolla las obligaciones generales del responsable y el régimen del encargado.

Posición y designación del delegado de protección de datos (arts. 37-39 RGPD; arts. 34-37 LOPDGDD)

El RGPD exige la designación de un delegado de protección de datos cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público (excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial), cuando las actividades principales consistan en operaciones que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o cuando consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos de condenas penales. Puede designarse un único delegado para varias autoridades u organismos públicos, atendiendo a su estructura organizativa y tamaño. El delegado se designa atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en protección de datos; puede ser un empleado del responsable o actuar en el marco de un contrato de servicios. Debe disponer de recursos, informar directamente al más alto nivel jerárquico, no recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones y no puede ser destituido ni sancionado por desempeñarlas. Los datos de contacto deben publicarse y comunicarse a la autoridad de control. La LOPDGDD prevé que el interesado pueda reclamar ante el delegado, antes de hacerlo ante la AEPD, debiendo este comunicarle la decisión adoptada en el plazo máximo de dos meses (art. 37.1 LOPDGDD); si es la propia AEPD quien traslada la reclamación al delegado, el plazo de respuesta de este es de un mes (art. 37.2).

Códigos de conducta y certificación (arts. 40-43 RGPD)

Los códigos de conducta, elaborados por asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables o encargados, contribuyen a la correcta aplicación del RGPD en sectores concretos y requieren la aprobación de la autoridad de control competente (y, si su ámbito es transfronterizo, el dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos). Los mecanismos de certificación, sellos y marcas de protección de datos sirven para demostrar el cumplimiento, son voluntarios, accesibles mediante un proceso transparente y no reducen la responsabilidad del responsable o encargado. Ambos instrumentos pueden utilizarse como elementos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones y como circunstancia a valorar en el cálculo de sanciones.

Consulta previa y análisis de riesgos (arts. 35 y 36 RGPD)

La evaluación de impacto es obligatoria, en particular, en tres supuestos del art. 35.3: evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en tratamiento automatizado (incluida la elaboración de perfiles) sobre la que se base una decisión con efectos jurídicos; tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos de condenas penales; y observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. Las autoridades de control publican listas de tratamientos que requieren o no EIPD. Si la evaluación muestra que el tratamiento entrañaría un alto riesgo que el responsable no puede mitigar con medidas adecuadas, debe realizarse una consulta previa a la autoridad de control antes de iniciar el tratamiento; la autoridad responde en el plazo de ocho semanas, prorrogable por seis semanas más según la complejidad. Para los tratamientos de bajo riesgo, el RGPD no exige análisis formal de impacto pero sí valoración de riesgos proporcionada.

Procedimiento ante la AEPD y régimen sancionador (arts. 63-78 LOPDGDD; arts. 58 y 83 RGPD)

La LOPDGDD (Título VIII) regula el procedimiento en caso de posible vulneración: se inicia normalmente por reclamación del afectado o por iniciativa de la propia Agencia, y se rige por la normativa general del procedimiento administrativo común con las especialidades de la propia ley. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves (arts. 72, 73 y 74 LOPDGDD), con plazos de prescripción de tres, dos y un año, respectivamente. El art. 58.2 RGPD otorga a las autoridades poderes correctivos que van del apercibimiento y la advertencia a la orden de limitar o prohibir el tratamiento, la supresión de datos, la retirada de certificaciones y la imposición de multas administrativas. Las multas del art. 83 RGPD son de hasta 10.000.000 de euros o el 2 por ciento del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior (la cuantía mayor) para infracciones de obligaciones del responsable y del encargado, de certificación y de supervisión, y de hasta 20.000.000 de euros o el 4 por ciento para infracciones de principios básicos, consentimiento, derechos de los interesados, transferencias internacionales e incumplimiento de resoluciones de la autoridad. Para determinar la multa se valoran, entre otros, la gravedad, la duración, el carácter intencional o negligente, las medidas adoptadas para paliar los daños, el grado de cooperación y las infracciones anteriores.

El régimen sancionador de las Administraciones Públicas (art. 77 LOPDGDD)

Cuando los responsables o encargados sean órganos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes, órganos legislativos y otras instituciones, la autoridad de protección de datos dicta una resolución que sanciona con apercibimiento e indica las medidas que deben adoptarse para poner fin a la conducta o corregir sus efectos. La resolución se notifica al responsable o encargado, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tengan la condición de interesado. Si se aprecian indicios suficientes de infracción grave o muy grave, la autoridad puede proponer la iniciación de actuaciones disciplinarias conforme a la normativa del régimen disciplinario aplicable. Las resoluciones se comunican al Defensor del Pueblo o institución análoga autonómica y se publican en la web de la autoridad. Las entidades que no figuran en la relación del art. 77.1 (por ejemplo, las que actúan en régimen de derecho privado) quedan sujetas al régimen general de multas.

La AEPD: naturaleza, órganos y cooperación europea (Título VII LOPDGDD; arts. 51-76 RGPD)

La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Su Estatuto está aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio. Se compone de una Presidencia y una Adjuntía, nombradas por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, previa ratificación de la propuesta por la Comisión de Justicia del Congreso por mayoría de tres quintos en primera votación (o mayoría absoluta con votos de al menos dos grupos parlamentarios en segunda); su mandato dura cinco años, renovable por un periodo igual. Cuenta además con un Consejo Consultivo. En el marco europeo, las autoridades de control cooperan mediante el mecanismo de ventanilla única (autoridad principal en tratamientos transfronterizos), la asistencia mutua y el Comité Europeo de Protección de Datos, órgano de la Unión que garantiza la aplicación coherente del RGPD y emite dictámenes y decisiones vinculantes en los supuestos de coherencia. El Supervisor Europeo de Protección de Datos controla el tratamiento realizado por las instituciones de la Unión. Las agencias autonómicas existentes ejercen sus competencias sobre ficheros de las administraciones de su comunidad: la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Videovigilancia, sistemas de información crediticia y otros tratamientos específicos (arts. 19-27 LOPDGDD)

El Título IV de la LOPDGDD contiene reglas para tratamientos concretos. Se presumen amparados en el interés legítimo los datos de contacto y de empresarios individuales tratados en relación con su actividad profesional (art. 19). Los sistemas de información crediticia (art. 20) pueden incorporar deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuyo pago no se haya producido, y no se conservan más de cinco años desde el vencimiento. El art. 22 regula el tratamiento con fines de videovigilancia mediante cámaras: se admite para preservar la seguridad de personas y bienes, sin captar espacios públicos salvo que sea imprescindible, y las imágenes se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo conservación para acreditar actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. La obligación de informar se cumple con un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible. Los sistemas de exclusión publicitaria (art. 23) y los sistemas internos de denuncias (art. 24), que pueden ser anónimos, son otros ejemplos. La LOPDGDD contiene también reglas para el tratamiento en el ámbito de la función estadística pública (art. 25) y con fines de archivo en interés público (art. 26).

Derechos digitales: listado y contenido esencial (arts. 79-97 LOPDGDD)

El Título X de la LOPDGDD reconoce, entre otros, los derechos y libertades de la Constitución en Internet (art. 79), la neutralidad de Internet (art. 80), el acceso universal a Internet (art. 81), la seguridad digital (art. 82), la educación digital (art. 83), la protección de los menores en Internet (art. 84), la rectificación en Internet (art. 85), la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86), el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87), la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88), la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos y de sistemas de geolocalización en el lugar de trabajo (arts. 89 y 90), los derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91), la protección de datos de los menores en Internet (art. 92), el derecho al olvido en búsquedas de Internet y en servicios de redes sociales y equivalentes (arts. 93 y 94), el derecho de portabilidad en servicios de redes sociales (art. 95), el derecho al testamento digital (art. 96) y las políticas públicas de impulso de los derechos digitales, como el Plan de Acceso a Internet (art. 97, que cierra el Título X). Los arts. 87 a 91 se integran en el ámbito laboral, y el Estatuto Básico del Empleado Público recoge igualmente los derechos a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y a la desconexión digital de los empleados públicos.

Transferencias internacionales: mecanismos y novedades (arts. 44-50 RGPD)

Toda transferencia de datos a un tercer país u organización internacional debe respetar, además de las demás disposiciones del RGPD, las condiciones del Capítulo V. En primer lugar, procede la transferencia sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión Europea, sin necesidad de autorización específica. A falta de decisión, el responsable o encargado puede ofrecer garantías adecuadas: instrumentos jurídicamente vinculantes entre autoridades u organismos públicos, normas corporativas vinculantes aprobadas por la autoridad de control, cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión o por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión, códigos de conducta o mecanismos de certificación. Solo en última instancia caben las excepciones del art. 49 (consentimiento explícito del interesado tras ser informado de los riesgos, ejecución de contrato, razones importantes de interés público, formulación o defensa de reclamaciones, intereses vitales, o transferencia desde un registro público). Estados Unidos dispone de una decisión de adecuación para las entidades adheridas al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. (EU-US Data Privacy Framework), adoptada por la Comisión en julio de 2023; sigue formalmente en vigor, aunque ha sido objeto de impugnaciones ante el Tribunal de Justicia de la UE, por lo que conviene comprobar su estado vigente antes del examen.

Reclamación, tutela y responsabilidad civil (arts. 77-82 RGPD)

Todo interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control si considera que el tratamiento infringe el RGPD, sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, y a la tutela judicial efectiva contra las decisiones de la autoridad de control y contra el responsable o el encargado. Quien haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción tiene derecho a recibir del responsable o del encargado una indemnización. Los responsables y encargados implicados en el mismo tratamiento responden solidariamente frente al interesado, sin perjuicio de su derecho a repetir. El interesado puede otorgar mandato a una entidad sin ánimo de lucro para que presente la reclamación en su nombre. Las resoluciones de la AEPD ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Audiencia Nacional).

Relación con la normativa de transparencia y con la nueva regulación digital europea

El tratamiento de datos en el acceso a la información pública exige ponderar la transparencia y la protección de datos: el art. 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece reglas específicas de acceso cuando la información contiene datos personales y encomienda al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y a la AEPD la adopción de criterios conjuntos de aplicación. En el plano europeo, el Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial establece obligaciones adicionales para ciertos sistemas, sin sustituir al RGPD, que sigue siendo aplicable cuando se traten datos personales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El RGPD (UE 2016/679) es de aplicación directa desde 2018; en España se desarrolla mediante la LOPDGDD (LO 3/2018).
  • Los siete principios del art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva.
  • Derechos ARSULIPO (arts. 15-22 RGPD): acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y decisiones automatizadas.
  • La AEPD es la autoridad de control en España; a las Administraciones Públicas se les aplica preferentemente el apercibimiento en vez de multa económica.
  • Las categorías especiales de datos (origen étnico, salud, orientación sexual, entre otras) tienen tratamiento en principio prohibido, salvo excepciones tasadas del art. 9 RGPD.
  • Las bases jurídicas del tratamiento (art. 6.1 RGPD) incluyen el consentimiento, la ejecución de un contrato, el cumplimiento de obligación legal y el cumplimiento de una misión de interés público, esta última la habitual de las Administraciones.
  • El delegado de protección de datos (DPO) es de designación obligatoria en las Administraciones Públicas, con funciones de asesoramiento, supervisión y cooperación con la autoridad de control.
  • El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) sustituyó al antiguo sistema de inscripción de ficheros, dentro del modelo de responsabilidad proactiva.
  • La evaluación de impacto (EIPD) es exigible cuando un tratamiento entraña probablemente alto riesgo para los derechos de las personas.
  • Las brechas de seguridad deben notificarse a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas, salvo que sea improbable el riesgo para los afectados.
  • Las transferencias internacionales de datos exigen decisión de adecuación de la Comisión, garantías adecuadas o, subsidiariamente, excepciones tasadas del art. 49 RGPD.
  • La LOPDGDD reconoce derechos digitales (Título X): neutralidad de Internet, desconexión digital laboral, testamento digital y protección de menores en Internet.
  • La edad de consentimiento del menor para servicios de la sociedad de la información se fija en España en 14 años.
  • Plazo de respuesta a los derechos: un mes desde la solicitud, prorrogable dos meses más por complejidad o número de solicitudes (art. 12.3 RGPD); no es de diez días ni de quince.
  • Multas del RGPD: hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio mundial (la cuantía mayor) y hasta 20 millones o el 4%. Trampa: no son 'la menor' de las dos cifras.
  • Prescripción de infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año.
  • El interés legítimo (art. 6.1.f) no puede invocarse por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones; su base ordinaria es la misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos.
  • Consentimiento: libre, específico, informado e inequívoco; la LOPDGDD lo fija en 14 años para menores. Por debajo de esa edad, consentimiento de quien ostente la patria potestad o tutela. El consentimiento tácito o por silencio no es válido.
  • El DPO es obligatorio para autoridades y organismos públicos (salvo tribunales en función judicial), pero no hace falta uno por cada órgano: puede designarse uno solo para varios organismos.
  • El DPO no responde personalmente del incumplimiento: la responsabilidad es del responsable o del encargado. No puede recibir instrucciones ni ser sancionado por desempeñar sus funciones.
  • Diferencia responsable / encargado: el responsable decide fines y medios; el encargado trata por cuenta de aquel y bajo contrato. Si el encargado decide fines y medios por su cuenta, pasa a ser responsable.
  • Brecha de seguridad: notificación a la autoridad en 72 horas desde que se tiene constancia; comunicación a los afectados solo si hay alto riesgo.
  • Los datos seudonimizados siguen siendo datos personales; los anonimizados no. Los datos de personas jurídicas y, en principio, de fallecidos quedan fuera del RGPD.
  • El apercibimiento a las Administraciones Públicas (art. 77 LOPDGDD) no es una sanción económica: se acompaña de medidas correctoras y se comunica al órgano superior, al Defensor del Pueblo y a los afectados.
  • Derecho de portabilidad: solo si el tratamiento se basa en consentimiento o contrato y es automatizado; no se aplica a tratamientos por misión de interés público.
  • Derecho a la información (arts. 13-14 RGPD): si los datos no proceden del interesado, hay que informarle en un plazo razonable y como máximo en un mes.
  • Categorías especiales: la lista incluye datos biométricos de identificación unívoca y genéticos; los datos de condenas penales (art. 10) no son categoría especial, pero tienen régimen propio.
  • Videovigilancia (art. 22 LOPDGDD): supresión de las imágenes en un mes como máximo, salvo conservación para acreditar actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
  • La LOPDGDD derogó la LO 15/1999 (LOPD); el nuevo marco sustituyó la inscripción de ficheros ante la AEPD por el registro de actividades de tratamiento llevado por cada responsable.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuál es la edad a partir de la cual puede un menor consentir el tratamiento de sus datos personales en España?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Auxiliar Admin. Estado?

La protección de datos personales en España se rige por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y por la Ley Orgánica 3/2018, que lo desarrolla y reconoce un catálogo de derechos a las personas cuyos datos son tratados, bajo la supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

El RGPD (UE 2016/679) es de aplicación directa desde 2018; en España se desarrolla mediante la LOPDGDD (LO 3/2018). Los siete principios del art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva. Derechos ARSULIPO (arts. 15-22 RGPD): acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y decisiones automatizadas. La AEPD es la autoridad de control en España; a las Administraciones Públicas se les aplica preferentemente el apercibimiento en vez de multa económica. Las categorías especiales de datos (origen étnico, salud, orientación sexual, entre otras) tienen tratamiento en principio prohibido, salvo excepciones tasadas del art. 9 RGPD. Las bases jurídicas del tratamiento (art. 6.1 RGPD) incluyen el consentimiento, la ejecución de un contrato, el cumplimiento de obligación legal y el cumplimiento de una misión de interés público, esta última la habitual de las Administraciones. El delegado de protección de datos (DPO) es de designación obligatoria en las Administraciones Públicas, con funciones de asesoramiento, supervisión y cooperación con la autoridad de control. El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) sustituyó al antiguo sistema de inscripción de ficheros, dentro del modelo de responsabilidad proactiva. La evaluación de impacto (EIPD) es exigible cuando un tratamiento entraña probablemente alto riesgo para los derechos de las personas. Las brechas de seguridad deben notificarse a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas, salvo que sea improbable el riesgo para los afectados. Las transferencias internacionales de datos exigen decisión de adecuación de la Comisión, garantías adecuadas o, subsidiariamente, excepciones tasadas del art. 49 RGPD. La LOPDGDD reconoce derechos digitales (Título X): neutralidad de Internet, desconexión digital laboral, testamento digital y protección de menores en Internet. La edad de consentimiento del menor para servicios de la sociedad de la información se fija en España en 14 años. Plazo de respuesta a los derechos: un mes desde la solicitud, prorrogable dos meses más por complejidad o número de solicitudes (art. 12.3 RGPD); no es de diez días ni de quince. Multas del RGPD: hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio mundial (la cuantía mayor) y hasta 20 millones o el 4%. Trampa: no son 'la menor' de las dos cifras. Prescripción de infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. El interés legítimo (art. 6.1.f) no puede invocarse por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones; su base ordinaria es la misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos. Consentimiento: libre, específico, informado e inequívoco; la LOPDGDD lo fija en 14 años para menores. Por debajo de esa edad, consentimiento de quien ostente la patria potestad o tutela. El consentimiento tácito o por silencio no es válido. El DPO es obligatorio para autoridades y organismos públicos (salvo tribunales en función judicial), pero no hace falta uno por cada órgano: puede designarse uno solo para varios organismos. El DPO no responde personalmente del incumplimiento: la responsabilidad es del responsable o del encargado. No puede recibir instrucciones ni ser sancionado por desempeñar sus funciones. Diferencia responsable / encargado: el responsable decide fines y medios; el encargado trata por cuenta de aquel y bajo contrato. Si el encargado decide fines y medios por su cuenta, pasa a ser responsable. Brecha de seguridad: notificación a la autoridad en 72 horas desde que se tiene constancia; comunicación a los afectados solo si hay alto riesgo. Los datos seudonimizados siguen siendo datos personales; los anonimizados no. Los datos de personas jurídicas y, en principio, de fallecidos quedan fuera del RGPD. El apercibimiento a las Administraciones Públicas (art. 77 LOPDGDD) no es una sanción económica: se acompaña de medidas correctoras y se comunica al órgano superior, al Defensor del Pueblo y a los afectados. Derecho de portabilidad: solo si el tratamiento se basa en consentimiento o contrato y es automatizado; no se aplica a tratamientos por misión de interés público. Derecho a la información (arts. 13-14 RGPD): si los datos no proceden del interesado, hay que informarle en un plazo razonable y como máximo en un mes. Categorías especiales: la lista incluye datos biométricos de identificación unívoca y genéticos; los datos de condenas penales (art. 10) no son categoría especial, pero tienen régimen propio. Videovigilancia (art. 22 LOPDGDD): supresión de las imágenes en un mes como máximo, salvo conservación para acreditar actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. La LOPDGDD derogó la LO 15/1999 (LOPD); el nuevo marco sustituyó la inscripción de ficheros ante la AEPD por el registro de actividades de tratamiento llevado por cada responsable.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
  • Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (art. 15).

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