Ver esquema

Tema 16. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

El ordenamiento español cuenta con un conjunto de normas específicas orientadas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LO 3/2007), erradicar la violencia de género (LO 1/2004), proteger la igualdad de trato y los derechos de las personas LGTBI (Leyes 15/2022 y 4/2023) y garantizar los derechos de las personas con discapacidad (RDL 1/2013) y en situación de dependencia (Ley 39/2006). Todas ellas tienen su fundamento común en los arts. 1.1, 9.2 y 14 de la Constitución y se coordinan mediante políticas transversales, planes estratégicos y órganos específicos.

← Ver el índice completo del temario

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural (art. 1). Incorpora al Derecho español las Directivas europeas de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Define los conceptos de discriminación directa e indirecta (art. 6), acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7), establece la obligación de las Administraciones públicas de integrar el principio de igualdad de trato en el conjunto de sus políticas (transversalidad o mainstreaming de género, art. 15) y prevé planes de igualdad en las empresas (obligatorios desde el RDL 6/2019 en las de 50 o más personas trabajadoras) y un Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado (art. 64).

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1). Establece medidas de sensibilización, prevención y detección (educación, publicidad, ámbito sanitario); derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y de Seguridad Social, derechos económicos); tutela institucional (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, art. 29, y Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, art. 30); tutela penal (agravación de determinados delitos) y tutela judicial (juzgados especializados en violencia sobre la mujer, hoy Secciones de los Tribunales de Instancia).

Igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, configuran el marco de protección frente a la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Se reconocen medidas de protección en los ámbitos laboral, educativo, sanitario, familiar y de acceso a bienes y servicios, la rectificación registral del nombre y de la mención del sexo sin necesidad de informe médico ni tratamiento hormonal previo, y la prohibición de las terapias de conversión. La Ley 15/2022 prevé como órgano de tutela la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación; no debe confundirse con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, creado por la Ley 62/2003 para la discriminación por origen racial o étnico.

Discapacidad y dependencia: régimen jurídico

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, integra en un único texto la normativa sobre no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (art. 4.1); además, tienen tal consideración quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (art. 4.2). Ha sido modificado, entre otras, por la Ley 6/2022 (accesibilidad cognitiva). La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que reconoce prestaciones y servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, atención residencial, prestaciones económicas) a las personas valoradas en alguno de los tres grados de dependencia legalmente establecidos.

El principio de igualdad en la Constitución (arts. 14 y 9.2 CE)

El art. 1.1 CE propugna la igualdad como valor superior del ordenamiento. El art. 14 CE proclama la igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y es un derecho fundamental susceptible de recurso de amparo. El art. 9.2 CE impone a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud: es el fundamento constitucional de las acciones positivas y distingue la igualdad formal (art. 14) de la material o sustancial (art. 9.2). Otros preceptos relacionados son el art. 32.1 (igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio) y el art. 35.1 (no discriminación por razón de sexo en el trabajo).

Objeto de la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida (política, civil, laboral, económica, social, cultural), con un enfoque transversal e integral. Su carácter orgánico deriva de desarrollar el derecho fundamental del art. 14 CE, aunque no todo su articulado tiene ese rango formal (la propia ley precisa qué preceptos son de carácter ordinario). Estructura básica: Título Preliminar (objeto, ámbito y principio de igualdad de trato, arts. 1-3), Título I (principio de igualdad y tutela contra la discriminación, arts. 4-13), Título II (políticas públicas, arts. 14-35), Título III (medios de comunicación), Título IV (derecho al trabajo en igualdad), Título V (empleo público), Título VI (acceso a bienes y servicios), Título VII (responsabilidad social de las empresas) y Título VIII (disposiciones organizativas).

Discriminación directa e indirecta y otras conductas discriminatorias (arts. 3 a 10 LO 3/2007)

El art. 3 enuncia el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El art. 6 define la discriminación directa (situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable) y la indirecta (disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva en una finalidad legítima y medios necesarios y adecuados); toda orden de discriminar es discriminatoria. El art. 7 define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y el art. 8 considera discriminación directa todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. El art. 9 protege la indemnidad frente a represalias y el art. 10 declara nulos y sin efecto los actos y cláusulas discriminatorios, que darán lugar a responsabilidad mediante reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas.

El principio de transversalidad de género (art. 15 LO 3/2007)

Mainstreaming de género (art. 15): el principio de igualdad de trato y oportunidades informa, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos, que lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo de toda su actividad; no es una política sectorial aislada. Instrumentos: el informe de impacto por razón de género que debe acompañar a los proyectos de disposiciones de carácter general y a los planes de especial relevancia que se sometan al Consejo de Ministros (art. 19), el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que el Gobierno aprueba periódicamente (art. 17; el último vigente fue el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025) y la adecuación de estadísticas con desagregación por sexo (art. 20).

Las acciones positivas (art. 11 LO 3/2007)

Los poderes públicos pueden adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho, aplicables mientras subsistan, razonables y proporcionadas al objetivo perseguido. Se diferencian de la discriminación prohibida en que compensan una desigualdad estructural verificable, con exigencia de temporalidad.

Los Planes de Igualdad en la Administración General del Estado (art. 64 LO 3/2007)

El Gobierno aprobará al inicio de cada legislatura un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (art. 64), que fijará los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas para su consecución (acceso al empleo, clasificación profesional, formación, promoción, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para la conciliación y prevención del acoso sexual y por razón de sexo). El Plan es objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en los términos de la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública. Las Administraciones deben además negociar un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.

La composición equilibrada en los nombramientos (art. 16 y disp. adicional 1ª LO 3/2007)

Los poderes públicos deben procurar la presencia o composición equilibrada de mujeres y hombres en nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad (art. 16), entendiendo por composición equilibrada, a efectos de la ley, que en el conjunto de que se trate las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% (disposición adicional primera). Se proyecta sobre órganos de selección y tribunales de oposiciones (Título V). La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado esta exigencia (Gobierno, candidaturas electorales, órganos constitucionales y de otras instituciones, consejos de administración de grandes empresas y sociedades cotizadas), de modo que conviene distinguir representación paritaria (50%) de presencia equilibrada (40-60%).

La tutela judicial contra la discriminación y la inversión de la carga de la prueba (arts. 12-13 LO 3/2007)

Reconoce tutela judicial efectiva frente a la discriminación por razón de sexo, con medidas cautelares y resarcimiento del daño (art. 12). En procedimientos fundados en actuaciones discriminatorias, cuando la parte actora aporte indicios fundados de discriminación por razón de sexo, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad (art. 13); la inversión de la carga de la prueba no se aplica a los procesos penales.

Objeto de la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género

Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados por relación de afectividad análoga, aun sin convivencia. Combina medidas de sensibilización, educativas, de tutela institucional y de tutela penal y judicial.

Concepto legal de violencia de género

Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad (art. 1.3), ejercido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o pareja afectiva, aun sin convivencia. Tras la LO 8/2021 la ley comprende también la violencia ejercida sobre familiares o allegados menores de edad con el objetivo de causar perjuicio o daño a la mujer (violencia vicaria), y los hijos e hijas menores expuestos se consideran víctimas directas. Quedan fuera de la LO 1/2004 otras violencias contra las mujeres (agresiones sexuales por desconocidos, trata, etc.), abordadas por el Código Penal, la LO 10/2022 y el Convenio de Estambul.

Derechos de las víctimas: información y asistencia social integral (arts. 18-19 LO 1/2004)

Derecho a recibir información y asesoramiento adaptado a su situación personal sobre medidas de protección y ayudas (art. 18). Derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral (art. 19), organizados por CCAA y Entidades Locales en coordinación con cuerpos de seguridad, juzgados y servicios sanitarios. Derecho a asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada (art. 20), con defensa y representación bajo una misma dirección letrada en todos los procesos derivados de la violencia sufrida.

Derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas (arts. 21-22 LO 1/2004)

Las trabajadoras tienen derecho (art. 21 y Estatuto de los Trabajadores) a reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva del puesto (duración inicial de hasta seis meses, ampliable por el juez a periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho) y extinción del contrato con derecho a prestación por desempleo cuando la víctima se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto. Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación de violencia se consideran justificadas. Las funcionarias públicas gozan de derechos equivalentes (art. 24 LO 1/2004; TREBEP: permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria y excedencia sin necesidad de servicios previos ni plazo de permanencia).

Los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer

Órganos judiciales especializados con competencia exclusiva y excluyente sobre la instrucción penal de los hechos de violencia de género (art. 87 ter LOPJ) y, en conexión y bajo condiciones legales (existencia de proceso penal u orden de protección y vinculación de las partes), sobre determinadas causas civiles (filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paternofiliales, guarda, alimentos, etc.). El fuero es el del domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim). Creados como Juzgados de Violencia sobre la Mujer por la LO 1/2004, con la implantación escalonada durante 2025 de los Tribunales de Instancia por la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, pasan a organizarse como Secciones de Violencia sobre la Mujer de cada Tribunal de Instancia, con idénticas competencias esenciales. Conviven con el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y las Fiscalías especializadas.

La orden de protección a las víctimas (art. 544 ter LECrim)

Resolución judicial que integra medidas cautelares penales (alejamiento, prohibición de comunicación o acercamiento, privación de armas) y civiles (uso de la vivienda, custodia, régimen de visitas, alimentos), activando además el estatuto integral de protección de la víctima (art. 544 ter LECrim). Puede solicitarla la víctima, el Ministerio Fiscal o personas de su entorno, y se dicta cuando existan indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, integridad, libertad sexual, libertad o seguridad de las personas del art. 173.2 CP y resulte una situación objetiva de riesgo. El juez de guardia convoca una audiencia urgente y resuelve en el plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. Las medidas civiles tienen una vigencia inicial de 30 días, que se prolonga si en ese plazo se inicia un proceso de familia.

El Sistema VioGén

Herramienta informática de valoración policial del riesgo, implantada en 2007, que mediante un cuestionario de factores (antecedentes, armas, consumo de sustancias, separación reciente) determina el nivel de riesgo de la víctima (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) y las medidas de protección policial a activar, permitiendo el seguimiento coordinado del caso entre los cuerpos policiales intervinientes.

El art. 49 CE (reforma de 2024) y el modelo social de la discapacidad

La reforma constitucional de 15 de febrero de 2024 dio nueva redacción al art. 49 CE para eliminar el término «disminuidos». Hoy dispone que las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, que se regulará por ley la protección especial para el ejercicio y tutela de estos derechos, y que los poderes públicos impulsarán políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles, fomentando la participación de sus organizaciones y atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Desarrolla el compromiso de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006, ratificada por España y en vigor desde 2008), que supuso el tránsito de un modelo médico-asistencial a un modelo social y de derechos centrado en la autonomía y la eliminación de barreras. La Ley 8/2021 adaptó el Derecho civil a la Convención suprimiendo la incapacitación y sustituyéndola por un sistema de apoyos (curatela, guarda de hecho, apoyo judicial).

Objeto de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

Regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, mediante el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), configurando por primera vez un auténtico derecho subjetivo, no una mera prestación graciable.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)

Conjunto coordinado de servicios y prestaciones en el que participan AGE, CCAA y Entidades Locales, correspondiendo a las CCAA la gestión efectiva dentro del marco de mínimos comunes estatal. Se financia con tres niveles de protección: nivel mínimo garantizado por la AGE, nivel acordado mediante convenios entre AGE y CCAA y nivel adicional que pueden establecer las CCAA. Su órgano de cooperación es el Consejo Territorial del SAAD. Catálogo de servicios (art. 15): prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial. Prestaciones económicas: vinculada al servicio (art. 17), para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 18) y de asistencia personal (art. 19). Los servicios tienen prioridad sobre las prestaciones económicas, que son excepcionales.

Los grados de dependencia

Grado I (moderada): ayuda para varias actividades básicas al menos una vez al día. Grado II (severa): ayuda dos o tres veces al día, sin apoyo permanente. Grado III (gran dependencia): ayuda varias veces al día con pérdida total de autonomía y apoyo indispensable y continuo de otra persona. El RD-ley 20/2012 suprimió la distinción de niveles dentro de cada grado.

Objeto de la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI

Establece los derechos y garantías para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantiza los derechos de las personas LGTBI, eliminando toda discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales, en el ámbito público y privado, con medidas en los ámbitos sanitario, educativo, laboral y publicitario, y prohibición de las «terapias de conversión».

El principio de autodeterminación de género (Ley 4/2023)

Despatologiza la transexualidad: permite a toda persona mayor de 16 años solicitar la rectificación registral de la mención relativa al sexo mediante simple manifestación de voluntad ante el Registro Civil, sin informe médico ni tratamiento previo, con una posterior comparecencia de ratificación. Para menores se prevén garantías escalonadas por edad: entre 14 y 15 años, con la asistencia de sus representantes legales; entre 12 y 13 años, previa autorización judicial en procedimiento de jurisdicción voluntaria; los menores de 12 años no pueden rectificar la mención registral del sexo. Los tramos exactos pueden haber sido objeto de modificaciones posteriores, por lo que conviene contrastarlos con el texto consolidado.

Medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género

Catálogo de medidas de prevención, protección y reparación: sensibilización y formación (especialmente en ámbito educativo, sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), protección frente a delitos de odio LGTBIfobos (conectados con la agravante del art. 22.4 CP y el delito de odio del art. 510 CP), y régimen sancionador administrativo propio para conductas discriminatorias sin relevancia penal.

Distinción entre igualdad de género, violencia de género, discapacidad/dependencia y LGTBI como políticas transversales diferenciadas

Aunque comparten fundamento en los arts. 14 y 9.2 CE, cada ámbito cuenta con ley propia y especializada: LO 3/2007 (igualdad de trato general), LO 1/2004 (violencia de género en el ámbito de pareja o expareja), Ley 39/2006 (dependencia) y Ley 4/2023 (LGTBI y personas trans), sin perjuicio de su tratamiento coordinado en las políticas públicas transversales de cada Administración.

Principales novedades normativas y de órganos

LO 1/2025 (Tribunales de Instancia y Secciones de Violencia sobre la Mujer); LO 2/2024 (representación paritaria y presencia equilibrada); Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI); Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación); LO 10/2022 (garantía integral de la libertad sexual); reforma del art. 49 CE (2024); Ley 8/2021 (apoyos a la capacidad jurídica); RD 888/2022 (nuevo procedimiento de valoración de la discapacidad); Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030; Directiva (UE) 2023/970 de transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición vence el 7 de junio de 2026 (debe contrastarse su transposición al ordenamiento español). Los planes estratégicos vigentes en cada momento (igualdad efectiva, violencias machistas, discapacidad) deben consultarse en las páginas oficiales de los ministerios competentes.

Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

Reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y a la no discriminación, con independencia de su nacionalidad, y prohíbe la discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicciones u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se aplica a los sectores público y privado (empleo, educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, acceso a bienes y servicios, publicidad, etc.). Regula la discriminación directa e indirecta, por asociación, por error, el acoso, la inducción, la orden de discriminar, la represalia y la discriminación múltiple o interseccional; establece la nulidad de los actos discriminatorios, la inversión de la carga de la prueba, un régimen de infracciones y sanciones y la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7). El condicionamiento de un derecho o expectativa a la aceptación de una situación constitutiva de acoso es discriminación por razón de sexo. Las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a denuncias (art. 48); las Administraciones públicas deben contar con un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Planes de igualdad y transparencia retributiva en las empresas

Las empresas de 50 o más personas trabajadoras están obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad, negociado con la representación legal de las personas trabajadoras (art. 45 LO 3/2007, en la redacción del RDL 6/2019, de 1 de marzo, con una implantación escalonada entre 2020 y 2022). El plan se basa en un diagnóstico previo, fija objetivos y medidas evaluables (selección, clasificación, formación, promoción, condiciones de trabajo, ejercicio corresponsable de derechos, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso), tiene una vigencia máxima de cuatro años y se inscribe en el registro correspondiente (RD 901/2020). El RD 902/2020 regula la igualdad retributiva: registro retributivo en todas las empresas, auditoría retributiva en las que tienen plan de igualdad y valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. A escala europea, la Directiva (UE) 2023/970 refuerza la transparencia salarial.

Conciliación y corresponsabilidad en el empleo público

El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (art. 49) reconoce permisos para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad: permiso por nacimiento para la madre biológica y para el otro progenitor, de 19 semanas cada uno (seis de ellas obligatorias e ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto) y de 32 semanas en los supuestos de monoparentalidad: el RDL 6/2019 equiparó ambos permisos en 16 semanas desde el 1 de enero de 2021 y el RDL 9/2025, de 29 de julio, los amplió a las 19 actuales, así como permisos por lactancia, por razón de violencia de género y por cuidado de familiares. La corresponsabilidad pretende que hombres y mujeres asuman por igual las tareas de cuidado y evitar que la conciliación sea una carga que recaiga solo en las mujeres.

Organización institucional de las políticas de igualdad

El impulso de las políticas de igualdad corresponde al Ministerio de Igualdad (en el que se integran la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género); el Instituto de las Mujeres (creado por la Ley 16/1983) es un organismo autónomo adscrito a dicho Ministerio. La LO 3/2007 prevé una Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, Unidades de Igualdad en cada Ministerio (art. 77) y un Consejo de Participación de la Mujer (art. 78), órgano colegiado de participación institucional de las asociaciones de mujeres. La denominación y estructura de los departamentos puede variar con cada reestructuración ministerial.

Tutela penal en la LO 1/2004

La LO 1/2004 introdujo en el Código Penal agravaciones específicas cuando la víctima es o ha sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia: lesiones (art. 148.4), maltrato ocasional (art. 153.1), amenazas leves (art. 171.4) y coacciones leves (art. 172.2); el art. 173.2 CP castiga la violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar o de pareja. La circunstancia agravante de cometer el delito por razones de género está recogida en el art. 22.4 CP. Las penas pueden ir acompañadas de prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima.

Acreditación de la condición de víctima (art. 23 LO 1/2004)

La acreditación de la situación de violencia de género, que permite acceder a los derechos laborales, económicos y de asistencia, se realiza mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial que la reconozca o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios. Tras el RDL 9/2018, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, también pueden acreditarla informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de las Administraciones públicas competentes.

Otras normas y medidas de protección de las víctimas

Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito (derechos de información, apoyo y protección de todas las víctimas); LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual (concepto de consentimiento expreso, centros de crisis 24 horas); Convenio de Estambul del Consejo de Europa (2011), ratificado por España en 2014; Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017); Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025. Recursos de atención: teléfono 016 (gratuito, confidencial, 24 horas, que no deja rastro en la factura), servicio ATENPRO de teleasistencia móvil y dispositivos telemáticos de control de las medidas de alejamiento. Ayudas económicas (art. 27 LO 1/2004) para víctimas con especiales dificultades de empleo y escasos recursos.

Dependencia: valoración, reconocimiento y Programa Individual de Atención

Titulares del derecho (art. 5): españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados, residan en territorio español y hayan residido durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. La situación de dependencia (art. 2) es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. El grado se determina mediante el baremo de valoración de la dependencia (RD 174/2011); tras la resolución de reconocimiento se elabora el Programa Individual de Atención (PIA, art. 29) con participación de la persona beneficiaria. Las personas beneficiarias participan en la financiación según su capacidad económica (art. 33), sin que nadie quede fuera del sistema por falta de recursos. La gestión corresponde a las CCAA, y al IMSERSO en Ceuta y Melilla.

Discapacidad: valoración, grado del 33% y medidas de inclusión

El reconocimiento del grado de discapacidad se rige por el RD 888/2022, que sustituyó al anterior procedimiento. Se considera persona con discapacidad a quien tenga reconocido un grado igual o superior al 33% (art. 4.2 RDL 1/2013), y se equiparan a este efecto quienes perciban una pensión de incapacidad permanente en grado de total, absoluta o gran invalidez, o una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio. Entre las medidas de inclusión destacan la reserva de plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad (art. 59 TREBEP), los centros especiales de empleo, los beneficios fiscales y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. El Título IV del propio RDL 1/2013 (que integró la antigua Ley 49/2007) establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, con multas graduadas que pueden alcanzar el millón de euros en las infracciones muy graves.

Accesibilidad y no discriminación: normativa complementaria

La Ley 6/2022 modifica el RDL 1/2013 para regular la accesibilidad cognitiva. El RD 193/2023 establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. La Ley 27/2007 reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. La representación del movimiento asociativo de la discapacidad corresponde al CERMI y la participación institucional se articula a través del Consejo Nacional de la Discapacidad.

Diferencias que no deben confundirse: discapacidad y dependencia

El grado de discapacidad (porcentaje igual o superior al 33%) se reconoce conforme al RD 888/2022 y da acceso a los beneficios del RDL 1/2013, mientras que la situación de dependencia se reconoce en grados I, II o III conforme a la Ley 39/2006 y da acceso al SAAD. Ambos reconocimientos son independientes, tienen baremos y procedimientos distintos, y pueden darse por separado: puede haber discapacidad sin dependencia y dependencia derivada de la edad sin discapacidad reconocida. Tampoco debe confundirse la dependencia con la incapacidad permanente de la Seguridad Social.

Ley 4/2023: ámbitos de actuación

En el ámbito laboral, las empresas de 50 o más personas trabajadoras deben contar con un conjunto planificado de medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluye un protocolo frente al acoso y la violencia (con desarrollo reglamentario). En el ámbito sanitario se garantiza la atención sin discriminación por orientación o identidad sexual y el acceso a las técnicas de reproducción asistida; en el educativo, la inclusión de la diversidad afectivo-sexual y familiar en el currículo y la formación del profesorado; y en el familiar, la determinación de la filiación en parejas de mujeres. Se prevén una Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y la participación institucional de las organizaciones del sector. La ley prohíbe las terapias de conversión y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LO 3/2007 introduce el principio de transversalidad de género (art. 15) y prevé el Plan para la Igualdad en la AGE (art. 64), que se aprueba al inicio de cada legislatura y se negocia con la representación de los empleados públicos.
  • La LO 1/2004 creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; con los Tribunales de Instancia (LO 1/2025) se organizan como Secciones de Violencia sobre la Mujer con idénticas competencias esenciales.
  • La Ley 4/2023 permite la rectificación registral del sexo por simple declaración a los mayores de 16 años, sin informes médicos, y prohíbe las terapias de conversión.
  • El RDL 1/2013 (discapacidad) refunde la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007; la Ley 39/2006 (dependencia) crea el SAAD, gestionado conjuntamente por AGE y CCAA.
  • El art. 9.2 CE impone a los poderes públicos promover condiciones de igualdad real y efectiva, fundamento constitucional de las acciones positivas (art. 11 LO 3/2007); el art. 14 CE es el derecho fundamental con amparo.
  • Trampa: la definición de discriminación directa e indirecta está en el art. 6 de la LO 3/2007 (el art. 3 recoge el principio de igualdad de trato); el informe de impacto de género está en el art. 19 y la transversalidad en el art. 15.
  • La composición equilibrada exige que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40% (disposición adicional primera LO 3/2007); la representación paritaria de la LO 2/2024 se refiere al 50%.
  • La carga de la prueba se invierte en los procesos de discriminación por razón de sexo cuando la parte actora aporta indicios fundados, salvo en los procesos penales (art. 13 LO 3/2007).
  • Violencia de género (LO 1/2004): solo la ejercida sobre la mujer por quien sea o haya sido cónyuge o pareja, aun sin convivencia; incluye la violencia vicaria sobre menores para dañar a la mujer. Otras violencias contra las mujeres quedan fuera de su ámbito.
  • La orden de protección (art. 544 ter LECrim) se resuelve en un plazo máximo de 72 horas y reúne medidas penales y civiles; las civiles caducan a los 30 días si no se inicia el proceso de familia.
  • Suspensión del contrato por violencia de género: seis meses iniciales, prorrogables por periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho.
  • El Sistema VioGén valora policialmente el riesgo en cinco niveles (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo) y activa las medidas de protección correspondientes.
  • El art. 49 CE, reformado en 2024, sustituye el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reconoce su autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles.
  • Persona con discapacidad: deficiencias previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, impiden la participación plena; se presume con grado igual o superior al 33% (art. 4 RDL 1/2013).
  • El SAAD reconoce tres grados de dependencia (I moderada, II severa y III gran dependencia); el RDL 20/2012 suprimió los niveles dentro de cada grado.
  • Para ser titular de la Ley 39/2006 se exige residir en España y haber residido cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud (art. 5).
  • Los servicios del catálogo del SAAD tienen preferencia sobre las prestaciones económicas, que son excepcionales; los tres niveles de protección son mínimo (AGE), acordado (convenios) y adicional (CCAA).
  • La Ley 15/2022 es la ley integral de igualdad de trato y no discriminación (causas múltiples, inversión de la carga de la prueba, Autoridad Independiente); no debe confundirse con la Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI).
  • El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Ley 62/2003) es distinto de la Autoridad Independiente prevista en la Ley 15/2022.
  • Los permisos de nacimiento de ambos progenitores están equiparados en 19 semanas, 32 en monoparentalidad, seis de ellas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto (TREBEP, tras el RDL 9/2025).
  • Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deben tener plan de igualdad (vigencia máxima de cuatro años), registro retributivo y, si hay plan, auditoría retributiva (RD 901/2020 y RD 902/2020).
  • El teléfono 016 es gratuito, confidencial, atiende 24 horas y no deja rastro en la factura.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 110 aciertos

El RDL 1/2013, sobre derechos de las personas con discapacidad, consolida en un texto único:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 16 de Auxiliar Admin. Estado?

El ordenamiento español cuenta con un conjunto de normas específicas orientadas a garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LO 3/2007), erradicar la violencia de género (LO 1/2004), proteger la igualdad de trato y los derechos de las personas LGTBI (Leyes 15/2022 y 4/2023) y garantizar los derechos de las personas con discapacidad (RDL 1/2013) y en situación de dependencia (Ley 39/2006). Todas ellas tienen su fundamento común en los arts. 1.1, 9.2 y 14 de la Constitución y se coordinan mediante políticas transversales, planes estratégicos y órganos específicos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?

La LO 3/2007 introduce el principio de transversalidad de género (art. 15) y prevé el Plan para la Igualdad en la AGE (art. 64), que se aprueba al inicio de cada legislatura y se negocia con la representación de los empleados públicos. La LO 1/2004 creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; con los Tribunales de Instancia (LO 1/2025) se organizan como Secciones de Violencia sobre la Mujer con idénticas competencias esenciales. La Ley 4/2023 permite la rectificación registral del sexo por simple declaración a los mayores de 16 años, sin informes médicos, y prohíbe las terapias de conversión. El RDL 1/2013 (discapacidad) refunde la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007; la Ley 39/2006 (dependencia) crea el SAAD, gestionado conjuntamente por AGE y CCAA. El art. 9.2 CE impone a los poderes públicos promover condiciones de igualdad real y efectiva, fundamento constitucional de las acciones positivas (art. 11 LO 3/2007); el art. 14 CE es el derecho fundamental con amparo. Trampa: la definición de discriminación directa e indirecta está en el art. 6 de la LO 3/2007 (el art. 3 recoge el principio de igualdad de trato); el informe de impacto de género está en el art. 19 y la transversalidad en el art. 15. La composición equilibrada exige que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40% (disposición adicional primera LO 3/2007); la representación paritaria de la LO 2/2024 se refiere al 50%. La carga de la prueba se invierte en los procesos de discriminación por razón de sexo cuando la parte actora aporta indicios fundados, salvo en los procesos penales (art. 13 LO 3/2007). Violencia de género (LO 1/2004): solo la ejercida sobre la mujer por quien sea o haya sido cónyuge o pareja, aun sin convivencia; incluye la violencia vicaria sobre menores para dañar a la mujer. Otras violencias contra las mujeres quedan fuera de su ámbito. La orden de protección (art. 544 ter LECrim) se resuelve en un plazo máximo de 72 horas y reúne medidas penales y civiles; las civiles caducan a los 30 días si no se inicia el proceso de familia. Suspensión del contrato por violencia de género: seis meses iniciales, prorrogables por periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho. El Sistema VioGén valora policialmente el riesgo en cinco niveles (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo) y activa las medidas de protección correspondientes. El art. 49 CE, reformado en 2024, sustituye el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reconoce su autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles. Persona con discapacidad: deficiencias previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, impiden la participación plena; se presume con grado igual o superior al 33% (art. 4 RDL 1/2013). El SAAD reconoce tres grados de dependencia (I moderada, II severa y III gran dependencia); el RDL 20/2012 suprimió los niveles dentro de cada grado. Para ser titular de la Ley 39/2006 se exige residir en España y haber residido cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud (art. 5). Los servicios del catálogo del SAAD tienen preferencia sobre las prestaciones económicas, que son excepcionales; los tres niveles de protección son mínimo (AGE), acordado (convenios) y adicional (CCAA). La Ley 15/2022 es la ley integral de igualdad de trato y no discriminación (causas múltiples, inversión de la carga de la prueba, Autoridad Independiente); no debe confundirse con la Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI). El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Ley 62/2003) es distinto de la Autoridad Independiente prevista en la Ley 15/2022. Los permisos de nacimiento de ambos progenitores están equiparados en 19 semanas, 32 en monoparentalidad, seis de ellas obligatorias e ininterrumpidas tras el parto (TREBEP, tras el RDL 9/2025). Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deben tener plan de igualdad (vigencia máxima de cuatro años), registro retributivo y, si hay plan, auditoría retributiva (RD 901/2020 y RD 902/2020). El teléfono 016 es gratuito, confidencial, atiende 24 horas y no deja rastro en la factura.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 1.1, 9.2, 14, 32, 35 y 49 (este último reformado en febrero de 2024).
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
  • Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
  • Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Admin. Estado.

Empieza gratis ahora