Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.
La atención al público en las Administraciones Públicas debe prestarse con cortesía, respeto, imparcialidad y diligencia, garantizando en todo caso la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tanto en la atención presencial como telefónica y electrónica. El empleado público que atiende al ciudadano es, con frecuencia, el primer y único contacto con la Administración, por lo que su trato condiciona la imagen del servicio público y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en las Leyes 39/2015 y 40/2015 y en el RDL 1/2013.
La atención al público debe prestarse conforme a los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas del art. 3.1 de la Ley 40/2015, entre ellos el servicio efectivo a los ciudadanos, la simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, la participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa y la buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, además de la objetividad que impone el art. 103.1 CE. Comprende tanto la atención presencial en oficinas, como la telefónica y la electrónica a través de las sedes electrónicas. El personal que atiende al público debe cuidar la comunicación verbal y no verbal, la empatía y la escucha activa, distinguiendo entre información (datos objetivos sobre normas, requisitos, plazos o estado de un expediente) y orientación (ayuda para que el ciudadano identifique cuál es su trámite o el órgano competente).
Atención a personas con discapacidad
El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, exige a las Administraciones públicas garantizar la accesibilidad universal (física, sensorial y cognitiva) en sus edificios, procedimientos y comunicaciones. En la atención directa, esto se traduce en la adaptación de los espacios (itinerarios accesibles, mostradores a distinta altura), el uso de un lenguaje claro y comprensible, la disposición de intérpretes de lengua de signos o bucles magnéticos cuando se soliciten, y la accesibilidad de los formularios y de la sede electrónica conforme a la normativa técnica de accesibilidad web. Debe utilizarse la expresión «persona con discapacidad» y no términos obsoletos como «minusválido» o «discapacitado».
Canales de información administrativa: presencial, telefónico y electrónico
El modelo de atención al ciudadano combina la atención presencial en oficinas de información y registro, la atención telefónica centralizada (en la AGE, el servicio 060 de información administrativa) y la atención electrónica a través de la sede electrónica y el Punto de Acceso General, en un modelo multicanal en que el ciudadano puede elegir el cauce que mejor se adapte a sus circunstancias.
Principios de la información administrativa
Veracidad y exactitud de los datos facilitados, actualización permanente de la información, accesibilidad para cualquier ciudadano sin discriminación, gratuidad de la información general, y claridad y lenguaje comprensible, evitando tecnicismos innecesarios, en línea con las directrices de lenguaje administrativo claro impulsadas por las Administraciones Públicas.
Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAR)
Reguladas por los arts. 12 y 16 de la Ley 39/2015 y su desarrollo reglamentario, prestan asistencia presencial a quienes deseen relacionarse electrónicamente con la Administración: los documentos que se presentan en papel son digitalizados por la propia oficina para su incorporación al expediente electrónico, devolviéndose el original al interesado (art. 16.5), y se facilita la identificación y firma electrónica a quienes no dispongan de medios. Pueden expedir copias auténticas de documentos. Las Administraciones deben hacer pública y mantener actualizada la relación de oficinas en las que se presta esta asistencia.
Concepto de discapacidad: el Real Decreto Legislativo 1/2013
El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDL 1/2013) define a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Principios de actuación en materia de discapacidad
Vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño universal o diseño para todas las personas, diálogo civil, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, no discriminación, y respeto a la dignidad inherente y a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones.
La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas
La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. El diseño universal persigue concebirlos de origen conforme a este criterio, sin necesidad de adaptación posterior.
Los ajustes razonables
Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación en igualdad de condiciones.
Atención a personas con discapacidad en las oficinas de atención al público
Comprende medidas como la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación, la disposición de intérpretes de lengua de signos o de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa cuando se soliciten, la reserva de turnos preferentes, el uso de bucles de inducción magnética para personas con discapacidad auditiva, y la formación específica del personal de atención al público en materia de trato adecuado y accesibilidad cognitiva.
Accesibilidad de las sedes electrónicas y de los sitios web públicos
El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (que incorpora la Directiva (UE) 2016/2102), exige que estos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos conforme a la norma UNE-EN 301549, e impone la publicación de una declaración de accesibilidad y de un mecanismo de comunicación para que los usuarios notifiquen incumplimientos o soliciten información accesible, con seguimiento periódico por el organismo competente. En la sede electrónica, el art. 38 de la Ley 40/2015 exige respetar los principios de accesibilidad y uso conforme a las normas aplicables.
La calidad en la prestación de servicios públicos: evaluación y mejora continua
El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Articula programas de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios, cartas de servicios, quejas y sugerencias, evaluación de la calidad de las organizaciones y reconocimiento mediante premios a la calidad e innovación en la gestión pública, bajo el impulso del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.
Fases de la atención presencial al ciudadano
La atención presencial se estructura habitualmente en cuatro fases: acogida (saludo, disposición receptiva, primer contacto), identificación de la necesidad (escucha activa, preguntas abiertas para concretar qué solicita el ciudadano), gestión de la demanda (información, orientación o tramitación según proceda) y despedida (resumen de lo tratado, siguientes pasos y cierre cordial). El personal auxiliar administrativo es habitualmente el primer punto de contacto del ciudadano con la Administración, por lo que su actitud condiciona la percepción general del servicio público.
El derecho a un trato respetuoso y deferente (art. 13 Ley 39/2015)
El art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el de ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (letra e). El art. 53.1 reconoce a los interesados en el procedimiento, entre otros, el derecho a conocer el estado de tramitación y a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Desde el punto de vista del empleado, el art. 54.1 del TREBEP impone el deber de tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
Comunicación verbal y no verbal en la atención al público
En la atención presencial la comunicación no verbal (postura, contacto visual, tono de voz, gestos) tiene un peso comparable al del contenido verbal del mensaje. Se recomienda un lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios, adaptado al nivel del interlocutor, evitando la jerga administrativa cuando pueda sustituirse por un equivalente comprensible, en línea con el principio de transparencia y buena administración.
Gestión de quejas y situaciones difíciles en el mostrador
Ante un ciudadano disconforme o alterado, las técnicas recomendadas incluyen la escucha activa sin interrumpir, la reformulación de la queja para demostrar comprensión, la separación entre la persona y el problema, y la derivación ordenada a la vía formal de queja o reclamación cuando la incidencia no pueda resolverse en el momento. El personal de atención al público no debe entrar en confrontación personal ni ofrecer soluciones fuera de su competencia.
La atención telefónica y telemática como canales complementarios
Junto a la atención presencial, la Administración ofrece atención telefónica (informativa general, a menudo centralizada en servicios como el 060) y telemática (sedes electrónicas, chatbots, asistentes virtuales), que deben mantener los mismos estándares de calidad, cortesía y respeto al derecho de información que la atención presencial, garantizando además la trazabilidad de la consulta cuando sea necesario.
La Carta de Servicios como instrumento de mejora de la atención
Las Cartas de Servicios, reguladas por el Real Decreto 951/2005, informan a los ciudadanos sobre los servicios que presta cada órgano u organismo, los compromisos de calidad asumidos (plazos, estándares) y los derechos que les asisten en relación con esos servicios, incluyendo el sistema de quejas y sugerencias como mecanismo de retroalimentación y mejora continua.
El deber de imparcialidad y neutralidad en la atención al público
El personal al servicio de la Administración debe atender a la ciudadanía con neutralidad e imparcialidad, sin discriminar por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14 CE), aplicando el mismo criterio y el mismo trato a todas las personas en situaciones equivalentes.
Confidencialidad y protección de datos en la atención presencial
En el trato directo con el ciudadano, el personal de atención al público maneja habitualmente datos personales (DNI, domicilio, expediente); debe evitar su exposición a terceros ajenos al trámite (por ejemplo, no citar en voz alta datos sensibles en un mostrador abierto) y respetar en todo momento los principios de minimización y confidencialidad del RGPD y la LOPDGDD.
La cita previa como sistema de organización de la atención presencial
Numerosos servicios de atención al público de la AGE funcionan mediante cita previa, solicitable por vía telefónica o telemática, con el objetivo de ordenar la afluencia de usuarios, reducir tiempos de espera y permitir preparar con antelación la documentación necesaria para el trámite concreto que motiva la visita.
Señalización, accesibilidad física y organización del espacio de atención
Las oficinas de atención al público deben cumplir los requisitos de accesibilidad universal (rampas, mostradores adaptados, bucles de inducción magnética, señalética en braille o de fácil lectura) exigidos por el RDL 1/2013, además de contar con una señalización clara de los distintos servicios y una organización del espacio que facilite la orientación de las personas usuarias, especialmente las de mayor edad o con discapacidad.
Catálogo de derechos del art. 13 de la Ley 39/2015
Las personas tienen, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los siguientes derechos: a) comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico; b) ser asistidas en el uso de medios electrónicos; c) utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma; d) acceder a la información pública, archivos y registros; e) ser tratadas con respeto y deferencia; f) exigir las responsabilidades de las Administraciones y autoridades cuando legalmente proceda; g) obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica; h) la protección de datos de carácter personal y, en particular, la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas; i) cualquier otro que les reconozcan la Constitución y las leyes.
Asistencia en el uso de medios electrónicos y funcionarios habilitados (art. 12 Ley 39/2015)
Las Administraciones deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente que así lo soliciten, especialmente en la identificación y firma electrónica, la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y la obtención de copias auténticas. Si el interesado no dispone de los medios necesarios, su identificación o firma podrá ser válidamente realizada por un funcionario público habilitado mediante el uso de su sistema de firma electrónica; para ello el interesado debe identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento expreso, de lo que debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. Cada Administración mantiene un registro u otro sistema equivalente de funcionarios habilitados.
Lenguas cooficiales y atención al ciudadano
Los ciudadanos tienen derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y en el resto del ordenamiento jurídico (art. 13.c). La lengua de los procedimientos tramitados por la AGE es el castellano, pero los interesados que se dirijan a órganos de la AGE con sede en el territorio de una comunidad autónoma con otra lengua cooficial pueden utilizar también esta (art. 15 Ley 39/2015); en los procedimientos tramitados por las Administraciones de esos territorios se podrá utilizar además la lengua cooficial. El personal de atención debe conocer estas reglas para no condicionar ni perjudicar al interesado por la lengua elegida.
Pautas de trato según el tipo de discapacidad
Discapacidad visual: identificarse al comenzar, ofrecer el brazo para acompañar sin agarrar, describir verbalmente los documentos y no separar a la persona de su perro guía. Discapacidad auditiva: situarse frente a la persona, vocalizar con naturalidad sin gritar, usar el bucle de inducción y la lengua de signos o la comunicación escrita. Discapacidad física: situarse a la altura de los ojos, no apoyarse en la silla de ruedas, facilitar el itinerario accesible y el mostrador adaptado. Discapacidad intelectual: lenguaje sencillo, frases cortas, comprobar la comprensión y utilizar lectura fácil. Sordoceguera: apoyo de guía-intérprete. En todos los casos debe dirigirse el empleado a la propia persona, preguntar si necesita ayuda antes de ofrecerla y respetar su autonomía y su ritmo.
Accesibilidad cognitiva y lectura fácil
La Ley 6/2022, de 31 de marzo, modificó el RDL 1/2013 para regular la accesibilidad cognitiva, entendida como la característica de los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos que permite la fácil comprensión y la comunicación; se vincula con la señalización clara, el lenguaje llano y los documentos de lectura fácil, que benefician a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mayores y personas con dificultades de comprensión lectora.
Las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación
La Ley 27/2007, de 23 de octubre, reconoce las lenguas de signos españolas como lenguas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que libremente decidan utilizarlas, y regula los medios de apoyo a la comunicación oral. Las Administraciones deben, en sus relaciones con la ciudadanía, facilitar la comunicación mediante servicios de interpretación de lengua de signos, subtitulación u otros apoyos cuando se soliciten.
Quejas y sugerencias en la atención al público (RD 951/2005)
Los ciudadanos pueden formular quejas por el retraso, desatención o cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de los servicios, y sugerencias para mejorar su calidad, de forma presencial, por correo postal o por medios telemáticos. Las quejas y sugerencias no tienen la calificación de recurso administrativo ni su presentación paraliza los plazos de los procedimientos ni condiciona el ejercicio de otras acciones. La Administración debe contestar informando de las actuaciones y medidas adoptadas en un plazo máximo de veinte días hábiles (art. 16.1 RD 951/2005, vigente).
Derecho a la protección de datos y deber de secreto del empleado
El empleado público debe guardar la debida discreción sobre los asuntos que conozca por razón de su cargo, sin que pueda hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros (TREBEP, art. 53 y 54). Al identificar al interesado y atender consultas debe aplicar el principio de minimización: solicitar solo los datos necesarios, no revelar información de un expediente a quien no acredite ser interesado o representante, y atender las solicitudes de ejercicio de los derechos del RGPD (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad).
Atención telefónica: protocolo básico
Contestar con prontitud identificando el órgano y al empleado, usar un tono amable y un ritmo pausado, anotar los datos relevantes, no dejar a la persona en espera sin avisar, confirmar la comprensión de la demanda y, si hay que transferir la llamada, informar a la persona del motivo y del destino. Es preferible evitar el uso de siglas y tecnicismos y cerrar la llamada resumiendo lo acordado y agradeciendo la llamada. El servicio 060 ofrece información administrativa general de la AGE.
Reserva de turnos y atención preferente
La organización de la atención presencial debe prever, sin que ello suponga discriminación, mecanismos de atención preferente para personas con discapacidad, mayores, embarazadas o personas con movilidad reducida, y asistencia en el manejo de los sistemas de cita previa y de gestión de turnos cuando el interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente. Las personas obligadas a la relación electrónica (art. 14.2 Ley 39/2015) que acudan a presentar un documento presencialmente serán requeridas para subsanar presentándolo por vía electrónica, y la fecha de subsanación se considerará fecha de presentación (art. 68.4).
Novedades de accesibilidad de productos y servicios
La Ley 11/2023, de 8 de mayo, traspone la Directiva (UE) 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios, aplicable desde el 28 de junio de 2025, con repercusión en servicios de comercio electrónico, bancarios, transporte y comunicaciones electrónicas. El RD 193/2023 fija las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público. Ambas normas amplían la exigencia de accesibilidad más allá de las Administraciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 13 de la Ley 39/2015 recoge el catálogo de derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones, entre ellos ser tratadas con respeto y deferencia (letra e); el derecho a conocer el estado de tramitación es del interesado en el procedimiento (art. 53.1.a).
La atención al público se articula, de forma simplificada, en acogida, información/orientación y, en su caso, gestión del trámite; el modelo ampliado añade la identificación de la necesidad y la despedida.
El personal debe dirigirse siempre directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante, garantizando la accesibilidad universal en la atención (RDL 1/2013).
Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros digitalizan los documentos presentados en papel, asisten en el uso de medios electrónicos y pueden expedir copias auténticas (arts. 12 y 16 Ley 39/2015).
Los principios generales de actuación se recogen en el art. 3.1 de la Ley 40/2015 (servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, buena fe, etc.).
El RDL 1/2013 define la discapacidad como deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, impiden la participación plena; se presume con un grado igual o superior al 33%.
La accesibilidad universal persigue que entornos, procesos y servicios sean utilizables por todas las personas de la forma más autónoma posible; el diseño universal la concibe desde el origen, sin adaptación posterior.
Los ajustes razonables son modificaciones necesarias y adecuadas a las necesidades específicas de una persona con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida.
El RD 1112/2018 exige que los sitios web y apps del sector público sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos (norma UNE-EN 301549), con declaración de accesibilidad publicada.
El modelo de atención combina canales presencial, telefónico (servicio 060 en la AGE) y electrónico (sede electrónica, Punto de Acceso General), en un esquema multicanal.
Las Cartas de Servicios (RD 951/2005) informan sobre los servicios prestados, los compromisos de calidad asumidos y el sistema de quejas y sugerencias; las quejas no son recurso ni suspenden plazos.
El bucle de inducción magnética y la lengua de signos española son adaptaciones específicas para personas con discapacidad auditiva; el Braille y los perros guía son propios de la discapacidad visual.
Un funcionario habilitado puede identificar o firmar por el interesado que carezca de medios electrónicos si este se identifica y presta su consentimiento expreso (art. 12.2 Ley 39/2015).
La subsanación de la presentación presencial por un obligado a relacionarse electrónicamente se hace por vía electrónica y esa fecha es la de presentación (art. 68.4 Ley 39/2015).
La expresión correcta es «persona con discapacidad»; términos como «minusválido» o «discapacitado» han sido sustituidos en la legislación.
El empleado público debe tratar con atención y respeto a los ciudadanos (art. 54.1 TREBEP) y guardar la debida discreción sobre los asuntos que conozca por razón de su cargo.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuáles son las tres fases habituales de la atención al ciudadano?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Auxiliar Admin. Estado?
La atención al público en las Administraciones Públicas debe prestarse con cortesía, respeto, imparcialidad y diligencia, garantizando en todo caso la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tanto en la atención presencial como telefónica y electrónica. El empleado público que atiende al ciudadano es, con frecuencia, el primer y único contacto con la Administración, por lo que su trato condiciona la imagen del servicio público y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en las Leyes 39/2015 y 40/2015 y en el RDL 1/2013.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
El art. 13 de la Ley 39/2015 recoge el catálogo de derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones, entre ellos ser tratadas con respeto y deferencia (letra e); el derecho a conocer el estado de tramitación es del interesado en el procedimiento (art. 53.1.a). La atención al público se articula, de forma simplificada, en acogida, información/orientación y, en su caso, gestión del trámite; el modelo ampliado añade la identificación de la necesidad y la despedida. El personal debe dirigirse siempre directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante, garantizando la accesibilidad universal en la atención (RDL 1/2013). Las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros digitalizan los documentos presentados en papel, asisten en el uso de medios electrónicos y pueden expedir copias auténticas (arts. 12 y 16 Ley 39/2015). Los principios generales de actuación se recogen en el art. 3.1 de la Ley 40/2015 (servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, buena fe, etc.). El RDL 1/2013 define la discapacidad como deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con barreras, impiden la participación plena; se presume con un grado igual o superior al 33%. La accesibilidad universal persigue que entornos, procesos y servicios sean utilizables por todas las personas de la forma más autónoma posible; el diseño universal la concibe desde el origen, sin adaptación posterior. Los ajustes razonables son modificaciones necesarias y adecuadas a las necesidades específicas de una persona con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida. El RD 1112/2018 exige que los sitios web y apps del sector público sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos (norma UNE-EN 301549), con declaración de accesibilidad publicada. El modelo de atención combina canales presencial, telefónico (servicio 060 en la AGE) y electrónico (sede electrónica, Punto de Acceso General), en un esquema multicanal. Las Cartas de Servicios (RD 951/2005) informan sobre los servicios prestados, los compromisos de calidad asumidos y el sistema de quejas y sugerencias; las quejas no son recurso ni suspenden plazos. El bucle de inducción magnética y la lengua de signos española son adaptaciones específicas para personas con discapacidad auditiva; el Braille y los perros guía son propios de la discapacidad visual. Un funcionario habilitado puede identificar o firmar por el interesado que carezca de medios electrónicos si este se identifica y presta su consentimiento expreso (art. 12.2 Ley 39/2015). La subsanación de la presentación presencial por un obligado a relacionarse electrónicamente se hace por vía electrónica y esa fecha es la de presentación (art. 68.4 Ley 39/2015). La expresión correcta es «persona con discapacidad»; términos como «minusválido» o «discapacitado» han sido sustituidos en la legislación. El empleado público debe tratar con atención y respeto a los ciudadanos (art. 54.1 TREBEP) y guardar la debida discreción sobre los asuntos que conozca por razón de su cargo.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 12, 13, 14, 16, 53 y 68.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3 y 38.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 52 a 54.
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Ley 6/2022, de 31 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para establecer y regular la accesibilidad cognitiva.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Admin. Estado.