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Tema 3. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación.

Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.

El registro y el archivo cumplen funciones complementarias pero distintas dentro de la gestión documental de la Administración: el registro deja constancia cronológica de la entrada y salida de documentos, con efectos jurídicos sobre plazos y garantías, mientras que el archivo conserva y organiza los documentos a lo largo de su ciclo de vida, desde su tramitación hasta su valor histórico. El documento administrativo es la unidad básica de ambos y, tras la Ley 39/2015, es por regla general electrónico, integrándose en expedientes electrónicos y conservándose en el archivo electrónico único.

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Concepto de documento administrativo

El documento administrativo es todo soporte que contiene información producida o recibida en el ejercicio de sus funciones por una Administración pública. A efectos del Patrimonio Histórico Español, la Ley 16/1985 entiende por documento toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos, con exclusión de los ejemplares no originales de ediciones (art. 49.1). Puede clasificarse según su naturaleza en documentos de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (comunicaciones, notificaciones, publicaciones), de constancia (actas, certificados, diligencias), de juicio (informes) y documentos de los ciudadanos (solicitudes, alegaciones, recursos, denuncias). Cada vez tiene mayor peso el documento electrónico, cuyos requisitos de validez fija el art. 26.2 de la Ley 39/2015.

El registro: concepto y funciones

El registro es la unidad administrativa que deja constancia oficial de la entrada y salida de documentos. Conforme al art. 16 de la Ley 39/2015, cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente, y en el que también se podrá anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los organismos públicos pueden disponer de su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado con el general. Los documentos dirigidos a cualquier Administración pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración u organismo destinatario o en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del art. 2.1, así como en las oficinas de Correos, representaciones diplomáticas, Oficinas de Asistencia en Materia de Registros y los demás lugares previstos. Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente (art. 14.2) deben presentar sus documentos por vía electrónica.

El archivo: concepto y funciones

El archivo es el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos por una entidad en el ejercicio de sus funciones, así como la institución o servicio responsable de su custodia, organización, conservación y difusión. Sus funciones son: recoger la documentación producida, organizarla y clasificarla, conservarla en condiciones adecuadas de seguridad, y servirla y difundirla, tanto para la gestión administrativa como para la investigación y la cultura. El archivo cumple una función de garantía de derechos (permite acreditar situaciones jurídicas), de gestión (apoya la tramitación de los procedimientos) y de memoria histórica (patrimonio documental).

Clases de archivo y criterios de ordenación

Según la teoría de las tres edades del documento, se distingue entre archivo de gestión u oficina (documentos en trámite o de uso frecuente, en la propia unidad productora), archivo central o intermedio (documentos que han finalizado su tramitación pero conservan valor administrativo, custodiados centralizadamente) y archivo histórico (documentos que han perdido su vigencia administrativa pero conservan valor informativo, jurídico o cultural permanente, para su conservación definitiva). Los criterios de ordenación más habituales son el cronológico (por fechas), el alfabético (por nombres o materias), el numérico (por número de expediente o registro) y el mixto, pudiendo combinarse en función del cuadro de clasificación de cada organismo. En el Sistema de Archivos de la AGE (RD 1708/2011) se distinguen archivos de oficina o gestión, archivos centrales de los departamentos, archivo intermedio (Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares) y archivo histórico (Archivo Histórico Nacional, en Madrid).

Funciones del documento administrativo

Función de constancia (deja reflejo permanente de actos, hechos o manifestaciones de voluntad); función de comunicación (transmite información o decisiones entre órganos o hacia el ciudadano, siendo la notificación su manifestación más característica); función de garantía (para la Administración y para el ciudadano, que puede conocer el contenido de los actos que le afectan); y función probatoria (goza de presunción de validez y eficacia en el procedimiento y en un eventual proceso judicial).

Clasificación de los documentos administrativos según su finalidad

Documentos de decisión (recogen una declaración de voluntad de un órgano competente: resoluciones, acuerdos); documentos de transmisión (comunican un hecho, acto o acuerdo: notificaciones, publicaciones, oficios); documentos de constancia (recogen una declaración de conocimiento: actas, certificados); y documentos de juicio (contienen una declaración de valoración técnica o jurídica: informes).

La resolución y el acuerdo como documentos de decisión

La resolución pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas, con estructura formal: encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva. El acuerdo recoge las decisiones de órganos colegiados conforme a sus reglas de funcionamiento, votación y quórum, plasmándose habitualmente en un acta que da fe de la sesión.

La notificación, la publicación y el oficio como documentos de transmisión

La notificación comunica a un interesado el texto íntegro de una resolución, con indicación de si pone fin a la vía administrativa y de los recursos procedentes; es requisito de eficacia, no de validez, del acto. La publicación cumple igual función cuando los destinatarios son una pluralidad indeterminada. El oficio es el documento de comunicación entre órganos administrativos o con otras instituciones.

El acta y el certificado como documentos de constancia

El acta recoge los hechos y acuerdos de una reunión de un órgano colegiado o el desarrollo de una actuación administrativa, dando fe de lo sucedido cuando la suscribe quien tiene atribuida la fe pública. El certificado acredita, a solicitud del interesado o de oficio, un hecho, acto o situación que consta en los archivos; la certificación de actos presuntos acredita la producción del silencio administrativo.

El informe como documento de juicio

Contiene una declaración de valoración técnica o jurídica sobre las cuestiones de un procedimiento. Se distingue entre informes preceptivos (exigidos por norma) y facultativos, y entre vinculantes (deben seguirse necesariamente) y no vinculantes (regla general). Deben evacuarse en 10 días salvo plazo distinto; su falta de emisión permite continuar las actuaciones, salvo que sean preceptivos y determinantes.

Características formales de los documentos administrativos

Producirse por escrito, con indicación de lugar, fecha, órgano emisor e identificación de quien lo suscribe; emplear un lenguaje claro y comprensible; contener firma manuscrita o electrónica; y, en el caso de documentos electrónicos, incorporar los metadatos exigidos por la normativa de interoperabilidad para su identificación, clasificación, conservación y recuperación.

El documento administrativo electrónico: concepto y validez

Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, emitida o recibida por una Administración, con idéntica validez y eficacia que un documento en papel. Para ser válido (art. 26.2 Ley 39/2015) debe: contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico; disponer de los datos de identificación que permitan su individualización; incorporar una referencia temporal del momento de su emisión; incorporar los metadatos mínimos exigidos; e incorporar las firmas electrónicas que correspondan. No requieren firma electrónica los documentos electrónicos publicados con carácter meramente informativo ni los que no formen parte de un expediente administrativo, aunque debe identificarse su origen (art. 26.3).

El expediente administrativo electrónico (art. 70 LPAC)

Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (art. 70.1). Debe tener formato electrónico, formarse por agregación ordenada de documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, e incorporar un índice numerado de todos los documentos cuando se remita; debe constar copia electrónica certificada de la resolución adoptada (art. 70.2). No forma parte del expediente la información de carácter auxiliar o de apoyo (aplicaciones, ficheros y bases de datos, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos, juicios de valor), salvo los informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 70.4).

El registro de documentos: concepto y funciones

Instrumento, hoy necesariamente electrónico, mediante el que se deja constancia oficial de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración, y de los documentos que esta remite. Funciones: constancia fehaciente de fecha y hora de presentación (relevante para el cómputo de plazos), emisión de recibo, distribución interna hacia la unidad competente, y garantía de interoperabilidad entre registros.

El Registro Electrónico General y los registros particulares (art. 16 LPAC)

Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General para todo documento presentado o recibido; los organismos pueden tener registros electrónicos particulares para materias específicas, siempre plenamente interoperables y accesibles desde el general, garantizando un asiento único por documento con independencia del registro concreto de presentación.

Lugares de presentación de documentos (art. 16.4 LPAC)

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan y en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del art. 2.1; en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero; en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes (art. 16.4). Los documentos presentados de forma presencial se digitalizan en la oficina de asistencia y se devuelven los originales al interesado (art. 16.5). Todo documento recibe igual tratamiento en cuanto a la constancia de su fecha de presentación.

Cómputo de plazos en el registro electrónico (art. 31 LPAC)

El registro electrónico permite la presentación todos los días del año, las 24 horas. A efectos de plazos fijados en días hábiles, la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. La fecha y hora oficial es la de la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad.

Entrada y salida de documentos: el ciclo registral

El ciclo de vida de un documento en el registro comprende: la recepción (llegada material del documento); el asiento de entrada (anotación con fecha, hora, remitente, destinatario y extracto, generando recibo); y, en su caso, el asiento de salida (cuando la Administración remite un documento a otro órgano o particular). Este doble sistema permite reconstruir el itinerario completo del documento.

El archivo: concepto en su doble sentido

Como institución o servicio, es la unidad encargada de la custodia, organización, conservación y difusión de la documentación producida o recibida por una Administración. Como conjunto documental, es la totalidad de los documentos, con independencia de su fecha, forma o soporte, producidos o recibidos en el ejercicio de sus actividades y conservados como testimonio e información.

Funciones del archivo

Función de custodia y conservación (integridad frente al deterioro o pérdida); función de organización (clasificación, ordenación y descripción de fondos según criterios archivísticos); función de servicio administrativo (proporciona a la propia Administración la documentación necesaria para su gestión); y función de servicio a la investigación y a la ciudadanía (acceso a los documentos conservados, con los límites legales).

Clases de archivo: de gestión, central, intermedio e histórico

Archivo de gestión u oficina: mientras se tramita el expediente y en el periodo inmediato posterior, bajo custodia de la unidad productora. Archivo central: recibe expedientes finalizados de los archivos de gestión, con valor administrativo relevante, y custodia la documentación de un departamento u organismo. Archivo intermedio: documentos que han perdido vigencia inmediata pero se conservan por seguridad jurídica o por su posible valor futuro, aplicándose criterios de valoración. Archivo histórico: conservación permanente de documentos con valor informativo o cultural. Los plazos de permanencia en cada fase (clásicamente, unos cinco años en gestión, hasta unos quince en central y hasta unos treinta en intermedio) son orientaciones de la doctrina archivística y de los calendarios de conservación, no plazos legales uniformes.

Criterios de ordenación de archivos

Ordenación cronológica (según fecha de producción o recepción); ordenación alfabética (a partir de un elemento identificativo: nombre, entidad, materia); ordenación numérica (número correlativo asignado en el momento de producción); y ordenación por materias o asuntos (agrupación temática, propia de los cuadros de clasificación archivística de las grandes Administraciones).

El acceso a los documentos administrativos: vías jurídicas distintas

El derecho de acceso a expedientes por los interesados en un procedimiento concreto (LPAC); el derecho de acceso a la información pública reconocido a cualquier ciudadano sin motivación (Ley 19/2013); y el derecho de acceso a los archivos históricos regulado por la legislación de patrimonio documental, que reconoce un derecho amplio de consulta pública con los límites propios de la documentación sensible.

Límites al acceso por razón de datos personales

Cuando la información contenga datos especialmente protegidos, el acceso solo se autoriza, con carácter general, con consentimiento expreso del afectado, salvo que este los hubiera hecho manifiestamente públicos. Para el resto de datos personales, se pondera el interés público en la divulgación frente a los derechos de los afectados, atendiendo entre otros criterios al transcurso de los plazos de la legislación de archivos. La Ley 16/1985 (art. 57.1.c) establece que los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad o a la propia imagen no podrán ser públicamente consultados sin consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido veinticinco años desde su muerte, si es conocida, o, en otro caso, cincuenta años desde la fecha de los documentos.

Formas de ejercicio del acceso a los documentos

Consulta directa en las dependencias de la Administración o del archivo; expedición de copia simple o compulsada, en papel o electrónica; expedición de certificado que acredite el contenido de un documento o dato concreto; y, en el ámbito electrónico, acceso telemático directo a través de la sede electrónica o la carpeta ciudadana, previa identificación fehaciente del interesado.

El archivo electrónico único (art. 17 LPAC)

Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos de la normativa reguladora aplicable (art. 17.1 Ley 39/2015). Los documentos deben conservarse en un formato que garantice la autenticidad, integridad y conservación, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido, con posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes (art. 17.2). Los medios o soportes donde se almacenen deben contar con medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación, asegurando la identificación de los usuarios y el control de accesos (art. 17.3). Complementa al art. 46 de la Ley 40/2015, según el cual todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

Documento público administrativo y documentos de los ciudadanos

Son documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas, que los emitirán por escrito, a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 26.1 Ley 39/2015). Entre los documentos que presentan los ciudadanos destaca la solicitud, que debe contener los datos del interesado y, en su caso, de su representante y el medio de notificación; los hechos, razones y petición; lugar y fecha; firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad; y el órgano al que se dirige (art. 66). Si no reúne los requisitos, se requiere la subsanación en un plazo de diez días, con apercibimiento de tenerle por desistido (art. 68). Los interesados no están obligados a aportar documentos ya en poder de las Administraciones (art. 28).

El Patrimonio Documental Español y la Ley 16/1985

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, regula el Patrimonio Documental y los archivos (Título VII). Integran el Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, así como los de más de cuarenta años generados por entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por entidades culturales y educativas de carácter privado, y los de más de cien años generados por otras entidades particulares o personas físicas. Se garantiza su protección y se regula el acceso con los límites propios de la documentación sensible.

El Sistema de Archivos de la Administración General del Estado (RD 1708/2011)

El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, establece el Sistema Español de Archivos y regula el Sistema de Archivos de la AGE y de sus organismos públicos y su régimen de acceso. Ordena los archivos en una red de archivos de oficina o gestión, centrales (departamentos y organismos), intermedio (Archivo General de la Administración) e histórico (Archivo Histórico Nacional, dentro de los archivos estatales). La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos dictamina sobre la valoración y eliminación de series documentales, de modo que ningún documento se destruye sin el procedimiento de valoración y autorización correspondiente.

Principios archivísticos y cuadro de clasificación

Principio de procedencia o respeto a los fondos: los documentos producidos por un organismo no se mezclan con los de otros. Principio de orden original: se respeta la ordenación que el productor dio a los documentos. La estructura de un fondo se organiza jerárquicamente en fondo, sección, serie, unidad documental (expediente) y documento. La serie documental es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos emanadas de un mismo sujeto productor en el ejercicio de sus funciones. El cuadro de clasificación es la representación de esa estructura (orgánico, funcional o mixto) y sirve de base a la identificación y la signatura de los documentos.

Valoración, selección, transferencia y expurgo

La valoración analiza los valores administrativo, fiscal, legal, informativo e histórico de las series para decidir su conservación o eliminación; la selección determina qué se conserva permanentemente y qué se elimina; la transferencia es el traslado regular de documentos de una fase del ciclo vital a otra (de gestión a central, a intermedio y a histórico), acompañada de relación de entrega; y el expurgo o eliminación es la destrucción autorizada de las series sin valor permanente. Todo ello se articula en calendarios de conservación y debe contar con la autorización de los órganos calificadores competentes.

Descripción archivística e instrumentos de descripción

La descripción es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y de las partes que la componen para identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos y facilitar su recuperación. Los instrumentos de descripción clásicos son la guía (visión general de los fondos de uno o varios archivos), el inventario (descripción de las unidades de una serie o fondo), el catálogo (descripción detallada de documentos seleccionados), el índice (relación alfabética de nombres, lugares o materias con remisión a los documentos) y el registro de entradas y salidas de fondos. La norma internacional ISAD(G) establece las reglas generales de descripción.

Criterios de ordenación en detalle

Ordenación cronológica: por la fecha de producción o recepción, útil para series de correspondencia. Ordenación alfabética: por apellidos o nombres (onomástica), por lugares (toponímica) o por palabras clave (temática). Ordenación numérica: por el número de expediente o de registro, correlativo o cronológico. Ordenación alfanumérica o mixta: combinación de letras y cifras, por ejemplo código de materia y número de expediente. Ordenación por materias o asuntos: agrupación temática propia de los cuadros de clasificación funcionales. La elección depende de la naturaleza de la serie y de la forma más habitual de recuperación.

Digitalización, copias auténticas y conservación del documento electrónico

La digitalización consiste en convertir un documento en papel en una imagen electrónica con garantía de fidelidad. La copia auténtica es la realizada por los órganos competentes de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea su soporte, en la que queda garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido, y tiene la misma validez y eficacia que el original (art. 27 Ley 39/2015). La conservación del documento electrónico exige formatos estables (por ejemplo PDF/A para conservación a largo plazo), firma y sellado de tiempo, migración de soportes y medidas del Esquema Nacional de Seguridad. Las Normas Técnicas de Interoperabilidad (de Documento electrónico, Expediente electrónico y Digitalización) concretan los metadatos y las condiciones técnicas.

Registro y cómputo de plazos

Salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea dispongan otro cómputo, los plazos señalados por días se cuentan en días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos (art. 30 Ley 39/2015). La fecha y hora oficial de presentación en el registro determina el inicio del cómputo de los plazos que deban cumplir las Administraciones, que debe ser comunicada a quien presentó el documento (art. 31.2.c). La presentación en un día inhábil se entiende realizada a la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil (art. 31.2.b). Los asientos se anotan respetando el orden temporal de recepción o salida e indican la fecha del día en que se producen, y concluido el trámite de registro los documentos se cursan sin dilación a sus destinatarios (art. 16.3).

Interoperabilidad entre registros: SIR y ORVE

Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos presentados en cualquiera de los registros (art. 16.6). El Sistema de Interconexión de Registros (SIR) permite el intercambio de asientos registrales entre administraciones sin papel, y la Oficina de Registro Virtual (ORVE) permite a los ciudadanos presentar documentación dirigida a cualquier Administración desde las oficinas de registro, digitalizándola en origen.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El registro deja constancia cronológica de entrada/salida de documentos; el asiento de entrada/salida es determinante para el cómputo de plazos.
  • Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General (art. 16.1 Ley 39/2015), accesible desde la sede electrónica; los organismos pueden tener registros electrónicos propios, interoperables con el general.
  • El archivo conserva y organiza los documentos a lo largo de su ciclo de vida: archivo de gestión, central, intermedio e histórico.
  • Los criterios habituales de ordenación son cronológico, alfabético, numérico, por materias o mixto.
  • Los documentos administrativos se clasifican según su finalidad en de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (notificaciones, oficios), de constancia (actas, certificados) y de juicio (informes); a ellos se suman los documentos de los ciudadanos.
  • El art. 26.2 de la Ley 39/2015 fija los requisitos de validez del documento electrónico: información en soporte electrónico, datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firmas electrónicas; la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación se exigen al archivo (art. 17.3).
  • El registro permite la presentación de documentos todos los días del año, las 24 horas; la presentación en día inhábil se entiende hecha en la primera hora del siguiente día hábil (art. 31 Ley 39/2015).
  • Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico, en Correos, en representaciones diplomáticas, en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros o en otros lugares previstos (art. 16.4 LPAC); los obligados a la relación electrónica deben presentarlos por vía electrónica.
  • El expediente electrónico se forma por agregación ordenada de documentos con un índice numerado (art. 70 LPAC); no forman parte de él las notas, borradores y comunicaciones internas, salvo los informes solicitados antes de la resolución.
  • El archivo cumple funciones de custodia, organización, servicio a la gestión administrativa y servicio a la investigación y a la ciudadanía.
  • El acceso a los documentos puede canalizarse por tres vías distintas: acceso de un interesado a su expediente (LPAC), acceso a la información pública (Ley 19/2013) o acceso a archivos históricos.
  • El archivo electrónico único (art. 17 LPAC) conserva los documentos de procedimientos finalizados con garantías de autenticidad e integridad, con independencia de su formato original.
  • Principios archivísticos básicos: procedencia o respeto a los fondos y orden original; jerarquía fondo, sección, serie, unidad documental, documento.
  • Datos personales sensibles en archivos públicos: no son consultables sin consentimiento hasta 25 años después de la muerte del afectado o, si se desconoce, 50 años desde la fecha del documento (art. 57 Ley 16/1985).
  • El Sistema de Archivos de la AGE (RD 1708/2011): Archivo General de la Administración (intermedio, Alcalá de Henares) y Archivo Histórico Nacional (Madrid).
  • Los plazos de permanencia en cada archivo (5, 15, 30 años) son orientativos de la doctrina archivística y no plazos legales uniformes.
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Según el art. 26.2 de la Ley 39/2015, para ser válido un documento electrónico administrativo debe incorporar, entre otros:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Auxiliar Admin. Estado?

El registro y el archivo cumplen funciones complementarias pero distintas dentro de la gestión documental de la Administración: el registro deja constancia cronológica de la entrada y salida de documentos, con efectos jurídicos sobre plazos y garantías, mientras que el archivo conserva y organiza los documentos a lo largo de su ciclo de vida, desde su tramitación hasta su valor histórico. El documento administrativo es la unidad básica de ambos y, tras la Ley 39/2015, es por regla general electrónico, integrándose en expedientes electrónicos y conservándose en el archivo electrónico único.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

El registro deja constancia cronológica de entrada/salida de documentos; el asiento de entrada/salida es determinante para el cómputo de plazos. Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General (art. 16.1 Ley 39/2015), accesible desde la sede electrónica; los organismos pueden tener registros electrónicos propios, interoperables con el general. El archivo conserva y organiza los documentos a lo largo de su ciclo de vida: archivo de gestión, central, intermedio e histórico. Los criterios habituales de ordenación son cronológico, alfabético, numérico, por materias o mixto. Los documentos administrativos se clasifican según su finalidad en de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (notificaciones, oficios), de constancia (actas, certificados) y de juicio (informes); a ellos se suman los documentos de los ciudadanos. El art. 26.2 de la Ley 39/2015 fija los requisitos de validez del documento electrónico: información en soporte electrónico, datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firmas electrónicas; la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación se exigen al archivo (art. 17.3). El registro permite la presentación de documentos todos los días del año, las 24 horas; la presentación en día inhábil se entiende hecha en la primera hora del siguiente día hábil (art. 31 Ley 39/2015). Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico, en Correos, en representaciones diplomáticas, en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros o en otros lugares previstos (art. 16.4 LPAC); los obligados a la relación electrónica deben presentarlos por vía electrónica. El expediente electrónico se forma por agregación ordenada de documentos con un índice numerado (art. 70 LPAC); no forman parte de él las notas, borradores y comunicaciones internas, salvo los informes solicitados antes de la resolución. El archivo cumple funciones de custodia, organización, servicio a la gestión administrativa y servicio a la investigación y a la ciudadanía. El acceso a los documentos puede canalizarse por tres vías distintas: acceso de un interesado a su expediente (LPAC), acceso a la información pública (Ley 19/2013) o acceso a archivos históricos. El archivo electrónico único (art. 17 LPAC) conserva los documentos de procedimientos finalizados con garantías de autenticidad e integridad, con independencia de su formato original. Principios archivísticos básicos: procedencia o respeto a los fondos y orden original; jerarquía fondo, sección, serie, unidad documental, documento. Datos personales sensibles en archivos públicos: no son consultables sin consentimiento hasta 25 años después de la muerte del afectado o, si se desconoce, 50 años desde la fecha del documento (art. 57 Ley 16/1985). El Sistema de Archivos de la AGE (RD 1708/2011): Archivo General de la Administración (intermedio, Alcalá de Henares) y Archivo Histórico Nacional (Madrid). Los plazos de permanencia en cada archivo (5, 15, 30 años) son orientativos de la doctrina archivística y no plazos legales uniformes.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 14, 16, 17, 26, 27, 28, 30, 31, 66, 68 y 70.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 46.
  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, arts. 49 y 57.
  • Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

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