Tema 1. La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), 1.700 plazas convocadas. La misma resolución convoca también el Cuerpo General Administrativo (C1) con su propio temario, distinto de este. Si la convocatoria incluyera promoción interna con un temario reducido, tampoco está cubierta aquí.
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español: fija los valores superiores y los principios que rigen la actuación de los poderes públicos, reconoce un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales con distintos niveles de garantía (según el capítulo y la sección en que se ubiquen), y prevé mecanismos excepcionales de suspensión de esos derechos, generales (estados de excepción y de sitio) o individuales (investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas), cuando está en juego la seguridad del Estado.
Origen, elaboración y entrada en vigor de la Constitución de 1978
La Constitución es fruto de la Transición democrática y del consenso entre las fuerzas políticas surgidas de las elecciones generales de 1977 (Cortes constituyentes). Fue redactada por una Ponencia y una Comisión constitucional del Congreso, aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con una amplia mayoría de votos afirmativos, sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. La disposición derogatoria deroga expresamente, entre otras, la Ley para la Reforma Política de 1977 y las Leyes Fundamentales del régimen anterior. El Preámbulo no es una norma jurídica con valor dispositivo, pero tiene un valor interpretativo y expresa la voluntad del constituyente.
Características de la Constitución de 1978
Es una Constitución escrita y codificada (un solo texto formal), extensa (169 artículos), rígida (su reforma exige procedimientos agravados: Título X) y normativa, porque sus preceptos son jurídicamente vinculantes y de aplicación directa, sin necesidad de desarrollo para vincular a ciudadanos y poderes públicos (art. 9.1 CE). Es una Constitución democrática (soberanía nacional que reside en el pueblo), de consenso o de compromiso (recoge fórmulas pactadas entre ideologías distintas), flexible en su apertura a distintas opciones políticas dentro del marco que fija, y suprema: ocupa la cúspide de la jerarquía normativa, y toda norma contraria queda derogada o es inconstitucional (disposición derogatoria tercera y art. 9.3). Define un Estado social y democrático de Derecho, con forma política de Monarquía parlamentaria, descentralizado territorialmente en Comunidades Autónomas (Título VIII) y abierto al Derecho internacional y a la integración supranacional (arts. 93 a 96). Reconoce además la división de poderes en su articulación orgánica (Cortes, Gobierno, Poder Judicial) y un Tribunal Constitucional como garante de su supremacía.
Estructura de la Constitución y reformas realizadas
La Constitución consta de un preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1-9), diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Los títulos son: I (derechos y deberes fundamentales, arts. 10-55), II (la Corona, 56-65), III (las Cortes Generales, 66-96), IV (el Gobierno y la Administración, 97-107), V (relaciones Gobierno-Cortes, 108-116), VI (Poder Judicial, 117-127), VII (economía y hacienda, 128-136), VIII (organización territorial, 137-158), IX (Tribunal Constitucional, 159-165) y X (reforma constitucional, 166-169). Ha sido reformada en tres ocasiones: en 1992 (art. 13.2, para añadir el derecho de sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, a raíz del Tratado de Maastricht); en 2011 (art. 135, sobre estabilidad presupuestaria); y el 17 de febrero de 2024 (art. 49, BOE-A-2024-3099, para sustituir la referencia a los «disminuidos» por la de las personas con discapacidad y reforzar su protección).
Los valores superiores y los rasgos del Estado (art. 1 CE)
El art. 1.1 define a España como «un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (1.2), y la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (1.3). Los valores superiores son criterios de interpretación de todo el ordenamiento: no son meras declaraciones, sino que informan la aplicación de las normas. Los tres adjetivos del art. 1.1 tienen contenido propio: Estado de Derecho (sometimiento de todos al imperio de la ley y separación de poderes), Estado social (intervención para corregir desigualdades, art. 9.2) y Estado democrático (participación y pluralismo).
Los principios constitucionales del art. 9 CE
El art. 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El art. 9.2 impone a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social (igualdad material). El art. 9.3 garantiza siete principios distintos de los valores superiores: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es habitual que los exámenes mezclen los arts. 1.1 y 9.3 para comprobar que no se confunden los cuatro valores con los siete principios.
El Título Preliminar (arts. 1 a 9 CE): contenido general
Condensa las decisiones políticas fundamentales del constituyente: forma de Estado y valores superiores (art. 1), unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2), régimen lingüístico (art. 3), bandera (art. 4), capital (art. 5), partidos políticos (art. 6), sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), Fuerzas Armadas (art. 8) y sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento, con los principios del art. 9. Está protegido por el procedimiento agravado de reforma (art. 168 CE).
Unidad de la Nación y derecho a la autonomía (art. 2 CE)
El art. 2 equilibra dos principios: la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, junto con la solidaridad entre todas ellas. Es el precepto matriz del Estado autonómico desarrollado en el Título VIII. La autonomía no es soberanía: es un derecho que se ejerce dentro de la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
El régimen lingüístico constitucional (art. 3 CE)
El castellano es la lengua española oficial del Estado: todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (3.1). Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (3.2). La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección (3.3). La cooficialidad es territorial y depende de lo que disponga cada Estatuto, no de la Constitución directamente.
Bandera, capital y símbolos del Estado (arts. 4 y 5 CE)
La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas (4.1). Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales (4.2). El art. 5 establece que la capital del Estado es la villa de Madrid; la Constitución no remite a ley ni a Estatuto su regulación.
Partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales (arts. 6 y 7 CE)
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (art. 6). Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (art. 7). Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Los partidos se regulan por la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos.
Las Fuerzas Armadas (art. 8 CE)
Constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (8.1). Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución (8.2). El mando supremo corresponde al Rey (art. 62.h CE), con carácter simbólico, mientras que la dirección efectiva de la Administración militar y de la defensa del Estado corresponde al Gobierno (art. 97 CE).
Sistemática del Título I (arts. 10 a 55 CE): los cinco capítulos
El Título I, «De los derechos y deberes fundamentales», se abre con el art. 10 y se divide en: Capítulo I, De los españoles y los extranjeros (arts. 11-13); Capítulo II, Derechos y libertades (arts. 14-38), con el art. 14 como cabecera, la Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15-29) y la Sección 2ª, De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38); Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52); Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53-54); y Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). Esta clasificación determina el nivel de garantía de cada derecho: cuanto más cerca de la Sección 1ª, mayor protección.
La dignidad de la persona y la interpretación conforme a tratados internacionales (art. 10 CE)
El art. 10.1 proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El art. 10.2 fija una regla interpretativa esencial: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Por esta vía, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Convenio de Roma de 1950) es criterio de interpretación de los derechos fundamentales.
Españoles y extranjeros (Capítulo I, arts. 11 a 13 CE)
El art. 11 remite a la ley la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española (ninguno puede ser privado de ella de origen) y permite tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con los que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. El art. 12 fija la mayoría de edad en los 18 años. El art. 13 reconoce a los extranjeros en España las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (13.1); solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (13.2, redacción de la reforma de 1992); la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo (13.3); y la ley establecerá los términos del derecho de asilo (13.4).
Los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª (arts. 14 a 29 CE)
El art. 14 (cabecera del Capítulo II) proclama la igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La Sección 1ª agrupa: vida e integridad física y moral, prohibición de tortura y abolición de la pena de muerte, salvo lo que dispongan las leyes penales militares en tiempo de guerra (art. 15); libertad ideológica, religiosa y de culto, sin que ninguna confesión tenga carácter estatal (art. 16); libertad y seguridad personal, con detención preventiva limitada al tiempo estrictamente necesario y a un máximo de 72 horas, derechos del detenido y procedimiento de habeas corpus (art. 17); honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial (art. 18); libertad de residencia y circulación (art. 19); libertad de expresión, información veraz, libertad de cátedra y prohibición de censura previa, con secuestro de publicaciones solo por resolución judicial (art. 20); reunión pacífica y sin armas, con comunicación previa a la autoridad en lugares de tránsito público (art. 21); asociación, con disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada y prohibición de asociaciones secretas y paramilitares (art. 22); participación en los asuntos públicos y acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23); tutela judicial efectiva, juez ordinario predeterminado por la ley, presunción de inocencia y proceso sin dilaciones indebidas (art. 24); legalidad penal y sancionadora (art. 25); prohibición de Tribunales de honor en la Administración civil y organizaciones profesionales (art. 26); educación y libertad de enseñanza (art. 27); libertad sindical y huelga (art. 28); y petición individual y colectiva por escrito (art. 29).
Derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª (arts. 30 a 38 CE)
Comprende el derecho y deber de defender a España y la objeción de conciencia (art. 30), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (art. 31), el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32), a la propiedad privada y a la herencia, con función social y garantía expropiatoria por causa justificada de utilidad pública o interés social y mediante indemnización (art. 33), el derecho de fundación (art. 34), el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente (art. 35), los colegios profesionales (art. 36), la negociación colectiva laboral y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38). Su desarrollo no exige ley orgánica (sí ley ordinaria que respete el contenido esencial, art. 53.1), a diferencia de los de la Sección 1ª.
Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III, arts. 39 a 52)
Desarrollan el mandato de Estado social del art. 1.1 CE: protección de la familia y de la infancia (art. 39), progreso social, pleno empleo y seguridad e higiene en el trabajo (art. 40), régimen público de Seguridad Social (art. 41), derechos de los trabajadores emigrantes (art. 42), protección de la salud (art. 43), acceso a la cultura (art. 44), medio ambiente (art. 45), patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), vivienda digna y adecuada (art. 47), participación de la juventud (art. 48), personas con discapacidad (art. 49, reformado en 2024), pensiones adecuadas y atención a la tercera edad (art. 50), defensa de consumidores y usuarios (art. 51) y organizaciones profesionales (art. 52). Conforme al art. 53.3, solo informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y únicamente pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no son directamente exigibles como derechos subjetivos autónomos.
Los deberes constitucionales
La Constitución recoge pocos deberes expresos: el deber de cumplir la Constitución y el ordenamiento (art. 9.1), de conocer el castellano (art. 3.1), de defender a España (art. 30.1), de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1), de trabajar (art. 35.1), de conservar el medio ambiente (art. 45.1, con sanciones penales o administrativas y obligación de reparar el daño) y los deberes derivados de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (art. 30.4). Conviene distinguir los deberes de los derechos-deber: el art. 35 recoge un deber y un derecho, y el art. 30 permite la objeción de conciencia respecto del servicio militar obligatorio, hoy suspendido.
Las garantías de los derechos: art. 53 CE (Capítulo IV)
El art. 53.1 establece la garantía general: los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos; solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio, y se tutelan de acuerdo con el art. 161.1.a (recurso de inconstitucionalidad). El art. 53.2 añade, para el art. 14 y la Sección 1ª del Capítulo II, la tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del art. 30. El art. 53.3 limita la eficacia de los principios rectores del Capítulo III. El art. 54 crea el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa de los derechos del Título I, que puede supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes.
Garantías jurisdiccionales e institucionales de los derechos fundamentales
Además de la reserva de ley (art. 53.1) y de la tutela ordinaria preferente y sumaria, el sistema se completa con: el recurso de amparo constitucional, subsidiario y extraordinario (art. 161.1.b y LOTC); el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren derechos; el habeas corpus (art. 17.4, LO 6/1984); la reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos de la Sección 1ª y del art. 14 (art. 81.1); el Defensor del Pueblo (art. 54); la interpretación conforme a los tratados internacionales (art. 10.2); y el procedimiento de reforma agravado (art. 168) para las modificaciones del Título Preliminar, de la Sección 1ª del Capítulo II y del Título II. Los derechos fundamentales vinculan además a los particulares en ciertas relaciones (eficacia horizontal), según la doctrina del Tribunal Constitucional.
La reserva de ley orgánica para derechos fundamentales (art. 81 CE)
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección 1ª y art. 14), las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1). Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2). El Tribunal Constitucional interpreta de forma restrictiva el ámbito de la reserva: solo el «desarrollo directo» y no la regulación incidental o conexa de un derecho exige ley orgánica.
La suspensión general de derechos (art. 55.1 CE)
El art. 55.1 permite suspender, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, los derechos reconocidos en los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (residencia y circulación), 20.1.a y d y 20.5 (expresión e información, secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (conflicto colectivo). Se exceptúa de lo anterior el art. 17.3 (derecho a la información al detenido y a la asistencia letrada) en el estado de excepción. No pueden suspenderse, por tanto, derechos como la vida, la integridad, la libertad ideológica o la tutela judicial efectiva. El estado de alarma, en cambio, no permite suspender derechos fundamentales: solo limitar su ejercicio.
Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981)
El art. 116 CE remite a una ley orgánica (LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). Estado de alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse; procede ante catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad. Estado de excepción: lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso, por un máximo de 30 días prorrogables por otro plazo igual, cuando el libre ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones o el orden público resulten tan gravemente alterados que las potestades ordinarias sean insuficientes. Estado de sitio: lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno, ante insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Durante cualquiera de ellos no puede disolverse el Congreso, las Cámaras quedan automáticamente convocadas y no puede iniciarse la reforma constitucional (arts. 116.5 y 169); el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes no se modifica (116.6). Con ocasión de la pandemia de COVID-19, el estado de alarma se declaró en 2020 (RD 463/2020) y el Tribunal Constitucional (SSTC 148/2021 y 183/2021) declaró inconstitucionales algunas de sus medidas por suponer en la práctica suspensión y no mera limitación de derechos.
La suspensión individual de derechos en investigaciones de terrorismo (art. 55.2 CE)
Distinta de la suspensión general, permite que una ley orgánica determine la forma y los casos en que, de manera individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los arts. 17.2 (plazo máximo de detención), 18.2 (inviolabilidad del domicilio) y 18.3 (secreto de las comunicaciones) puedan ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de estas facultades produce responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; no deben confundirse con los siete principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad).
La Constitución consta de preámbulo, Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final; fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978.
Es una Constitución escrita, codificada, extensa, rígida, normativa (vinculante y de aplicación directa) y de consenso. Ha tenido tres reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49).
Solo los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29), más la objeción de conciencia del art. 30.2, tienen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE). Los de la Sección 2ª (arts. 31-38) no lo tienen.
Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) no son directamente exigibles ante los tribunales: solo son alegables según lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE).
El art. 53.1 CE vincula a todos los poderes públicos a los derechos del Capítulo II, exige ley que respete el contenido esencial para regular su ejercicio y los tutela mediante el recurso de inconstitucionalidad; la tutela ante tribunales ordinarios preferente y sumaria es del art. 53.2.
La suspensión general (art. 55.1) exige declarar el estado de excepción o de sitio; el de alarma no suspende derechos fundamentales. La suspensión individual (art. 55.2) se limita a investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas y solo afecta a los arts. 17.2, 18.2 y 18.3, con intervención judicial y control parlamentario.
Duraciones: alarma 15 días (prórroga solo con autorización del Congreso); excepción 30 días prorrogables por otros 30 (previa autorización del Congreso); sitio, el plazo que determine el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.
El art. 3 CE declara el castellano lengua española oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla); las demás lenguas españolas son oficiales en sus Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
El art. 10.2 CE exige interpretar las normas sobre derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.
El Capítulo I del Título I (arts. 11-13 CE) regula la nacionalidad, fija la mayoría de edad en 18 años (art. 12) y reconoce a los extranjeros las libertades públicas en los términos de tratados y leyes; los delitos políticos no dan lugar a extradición, pero los actos de terrorismo no se consideran delito político.
Las materias de la Sección 1ª y el art. 14 exigen ley orgánica para su desarrollo (art. 81 CE, mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto); las de la Sección 2ª (arts. 30-38) no.
La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, 72 horas (art. 17.2); el habeas corpus está en el art. 17.4.
El art. 23.2 CE garantiza el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes: es la base constitucional de las oposiciones junto con los principios de mérito y capacidad del art. 103.3.
Trampa frecuente: el art. 14 no pertenece a la Sección 1ª (arts. 15-29), pero goza de sus mismas garantías (art. 53.2) y exige también ley orgánica (art. 81).
Tras la reforma de 2024, el art. 49 CE habla de «personas con discapacidad» y ya no de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos».
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿En qué artículo de la Constitución se recogen los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas e irretroactividad sancionadora desfavorable?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Auxiliar Admin. Estado?
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español: fija los valores superiores y los principios que rigen la actuación de los poderes públicos, reconoce un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales con distintos niveles de garantía (según el capítulo y la sección en que se ubiquen), y prevé mecanismos excepcionales de suspensión de esos derechos, generales (estados de excepción y de sitio) o individuales (investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas), cuando está en juego la seguridad del Estado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
Los cuatro valores superiores del art. 1.1 CE son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; no deben confundirse con los siete principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad). La Constitución consta de preámbulo, Título Preliminar, diez títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final; fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre, sancionada el 27 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Es una Constitución escrita, codificada, extensa, rígida, normativa (vinculante y de aplicación directa) y de consenso. Ha tenido tres reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Solo los derechos del art. 14 y de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29), más la objeción de conciencia del art. 30.2, tienen recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE). Los de la Sección 2ª (arts. 31-38) no lo tienen. Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39-52) no son directamente exigibles ante los tribunales: solo son alegables según lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE). El art. 53.1 CE vincula a todos los poderes públicos a los derechos del Capítulo II, exige ley que respete el contenido esencial para regular su ejercicio y los tutela mediante el recurso de inconstitucionalidad; la tutela ante tribunales ordinarios preferente y sumaria es del art. 53.2. La suspensión general (art. 55.1) exige declarar el estado de excepción o de sitio; el de alarma no suspende derechos fundamentales. La suspensión individual (art. 55.2) se limita a investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas y solo afecta a los arts. 17.2, 18.2 y 18.3, con intervención judicial y control parlamentario. Duraciones: alarma 15 días (prórroga solo con autorización del Congreso); excepción 30 días prorrogables por otros 30 (previa autorización del Congreso); sitio, el plazo que determine el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. El art. 3 CE declara el castellano lengua española oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla); las demás lenguas españolas son oficiales en sus Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. El art. 10.2 CE exige interpretar las normas sobre derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España. El Capítulo I del Título I (arts. 11-13 CE) regula la nacionalidad, fija la mayoría de edad en 18 años (art. 12) y reconoce a los extranjeros las libertades públicas en los términos de tratados y leyes; los delitos políticos no dan lugar a extradición, pero los actos de terrorismo no se consideran delito político. Las materias de la Sección 1ª y el art. 14 exigen ley orgánica para su desarrollo (art. 81 CE, mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto); las de la Sección 2ª (arts. 30-38) no. La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, 72 horas (art. 17.2); el habeas corpus está en el art. 17.4. El art. 23.2 CE garantiza el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes: es la base constitucional de las oposiciones junto con los principios de mérito y capacidad del art. 103.3. Trampa frecuente: el art. 14 no pertenece a la Sección 1ª (arts. 15-29), pero goza de sus mismas garantías (art. 53.2) y exige también ley orgánica (art. 81). Tras la reforma de 2024, el art. 49 CE habla de «personas con discapacidad» y ya no de «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos».
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2023-2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (recurso de amparo).
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 17 de febrero de 2024 (BOE-A-2024-3099).
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