Tema 8. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Ámbito de actuación, publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Especial referencia a la Comunidad de Madrid. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: principios y derechos de las personas. Referencia al Delegado de Protección de Datos, y al responsable y encargado del tratamiento. Especialidades en el Sector Público.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
Este tema agrupa dos normas que, aunque de objeto distinto, comparten el propósito de reforzar la relación de confianza entre la ciudadanía y las Administraciones: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (que obliga a publicar información de oficio, reconoce un derecho de acceso a la información pública y fija principios de buen gobierno), con su desarrollo autonómico en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que completa el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y ordena el tratamiento de datos personales que las Administraciones manejan constantemente. Para un Auxiliar Administrativo, que gestiona documentos y atiende solicitudes de la ciudadanía, ambas normas son de aplicación práctica diaria. Hay que saber distinguir publicidad activa y derecho de acceso, conocer el procedimiento y los plazos de acceso, los principios y derechos de protección de datos, las figuras del responsable, el encargado y el Delegado de Protección de Datos, y las especialidades del sector público.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tiene un triple objeto (art. 1): ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. El art. 2 la aplica a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local; las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras; los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con independencia funcional o con autonomía reconocida; las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación pública directa o indirecta sea superior al 50%; las fundaciones del sector público; las corporaciones de derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo; y, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.
Sujetos privados obligados (arts. 3 y 4 Ley 19/2013)
Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, así como las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, deben cumplir las obligaciones de publicidad activa (art. 3). Además, las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas están obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento de la ley (art. 4).
La publicidad activa: concepto y principios
La publicidad activa (arts. 5 a 11) es la obligación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de publicar, de forma periódica y actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, sin necesidad de que nadie la solicite. La información se publica en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables; debe ser accesible y gratuita. La publicidad activa tiene como límites los previstos para el derecho de acceso (art. 14) y la protección de datos personales (art. 15). El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vela por su cumplimiento (art. 9).
Contenido de la publicidad activa
La ley distingue tres bloques de información sujeta a publicidad activa. Información institucional, organizativa y de planificación (art. 6): funciones que desarrollan, normativa aplicable, estructura organizativa, organigrama, planes y programas anuales y plurianuales con objetivos, actividades, medios y tiempo previsto, y grado de cumplimiento. Información de relevancia jurídica (art. 7): directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por particulares u otros órganos que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos, anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, proyectos de reglamentos cuando se sometan a información pública y los documentos que, conforme a la normativa sectorial, deban ser sometidos a un período de información pública. Información económica, presupuestaria y estadística (art. 8): contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas, presupuestos, cuentas anuales e informes de fiscalización, retribuciones de altos cargos y máximos responsables de las entidades, indemnizaciones percibidas con ocasión del cese, resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad, declaraciones anuales de bienes y actividades, y estadísticas sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.
El Portal de la Transparencia
La Administración General del Estado cuenta con el Portal de la Transparencia (art. 10), dependiente del departamento ministerial con competencia en la materia, que facilita el acceso a la información publicada y a las solicitudes de acceso. El Portal incluirá además la información de la Administración General del Estado cuya divulgación sea de mayor relevancia. El Portal de Transparencia estatal se aloja en la sede electrónica y canaliza las obligaciones de publicidad activa de la AGE y de las entidades de su sector público; las Comunidades Autónomas y las entidades locales disponen de sus propios portales, y puede adherirse mediante convenio al estatal.
El derecho de acceso a la información pública: concepto
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución, en la Ley 19/2013 y en la normativa autonómica (art. 12). Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos obligados y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (art. 13). El derecho es de titularidad general (no se exige condición de interesado, ni de ciudadano español) y no requiere motivar la solicitud; el acceso a la información es gratuito, sin perjuicio de las tasas que puedan exigirse por la expedición de copias o la transposición a un formato distinto del original.
Límites al derecho de acceso (art. 14)
El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección del medio ambiente. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y deberá atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso (test del daño y del interés público). Si la limitación afecta solo a una parte de la información, se concederá el acceso parcial, omitiendo la parte afectada (art. 16).
Protección de datos personales en el derecho de acceso (art. 15)
Si la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos que revelen la ideología, la afiliación sindical, la religión o las creencias, el acceso solo se podrá autorizar si se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que este hubiera hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad. Si la información incluye datos que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, datos genéticos o biométricos, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso del afectado o si estuviera amparado por una norma con rango de ley. Con carácter general, y salvo que prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos, se concederá el acceso a la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano. Para el resto de datos personales se ponderará razonadamente el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados, atendiendo a criterios como la finalidad del acceso, el tiempo transcurrido o la condición de menor del afectado.
Procedimiento de acceso: solicitud
La solicitud se dirige al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información (art. 17) y puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información solicitada, de una dirección de contacto (preferentemente electrónica) a efectos de comunicaciones y, en su caso, de la modalidad que se prefiera para acceder a la información. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud, aunque podrá exponer los motivos y estos podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. La ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo. Si la solicitud adolece de defectos, se concede un plazo de diez días para su subsanación.
Causas de inadmisión (art. 18)
Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; las que se refieran a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas); las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; y las manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. Cuando el órgano que recibe la solicitud no sea competente, la remitirá al competente e informará al solicitante.
Tramitación y resolución
Cuando la solicitud se refiera a información que contenga datos o afecte a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, quedando suspendido el plazo para resolver (art. 19.3). La resolución, motivada si deniega el acceso, se notificará al solicitante y a los terceros afectados en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita lo hagan necesario (art. 20.1). Transcurrido el plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada (silencio negativo, art. 20.4).
Formalización del acceso y gratuidad
La información se facilita en la forma o formato elegido por el solicitante, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible o la información ya esté disponible en otro formato; el acceso se realiza preferentemente por vía electrónica (art. 22). Cuando el acceso sea concedido, se facilitará en el plazo máximo de diez días desde la notificación. Si hay oposición de terceros, el acceso solo tendrá lugar una vez transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o cuando haya resolución judicial que confirme el derecho. El acceso es gratuito; la expedición de copias o la transposición a otro formato puede dar lugar a una tasa en los términos de la normativa aplicable.
Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública puede interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa (art. 24). La reclamación sustituye a los recursos administrativos en este ámbito; se interpone en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entiende desestimada. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver las reclamaciones corresponde al órgano independiente que determine la propia Comunidad o, si no lo hubiera, al Consejo estatal mediante convenio.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título III, arts. 33 y siguientes) es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines, adscrito al departamento ministerial competente. Sus funciones incluyen promover la cultura de transparencia, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, resolver las reclamaciones en materia de acceso, asesorar en materia de transparencia, adoptar criterios de interpretación uniforme (en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos cuando se trate de la relación entre acceso y datos personales) y evaluar la aplicación de la ley. Está presidido por una persona designada por el Gobierno, con mandato de cinco años no renovable, y cuenta con una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en la que participan representantes del Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el departamento ministerial competente.
El buen gobierno en la Ley 19/2013
El Título II establece los principios de buen gobierno para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades de su sector público, los altos cargos de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales en los términos de su normativa (art. 25). Los principios generales (art. 26) incluyen actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y con el objetivo de satisfacer el interés general, y respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico; los principios de actuación comprenden la dedicación al servicio público, la imparcialidad, el no aceptar regalos que superen los usos habituales, y el control de la gestión de los recursos públicos, entre otros. El incumplimiento se sanciona con un régimen de infracciones (muy graves, graves y leves) y de sanciones específico, que incluye infracciones disciplinarias y en materia de gestión económico-presupuestaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o patrimonial que pudiera corresponder.
Especial referencia a la Comunidad de Madrid: Ley 10/2019
La Comunidad de Madrid cuenta con la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, que desarrolla las bases estatales y amplía las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información pública para la Administración de la Comunidad, sus organismos y entes, y otras entidades vinculadas, además de regular la participación ciudadana. La Comunidad dispone de un Portal de Transparencia donde se publica la información y se tramitan las solicitudes de acceso. La supervisión y la resolución de las reclamaciones en materia de transparencia en el ámbito de la Comunidad corresponden al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, órgano independiente creado por esa ley. La ley autonómica se aplica en el marco de la Ley 19/2013, que establece el mínimo básico común para todas las Administraciones.
Portales de datos abiertos y reutilización de la información
Distinta de la transparencia es la reutilización de la información del sector público, regulada por la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, reformada por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, que traspuso la Directiva (UE) 2019/1024 de datos abiertos. La transparencia persigue el control democrático de la actividad pública; la reutilización permite que empresas y particulares usen, con fines comerciales o no comerciales, los documentos y datos generados por las Administraciones, favoreciendo productos y servicios de valor añadido. Los portales de datos abiertos publican conjuntos de datos en formatos estructurados y reutilizables; en el ámbito estatal existe el portal datos.gob.es y la Comunidad de Madrid dispone de su propio portal de datos abiertos.
Objeto de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y completar sus disposiciones, así como garantizar los derechos digitales de la ciudadanía (art. 1). Derogó la anterior LO 15/1999. El RGPD es directamente aplicable en todos los Estados miembros; la ley orgánica regula las materias en las que el propio Reglamento remite a los Estados miembros o les permite concretar. El Título X de la LOPDGDD (arts. 79 a 97) reconoce los derechos digitales: neutralidad de Internet, acceso universal, seguridad y educación digital, protección de los menores en Internet, intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, desconexión digital (art. 88), derecho al olvido en búsquedas y redes sociales y testamento digital (art. 96), entre otros.
Conceptos básicos del RGPD
Dato personal: toda información sobre una persona física identificada o identificable. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales (recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión). Responsable del tratamiento: quien determina los fines y medios. Encargado: quien trata datos por cuenta del responsable. Seudonimización: tratamiento de manera que los datos no puedan atribuirse a un interesado sin información adicional. Consentimiento: manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta el tratamiento mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Violación de la seguridad de los datos (brecha): incidente que ocasiona la destrucción, pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizados a datos personales.
Principios del tratamiento de datos personales
El tratamiento debe respetar los principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia (tratamiento conforme a una base legitimadora, con información clara al afectado); limitación de la finalidad (fines determinados, explícitos y legítimos); minimización de datos (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); exactitud (datos actualizados, suprimiendo o rectificando los inexactos); limitación del plazo de conservación; e integridad y confidencialidad (seguridad adecuada mediante medidas técnicas y organizativas). A ellos se añade la responsabilidad proactiva (accountability), que obliga al responsable a poder demostrar el cumplimiento. La LOPDGDD desarrolla el principio de exactitud (art. 4) y el deber de confidencialidad (art. 5), que subsiste aun después de finalizada la relación con el responsable.
Bases jurídicas del tratamiento y consentimiento
El tratamiento solo es lícito si concurre alguna de las bases del art. 6 RGPD: el consentimiento del interesado; la ejecución de un contrato; el cumplimiento de una obligación legal; la protección de intereses vitales; el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos; y el interés legítimo del responsable, base que no puede ser invocada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. La LOPDGDD precisa que el tratamiento fundado en una obligación legal o en una misión de interés público debe estar previsto en una norma con rango de ley (art. 8). El consentimiento ha de ser libre, específico, informado e inequívoco; el de los menores de edad solo es válido a partir de los 14 años, y por debajo de esa edad exige el de los titulares de la patria potestad o tutela (art. 7).
Categorías especiales de datos
El RGPD (art. 9) prohíbe, con carácter general, el tratamiento de datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, los datos relativos a la salud y los datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual. La prohibición no rige si concurre alguna de las excepciones tasadas, entre ellas el consentimiento explícito, el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad social, la protección de intereses vitales, el interés público esencial o la prevención y medicina del trabajo. La LOPDGDD (art. 9) exige que los tratamientos fundados en el cumplimiento de obligaciones legales o interés público tengan amparo en una norma con rango de ley. Los datos de condenas e infracciones penales se rigen por un régimen propio (art. 10 LOPDGDD).
Transparencia e información al afectado
El responsable debe informar a los afectados en el momento de recoger los datos de la identidad del responsable, la finalidad, la base jurídica, los destinatarios, los plazos de conservación y los derechos que pueden ejercer. La LOPDGDD (art. 11) admite que se haga por capas: una primera capa básica que incluya la identidad del responsable, la finalidad y la posibilidad de ejercitar los derechos, con remisión a una segunda capa con el resto de la información, accesible de forma sencilla e inmediata.
Los derechos de las personas (ARSULIPO)
El RGPD y la LOPDGDD (arts. 12 a 18) reconocen los derechos de acceso (conocer si se tratan sus datos y obtener copia), rectificación (corregir datos inexactos), supresión u «olvido» (cuando los datos ya no sean necesarios, se retire el consentimiento o el tratamiento sea ilícito), limitación del tratamiento (en determinados supuestos, conservar los datos sin tratarlos), portabilidad (recibir los datos en formato estructurado y de uso común y transmitirlos a otro responsable, aplicable a tratamientos automatizados basados en consentimiento o contrato) y oposición (a que se traten los datos por motivos relacionados con su situación particular, o para marketing directo). El interesado tiene también derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. El ejercicio es gratuito, salvo solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, y el responsable debe responder en el plazo de un mes desde la recepción, prorrogable otros dos meses cuando sea necesario atendiendo a la complejidad y el número de solicitudes (art. 12 RGPD).
El responsable y el encargado del tratamiento
El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del tratamiento (en el sector público, típicamente la propia Administración titular de la actividad de tratamiento); si dos o más responsables determinan conjuntamente los fines y medios, son corresponsables (art. 26 RGPD). El encargado es quien trata datos personales por cuenta del responsable (por ejemplo, una empresa externa contratada para un servicio informático que implique acceso a datos); su relación se rige por un contrato u otro acto jurídico que fije el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos y las obligaciones del encargado (art. 28 RGPD y art. 33 LOPDGDD). El encargado solo trata los datos siguiendo instrucciones del responsable; si los destina a otros fines o los comunica, pasa a ser considerado responsable.
Obligaciones del responsable: seguridad, brechas y registro
El responsable debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo y debe aplicar la protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD). En caso de violación de la seguridad de los datos personales, debe notificarlo a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, en un plazo máximo de 72 horas desde que tuvo constancia, salvo que sea improbable que suponga riesgo para los derechos y libertades; si el riesgo es alto, debe además comunicarlo a los afectados (arts. 33 y 34 RGPD). El Registro de Actividades de Tratamiento (art. 30 RGPD) recoge, entre otros extremos, los fines del tratamiento, las categorías de interesados y de datos, los destinatarios y los plazos de supresión. En el caso de las Administraciones Públicas y demás entidades del art. 77.1 LOPDGDD, el art. 31.2 de esta ley obliga a hacer público, por medios electrónicos, un inventario de sus actividades de tratamiento.
La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD)
Cuando un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, entrañe probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable debe realizar, antes de iniciarlo, una evaluación de impacto (art. 35 RGPD), recabando el asesoramiento del Delegado de Protección de Datos. Es obligatoria, entre otros supuestos, en la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en tratamiento automatizado (perfiles), en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos y en la observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público. Si la evaluación indica que el tratamiento entrañaría un alto riesgo que el responsable no puede mitigar, debe consultar a la autoridad de control con carácter previo (art. 36 RGPD).
El Delegado de Protección de Datos (DPD): designación
El RGPD (art. 37.1) y la LOPDGDD (art. 34) obligan a designar un Delegado de Protección de Datos en el caso de autoridades y organismos públicos, salvo los tribunales cuando actúan en el ejercicio de su función judicial, y en otros supuestos (tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, y un listado de entidades que recoge el art. 34.1 LOPDGDD). Puede designarse un único DPD para varias autoridades u organismos públicos teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño (art. 37.3 RGPD). El DPD debe ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos; puede formar parte de la plantilla o desempeñar sus funciones en virtud de un contrato de servicios. La designación se comunica a la autoridad de control competente (art. 34.3 LOPDGDD) y se publican sus datos de contacto.
Posición y funciones del Delegado de Protección de Datos
El DPD actúa con independencia: no recibe instrucciones en lo que respecta al desempeño de sus funciones, informa directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado y no puede ser destituido ni sancionado por desempeñarlas, salvo que incurra en dolo o negligencia grave en su ejercicio (art. 38 RGPD y art. 36 LOPDGDD). Sus funciones (art. 39 RGPD) consisten en informar y asesorar al responsable o encargado y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben; supervisar el cumplimiento de la normativa y de las políticas internas, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal y las auditorías; ofrecer el asesoramiento que se le solicite sobre la evaluación de impacto y supervisar su aplicación; cooperar con la autoridad de control; y actuar como punto de contacto de la autoridad de control para las cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa. Los interesados pueden contactar con el DPD para todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos y al ejercicio de sus derechos.
Autoridades de control: la AEPD
La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad administrativa independiente de ámbito estatal que supervisa la aplicación del RGPD y de la LOPDGDD (Título VII LOPDGDD). Ejerce, entre otras, funciones de investigación, de autorización, de sanción y de promoción. Algunas Comunidades Autónomas cuentan con autoridades propias con competencia sobre sus entidades públicas y su ámbito (por ejemplo, la Agencia Vasca de Protección de Datos o la Autoridad Catalana de Protección de Datos). La Comunidad de Madrid carece de agencia propia de protección de datos (la anterior Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid fue suprimida en 2013), por lo que las reclamaciones sobre tratamientos de las entidades públicas madrileñas se dirigen a la AEPD.
Infracciones y sanciones del régimen general
El RGPD (art. 83) establece dos niveles de multas administrativas: hasta 10.000.000 de euros o, tratándose de una empresa, el 2% del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior (la cuantía mayor) para infracciones como el incumplimiento de las obligaciones del responsable y del encargado (por ejemplo, seguridad o nombramiento del DPD); y hasta 20.000.000 de euros o el 4% del volumen de negocio (la cuantía mayor) para infracciones de los principios básicos del tratamiento, de las condiciones del consentimiento, de los derechos de los interesados o de las transferencias internacionales. La LOPDGDD clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves (arts. 72 a 74), con prescripción de tres, dos y un año, respectivamente.
Especialidades del tratamiento de datos en el sector público
Las Administraciones Públicas pueden tratar datos sin consentimiento cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, con el apoyo de una norma de Derecho de la Unión o del Estado con rango de ley (art. 6.1.c y e RGPD y art. 8 LOPDGDD). El consentimiento sigue siendo necesario para otros tratamientos (por ejemplo, comunicaciones voluntarias con los ciudadanos). Las AAPP están sujetas al Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo) para las medidas de seguridad de los sistemas de información, según prevé la disposición adicional primera de la LOPDGDD. Además, están obligadas a publicar el inventario de actividades de tratamiento (art. 31.2) y a designar DPD.
Régimen sancionador aplicable a las Administraciones Públicas (art. 77 LOPDGDD)
El art. 77 LOPDGDD establece un régimen específico para determinadas categorías de responsables y encargados, entre ellos los órganos constitucionales, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, las autoridades administrativas independientes, las corporaciones de derecho público cuando los fines del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público, las universidades públicas y los consorcios. Cuando cometan alguna infracción, la autoridad de protección de datos dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento y estableciendo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción. La resolución se notifica al responsable, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados, y se comunica al Defensor del Pueblo. Si hay indicios suficientes, se propone la iniciación de actuaciones disciplinarias del personal responsable. No se imponen multas económicas a estas entidades en el régimen del art. 77.
El principio de responsabilidad proactiva (accountability)
Más allá de cumplir formalmente los principios del tratamiento, el responsable debe ser capaz de demostrar dicho cumplimiento en cualquier momento (art. 5.2 RGPD). En la práctica, esto implica mantener documentación interna suficiente: el Registro de Actividades de Tratamiento, las evaluaciones de impacto realizadas, los contratos de encargo del tratamiento suscritos, los protocolos de gestión de brechas y la aplicación de la protección de datos desde el diseño y por defecto en cada nuevo tratamiento o sistema de información.
Datos de personas fallecidas y otros supuestos específicos
La LOPDGDD (art. 3) permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, puedan solicitar el acceso a los datos del fallecido y, en su caso, su rectificación o supresión, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente. Entre los tratamientos específicos regulados se encuentran los datos de contacto y de empresarios individuales (art. 19), los sistemas de información crediticia (art. 20), la videovigilancia (art. 22), los sistemas de exclusión publicitaria (art. 23) y los sistemas de información de denuncias internas (art. 24). La videovigilancia, por ejemplo, exige informar con un dispositivo en lugar visible y, en general, no se conservan las imágenes más de un mes, salvo para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Publicidad activa = obligación de publicar de oficio (institucional, jurídica, económica); derecho de acceso = solicitud del ciudadano sobre información concreta que obra en poder de los sujetos obligados. Son dos mecanismos distintos de la misma Ley 19/2013.
Plazo de resolución del derecho de acceso: 1 mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable 1 mes más por volumen o complejidad; el silencio es NEGATIVO (desestimatorio).
Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa, previa a la vía contencioso-administrativa, sustitutiva de los recursos administrativos; plazo de interposición de 1 mes y de resolución de 3 meses.
Datos especialmente protegidos (art. 15 Ley 19/2013): ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso Y POR ESCRITO; origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos e infracciones no sancionadas con amonestación pública exigen consentimiento expreso o norma con rango de ley.
Entidades privadas sujetas a publicidad activa: perciben más de 100.000 euros en ayudas públicas, o al menos el 40% de sus ingresos anuales son ayudas públicas (con un mínimo de 5.000 euros).
La solicitud de acceso NO exige motivación; la información se da de forma gratuita, aunque las copias pueden devengar tasas.
En la Comunidad de Madrid rige la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación, y las reclamaciones se dirigen al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
El DPD es obligatorio en las Administraciones Públicas y organismos públicos (salvo tribunales en ejercicio de función judicial), actúa con independencia funcional y no recibe instrucciones sobre el ejercicio de sus funciones.
Brecha de seguridad: notificación a la autoridad de control en 72 horas desde que se tuvo constancia, salvo que sea improbable el riesgo; si el riesgo es alto, también se comunica a los afectados.
Menores: el consentimiento propio es válido a partir de los 14 años (art. 7 LOPDGDD).
Derechos RGPD: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, además de no ser objeto de decisiones automatizadas; respuesta en 1 mes, prorrogable otros 2.
Sector público: base jurídica habitual = cumplimiento de obligación legal o misión de interés público, no el consentimiento; el interés legítimo no se aplica a las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones.
Régimen sancionador del art. 77 LOPDGDD: para las AAPP la AEPD sanciona con apercibimiento y medidas correctoras, no con multa económica; puede proponerse el inicio de actuaciones disciplinarias.
El Registro de Actividades de Tratamiento no es meramente interno en el sector público: las AAPP deben publicar por medios electrónicos un inventario de sus actividades de tratamiento (art. 31.2 LOPDGDD).
La EIPD es obligatoria cuando el tratamiento entraña probablemente un alto riesgo; si el riesgo no puede mitigarse, hay que realizar consulta previa a la autoridad de control.
Multas del RGPD: hasta 10 millones o 2% del volumen de negocio; hasta 20 millones o 4%. No se aplican a las Administraciones Públicas.
Transparencia (control democrático de la actividad pública) y reutilización de la información del sector público (explotación económica o social de datos abiertos) son normativas y objetivos diferentes.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según la Ley 19/2013, el plazo máximo para resolver y notificar una solicitud de acceso a la información pública es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 8 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
Este tema agrupa dos normas que, aunque de objeto distinto, comparten el propósito de reforzar la relación de confianza entre la ciudadanía y las Administraciones: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (que obliga a publicar información de oficio, reconoce un derecho de acceso a la información pública y fija principios de buen gobierno), con su desarrollo autonómico en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que completa el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y ordena el tratamiento de datos personales que las Administraciones manejan constantemente. Para un Auxiliar Administrativo, que gestiona documentos y atiende solicitudes de la ciudadanía, ambas normas son de aplicación práctica diaria. Hay que saber distinguir publicidad activa y derecho de acceso, conocer el procedimiento y los plazos de acceso, los principios y derechos de protección de datos, las figuras del responsable, el encargado y el Delegado de Protección de Datos, y las especialidades del sector público.
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
Publicidad activa = obligación de publicar de oficio (institucional, jurídica, económica); derecho de acceso = solicitud del ciudadano sobre información concreta que obra en poder de los sujetos obligados. Son dos mecanismos distintos de la misma Ley 19/2013. Plazo de resolución del derecho de acceso: 1 mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable 1 mes más por volumen o complejidad; el silencio es NEGATIVO (desestimatorio). Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa, previa a la vía contencioso-administrativa, sustitutiva de los recursos administrativos; plazo de interposición de 1 mes y de resolución de 3 meses. Datos especialmente protegidos (art. 15 Ley 19/2013): ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso Y POR ESCRITO; origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos e infracciones no sancionadas con amonestación pública exigen consentimiento expreso o norma con rango de ley. Entidades privadas sujetas a publicidad activa: perciben más de 100.000 euros en ayudas públicas, o al menos el 40% de sus ingresos anuales son ayudas públicas (con un mínimo de 5.000 euros). La solicitud de acceso NO exige motivación; la información se da de forma gratuita, aunque las copias pueden devengar tasas. En la Comunidad de Madrid rige la Ley 10/2019, de Transparencia y de Participación, y las reclamaciones se dirigen al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El DPD es obligatorio en las Administraciones Públicas y organismos públicos (salvo tribunales en ejercicio de función judicial), actúa con independencia funcional y no recibe instrucciones sobre el ejercicio de sus funciones. Brecha de seguridad: notificación a la autoridad de control en 72 horas desde que se tuvo constancia, salvo que sea improbable el riesgo; si el riesgo es alto, también se comunica a los afectados. Menores: el consentimiento propio es válido a partir de los 14 años (art. 7 LOPDGDD). Derechos RGPD: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, además de no ser objeto de decisiones automatizadas; respuesta en 1 mes, prorrogable otros 2. Sector público: base jurídica habitual = cumplimiento de obligación legal o misión de interés público, no el consentimiento; el interés legítimo no se aplica a las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. Régimen sancionador del art. 77 LOPDGDD: para las AAPP la AEPD sanciona con apercibimiento y medidas correctoras, no con multa económica; puede proponerse el inicio de actuaciones disciplinarias. El Registro de Actividades de Tratamiento no es meramente interno en el sector público: las AAPP deben publicar por medios electrónicos un inventario de sus actividades de tratamiento (art. 31.2 LOPDGDD). La EIPD es obligatoria cuando el tratamiento entraña probablemente un alto riesgo; si el riesgo no puede mitigarse, hay que realizar consulta previa a la autoridad de control. Multas del RGPD: hasta 10 millones o 2% del volumen de negocio; hasta 20 millones o 4%. No se aplican a las Administraciones Públicas. Transparencia (control democrático de la actividad pública) y reutilización de la información del sector público (explotación económica o social de datos abiertos) son normativas y objetivos diferentes.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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