Tema 10. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades. Situaciones administrativas. Sistema de retribuciones. Régimen disciplinario. Especial referencia a la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es la norma marco que fija las reglas comunes a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas españolas, con independencia de la Administración concreta a la que pertenezcan. Para un Auxiliar Administrativo de la Comunidad de Madrid este tema es doblemente relevante: describe el régimen jurídico bajo el que prestará servicio (cómo se accede a la función pública, qué derechos y deberes tiene, cómo se le retribuye o sanciona) y es materia de examen recurrente por su carácter básico. Conecta con la norma autonómica propia, la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. El TREBEP ha sido modificado en varias ocasiones, entre otras por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que afecta sobre todo a los funcionarios interinos.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, TREBEP: objeto y ámbito de aplicación
El TREBEP tiene por objeto (art. 1) establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como de los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas y de las Universidades Públicas (art. 2). Se rigen por su legislación específica, y solo supletoriamente por el TREBEP, el personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas autonómicas, el personal de los órganos constitucionales del Estado, el personal de la Administración de Justicia, el personal militar de las Fuerzas Armadas, el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros (art. 4).
Clases de empleados públicos
Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. El art. 8.2 los clasifica en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. El personal directivo profesional se regula en el art. 13 como una categoría con características propias. Los funcionarios de carrera (art. 9) están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Los funcionarios interinos (art. 10) son los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. El personal laboral (art. 11) es el que presta servicios en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito. El personal eventual (art. 12) realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
Los funcionarios interinos
Los supuestos de nombramiento de funcionarios interinos (art. 10) son: la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; la sustitución transitoria de los titulares; la ejecución de programas de carácter temporal, con duración máxima de tres años ampliable doce meses más; y el exceso o acumulación de tareas por un plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. El cese se produce, entre otras causas, cuando finalizan las causas que dieron lugar al nombramiento. En el caso de vacante, el nombramiento no puede superar tres años desde su nombramiento, salvo que se haya convocado y quedado desierto el proceso selectivo. La Ley 20/2021 introdujo medidas para evitar la temporalidad abusiva y previó una compensación económica para quienes cesen por no superar el proceso de estabilización o por superar los plazos máximos de permanencia. Los interinos se rigen por las normas de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a su naturaleza.
El personal laboral y el personal eventual
El personal laboral se rige, además de por la legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del TREBEP que así lo dispongan (art. 7). Puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal (art. 11). El personal eventual (art. 12) ocupa puestos de trabajo considerados de confianza o asesoramiento especial no reservados a funcionarios, que figuran con este carácter en las correspondientes plantillas; su nombramiento y cese son libres y se produce, en todo caso, cuando cesa la autoridad a la que se presta la función de confianza o asesoramiento. No puede ocupar puestos reservados a funcionarios ni sirve de mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna.
El personal directivo profesional
Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración (art. 13). Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Las condiciones de empleo serán las que fije cada Administración.
Grupos y subgrupos de clasificación profesional
Los cuerpos y escalas de funcionarios se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el ingreso, en los siguientes grupos (art. 76): Grupo A, dividido en dos subgrupos, A1 y A2 (título universitario de Grado, o equivalente); Grupo B (título de Técnico Superior); Grupo C, dividido en los subgrupos C1 (Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). Existen además las agrupaciones profesionales (disposición adicional sexta), para cuyo ingreso no se exige titulación alguna. El cuerpo auxiliar de la Comunidad de Madrid al que corresponde este temario se encuadra en el subgrupo C2.
Principios del acceso al empleo público y requisitos generales
El acceso al empleo público se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE) y por los siguientes (art. 55 TREBEP): publicidad de las convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección; adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad. Los requisitos generales (art. 56) son: tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea (con las excepciones y extensiones previstas, por ejemplo, a cónyuges y descendientes); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos; y poseer la titulación exigida.
Sistemas selectivos y órganos de selección
Los procesos selectivos de funcionarios de carrera (art. 61) serán los de oposición y concurso-oposición, que deberán incluir en todo caso una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solamente en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el concurso de valoración de méritos. Los órganos de selección (art. 60) serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
Adquisición de la condición de funcionario de carrera
Según el art. 62 TREBEP, la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: superación del proceso selectivo; nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Si no se toma posesión en el plazo señalado sin causa justificada, se pierden todos los derechos derivados de la superación del proceso selectivo y del subsiguiente nombramiento conferido.
Pérdida de la condición de funcionario de carrera
Según el art. 63 TREBEP, la condición de funcionario de carrera se pierde por: renuncia a la condición de funcionario; pérdida de la nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56; sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme; y jubilación total del funcionario. La renuncia (art. 64) no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido, y no procede cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o se haya dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. El TREBEP regula también la rehabilitación de la condición de funcionario (art. 68).
La jubilación
La jubilación del funcionario (art. 67) puede ser voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad; no obstante, puede solicitarse la prolongación de la permanencia en el servicio activo, que se concede siempre que se acredite la capacidad para el ejercicio de la función, hasta un máximo de setenta años. Los funcionarios a los que sea de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social se rigen por esta normativa en cuanto a la edad y los requisitos de la pensión.
Derechos individuales de los funcionarios
El art. 14 TREBEP enumera, entre otros, los derechos de los empleados públicos: a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio; a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar; a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones; a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales; al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo; a la no discriminación; a las vacaciones, descansos, permisos y licencias; a la jubilación según los términos y condiciones establecidos en las normas aplicables; a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital; y a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
Derechos individuales ejercidos colectivamente
Según el art. 15 TREBEP, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; y derecho de reunión, en los términos establecidos en el art. 46 TREBEP y en el resto de la normativa aplicable.
Representación y negociación colectiva
Los órganos específicos de representación del personal funcionario son los delegados de personal y las juntas de personal (arts. 39 y siguientes). Los delegados de personal representan a los funcionarios en las unidades electorales que cuenten con un censo de entre seis y cuarenta y nueve trabajadores; las juntas de personal, en las unidades con cincuenta o más funcionarios. La negociación colectiva (arts. 31 y siguientes) se desarrolla en Mesas de Negociación, y sus resultados se instrumentan en pactos y acuerdos (art. 38), que pueden afectar a las condiciones de trabajo de todo el personal funcionario o laboral. Existe una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
Deberes de los empleados públicos y código de conducta
El Título III (arts. 52 a 54) contiene el código de conducta de los empleados públicos. Según el art. 52, los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Los principios éticos (art. 53) y los principios de conducta (art. 54) desarrollan esos valores; el incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. Los principios de este Título se aplican, en lo que proceda, también al personal laboral.
Incompatibilidades
El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas se regula en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Su principio general es que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no puede compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, ni percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos públicos, salvo excepciones tasadas. Para ejercer actividades privadas se requiere el reconocimiento previo de compatibilidad, que no se concede al personal que perciba complemento específico o concepto equiparable cuando este supere el 30% de sus retribuciones básicas, excluida la antigüedad, entre otros límites. Existen actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades (por ejemplo, la administración del patrimonio personal o familiar, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y la participación en seminarios y cursos de formación).
Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera
Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera (art. 85 TREBEP) son: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. El servicio activo (art. 86) es la situación normal, con desempeño efectivo de las funciones del puesto. Los servicios especiales se declaran en los supuestos del art. 87, entre ellos, ser autorizado para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, ser nombrado miembro del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, adquirir la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembro de las asambleas autonómicas, y otros supuestos legalmente previstos. Los funcionarios en servicios especiales perciben las retribuciones del puesto que desempeñen, y se les reconoce el tiempo como de servicio activo a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos. El servicio en otras Administraciones Públicas se produce cuando el funcionario obtiene destino en otra Administración mediante procesos de transferencias o de provisión.
La excedencia
La excedencia (art. 89 TREBEP) puede ser voluntaria por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género o por razón de violencia terrorista; también existe la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. La excedencia por interés particular exige haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores; no se devengan retribuciones ni se computa el tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos. La excedencia por agrupación familiar se concede a los funcionarios cuyo cónyuge o pareja resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, sin exigirse un mínimo de servicios previos. La excedencia por cuidado de familiares comprende un periodo no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, y no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, con computo del tiempo a efectos de antigüedad.
La suspensión de funciones
La suspensión de funciones puede ser provisional o firme (art. 90 TREBEP). La provisional se acuerda como medida cautelar durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario. La suspensión firme se impone en ejecución de sentencia o de sanción disciplinaria; si es por tiempo superior a seis meses, determina la pérdida del puesto de trabajo, sin que en ningún caso pueda exceder de seis años. El funcionario suspenso no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos, agencias, entidades de derecho público o sociedades vinculados o dependientes de ellas durante el tiempo de duración de la suspensión, y pierde sus derechos retributivos, salvo el derecho a percibir las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Sistema de retribuciones: retribuciones básicas
Las retribuciones de los funcionarios de carrera son básicas y complementarias (art. 21 y siguientes). Las retribuciones básicas (art. 23) integran el sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional en que se organizan los cuerpos y escalas; los trienios, que consisten en una cantidad igual para cada subgrupo o grupo, por cada tres años de servicio; y las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre. La cuantía de las retribuciones básicas y su incremento general las fija anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que además establece el marco al que debe ajustarse el incremento de las retribuciones del personal de todas las Administraciones.
Retribuciones complementarias
Las retribuciones complementarias (art. 24) se fijan atendiendo a: la progresión alcanzada dentro del sistema de carrera administrativa (complemento de carrera); la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad del puesto de trabajo (complemento específico); el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o los resultados obtenidos (complemento de productividad); y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo (gratificaciones, que en ningún caso serán fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo). Además, el complemento de destino retribuye el nivel del puesto de trabajo que se desempeña. Cada Administración determina su estructura dentro del marco fijado por la Ley de Presupuestos.
Carrera profesional y promoción
Los funcionarios de carrera pueden progresar en su carrera profesional según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la aplicación de alguna o algunas de las modalidades siguientes (art. 16): carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo; carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo; promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo a otro superior; y promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. La carrera, además, debe vincularse a la evaluación del desempeño.
La evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño (art. 20 TREBEP) es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Los sistemas de evaluación se adecuarán a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Los resultados pueden tener efectos en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y la percepción de las retribuciones complementarias previstas. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación, de acuerdo con los sistemas de evaluación del desempeño que cada Administración Pública determine.
Provisión de puestos de trabajo y movilidad
Las Administraciones Públicas proveen los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 78). Los procedimientos ordinarios son el concurso, que consiste en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, y es el sistema normal de provisión (art. 79), y la libre designación con convocatoria pública, para puestos de especial responsabilidad y confianza, con cese discrecional (art. 80). La movilidad de los funcionarios puede producirse también por razón de violencia de género o de violencia terrorista, que da derecho a ocupar un puesto en otra localidad (art. 82).
Vacaciones, permisos y licencias
Los empleados públicos tienen derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor (art. 50). Los permisos (arts. 48 y 49) incluyen, entre otros, el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar, el permiso por traslado de domicilio, el permiso para realizar funciones sindicales o de representación del personal, el permiso por asuntos particulares, y los permisos por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento: el permiso por nacimiento para la madre biológica y para el progenitor distinto de la madre biológica es de diecinueve semanas tras el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, y de treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad: las seis primeras de disfrute obligatorio e ininterrumpido inmediatamente posteriores al parto o resolución judicial o administrativa, once voluntarias en períodos semanales hasta los doce meses del menor y dos hasta que cumpla ocho años.
Régimen disciplinario: sujetos y faltas muy graves
Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII y en las normas que los desarrollen (art. 93). Constituyen faltas muy graves (art. 95.2), entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que se tienen encomendadas; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas; la violación de la neutralidad o independencia políticas; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga; el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga; la participación en huelgas por quienes tengan expresamente prohibido ese derecho; los actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, ideas y opiniones; haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un año; y el acoso laboral.
Faltas graves y leves y graduación de las sanciones
Las faltas graves y leves se establecen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o por convenio colectivo en el caso del personal laboral, atendiendo a los siguientes criterios (art. 95.3): el grado en que se haya vulnerado la legalidad; la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos; y el descrédito para la imagen pública de la Administración causado por la conducta. El alcance de cada sanción (art. 96.3) se establece teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, cuantificación de los perjuicios causados, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. En la práctica, en defecto de desarrollo completo, se acude supletoriamente al Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986, de 10 de enero) en lo que no se oponga al TREBEP.
Sanciones disciplinarias, prescripción y procedimiento
Las sanciones que pueden imponerse (art. 96) son: separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento; despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca; demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; apercibimiento; y cualquier otra que se establezca por ley. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves, a los tres años; por faltas graves, a los dos años; y por faltas leves, al año (art. 97). No se puede imponer sanción por la comisión de faltas graves o muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, con presunción de inocencia, audiencia del interesado y separación entre la fase instructora y la sancionadora (art. 98); en las leves, el procedimiento será sumario, con audiencia del interesado. Durante el procedimiento puede adoptarse la suspensión provisional, que no puede exceder de seis meses salvo paralización por causa imputable al interesado.
El teletrabajo
El art. 47 bis TREBEP, introducido por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. La modalidad tiene carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados, y se autoriza expresamente. El personal en teletrabajo mantiene los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que presta servicios en modalidad presencial, incluyendo el derecho a la prevención de riesgos laborales. La Administración debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios, y cada Administración regula las condiciones de su aplicación; la Comunidad de Madrid lo ha desarrollado mediante su normativa propia.
La Ley 1/1986, de Función Pública de la Comunidad de Madrid: objeto y estructura
La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, es la norma autonómica de cabecera en materia de función pública madrileña, aunque ha sido modificada en numerosas ocasiones y sus preceptos deben leerse a la luz del TREBEP, que es norma básica y prevalece. Regula el ámbito de aplicación, la organización de la función pública madrileña (cuerpos, escalas y especialidades, relaciones de puestos de trabajo), la selección del personal, la provisión de puestos de trabajo, las situaciones administrativas propias y el régimen retributivo y disciplinario del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, siempre dentro del marco básico estatal. Conviene comprobar en el BOCM la versión consolidada y la posible existencia de normas autonómicas posteriores que la desarrollen o la sustituyan.
Ámbito de aplicación y clases de personal en la Comunidad de Madrid
La Ley 1/1986 se aplica al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus organismos autónomos, con las peculiaridades que establece para determinados colectivos (por ejemplo, el personal docente, el estatutario de los servicios de salud o el de la Asamblea de Madrid), que se rigen por su legislación específica y solo supletoriamente por la ley. Siguiendo el esquema del TREBEP, el personal puede ser funcionario de carrera, funcionario interino, personal eventual o personal laboral, y los funcionarios se organizan en cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades, clasificados por grupos y subgrupos de titulación (A1, A2, C1, C2) y agrupaciones profesionales.
Instrumentos de ordenación del empleo público
La ordenación del personal se articula mediante instrumentos como la relación de puestos de trabajo (RPT), que es el instrumento técnico por el que se racionaliza la estructura de puestos y se determinan sus requisitos y retribuciones complementarias, la oferta de empleo público, que fija las plazas que se convocan a procesos selectivos durante el año, y los planes de ordenación de recursos humanos (arts. 69 y siguientes TREBEP). Las plazas vacantes dotadas presupuestariamente cuya cobertura se considere necesaria se incluyen en la oferta de empleo público, que debe ejecutarse dentro del plazo improrrogable de tres años (art. 70 TREBEP).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El TREBEP es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; modificado por la Ley 20/2021 (reducción de la temporalidad) y otras normas.
Clases de empleados públicos (art. 8): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. El personal directivo profesional se regula aparte (art. 13).
Adquisición de la condición de funcionario de carrera (art. 62): superación del proceso selectivo, nombramiento publicado, acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo. Cuatro requisitos sucesivos.
Pérdida de la condición (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación absoluta o especial firme. La suspensión de funciones NO hace perder la condición de funcionario.
La renuncia no inhabilita para un nuevo ingreso, pero no cabe si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento o apertura de juicio oral por delito.
Jubilación forzosa a los 65 años, con posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo hasta los 70.
Interinos (art. 10): vacante (máximo 3 años), sustitución, programa temporal (3 años + 12 meses) y exceso o acumulación de tareas (6 meses en 12).
Personal eventual: confianza o asesoramiento especial; nombramiento y cese libres; cesa con la autoridad que lo nombró; no cuenta como mérito para el acceso.
Sistemas selectivos (art. 61): oposición y concurso-oposición; el concurso de solo méritos es excepcional y requiere ley.
Los interinos, el personal eventual y el de designación política no pueden formar parte de los órganos de selección (art. 60).
Grupos (art. 76): A1, A2, B, C1, C2 y agrupaciones profesionales; el C2 exige la ESO.
Retribuciones básicas: sueldo, trienios y dos pagas extraordinarias al año. Complementarias: carrera, específico, productividad y gratificaciones, además del complemento de destino.
Faltas muy graves prescriben a los 3 años, graves a los 2 y leves a los 6 meses; sanciones por muy graves a los 3 años, graves a los 2 y leves al año.
Suspensión firme: máximo 6 años; si dura más de 6 meses, hace perder el puesto de trabajo.
Excedencia por cuidado de hijo: hasta 3 años; cuidado de familiar hasta 2º grado: hasta 2 años; excedencia por interés particular: 5 años de servicios previos.
Vacaciones: 22 días hábiles al año. Permiso por nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias tras el parto.
Incompatibilidades: Ley 53/1984; no se reconoce compatibilidad para actividades privadas si el complemento específico supera el 30% de las retribuciones básicas (sin antigüedad).
La Ley 1/1986 sigue siendo la norma autonómica de referencia de la función pública madrileña, aplicada a la luz del TREBEP; verificar en el BOCM la versión consolidada.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 62 TREBEP, NO es requisito para adquirir la condición de funcionario de carrera:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es la norma marco que fija las reglas comunes a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas españolas, con independencia de la Administración concreta a la que pertenezcan. Para un Auxiliar Administrativo de la Comunidad de Madrid este tema es doblemente relevante: describe el régimen jurídico bajo el que prestará servicio (cómo se accede a la función pública, qué derechos y deberes tiene, cómo se le retribuye o sanciona) y es materia de examen recurrente por su carácter básico. Conecta con la norma autonómica propia, la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid. El TREBEP ha sido modificado en varias ocasiones, entre otras por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que afecta sobre todo a los funcionarios interinos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
El TREBEP es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; modificado por la Ley 20/2021 (reducción de la temporalidad) y otras normas. Clases de empleados públicos (art. 8): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. El personal directivo profesional se regula aparte (art. 13). Adquisición de la condición de funcionario de carrera (art. 62): superación del proceso selectivo, nombramiento publicado, acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo. Cuatro requisitos sucesivos. Pérdida de la condición (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación absoluta o especial firme. La suspensión de funciones NO hace perder la condición de funcionario. La renuncia no inhabilita para un nuevo ingreso, pero no cabe si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento o apertura de juicio oral por delito. Jubilación forzosa a los 65 años, con posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo hasta los 70. Interinos (art. 10): vacante (máximo 3 años), sustitución, programa temporal (3 años + 12 meses) y exceso o acumulación de tareas (6 meses en 12). Personal eventual: confianza o asesoramiento especial; nombramiento y cese libres; cesa con la autoridad que lo nombró; no cuenta como mérito para el acceso. Sistemas selectivos (art. 61): oposición y concurso-oposición; el concurso de solo méritos es excepcional y requiere ley. Los interinos, el personal eventual y el de designación política no pueden formar parte de los órganos de selección (art. 60). Grupos (art. 76): A1, A2, B, C1, C2 y agrupaciones profesionales; el C2 exige la ESO. Retribuciones básicas: sueldo, trienios y dos pagas extraordinarias al año. Complementarias: carrera, específico, productividad y gratificaciones, además del complemento de destino. Faltas muy graves prescriben a los 3 años, graves a los 2 y leves a los 6 meses; sanciones por muy graves a los 3 años, graves a los 2 y leves al año. Suspensión firme: máximo 6 años; si dura más de 6 meses, hace perder el puesto de trabajo. Excedencia por cuidado de hijo: hasta 3 años; cuidado de familiar hasta 2º grado: hasta 2 años; excedencia por interés particular: 5 años de servicios previos. Vacaciones: 22 días hábiles al año. Permiso por nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas obligatorias tras el parto. Teletrabajo (art. 47 bis): voluntario y reversible, salvo supuestos excepcionales justificados. Incompatibilidades: Ley 53/1984; no se reconoce compatibilidad para actividades privadas si el complemento específico supera el 30% de las retribuciones básicas (sin antigüedad). La Ley 1/1986 sigue siendo la norma autonómica de referencia de la función pública madrileña, aplicada a la luz del TREBEP; verificar en el BOCM la versión consolidada.
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Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas.
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
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