Tema 7. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Su organización. Las partes. Actos impugnables. Las fases principales del procedimiento contencioso-administrativo.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la vía judicial (distinta y posterior a los recursos administrativos) a través de la cual los tribunales controlan la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas y de las disposiciones generales de rango inferior a la ley. Se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Su organización ha sido afectada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por Secciones integradas en los nuevos Tribunales de Instancia, con una implantación progresiva por fases. Este tema exige conocer cuatro bloques: los órganos y su competencia, las partes (capacidad, legitimación y postulación), la actividad administrativa impugnable y las fases del procedimiento (interposición, expediente, demanda, contestación, prueba, conclusiones, sentencia, recursos y ejecución).
Concepto y objeto de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa conoce de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1 LJCA). El art. 2 LJCA concreta algunas materias: la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados de los actos discrecionales y la determinación de las indemnizaciones procedentes, los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de determinados contratos de poderes adjudicadores, y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación (pública o privada) de que derive. Es, por tanto, el control judicial ordinario y general de la actividad administrativa sujeta a Derecho Administrativo.
Alcance y exclusiones de la jurisdicción
También se sujetan a este orden jurisdiccional los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial de determinados órganos constitucionales y de relevancia constitucional (Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, entre otros), así como los actos administrativos de las Juntas Electorales. Por el contrario, no corresponden a este orden las cuestiones de naturaleza civil, penal o social, aunque estén relacionadas con la actividad administrativa, ni el recurso contencioso-disciplinario militar ni los conflictos jurisdiccionales entre los Juzgados y Tribunales y la Administración (art. 3 LJCA). Cuando para decidir sobre el objeto del recurso sea necesario resolver con carácter previo una cuestión de otro orden, el tribunal contencioso puede pronunciarse sobre ella solo a los efectos del proceso (cuestiones prejudiciales, art. 4 LJCA).
Órganos de la Jurisdicción: clasificación clásica de la LJCA
El art. 6 LJCA enumera los órganos del orden contencioso-administrativo: los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (de ámbito provincial), los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Los arts. 8 a 12 LJCA reparten entre ellos la competencia objetiva. Esta es la estructura que sigue describiendo la mayor parte de la bibliografía y de las preguntas de examen anteriores a 2025, por lo que conviene conocerla junto con la reforma de la LO 1/2025.
Reforma de la LO 1/2025: Tribunales de Instancia
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los antiguos Juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia, que se organizan internamente en Secciones especializadas por materias u órdenes (entre ellas, la Sección de lo Contencioso-Administrativo), con una implantación progresiva por fases. Cada Tribunal de Instancia agrupa a los jueces y juezas de un partido judicial; las resoluciones se siguen dictando por el magistrado o magistrada que corresponda dentro de la Sección, de modo que no deben confundirse los Tribunales de Instancia con los tribunales colegiados. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo mantienen su estructura y competencias. En el nuevo diseño los antiguos Juzgados Centrales pasan a integrarse en un Tribunal Central de Instancia con sede en la Audiencia Nacional.
Competencia de las Secciones de lo Contencioso-Administrativo (antiguos Juzgados)
A los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, hoy Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia, la LJCA les atribuye el conocimiento, en única o primera instancia, de los recursos contra actos de las entidades locales y de los órganos periféricos o de nivel inferior de las Administraciones estatal y autonómicas, en determinadas materias tasadas por su art. 8 (entre otras, personal al servicio de las Administraciones, extranjería, sanciones, propiedades especiales, tributos de cuantía limitada) y con los límites de cuantía o excepciones que establece cada apartado. Los antiguos Juzgados Centrales (art. 9) conocían de recursos contra actos de órganos centrales del Estado de nivel inferior a Ministro o Secretario de Estado en materias como personal o sanciones. Si no se recuerda el apartado exacto, la regla de examen es esta: las decisiones de menor rango y cuantía se revisan en primera instancia en este nivel; las de más rango, en las Salas.
Competencia de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ conocen en única instancia de los recursos contra los actos y disposiciones de los órganos de las Comunidades Autónomas, salvo que la competencia corresponda a los Juzgados (por ejemplo, actos del Consejo de Gobierno o de los Consejeros), y también de los recursos contra los actos y disposiciones de las entidades locales que no sean competencia de los Juzgados, así como de los recursos de apelación contra sentencias y autos de los Juzgados (art. 10 LJCA). Para la Comunidad de Madrid, el órgano relevante es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de los recursos contra disposiciones y actos de los Ministros y Secretarios de Estado, salvo cuando confirmen en vía de recurso o reclamación resoluciones de órganos inferiores, y de otros supuestos tasados (art. 11 LJCA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sala Tercera) conoce de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno, entre otros, y del recurso de casación en los términos de la Ley (art. 12 y arts. 86 y siguientes LJCA). El acceso a la casación está condicionado a que el asunto presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, y su admisión la decide la Sección de Admisión.
Competencia territorial
Con carácter general, es competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del acto originario impugnado (art. 14 LJCA). Existen fueros especiales: en materia de personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante puede elegir entre el órgano de su domicilio y el de la sede del autor del acto; en el caso de las disposiciones generales y de los actos de ámbito supraprovincial se aplican reglas propias. La competencia territorial se controla de oficio al inicio del proceso, pero no es improrrogable en todos los casos, a diferencia de la competencia objetiva y funcional.
Las partes: capacidad procesal y legitimación activa
Tienen capacidad procesal ante este orden jurisdiccional quienes la tienen conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores en defensa de derechos que puedan ejercer por sí mismos y, según el art. 18 LJCA, los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes o autónomos cuando la ley lo permita. La legitimación activa (art. 19.1 LJCA) corresponde a: las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos o entidades que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos; la Administración del Estado, para impugnar actos y disposiciones de las Administraciones autonómicas y locales en los términos legalmente previstos; las entidades de derecho público con personalidad propia vinculadas a o dependientes de las Administraciones, para impugnar los actos que afecten al ámbito de sus fines; el Ministerio Fiscal en los casos legalmente previstos; y cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes.
Límites a la legitimación: quién no puede recurrir
El art. 20 LJCA excluye que puedan interponer recurso contencioso-administrativo los órganos de la Administración contra la actividad de la propia Administración de la que forman parte, los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella, y los directivos o personas que ostenten cargos de representación de un órgano contra la actividad de la entidad en la que se integran, salvo que una ley lo autorice expresamente. Cuando la controversia surge entre dos Administraciones públicas, la LJCA impone un requerimiento previo de anulación o revocación del acto (art. 44), que se formula en el plazo de dos meses y suspende el cómputo del plazo para recurrir hasta que se resuelva o transcurra el plazo de un mes sin contestación.
Las partes: legitimación pasiva
Son parte demandada (art. 21 LJCA) la Administración Pública o el organismo o corporación de derecho público autor de la actividad administrativa impugnada; las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante (los llamados codemandados o interesados con posición procesal similar), que pueden personarse durante el plazo de emplazamiento; y las compañías aseguradoras de las Administraciones, que pueden ser demandadas junto con ellas cuando se ejercita una pretensión de responsabilidad patrimonial. Para que el proceso se desarrolle con todas las partes, la Administración emplaza a los interesados en el expediente, que pueden personarse en el plazo de nueve días (art. 49 LJCA).
Representación y defensa
Las partes han de comparecer representadas por procurador y asistidas de abogado, aunque pueden otorgar la representación y defensa a un solo abogado cuando se trate de procesos ante los Juzgados (hoy, Secciones de Instancia) y, en general, en los supuestos que establece el art. 23 LJCA. Las Administraciones Públicas actúan representadas y defendidas por sus letrados (en la Administración del Estado, por la Abogacía del Estado; en la Comunidad de Madrid, por los Servicios Jurídicos de la Comunidad), salvo que designen abogado colegiado. Por último, la gratuidad de la justicia (asistencia jurídica gratuita) se reconoce en los términos de su legislación específica.
Actos y disposiciones impugnables
El recurso contencioso-administrativo es admisible, según el art. 25 LJCA, frente a las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite; estos últimos, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. También es admisible frente a la inactividad de la Administración y a las actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Un acto puede ser impugnado directamente o, si se trata de una disposición general, indirectamente con ocasión de la impugnación de un acto de aplicación (impugnación indirecta de disposiciones generales, art. 26 LJCA).
Actos no susceptibles de recurso contencioso-administrativo
No son admisibles los recursos contra los actos de la Administración que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, ni contra los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma (art. 28 LJCA). La firmeza se produce por el mero transcurso de los plazos de impugnación sin haberlos ejercido: lo que no se recurrió en plazo ya no puede recurrirse. La LJCA contempla además la causa de inadmisibilidad del recurso por falta de jurisdicción o competencia, falta de legitimación, objeto no impugnable o interposición fuera de plazo (art. 69), y la desestimación o estimación del recurso cuando se aprecian infracciones de la legalidad (arts. 70 y 71).
Inactividad de la Administración y vía de hecho
Frente a la inactividad (art. 29 LJCA), quien tenga derecho a una prestación concreta y determinada que la Administración está obligada a realizar en virtud de una disposición general, un acto, contrato o convenio, puede reclamar su cumplimiento y, si transcurridos tres meses desde la reclamación no se ha cumplido, acudir a la vía contenciosa. Frente a la vía de hecho (art. 30 LJCA), es decir, la actuación material de la Administración sin título jurídico suficiente o con un acto manifiestamente ilegal, el interesado puede formular un requerimiento de cese a la Administración o recurrir directamente; si se formula requerimiento, dispone de diez días tras la negativa o el transcurso del plazo de diez días sin contestación, y si no se formula, de veinte días desde el inicio de la actuación (art. 46.3 LJCA).
Agotamiento de la vía administrativa y recursos previos
Solo son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa los actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 25 LJCA). Según la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa, entre otros: las resoluciones de los recursos de alzada, las de los procedimientos de impugnación alternativos, las dictadas por los órganos que carecen de superior jerárquico, las de los órganos máximos de los organismos públicos en los casos que determinan sus normas, y los demás actos que una disposición legal declare expresamente. Frente a un acto que no agota la vía administrativa es necesario interponer primero recurso de alzada, salvo que se opte por el recurso potestativo de reposición cuando proceda. El silencio administrativo permite acudir directamente a la vía contenciosa sin esperar una resolución expresa.
Fase de iniciación: escrito de interposición y plazos
El procedimiento en primera o única instancia se inicia mediante escrito de interposición (art. 45 LJCA), que puede limitarse a citar el acto o disposición recurridos y a acompañar los documentos que acrediten la representación y la legitimación (poder o designación, copia del acto, acuerdo de interponer recurso en el caso de personas jurídicas). Los defectos son subsanables en diez días. El plazo para interponer el recurso (art. 46 LJCA) es de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación o notificación del acto expreso que ponga fin a la vía administrativa; si el acto no fuera expreso, el plazo es de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el recurso contra la inactividad y la vía de hecho se aplican plazos especiales. En el cómputo, agosto es inhábil, salvo para el procedimiento de protección de derechos fundamentales.
Reclamación del expediente administrativo y emplazamientos
Admitido a trámite el recurso, el órgano judicial reclama a la Administración demandada el expediente administrativo (art. 48 LJCA), que debe remitirse completo, foliado y, en su caso, en formato electrónico, en el plazo improrrogable de veinte días desde que la comunicación tiene entrada en el registro del órgano. La Administración, al remitir el expediente, emplaza a quienes aparezcan como interesados para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días (art. 49). Con el expediente recibido, el tribunal lo pone de manifiesto al recurrente para que formalice la demanda.
Demanda y contestación
Recibido el expediente, se da traslado al recurrente para que formalice la demanda en el plazo de veinte días, plazo improrrogable (art. 52 LJCA), en la que debe consignar los hechos, los fundamentos de derecho y, de forma ordenada, sus pretensiones. Formalizada la demanda, se da traslado a las partes demandadas, junto con el expediente, para que la contesten en el plazo de veinte días (art. 54), pudiendo alegar cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración, e incluso alegaciones previas sobre inadmisibilidad del recurso (art. 58). Antes de la demanda, el recurrente puede solicitar que se amplíe el recurso a actos que hayan sido dictados mientras tanto (art. 36).
Prueba, vista o conclusiones
Si existen hechos controvertidos y estos son relevantes, se abre el período de prueba. La LJCA fija un plazo de quince días para proponer y de treinta días para practicar la prueba (art. 60), que se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concluida la prueba, o si no hubiera habido, el proceso puede resolverse mediante vista oral, si alguna de las partes lo solicita y el tribunal lo estima necesario, o mediante conclusiones escritas sucintas, que las partes presentan de forma sucesiva en el plazo de diez días cada una (art. 64). El tribunal puede acordar, además, diligencias finales de prueba cuando resulte necesario.
Sentencia
La sentencia debe dictarse en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso (art. 67 LJCA). El fallo puede ser de inadmisibilidad del recurso, de desestimación o de estimación (arts. 68 a 71). En caso de estimación, la sentencia anula el acto o disposición recurridos y, si se pidió, reconoce la situación jurídica individualizada y adopta las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, incluida la indemnización de daños y perjuicios (art. 71). Cuando se declara nula una disposición general, el fallo se publica en el mismo diario oficial en que se publicó aquella (art. 72), y los efectos de la anulación tienen alcance general, mientras que la anulación de un acto solo afecta a las partes.
Las pretensiones del recurso contencioso-administrativo
El recurrente puede pretender, además de la simple anulación del acto o disposición impugnados, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, incluida la indemnización de los daños y perjuicios. Frente a la inactividad de la Administración puede pretender que se condene a esta a realizar la prestación debida; frente a la vía de hecho, que se declare contraria a derecho y se ordene el cese de la actuación material y la adopción de las medidas necesarias (arts. 31 y 32 LJCA).
Medidas cautelares
En cualquier estado del proceso, e incluso antes de su iniciación, los interesados pueden solicitar la adopción de las medidas cautelares que aseguren la efectividad de la sentencia (arts. 129 a 136 LJCA). El criterio general es que la medida procede cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (art. 130.1), y se denegará cuando de la medida pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el juez ponderará de forma circunstanciada (art. 130.2). Existe un cauce de urgencia, las medidas cautelarísimas, que se adoptan inaudita parte cuando concurren circunstancias de especial urgencia (art. 135). La interposición del recurso no suspende automáticamente la ejecución del acto.
Procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) se aplica en los Juzgados (hoy Secciones de lo Contencioso-Administrativo de Instancia) a los asuntos cuya materia sea personal al servicio de las Administraciones, extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje o inadmisión de peticiones de asilo, y a los que no superen la cuantía de 30.000 euros, entre otros supuestos. Se inicia con una demanda sucinta; el Letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una vista en la que se concentran las alegaciones, la prueba y las conclusiones, frente a los trámites escritos sucesivos del procedimiento ordinario. La sentencia se dicta en un breve plazo desde la vista.
Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales
La LJCA contempla un procedimiento especial, sumario y preferente, para la protección de los derechos fundamentales de la persona reconocidos en los arts. 14 a 29 y 30.2 CE (arts. 114 a 122 LJCA). El plazo de interposición es de diez días y el Ministerio Fiscal es siempre parte. Se tramita con preferencia sobre los demás asuntos y su contenido se limita a determinar si se ha vulnerado el derecho fundamental.
Recursos contra providencias, autos y decretos
Contra las providencias y autos no susceptibles de apelación o casación cabe recurso de reposición ante el mismo órgano si es unipersonal, o recurso de súplica si se trata de un tribunal colegiado, en el plazo de cinco días (art. 79 LJCA). Contra los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia cabe el recurso directo de revisión. Estas vías ordinarias son distintas de los recursos devolutivos, que son la apelación y la casación, y del recurso extraordinario de revisión (art. 102), que procede contra sentencias firmes en los casos legalmente previstos.
Apelación
El recurso de apelación (arts. 80 a 85 LJCA) procede contra las sentencias y determinados autos de los Juzgados (hoy Secciones de Instancia) ante la Sala competente del TSJ, con las limitaciones de cuantía que establece el art. 81: no son apelables las sentencias dictadas en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros, salvo los supuestos expresamente previstos (por ejemplo, los relativos a materia de derechos fundamentales y los de impugnación indirecta de disposiciones generales). El escrito de interposición se presenta ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de quince días (art. 85.1).
Recurso de casación
La casación (arts. 86 a 93 LJCA) procede contra las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de los TSJ, y contra determinados autos, siempre que el asunto presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (art. 88). El recurso se prepara ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de treinta días y se interpone ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuya Sección de Admisión decide sobre su admisión (art. 90). No es una tercera instancia ordinaria. Además existe un recurso de casación autonómico ante la Sección de casación del TSJ cuando la infracción alegada se refiere exclusivamente a normas emanadas de la Comunidad Autónoma (art. 86.3), que no puede interponerse ante el Tribunal Supremo.
Ejecución de sentencias
Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en ellas se consignen, correspondiendo al órgano que hubiera conocido del asunto en primera o única instancia velar por su ejecución (arts. 103 y 104 LJCA). Cuando la sentencia es firme, el Letrado de la Administración de Justicia la comunica en diez días al órgano administrativo obligado para que la lleve a puro y debido efecto. Transcurridos dos meses desde esa comunicación sin que se haya cumplido, cualquiera de los interesados puede instar su ejecución forzosa. Cuando se condena al pago de cantidad líquida, la Administración dispone de tres meses (art. 106). El juez puede adoptar las medidas necesarias, incluidas multas coercitivas a la autoridad o empleado público responsable y la deducción de testimonio de particulares por delito de desobediencia (arts. 108 y 112).
Imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia
Si concurren causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia en sus propios términos, el órgano obligado debe manifestarlo al juez dentro del plazo previsto para su cumplimiento (art. 105.2 LJCA), a fin de que, con audiencia de las partes, se acuerde la forma de llevar a efecto el fallo y se fije, en su caso, la indemnización que proceda como forma sustitutoria de cumplimiento. No cabe suspender la ejecución ni declarar su inejecución total con carácter definitivo al margen de este cauce. Los órganos administrativos no pueden, por sí solos, modificar el fallo.
Costas procesales
En primera o única instancia, la LJCA sigue el criterio del vencimiento objetivo: se impondrán las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el órgano judicial aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho (art. 139.1). En los demás casos (estimación o desestimación parcial) cada parte abona las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que se aprecie temeridad o mala fe. En apelación y casación rige el criterio del vencimiento. El juez puede limitar la cuantía máxima de las costas repercutibles (art. 139.4).
Allanamiento, desistimiento y otras formas de terminación
El recurrente puede desistir del recurso en cualquier momento (art. 74 LJCA), y la Administración demandada puede allanarse total o parcialmente a las pretensiones (art. 75), en ambos casos con los controles judiciales que establece la ley para evitar usos fraudulentos en perjuicio del interés general. El proceso puede terminar también por reconocimiento total en vía administrativa de las pretensiones del demandante, por satisfacción extraprocesal y por convenio entre las partes (arts. 76 y 77). Estas formas de terminación se distinguen de la terminación ordinaria por sentencia.
Diferencia entre recurso administrativo y recurso contencioso-administrativo
El recurso administrativo (alzada, reposición, extraordinario de revisión) lo resuelve la propia Administración o su superior jerárquico, es previo a la vía judicial, gratuito y generalmente no suspende la ejecución del acto, salvo que se acuerde la suspensión. El recurso contencioso-administrativo lo resuelve un órgano judicial independiente, exige representación procesal y defensa técnica en los términos del art. 23 LJCA, puede generar condena en costas y su interposición no suspende automáticamente la ejecución del acto: la suspensión exige solicitar y obtener una medida cautelar.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LO 1/2025 sustituye los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por Secciones de lo Contencioso-Administrativo dentro de los Tribunales de Instancia, con implantación progresiva por fases. No confundir con las Salas de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que mantienen su estructura.
Plazo general de interposición del recurso: 2 meses desde la notificación o publicación del acto expreso; 6 meses desde la producción del acto presunto (silencio) (art. 46 LJCA).
Plazos de las fases del procedimiento ordinario: expediente 20 días, emplazamiento a interesados 9 días, demanda 20 días, contestación 20 días, prueba 15 días de proposición y 30 de práctica, conclusiones 10 días, sentencia 10 días.
El escrito de interposición no exige fundamentación inmediata; la demanda se formaliza después, cuando la Administración ha remitido el expediente.
El recurso de casación ante el Tribunal Supremo exige interés casacional objetivo y se filtra por la Sección de Admisión; no es una tercera instancia ordinaria.
Casación autonómica (art. 86.3 LJCA): ante el TSJ, solo cuando se alega infracción de normas autonómicas; la casación ante el Tribunal Supremo se reserva a normas estatales o de la Unión Europea.
Medidas cautelares: procede cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso (art. 130.1) y se deniegan si hay perturbación grave de los intereses generales o de tercero (art. 130.2). Las cautelarísimas se adoptan inaudita parte.
La interposición del recurso contencioso-administrativo NO suspende automáticamente la ejecución del acto.
Solo son recurribles en vía contenciosa los actos que ponen fin a la vía administrativa; contra los que no la agotan hay que interponer antes el recurso de alzada (o de reposición potestativo, si procede).
No son recurribles los actos reproducción de otros anteriores definitivos y firmes ni los confirmatorios de actos consentidos por no recurridos en plazo (art. 28 LJCA).
Procedimiento abreviado: personal, extranjería, dopaje, asilo y cuantía hasta 30.000 euros; vista oral única. Procedimiento ordinario: fases escritas sucesivas.
Sentencias de cuantía no superior a 30.000 euros no son apelables, salvo excepciones expresas (art. 81 LJCA).
Costas: vencimiento objetivo salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas; en estimación o desestimación parcial, cada parte paga las suyas y las comunes por mitad.
Ejecución: la comunicación al órgano obligado se hace en 10 días desde la firmeza; si en 2 meses desde esa comunicación no se cumple, cabe ejecución forzosa; para el pago de cantidad líquida, 3 meses.
Entre Administraciones, antes de recurrir hay que formular un requerimiento previo (art. 44 LJCA), salvo excepciones.
No confundir recurso administrativo (lo resuelve la Administración) con recurso contencioso-administrativo (lo resuelve un órgano judicial).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
No es admisible recurso contencioso-administrativo contra:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la vía judicial (distinta y posterior a los recursos administrativos) a través de la cual los tribunales controlan la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas y de las disposiciones generales de rango inferior a la ley. Se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Su organización ha sido afectada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por Secciones integradas en los nuevos Tribunales de Instancia, con una implantación progresiva por fases. Este tema exige conocer cuatro bloques: los órganos y su competencia, las partes (capacidad, legitimación y postulación), la actividad administrativa impugnable y las fases del procedimiento (interposición, expediente, demanda, contestación, prueba, conclusiones, sentencia, recursos y ejecución).
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
La LO 1/2025 sustituye los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por Secciones de lo Contencioso-Administrativo dentro de los Tribunales de Instancia, con implantación progresiva por fases. No confundir con las Salas de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que mantienen su estructura. Plazo general de interposición del recurso: 2 meses desde la notificación o publicación del acto expreso; 6 meses desde la producción del acto presunto (silencio) (art. 46 LJCA). Plazos de las fases del procedimiento ordinario: expediente 20 días, emplazamiento a interesados 9 días, demanda 20 días, contestación 20 días, prueba 15 días de proposición y 30 de práctica, conclusiones 10 días, sentencia 10 días. El escrito de interposición no exige fundamentación inmediata; la demanda se formaliza después, cuando la Administración ha remitido el expediente. El recurso de casación ante el Tribunal Supremo exige interés casacional objetivo y se filtra por la Sección de Admisión; no es una tercera instancia ordinaria. Casación autonómica (art. 86.3 LJCA): ante el TSJ, solo cuando se alega infracción de normas autonómicas; la casación ante el Tribunal Supremo se reserva a normas estatales o de la Unión Europea. Medidas cautelares: procede cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso (art. 130.1) y se deniegan si hay perturbación grave de los intereses generales o de tercero (art. 130.2). Las cautelarísimas se adoptan inaudita parte. La interposición del recurso contencioso-administrativo NO suspende automáticamente la ejecución del acto. Solo son recurribles en vía contenciosa los actos que ponen fin a la vía administrativa; contra los que no la agotan hay que interponer antes el recurso de alzada (o de reposición potestativo, si procede). No son recurribles los actos reproducción de otros anteriores definitivos y firmes ni los confirmatorios de actos consentidos por no recurridos en plazo (art. 28 LJCA). Procedimiento abreviado: personal, extranjería, dopaje, asilo y cuantía hasta 30.000 euros; vista oral única. Procedimiento ordinario: fases escritas sucesivas. Sentencias de cuantía no superior a 30.000 euros no son apelables, salvo excepciones expresas (art. 81 LJCA). Costas: vencimiento objetivo salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas; en estimación o desestimación parcial, cada parte paga las suyas y las comunes por mitad. Ejecución: la comunicación al órgano obligado se hace en 10 días desde la firmeza; si en 2 meses desde esa comunicación no se cumple, cabe ejecución forzosa; para el pago de cantidad líquida, 3 meses. Entre Administraciones, antes de recurrir hay que formular un requerimiento previo (art. 44 LJCA), salvo excepciones. No confundir recurso administrativo (lo resuelve la Administración) con recurso contencioso-administrativo (lo resuelve un órgano judicial).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 112 y siguientes, agotamiento de la vía administrativa).
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