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Tema 6. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Objeto y ámbito de aplicación. Fases del procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula el cauce formal a través del cual la Administración forma y expresa su voluntad, es decir, el procedimiento administrativo. Este tema, muy práctico para un puesto de Auxiliar Administrativo que gestiona registro, notificaciones y tramitación de expedientes, exige conocer con precisión el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley y las fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, terminación convencional e imposibilidad material de continuar), junto con la obligación de resolver, el silencio administrativo y el cómputo de plazos.

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Objeto de la LPAC

La Ley 39/2015 regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas (incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas), así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1.1). Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, necesario y proporcionado, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los de la Ley; reglamentariamente pueden establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar (art. 1.2). Se complementa con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que regula la organización y funcionamiento interno de las Administraciones y las relaciones entre ellas: ambas leyes, de 1 de octubre de 2015, sustituyeron a la antigua Ley 30/1992. La LPAC ha sido modificada en varias ocasiones desde su aprobación, por lo que debe consultarse siempre el texto consolidado.

Ámbito de aplicación subjetivo (art. 2)

La LPAC se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. El sector público institucional se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de ellas que ejerzan potestades administrativas (que se sujetarán a las normas de procedimiento administrativo que les sean de aplicación) y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPAC. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la AGE, las Administraciones de las CCAA, las entidades locales y los organismos públicos y entidades de derecho público dependientes. Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas, y supletoriamente por la LPAC.

Procedimientos con normativa especial

Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en la LPAC o regulen trámites adicionales o distintos, se rigen respecto de estos por lo dispuesto en dichas leyes. Además, determinadas actuaciones y procedimientos (como los de gestión, inspección, sanción y recaudación en materia tributaria y aduanera, los de Seguridad Social y desempleo o los de extranjería y asilo) se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPAC (disposición adicional primera).

Capacidad de obrar

Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (art. 3): las personas físicas o jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles; los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela (con las excepciones de la ley); y, cuando así lo declare una ley, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Los interesados en el procedimiento

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (art. 4): quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. La condición de interesado se transmite a los causahabientes cuando la relación jurídica no se extinga por el fallecimiento.

Representación y derechos de las personas

Los interesados pueden actuar por medio de representante (art. 5), presumiéndose esta representación para los actos y gestiones de mero trámite, pero debiendo acreditarse, por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado, para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Las Administraciones Públicas disponen de registros electrónicos de apoderamientos. Entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas figuran comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico, ser asistidas en el uso de medios electrónicos, utilizar las lenguas oficiales, acceder a la información pública, ser tratadas con respeto y deferencia, y no presentar documentos ya elaborados por la Administración actuante o por otras Administraciones (art. 13 y art. 28).

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente

Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos. Están obligados (art. 14.2) las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones por razón de la misma), quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición. Reglamentariamente las Administraciones pueden establecer la obligación para determinados colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. El desarrollo reglamentario general se recoge en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Identificación y firma electrónica de los interesados

Los interesados pueden identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas mediante sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, sistemas de sello electrónico y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, como los sistemas de clave concertada (art. 9). Los interesados pueden firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento (art. 10). Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo basta con que los interesados acrediten previamente su identidad; solo se requerirá firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11).

Registros y presentación de documentos

Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General (art. 16) en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba. Los registros electrónicos permiten la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, y se rigen, a efectos de cómputo de plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan y en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del art. 2.1; en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos presentados de manera presencial deben ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros y devueltos al interesado, y el original se conserva cuando así lo exija la norma.

Documentos aportados y copias

Los interesados deben aportar al procedimiento los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas, pero no están obligados a aportar documentos elaborados por cualquier Administración ni documentos originales ya aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración (art. 28). La Administración puede recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos, salvo que el interesado se opusiera. Las copias auténticas realizadas por una Administración tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales y surten efectos en las demás Administraciones (art. 27), lo que ha sustituido a la antigua compulsa de documentos.

Fase de iniciación: de oficio

Los procedimientos se inician de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (art. 58). Antes del acuerdo de iniciación, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (art. 55). Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar de oficio o a instancia de parte las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad (art. 56). Antes de la iniciación, en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, pueden adoptarse medidas provisionales de forma motivada, que deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que ha de efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción. La denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio del procedimiento (art. 62).

Fase de iniciación: a solicitud del interesado

Cuando el procedimiento se inicia a solicitud del interesado, esta debe contener (art. 66): nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su representante, así como la identificación del medio electrónico o, en su defecto, del lugar físico en que desea que se practique la notificación; hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud; lugar y fecha; firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su código de identificación. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras dispongan otra cosa (art. 67). Las Administraciones deben establecer modelos y sistemas normalizados de solicitud. Los interesados pueden también iniciar procedimientos mediante declaración responsable o comunicación previa (art. 69).

Subsanación y mejora de la solicitud

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del art. 21 LPAC (art. 68.1). Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo puede ampliarse prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales (art. 68.2). Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente presenta su solicitud presencialmente, la Administración le requerirá para que la subsane mediante su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación (art. 68.4).

El expediente administrativo

Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (art. 70). Los expedientes tienen formato electrónico y se forman mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contengan cuando se remita. No forman parte del expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Fase de ordenación del procedimiento

El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsa de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad (art. 71). En el despacho de los expedientes se guarda el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que el titular de la unidad administrativa dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia (art. 71.2). Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deben realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que la norma fije otro plazo; a los interesados que no cumplan se les puede declarar decaídos en su derecho al trámite, pero se admitirá su actuación si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo (art. 73). Las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación (art. 74). Se pueden acordar la acumulación de procedimientos con identidad sustancial o íntima conexión (art. 57) y la tramitación de urgencia.

Ampliación de plazos y tramitación de urgencia

La Administración, salvo precepto en contrario, puede conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero (art. 32). Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deben producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, sin que en ningún caso pueda ser objeto de ampliación un plazo ya vencido; los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no son susceptibles de recurso. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación electrónica, la Administración puede determinar una ampliación de los plazos no vencidos, publicándolo en la sede electrónica. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se puede acordar, de oficio o a petición del interesado, la tramitación de urgencia, por la cual se reducen a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (art. 33); no cabe recurso contra el acuerdo de urgencia, pero sí puede ser motivo de impugnación en el recurso contra la resolución final.

Fase de instrucción: alegaciones y prueba

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizan de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento (art. 75). Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que el órgano instructor tiene en cuenta al redactar la propuesta de resolución (art. 76). Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 77). Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acuerda la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, y solo puede rechazar las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. La Administración comunica a los interesados con antelación suficiente el inicio de las actuaciones necesarias para la práctica de las pruebas (art. 78).

Fase de instrucción: informes

Para la resolución del procedimiento se solicitan aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos (art. 79). Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes (art. 80.1) y deben ser emitidos en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. De no emitirse el informe en plazo, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se pueden proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se puede suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver (art. 80.3).

Fase de instrucción: trámite de audiencia e información pública

Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se ponen de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes (art. 82). Se puede prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tiene por realizado el trámite. Además, el órgano al que corresponda la resolución puede acordar, cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, un período de información pública (art. 83): se publica un anuncio en el diario oficial correspondiente para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones, en un plazo que en ningún caso puede ser inferior a veinte días. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado.

Fase de terminación: formas de finalización

Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico) y la declaración de caducidad; también produce la terminación la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, mediante resolución motivada (art. 84). Existe además la terminación convencional: las Administraciones Públicas pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público (art. 86). En los procedimientos sancionadores, el reconocimiento de responsabilidad o el pago voluntario de la sanción pecuniaria antes de la resolución pone fin al procedimiento, con reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, condicionadas al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa (art. 85).

La resolución

La resolución que ponga fin al procedimiento decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo (art. 88). Cuando se trate de cuestiones conexas no planteadas por los interesados, el órgano competente puede pronunciarse sobre ellas, poniéndolas antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución es congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. Las resoluciones contienen la decisión, motivada en los casos del art. 35, y expresan además los recursos que contra ellas procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Antes de dictar resolución, el órgano competente puede acordar actuaciones complementarias indispensables para resolver, practicadas en un plazo no superior a quince días, con audiencia de los interesados durante siete días (art. 87).

La obligación de resolver y los plazos máximos

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21.1). En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad, desistimiento o desaparición sobrevenida del objeto, la resolución consiste en la declaración de la circunstancia que concurra. Se exceptúan la terminación por pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa. El plazo máximo para notificar la resolución es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, que no puede exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo, este es de tres meses (art. 21.2 y 21.3). El plazo se cuenta, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación, y en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. La Administración debe comunicar al interesado, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el plazo máximo para resolver y el sentido del silencio.

Suspensión del plazo máximo para resolver

El transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar puede suspenderse en los supuestos del art. 22 LPAC, entre ellos: cuando deba requerirse a un interesado para subsanar deficiencias o aportar documentos, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su cumplimiento; cuando deban obtenerse informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución de un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe, sin que la suspensión pueda exceder en ningún caso de tres meses; cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados; cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio; y cuando para la resolución sea indispensable un previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional. Además, el plazo máximo puede ampliarse en los casos del art. 23 (por ejemplo, cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas puedan suponer un incumplimiento del plazo) mediante acuerdo motivado, que no puede exceder del plazo máximo legalmente establecido para la tramitación del procedimiento.

El silencio administrativo

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley, o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España, establezca lo contrario (art. 24.1). El silencio es desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entiende estimado si el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa en plazo, siempre que no se trate de esas materias. La resolución expresa posterior al silencio positivo solo puede ser confirmatoria; en el silencio negativo se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio (art. 24.3). Los actos producidos por silencio positivo producen efectos desde el vencimiento del plazo y su existencia puede acreditarse por cualquier medio, incluido el certificado acreditativo del silencio, que se expide de oficio en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo (art. 24.4).

El silencio y la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración de la obligación de resolver (art. 25). Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Si se trata de procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad, y la resolución que la declare ordena el archivo de las actuaciones.

La caducidad del procedimiento

La caducidad se declara de oficio cuando en los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen vence el plazo máximo para resolver sin resolución expresa (art. 25.1.b). Además, cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al interesado, la Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad; consumido este plazo sin que el particular realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se acuerda el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado (art. 95). Contra la resolución que declare la caducidad procede recurso. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción; cuando sea posible iniciar un nuevo procedimiento por no haber prescrito, pueden incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual, pero deben cumplimentarse en todo caso los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia.

Abstención y recusación de las autoridades y personal

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el art. 23 de la Ley 40/2015 (tener interés personal en el asunto o ser administrador de sociedad o entidad interesada; tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados; amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento; tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto) deben abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Si no se abstienen debiendo hacerlo, los interesados pueden promover su recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento mediante escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda (art. 24 de la Ley 40/2015). La actuación de autoridades y personal en los que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, aunque sí puede dar lugar a responsabilidad.

El cómputo de plazos: días hábiles frente a días naturales

Salvo que por ley o Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalan por días se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos (art. 30). Los plazos expresados por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto y no pueden tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresan en días. Los plazos por días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, se computa de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de la notificación, publicación o silencio, y concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. La inclusión del sábado entre los días inhábiles es una novedad introducida por la LPAC respecto de la legislación anterior.

Los días inhábiles y la presentación en el registro electrónico

La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijan en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos (art. 30), que se publica antes del comienzo de cada año en el diario oficial correspondiente. El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año, durante las veinticuatro horas, y la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil (art. 31). Cuando un día sea hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que resida el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considera inhábil en todo caso.

La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas pueden acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento (art. 96). En cualquier momento anterior a su resolución, el órgano competente puede acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Si se acuerda la tramitación simplificada, el procedimiento debe resolverse en treinta días, a contar desde el día siguiente a la notificación al interesado del acuerdo, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el órgano instructor puede acordar el procedimiento simplificado cuando considere inicialmente acreditadas la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, y no exista dudas de que lo procedente es reconocerla.

Desistimiento y renuncia: distinción

El desistimiento es el abandono del procedimiento concreto en tramitación, sin que afecte al derecho o interés sustantivo que motivó la solicitud, que el interesado podrá volver a ejercitar en un procedimiento posterior; la renuncia, en cambio, implica el abandono del derecho mismo en que se fundaba la petición, de modo que no cabe volver a solicitarlo después, salvo que la renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico (art. 94). Si el escrito de iniciación lo formularon dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afecta a quienes la hubiesen formulado. Pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan. La Administración los acepta de plano y declara concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado terceros interesados, estos insten su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados; y si la cuestión entrañase interés general, puede limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguir el procedimiento. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración puede desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes (art. 93).

Especialidades del procedimiento sancionador dentro de la LPAC

Desde la LPAC, el procedimiento sancionador ya no es un procedimiento especial regulado aparte, sino que se integra como especialidad dentro del procedimiento administrativo común: se inicia siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establece la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomienda a órganos distintos (art. 63). La resolución no puede fundarse en hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, sin perjuicio de su diferente valoración jurídica. El presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (art. 53.2). Se aplican los principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015 (legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones).

Especialidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial dentro de la LPAC

El procedimiento de responsabilidad patrimonial, igualmente integrado como especialidad del procedimiento común desde la LPAC, puede iniciarse de oficio o a instancia del lesionado, debe incluir un trámite de audiencia y, cuando el importe de la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros (o a la cuantía que establezca la legislación autonómica) o en los demás casos que disponga la Ley Orgánica del Consejo de Estado, dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente (art. 81.2). El derecho a reclamar prescribe al año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización, o desde la manifestación de sus efectos lesivos o, en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde la iniciación del procedimiento; transcurrido sin resolución expresa, la reclamación se entiende desestimada (art. 91).

Esquema de las fases del procedimiento

Como síntesis para el examen: 1) Iniciación: de oficio (acuerdo del órgano competente; actuaciones previas; medidas provisionales) o a solicitud del interesado (art. 66; subsanación en 10 días). 2) Ordenación: impulso de oficio, celeridad, acumulación, ampliación de plazos, tramitación de urgencia. 3) Instrucción: alegaciones, prueba (30 días máx., 10 días mín.), informes (10 días), información pública (mín. 20 días), audiencia (10 a 15 días) y propuesta de resolución. 4) Finalización: resolución (motivada, congruente), desistimiento, renuncia, caducidad, terminación convencional o imposibilidad material de continuar. A continuación, el acto es ejecutivo y notificable (art. 40) y, en su caso, recurrible.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LPAC (Ley 39/2015) regula el procedimiento común y la validez y eficacia de los actos; LRJSP (Ley 40/2015) regula la organización interna y las relaciones interadministrativas. Ambas, de 1 de octubre de 2015, sustituyeron a la Ley 30/1992.
  • Están obligados a relacionarse electrónicamente: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria, representantes de obligados y empleados públicos. Las personas físicas pueden elegir.
  • Plazo de subsanación de solicitudes: 10 días, ampliable 5 días más a petición del interesado o de oficio (no en procesos selectivos ni de concurrencia competitiva).
  • Trámite de audiencia: no inferior a 10 días ni superior a 15; se puede omitir si no hay hechos ni alegaciones distintos de los aportados por el propio interesado. Información pública: mínimo 20 días. Prueba: entre 10 y 30 días. Informes: 10 días.
  • Plazo máximo para resolver: el que fije la norma (no más de 6 meses, salvo ley o Derecho UE); si no se fija, 3 meses. Se cuenta desde la solicitud en el registro (a instancia) o desde el acuerdo de iniciación (de oficio).
  • Silencio en procedimientos a instancia de parte: ESTIMATORIO por regla general (salvo derecho de petición, dominio/servicio público, medio ambiente y responsabilidad patrimonial, o norma con rango de ley o Derecho UE en contrario). Resolución expresa posterior al silencio positivo: solo confirmatoria.
  • Silencio en procedimientos de oficio: DESESTIMATORIO si puede reconocer derechos; CADUCIDAD si se ejercen potestades sancionadoras o de intervención desfavorables.
  • Caducidad por paralización imputable al interesado: advertencia y 3 meses. La caducidad no impide iniciar otro procedimiento si no ha prescrito la acción, pero no interrumpe la prescripción.
  • Los plazos por DÍAS son hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos); los plazos por MESES o AÑOS se computan de fecha a fecha. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente.
  • La ampliación de plazos no puede superar la mitad del plazo original, no se concede sobre plazos vencidos y no cabe recurso contra el acuerdo. La tramitación de urgencia reduce los plazos a la mitad, salvo presentación de solicitudes y recursos.
  • Tramitación simplificada: plazo de resolución de 30 días desde el acuerdo, salvo que reste menos para la ordinaria; puede volver a la ordinaria en cualquier momento.
  • Desistimiento: se abandona el procedimiento, pero se conserva el derecho para volver a pedirlo. Renuncia: se abandona el derecho mismo. La Administración los acepta de plano, salvo que terceros personados insten la continuación en 10 días.
  • Procedimiento sancionador: se inicia siempre de oficio; la instrucción y la resolución corresponden a órganos distintos; el reconocimiento de responsabilidad o el pago voluntario dan reducciones de al menos el 20 % (acumulables).
  • La obligación de resolver subsiste aunque haya silencio administrativo. Se exceptúan la terminación por pacto o convenio y los derechos sometidos solo a comunicación previa.
  • Los registros electrónicos admiten presentación 24 horas, todos los días del año; la presentación en día inhábil se entiende realizada el primer día hábil siguiente. Los documentos presentados en papel se digitalizan.
  • El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial prescribe al año; el plazo para resolver es de 6 meses; el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo desde 50.000 euros (o la cuantía autonómica).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

La ampliación de plazos prevista en el art. 32 LPAC no podrá exceder:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Auxiliar Admin. C. Madrid?

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), regula el cauce formal a través del cual la Administración forma y expresa su voluntad, es decir, el procedimiento administrativo. Este tema, muy práctico para un puesto de Auxiliar Administrativo que gestiona registro, notificaciones y tramitación de expedientes, exige conocer con precisión el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley y las fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, terminación convencional e imposibilidad material de continuar), junto con la obligación de resolver, el silencio administrativo y el cómputo de plazos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

LPAC (Ley 39/2015) regula el procedimiento común y la validez y eficacia de los actos; LRJSP (Ley 40/2015) regula la organización interna y las relaciones interadministrativas. Ambas, de 1 de octubre de 2015, sustituyeron a la Ley 30/1992. Están obligados a relacionarse electrónicamente: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria, representantes de obligados y empleados públicos. Las personas físicas pueden elegir. Plazo de subsanación de solicitudes: 10 días, ampliable 5 días más a petición del interesado o de oficio (no en procesos selectivos ni de concurrencia competitiva). Trámite de audiencia: no inferior a 10 días ni superior a 15; se puede omitir si no hay hechos ni alegaciones distintos de los aportados por el propio interesado. Información pública: mínimo 20 días. Prueba: entre 10 y 30 días. Informes: 10 días. Plazo máximo para resolver: el que fije la norma (no más de 6 meses, salvo ley o Derecho UE); si no se fija, 3 meses. Se cuenta desde la solicitud en el registro (a instancia) o desde el acuerdo de iniciación (de oficio). Silencio en procedimientos a instancia de parte: ESTIMATORIO por regla general (salvo derecho de petición, dominio/servicio público, medio ambiente y responsabilidad patrimonial, o norma con rango de ley o Derecho UE en contrario). Resolución expresa posterior al silencio positivo: solo confirmatoria. Silencio en procedimientos de oficio: DESESTIMATORIO si puede reconocer derechos; CADUCIDAD si se ejercen potestades sancionadoras o de intervención desfavorables. Caducidad por paralización imputable al interesado: advertencia y 3 meses. La caducidad no impide iniciar otro procedimiento si no ha prescrito la acción, pero no interrumpe la prescripción. Los plazos por DÍAS son hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos); los plazos por MESES o AÑOS se computan de fecha a fecha. Si el último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. La ampliación de plazos no puede superar la mitad del plazo original, no se concede sobre plazos vencidos y no cabe recurso contra el acuerdo. La tramitación de urgencia reduce los plazos a la mitad, salvo presentación de solicitudes y recursos. Tramitación simplificada: plazo de resolución de 30 días desde el acuerdo, salvo que reste menos para la ordinaria; puede volver a la ordinaria en cualquier momento. Desistimiento: se abandona el procedimiento, pero se conserva el derecho para volver a pedirlo. Renuncia: se abandona el derecho mismo. La Administración los acepta de plano, salvo que terceros personados insten la continuación en 10 días. Procedimiento sancionador: se inicia siempre de oficio; la instrucción y la resolución corresponden a órganos distintos; el reconocimiento de responsabilidad o el pago voluntario dan reducciones de al menos el 20 % (acumulables). La obligación de resolver subsiste aunque haya silencio administrativo. Se exceptúan la terminación por pacto o convenio y los derechos sometidos solo a comunicación previa. Los registros electrónicos admiten presentación 24 horas, todos los días del año; la presentación en día inhábil se entiende realizada el primer día hábil siguiente. Los documentos presentados en papel se digitalizan. El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial prescribe al año; el plazo para resolver es de 6 meses; el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo desde 50.000 euros (o la cuantía autonómica).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 1 a 6, 9 a 16, 21 a 33, 53 a 96)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 23 y 24)
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
  • Constitución Española de 1978 (art. 29, derecho de petición)

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