Tema 4. Las fuentes del ordenamiento jurídico. La Constitución. Las Leyes: Concepto y clases. Las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. Los reglamentos: Concepto y clases. Otras fuentes.
Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1628/2026) del Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid — 673 plazas (47 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (10 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 8 temas), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria (src/data/temarios/administrativo-madrid.json).
Este tema estudia el sistema de fuentes del Derecho español: qué normas existen, cómo se ordenan entre sí (jerarquía y competencia) y qué diferencia a cada tipo. Es un tema muy transversal, porque las categorías que aquí se explican (Constitución, ley, decreto-ley, decreto legislativo, reglamento, tratados y Derecho de la Unión) reaparecen constantemente en el resto del temario de Derecho Administrativo, y el examen suele centrarse en distinguir con precisión los límites y presupuestos habilitantes de cada figura, especialmente entre decreto-ley y decreto legislativo, entre ley orgánica y ordinaria y entre ley y reglamento.
El sistema de fuentes: el artículo 1 del Código Civil
El art. 1.1 del Código Civil enumera como fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada (art. 1.3); los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4). El art. 1.2 establece que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior, y el art. 1.6 señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementará el ordenamiento con la doctrina que, de modo reiterado, establezca al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales. Además, desde la integración de España en la Unión Europea, el Derecho de la Unión (reglamentos, directivas, decisiones) tiene primacía sobre el Derecho interno en las materias de su competencia.
La Constitución como fuente suprema
La Constitución ocupa el vértice de la pirámide normativa: toda norma o acto contrario a ella es nulo, y su primacía se garantiza a través del control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional (recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo). Vincula directamente a todos los poderes públicos y a los ciudadanos (art. 9.1), sin necesidad de desarrollo legislativo en la mayor parte de su contenido, aunque algunos preceptos (los principios rectores del Capítulo III del Título I, por ejemplo) requieren desarrollo legal para ser exigibles ante los tribunales (art. 53.3). La disposición derogatoria de la CE derogó cuantas disposiciones se opusieran a lo establecido en ella. Los jueces, además, deben interpretar y aplicar las leyes conforme a la Constitución (art. 5.1 LOPJ).
Concepto de Ley y procedimiento legislativo
La Ley es la norma con rango superior tras la Constitución, aprobada por las Cortes Generales (leyes estatales) o por los Parlamentos autonómicos (leyes autonómicas, dentro de su ámbito competencial), que puede regular cualquier materia salvo las reservadas por la Constitución a otro tipo de norma, y que solo puede ser modificada o derogada por otra norma de igual o superior rango. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y, mediante iniciativa popular, a los ciudadanos con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas (art. 87 CE). Aprobado el texto por el Congreso, el Senado dispone de dos meses para vetarlo o enmendarlo (veinte días si el proyecto es declarado urgente); el Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulga y ordena su inmediata publicación (art. 91 CE). La sanción y promulgación son actos debidos del Rey, refrendados por el Presidente del Gobierno.
Clases de leyes: orgánicas y ordinarias
Las Leyes Orgánicas (art. 81 CE) son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución; exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las Leyes Ordinarias regulan el resto de materias y se aprueban por mayoría simple. No existe entre ambas una relación de jerarquía, sino de competencia: cada una regula el ámbito material que la Constitución le reserva. El Tribunal Constitucional ha interpretado de forma restrictiva el ámbito de la reserva de ley orgánica (STC 5/1981), para evitar una petrificación del ordenamiento. Una ley orgánica que invade materia de ley ordinaria no es inconstitucional por ese solo motivo, aunque la materia no orgánica que contenga puede ser modificada después por ley ordinaria.
Otras clases de leyes: de bases, marco, transferencia y armonización
Las Leyes de Bases (art. 82 CE) delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley (Decretos Legislativos) para elaborar textos articulados que desarrollen los principios y criterios que la propia Ley de Bases establece. Las Leyes Marco (art. 150.1 CE) atribuyen a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal, dentro de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Las Leyes Orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2 CE) permiten transferir o delegar en las Comunidades facultades correspondientes a materias de titularidad estatal susceptibles de transferencia. Las Leyes de Armonización (art. 150.3 CE) permiten al Estado establecer los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a su competencia, cuando así lo exija el interés general, correspondiendo a cada Cámara, por mayoría absoluta, apreciar esa necesidad.
El Decreto-ley: concepto y presupuesto habilitante
El Decreto-ley (art. 86 CE) es una disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno, sin previa delegación de las Cortes, en caso de extraordinaria y urgente necesidad. No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Debe ser sometido a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, para su convalidación o derogación; durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3 CE). La derogación no tiene efectos retroactivos sobre lo ya producido. Su forma es la de Real Decreto-ley. El Tribunal Constitucional controla que concurra el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad de modo no meramente formal, con un control externo que exige una justificación razonable y una conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas; y ha interpretado que la prohibición de «afectar» a los derechos del Título I no impide cualquier regulación, sino que veta una afectación sustancial de su contenido esencial (STC 111/1983).
El Decreto Legislativo: concepto y modalidades
El Decreto Legislativo (arts. 82 a 85 CE) es la norma con rango de ley que dicta el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales sobre materias determinadas no incluidas en la reserva de ley orgánica. Puede adoptar dos formas: un texto articulado (previa Ley de Bases que fije con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios a seguir) o un texto refundido de varios textos legales previos (previa autorización mediante ley ordinaria, que especificará si la delegación se limita a la mera formulación de un texto único o incluye también regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos). Su forma es la de Real Decreto Legislativo. Las Cortes no pueden delegar en el Gobierno materias reservadas a ley orgánica, y la delegación no puede subdelegarse en autoridades distintas del propio Gobierno.
Límites y control del Decreto Legislativo
La delegación legislativa se otorga al Gobierno de forma expresa, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio; se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, y no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado (art. 82.3 CE). Si el Decreto Legislativo excede los términos de la delegación (ultra vires), esa parte queda sometida al control de los tribunales ordinarios (la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), mientras que el control por el Tribunal Constitucional se reserva a los casos de vulneración directa de la Constitución. Las leyes de delegación pueden establecer fórmulas adicionales de control (art. 82.6 CE), como la posibilidad de que el Congreso formule objeciones al texto antes de su publicación.
Diferencia esencial entre Decreto-ley y Decreto Legislativo
El Decreto-ley responde a una urgencia extraordinaria y se dicta SIN delegación previa de las Cortes, que intervienen después (convalidación en 30 días); el Decreto Legislativo, en cambio, exige una delegación previa y expresa de las Cortes (Ley de Bases o ley de autorización de refundición), y las Cortes no intervienen después de su aprobación, salvo control de excesos. Además, el Decreto-ley es provisional hasta su convalidación, no puede afectar a las materias del art. 86.1, y se publica de inmediato, mientras que el Decreto Legislativo carece de las materias vedadas del art. 86 pero tiene como límite las materias reservadas a ley orgánica (art. 82.1). Es la distinción que con más frecuencia se pregunta en este bloque.
El Reglamento: concepto y posición en la jerarquía normativa
El Reglamento es toda norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria (que corresponde al Gobierno, en el ámbito estatal, conforme al art. 97 CE, y de forma paralela a los Consejos de Gobierno autonómicos). Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE). Su rasgo definitorio frente a la ley es la subordinación: según el art. 128 de la Ley 39/2015 (LPAC), las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas, y sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes (art. 128.3 LPAC).
Clases de reglamentos según su relación con la ley
Se distinguen los reglamentos ejecutivos (desarrollan y complementan una ley previa, siendo preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente: art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado), los reglamentos independientes (regulan materias no reservadas a ley, sin ley previa que desarrollar, típicamente organización interna de la Administración) y los reglamentos de necesidad (dictados ante situaciones de urgencia o catástrofe, con vigencia limitada a la duración de la situación que los motiva). Por su ámbito, los reglamentos pueden ser estatales, autonómicos y locales (ordenanzas y reglamentos de las entidades locales); por sus destinatarios, jurídicos (afectan a los ciudadanos) y administrativos u organizativos (afectan solo a la organización interna).
Clases de reglamentos según su origen y forma
Conforme a la Ley 50/1997, del Gobierno (art. 24), la jerarquía de las normas reglamentarias es: Reales Decretos del Presidente del Gobierno y Reales Decretos del Consejo de Ministros; Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno; Órdenes Ministeriales; y disposiciones de otros órganos de rango inferior. Las normas infrarreglamentarias (Resoluciones, Instrucciones y Circulares) se dirigen a órganos jerárquicamente subordinados y no tienen, en sentido estricto, eficacia frente a terceros. A nivel autonómico madrileño, la potestad reglamentaria se ejerce mediante Decretos del Consejo de Gobierno y Órdenes de los Consejeros. Los Reales Decretos son firmados por el Rey y refrendados por el Ministro competente o el Presidente del Gobierno.
Límites y nulidad de los reglamentos
Los reglamentos que infringen los límites anteriores son nulos de pleno derecho. El art. 47.2 LPAC declara la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Rige además el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que aprobó la disposición general (art. 37 de la Ley 40/2015). Los reglamentos deben publicarse en el diario oficial correspondiente para entrar en vigor y producir efectos jurídicos (art. 131 LPAC).
Otras fuentes del ordenamiento
Junto a ley y reglamento, completan el sistema de fuentes la costumbre (norma no escrita creada por la reiteración de una conducta con convicción de su obligatoriedad, de aplicación subsidiaria respecto a la ley); los principios generales del derecho (informan todo el ordenamiento y se aplican en defecto de ley y costumbre); la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no es fuente en sentido estricto pero complementa el ordenamiento (art. 1.6 del Código Civil); y, en el ámbito internacional y europeo, los Tratados Internacionales válidamente celebrados (que, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, art. 96 CE) y el Derecho derivado de la Unión Europea (reglamentos de aplicación directa, directivas que requieren transposición y decisiones). Los reglamentos de las Cámaras (Reglamento del Congreso y del Senado) tienen fuerza de ley y son impugnables ante el Tribunal Constitucional.
El principio de jerarquía normativa
El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) ordena las normas del ordenamiento en una estructura piramidal, de manera que una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de rango superior, so pena de nulidad: la Constitución está en el vértice, seguida de los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea en sus respectivos ámbitos, la ley (orgánica u ordinaria, sin jerarquía entre sí, sino reparto por materia), y finalmente el reglamento, en sus distintas categorías según el órgano del que emane. Los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos tienen el mismo rango que la ley, de modo que solo pueden ser controlados por el Tribunal Constitucional (salvo el exceso en la delegación, ya visto).
El principio de competencia frente al principio de jerarquía
Junto al criterio jerárquico, el ordenamiento se ordena también por el principio de competencia: dos normas pueden tener el mismo rango (dos leyes, por ejemplo, una estatal y otra autonómica) y, sin embargo, una prevalecer sobre otra no por ser superior, sino porque la materia está reservada a una de ellas por el bloque de constitucionalidad (la Constitución y los Estatutos de Autonomía). Es el criterio que explica, por ejemplo, la relación entre la legislación básica estatal y la legislación autonómica de desarrollo. Cuando una competencia autonómica no existe, la norma estatal es de aplicación supletoria (art. 149.3 CE: el derecho estatal es, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas), aunque la jurisprudencia constitucional ha limitado la capacidad del Estado de dictar normas con carácter meramente supletorio en materias de competencia autonómica.
Otros criterios de ordenación: cronológico y especialidad
Entre normas del mismo rango y competencia se aplica el criterio cronológico (ley posterior deroga ley anterior) y el de especialidad (la norma especial prevalece sobre la general). La ley posterior deroga a la anterior en lo que sea incompatible. Cuando dos normas de igual rango regulan la misma materia de forma distinta, la solución no se encuentra en la jerarquía, sino en estos criterios, que el Código Civil recoge en su art. 2.2.
La derogación de las normas: expresa y tácita
Una norma pierde su vigencia por derogación, que puede ser expresa (la propia norma nueva identifica qué normas anteriores deja sin efecto, típicamente en su disposición derogatoria) o tácita (la norma nueva regula la misma materia de forma incompatible con la anterior, que queda derogada en todo lo que se le oponga, aunque no se mencione expresamente). Según el art. 2.2 del Código Civil, las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación es siempre para el futuro: no debe confundirse con la anulación de una norma, que puede tener efectos retroactivos si así lo declara la sentencia o resolución que la anula. La declaración de inconstitucionalidad de una ley conlleva su nulidad, y no permite revisar los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en que se hayan aplicado las normas inconstitucionales, salvo en los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad, resulte una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40 LOTC).
La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
El art. 9.3 CE garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, lo que impide aplicar una norma sancionadora nueva a hechos cometidos antes de su entrada en vigor si resulta más desfavorable que la vigente en aquel momento. A contrario, sí cabe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables (por ejemplo, una norma que reduce una sanción). Como regla general, las leyes no tienen efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario (art. 2.3 del Código Civil), pero la retroactividad queda vedada, además, cuando afecte a la seguridad jurídica o a derechos consolidados.
La entrada en vigor de las normas y la vacatio legis
Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2.1 del Código Civil), plazo conocido como vacatio legis, pensado para que sus destinatarios puedan conocerla antes de que despliegue sus efectos. Es habitual que las normas de cierta complejidad amplíen este plazo general, o que fijen una entrada en vigor inmediata (el mismo día de su publicación o al día siguiente) cuando la urgencia de la medida lo justifique, como ocurre típicamente con los Reales Decretos-leyes. Las leyes autonómicas se publican en el diario oficial de la Comunidad y, a efectos informativos, en el BOE; entran en vigor según lo que dispongan.
La publicación como requisito de eficacia de las normas
Ninguna norma jurídica de carácter general despliega efectos frente a sus destinatarios sin haber sido publicada íntegramente en el boletín oficial correspondiente (BOE para las normas estatales, BOCM para las autonómicas de Madrid, y el boletín provincial u otro medio oficial para las normas locales), a diferencia del acto administrativo, cuya eficacia se vincula a la notificación individual cuando tiene destinatario concreto y determinado. La publicidad de las normas es uno de los principios garantizados por el art. 9.3 CE. Además, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 del Código Civil).
El Derecho derivado de la Unión Europea: reglamentos, directivas y decisiones
Según el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, sin necesidad de norma interna de transposición. La directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios, mediante su transposición dentro del plazo fijado. La decisión es obligatoria en todos sus elementos; cuando designa destinatarios, solo es obligatoria para estos. Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes. El Derecho originario está formado por los Tratados constitutivos (Tratado de la Unión Europea y TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales.
La primacía y el efecto directo del Derecho de la Unión Europea
El principio de primacía, construido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia Costa/ENEL, de 1964), implica que, en caso de conflicto, el Derecho de la Unión prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, que debe inaplicarse en lo que resulte contrario. El efecto directo (sentencia Van Gend en Loos, de 1963) permite a los particulares invocar determinadas normas europeas directamente ante los tribunales nacionales, sin necesidad de que hayan sido transpuestas o desarrolladas por una norma interna, especialmente en el caso de los reglamentos y, bajo ciertas condiciones, de las directivas no transpuestas en plazo. En España, la adhesión se basa en el art. 93 CE (ley orgánica que autoriza la cesión del ejercicio de competencias), y el Tribunal Constitucional, en su Declaración 1/2004, distinguió entre primacía del Derecho de la Unión (en el ámbito de las competencias cedidas) y supremacía de la Constitución.
Los Tratados Internacionales como fuente del ordenamiento
Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE), y sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Requieren la previa autorización de las Cortes Generales los tratados de carácter político, los de carácter militar, los que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución (art. 94.1 CE). Si un tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, exige previa revisión constitucional (art. 95 CE); el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Decreto-ley: SIN delegación previa, por extraordinaria y urgente necesidad, convalidación del Congreso en 30 días; no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen autonómico ni Derecho electoral general.
Decreto Legislativo: CON delegación previa y expresa de las Cortes (Ley de Bases → texto articulado; ley ordinaria de autorización → texto refundido); no sobre materias de ley orgánica; si se excede, esa parte se controla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Leyes Orgánicas: mayoría absoluta en votación final de conjunto; reservadas a derechos fundamentales/libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previsión constitucional expresa. No hay jerarquía con la ley ordinaria, sino reserva de materia.
El reglamento nunca puede contradecir la ley ni regular materia reservada a ella ni tipificar infracciones o sanciones ni crear tributos propios (art. 128 LPAC); los reglamentos ejecutivos desarrollan una ley previa y exigen dictamen del Consejo de Estado.
Ley de Bases (art. 82) delega para un texto articulado; Ley Marco (art. 150.1) atribuye potestad legislativa a las CCAA en materia estatal; LO de transferencia o delegación (art. 150.2); Ley de Armonización (art. 150.3), con mayoría absoluta de cada Cámara.
Jerarquía: norma inferior no puede contradecir a la superior. Competencia: dos normas de igual rango se reparten por materia según el bloque de constitucionalidad. Son dos criterios distintos.
Derogación expresa (la norma nueva dice qué deroga) frente a tácita (incompatibilidad de contenido). Ambas operan solo hacia el futuro, a diferencia de la anulación.
La irretroactividad del art. 9.3 CE solo protege frente a normas sancionadoras DESFAVORABLES; las favorables sí pueden aplicarse retroactivamente.
Vacatio legis general: 20 días desde publicación completa en el BOE (art. 2.1 Código Civil), salvo que la propia norma fije otro plazo.
Reglamento UE: obligatorio y de aplicación directa sin transposición. Directiva: obliga en cuanto al resultado, exige transposición. Decisión: obligatoria en todos sus elementos (solo para sus destinatarios si los designa). Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes.
Primacía del Derecho de la Unión (Costa/ENEL) implica inaplicar el Derecho interno contrario; efecto directo (Van Gend en Loos) permite invocarlo ante tribunales nacionales. Declaración TC 1/2004: primacía de la UE sin menoscabo de la supremacía de la Constitución.
Los tratados que afecten a derechos fundamentales, impliquen obligaciones financieras, sean políticos o militares o modifiquen una ley exigen autorización previa de las Cortes Generales (art. 94.1 CE).
Sanción real: 15 días (art. 91 CE). Veto o enmiendas del Senado: dos meses (veinte días si es urgente). Iniciativa popular: 500.000 firmas.
Orden reglamentario (art. 24 Ley 50/1997): Real Decreto del Presidente/Consejo de Ministros, Orden de Comisión Delegada, Orden Ministerial y disposiciones de rango inferior.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el artículo 1.1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Auxiliar Admin. C. Madrid?
Este tema estudia el sistema de fuentes del Derecho español: qué normas existen, cómo se ordenan entre sí (jerarquía y competencia) y qué diferencia a cada tipo. Es un tema muy transversal, porque las categorías que aquí se explican (Constitución, ley, decreto-ley, decreto legislativo, reglamento, tratados y Derecho de la Unión) reaparecen constantemente en el resto del temario de Derecho Administrativo, y el examen suele centrarse en distinguir con precisión los límites y presupuestos habilitantes de cada figura, especialmente entre decreto-ley y decreto legislativo, entre ley orgánica y ordinaria y entre ley y reglamento.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Decreto-ley: SIN delegación previa, por extraordinaria y urgente necesidad, convalidación del Congreso en 30 días; no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen autonómico ni Derecho electoral general. Decreto Legislativo: CON delegación previa y expresa de las Cortes (Ley de Bases → texto articulado; ley ordinaria de autorización → texto refundido); no sobre materias de ley orgánica; si se excede, esa parte se controla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Leyes Orgánicas: mayoría absoluta en votación final de conjunto; reservadas a derechos fundamentales/libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previsión constitucional expresa. No hay jerarquía con la ley ordinaria, sino reserva de materia. El reglamento nunca puede contradecir la ley ni regular materia reservada a ella ni tipificar infracciones o sanciones ni crear tributos propios (art. 128 LPAC); los reglamentos ejecutivos desarrollan una ley previa y exigen dictamen del Consejo de Estado. Ley de Bases (art. 82) delega para un texto articulado; Ley Marco (art. 150.1) atribuye potestad legislativa a las CCAA en materia estatal; LO de transferencia o delegación (art. 150.2); Ley de Armonización (art. 150.3), con mayoría absoluta de cada Cámara. Jerarquía: norma inferior no puede contradecir a la superior. Competencia: dos normas de igual rango se reparten por materia según el bloque de constitucionalidad. Son dos criterios distintos. Derogación expresa (la norma nueva dice qué deroga) frente a tácita (incompatibilidad de contenido). Ambas operan solo hacia el futuro, a diferencia de la anulación. La irretroactividad del art. 9.3 CE solo protege frente a normas sancionadoras DESFAVORABLES; las favorables sí pueden aplicarse retroactivamente. Vacatio legis general: 20 días desde publicación completa en el BOE (art. 2.1 Código Civil), salvo que la propia norma fije otro plazo. Reglamento UE: obligatorio y de aplicación directa sin transposición. Directiva: obliga en cuanto al resultado, exige transposición. Decisión: obligatoria en todos sus elementos (solo para sus destinatarios si los designa). Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes. Primacía del Derecho de la Unión (Costa/ENEL) implica inaplicar el Derecho interno contrario; efecto directo (Van Gend en Loos) permite invocarlo ante tribunales nacionales. Declaración TC 1/2004: primacía de la UE sin menoscabo de la supremacía de la Constitución. Los tratados que afecten a derechos fundamentales, impliquen obligaciones financieras, sean políticos o militares o modifiquen una ley exigen autorización previa de las Cortes Generales (art. 94.1 CE). Sanción real: 15 días (art. 91 CE). Veto o enmiendas del Senado: dos meses (veinte días si es urgente). Iniciativa popular: 500.000 firmas. Orden reglamentario (art. 24 Ley 50/1997): Real Decreto del Presidente/Consejo de Ministros, Orden de Comisión Delegada, Orden Ministerial y disposiciones de rango inferior.
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Del índice oficial de BOCM núm. 165, de 13 de julio de 2026, páginas 33 a 35, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (Orden 1628/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 673 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 1, 9, 53, 81 a 87, 91, 93 a 97, 106 y 150)
Código Civil (arts. 1 y 2; Real Decreto de 24 de julio de 1889)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 47, 127 a 133)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 37)
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (art. 24)
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (art. 22)
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (art. 40)
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 288)
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