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Tema 7. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (II): Tasas. Contribuciones especiales. Precios públicos.

Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022) · Índice oficial del BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024)..

Este temario corresponde EXCLUSIVAMENTE al Ayuntamiento de Madrid (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar), turno libre. Auxiliar Administrativo es uno de los cuerpos más fragmentados de España: cada ayuntamiento convoca su propio proceso selectivo con su propio temario, así que este fichero NO sirve para ningún otro ayuntamiento — cualquier opositor de Auxiliar Administrativo fuera del Ayuntamiento de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria municipal. Se ha elegido el Ayuntamiento de Madrid por ser la convocatoria más citable y mejor documentada que se ha podido verificar en el momento de construir este fichero; en el futuro sería deseable ampliar con temarios adaptados a otros ayuntamientos grandes, dejando claro en cada uno a qué municipio corresponde. Tampoco cubre: (1) el proceso de promoción interna independiente de esta misma categoría en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa distinto y más corto de 12 temas (Resolución de 4 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.748, de 29 de octubre de 2024); (2) el Cuerpo de Auxiliares de Administración General (C2) de la Comunidad de Madrid (gobierno autonómico, no ayuntamiento), que es una escala distinta y ya tiene su propio temario en src/data/temarios/auxiliar-administrativo-madrid.json.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Su capítulo III del título I regula los ingresos tributarios locales: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Este tema estudia las tasas (tributos por utilización del dominio público o por servicios que benefician al obligado), las contribuciones especiales (tributo por el beneficio derivado de obras o servicios locales) y los precios públicos (ingresos no tributarios por servicios voluntarios que también presta el sector privado). Las tres figuras se establecen y exigen mediante ordenanza (fiscal en tasas y contribuciones especiales; reguladora en precios públicos) aprobada por el Pleno.

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Marco general: recursos de las haciendas locales y ordenanzas fiscales

El TRLRHL enumera los recursos de las entidades locales: ingresos de derecho privado, tributos propios (impuestos, tasas y contribuciones especiales), participación en tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, precios públicos, subvenciones, operaciones de crédito, multas y sanciones, y demás prestaciones de derecho público. Los tributos locales se rigen por el TRLRHL, por la Ley General Tributaria y por las ordenanzas fiscales de cada entidad. La potestad reglamentaria en materia tributaria se ejerce a través de ordenanzas fiscales, que son disposiciones de carácter general. Las tasas y contribuciones especiales tienen carácter potestativo: el ayuntamiento decide si las establece. La ordenanza fiscal contiene, como mínimo, la determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota, período impositivo y devengo, y las fechas de aprobación y de comienzo de aplicación. Los acuerdos de imposición y ordenación de tributos son adoptados por el Pleno por mayoría simple. La ordenanza reguladora de un precio público no es una ordenanza fiscal en sentido estricto, pero su aprobación sigue un cauce más sencillo.

Procedimiento de elaboración de las ordenanzas fiscales

Fases: (1) Aprobación provisional por el Pleno de la corporación. (2) Exposición pública en el tablón de anuncios durante un mínimo de 30 días, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente y presentar reclamaciones. El anuncio de exposición se publica en el boletín oficial de la provincia (en Madrid, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) o, en municipios de población superior a 10.000 habitantes, también en un diario de los de mayor difusión de la provincia. (3) Aprobación definitiva: el Pleno resuelve las reclamaciones y aprueba la ordenanza. Si no se presentan reclamaciones, el acuerdo provisional se eleva automáticamente a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo. (4) Publicación íntegra del texto en el boletín oficial de la provincia, requisito imprescindible para su entrada en vigor y aplicación. Contra el acuerdo definitivo no cabe recurso administrativo, solo recurso contencioso-administrativo.

Tasas (I): concepto, hecho imponible y supuestos

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, o en la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo. Los servicios o actividades solo dan lugar a tasa cuando concurren simultáneamente estas circunstancias: no son de solicitud voluntaria para los administrados (o venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, o sean imprescindibles para la vida privada o social) y no se prestan ni realizan por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. El TRLRHL contiene una lista abierta de hechos imponibles posibles; entre ellos: licencias urbanísticas, expedición de documentos administrativos, licencias de apertura de establecimientos, recogida de residuos sólidos urbanos, distribución de agua, alcantarillado, ocupación de la vía pública con mesas y sillas, ocupación del subsuelo, suelo y vuelo, cementerios locales, bomberos o apertura de zanjas. Las entidades locales no pueden exigir tasas por la prestación de servicios de abastecimiento de agua en fuentes públicas, alumbrado público, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza en centros docentes públicos, entre otros supuestos excluidos.

Tasas (II): sujetos pasivos, cuantía, devengo y gestión

Sujetos pasivos: las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local, o que sean solicitantes o beneficiarias de los servicios o actividades. Por sustitución del contribuyente, son sujetos pasivos de las tasas por licencias urbanísticas los propietarios de los inmuebles y, en las tasas por prestación de servicios en inmuebles, los propietarios, que podrán repercutir la cuota sobre los usuarios. Cuantía: como regla general, el importe de las tasas por prestación de un servicio o por realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para fijar la cuantía de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, se toma como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento. Cuando se trate de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general (agua, gas, electricidad, telefonía), la cuantía es el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el término municipal. Devengo: nace cuando se inicia el uso privativo o aprovechamiento especial, o cuando se inicia la prestación del servicio o actividad, aunque podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. Las tasas se exigen mediante autoliquidación, liquidación o recibo, según la ordenanza. No se puede condicionar la prestación de un servicio al pago de la tasa si se trata de servicio de solicitud obligatoria.

Contribuciones especiales (I): concepto, hecho imponible y ámbito

Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local, por las entidades locales. Constituyen el hecho imponible las siguientes obras y servicios locales: los que realicen o establezcan las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para atender los fines que les estén atribuidos, los que realicen o establezcan otras entidades públicas, o sus concesionarios, con aportaciones económicas de la entidad local, y los que realicen o establezcan las propias entidades locales por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas. Las contribuciones especiales son un tributo de carácter potestativo y su exigencia exige acuerdo de imposición para cada obra o servicio concreto. Una obra o servicio puede financiarse mediante contribuciones especiales o mediante otros recursos. Ejemplos clásicos: apertura y pavimentación de calles y plazas, construcción de aceras, alumbrado público, red de alcantarillado, abastecimiento de aguas, instalación de redes de gas, parques y jardines públicos y servicios de extinción de incendios. No se exigen contribuciones especiales cuando la obra o servicio no genera un beneficio especial para personas concretas o un aumento de valor de sus bienes, sino un beneficio general para toda la población.

Contribuciones especiales (II): sujetos pasivos, base, cuota, devengo y gestión

Sujetos pasivos: las personas físicas y jurídicas y las entidades del artículo 35.4 LGT especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir. Se consideran personas especialmente beneficiadas: en las obras o servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios; en las que originen un aumento de valor de fincas, los propietarios; en las de establecimiento o ampliación de servicios de extinción de incendios, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo; en las de construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas. Base imponible: como máximo, el 90 por ciento del coste que la entidad soporte por la realización de la obra o el establecimiento o ampliación del servicio. El coste comprende los trabajos periciales, proyectos y dirección, el importe de los terrenos y bienes que deban ser expropiados o adquiridos, las indemnizaciones y los intereses del capital invertido si se financia con crédito. Cuota: se reparte entre los sujetos pasivos según módulos objetivos (metros lineales de fachada, superficie, volumen edificable, valor catastral a efectos del IBI). Devengo: nace en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse; si las obras son fraccionables, desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo. Una vez aprobado el acuerdo concreto de ordenación, puede exigirse el pago anticipado de las cuotas en función del importe del coste previsto. Los sujetos pasivos pueden constituirse en asociaciones de contribuyentes para colaborar en la gestión.

Precios públicos

Concepto: ingresos de derecho público no tributarios que las entidades locales pueden exigir por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia cuando no concurran las circunstancias que definen las tasas (es decir, cuando el servicio sea de solicitud voluntaria o lo presten también los particulares). Los precios públicos se establecen por la propia entidad local, mediante acuerdo del Pleno (que puede delegar en la Junta de Gobierno Local), y no por ley. Están obligados al pago quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse. Cuantía: debe cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del coste, previa consignación presupuestaria de la cuantía que compense la diferencia. Se exige la obligación de pago desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, y la entidad puede exigir el depósito previo. La falta de pago se cobra por la vía de apremio. Ejemplos: entradas a museos municipales, cursos en centros culturales, escuelas deportivas, utilización de instalaciones deportivas municipales con tarifa, publicaciones municipales. Diferencias con las tasas: la tasa es tributo (se rige por la reserva de ley y el principio de legalidad tributaria), el precio público es ingreso no tributario; en la tasa, el servicio es de recepción obligatoria o monopolio público; en el precio público es voluntario y competitivo; la tasa se aprueba por ordenanza fiscal con exposición pública de 30 días, el precio público por acuerdo más ágil.

Diferencias entre tasa, contribución especial y precio público; tendencias recientes

Tasa: contraprestación por utilización del dominio público o por servicio que beneficia de forma particular; tributo; cuantía limitada por el coste del servicio; ordenanza fiscal. Contribución especial: no remunera un servicio individual sino el beneficio o aumento de valor derivado de una obra pública o un servicio; tributo; máximo del 90 por ciento del coste; requiere acuerdo de imposición y de ordenación concreto. Precio público: contraprestación voluntaria; ingreso no tributario; debe cubrir al menos el coste (salvo razones sociales con compensación presupuestaria). La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, modificó la naturaleza de las contraprestaciones económicas por servicios públicos gestionados de forma indirecta: se consideran prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, reguladas por ordenanza, cuando el servicio es de recepción obligatoria o monopolio. El impuesto, a diferencia de estas tres figuras, se exige sin contraprestación y sin vinculación con una actividad concreta de la Administración. El Tribunal Constitucional (sentencia 185/1995) estableció la distinción entre tasas y precios públicos: no es posible exigir como precio público la contraprestación por servicios de solicitud obligatoria o que supongan monopolio de hecho o de derecho, que deben ser tasas.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las tasas y las contribuciones especiales son tributos locales de carácter potestativo; los precios públicos no son tributos.
  • Tasa: servicio de solicitud obligatoria o no prestado por el sector privado. Precio público: servicio voluntario o que también presta el sector privado.
  • La ordenanza fiscal se aprueba provisionalmente por el Pleno, se expone al público 30 días como mínimo y se aprueba definitivamente; si no hay reclamaciones, el acuerdo provisional pasa a definitivo automáticamente.
  • La ordenanza fiscal solo entra en vigor tras la publicación íntegra de su texto en el boletín oficial de la provincia.
  • Cuantía de las tasas por servicios: no puede exceder del coste real o previsible del servicio. Cuantía de los precios públicos: debe cubrir como mínimo el coste (salvo razones sociales con compensación presupuestaria).
  • Contribuciones especiales: la base imponible no puede exceder del 90 por ciento del coste soportado por la entidad local.
  • Empresas de suministros de interés general: tasa por aprovechamiento del dominio público del 1,5 por ciento de los ingresos brutos de facturación en el término municipal.
  • Error típico: confundir las contribuciones especiales con los impuestos; las primeras exigen un beneficio especial derivado de una obra o servicio concreto.
  • Contra el acuerdo definitivo de aprobación de una ordenanza fiscal solo cabe recurso contencioso-administrativo (no recurso de reposición).
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Ponte a prueba

10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 100 aciertos

Según el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál es el plazo mínimo de exposición pública del acuerdo provisional de aprobación de una ordenanza fiscal?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 7 de Auxiliar Ayuntamiento?

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Su capítulo III del título I regula los ingresos tributarios locales: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Este tema estudia las tasas (tributos por utilización del dominio público o por servicios que benefician al obligado), las contribuciones especiales (tributo por el beneficio derivado de obras o servicios locales) y los precios públicos (ingresos no tributarios por servicios voluntarios que también presta el sector privado). Las tres figuras se establecen y exigen mediante ordenanza (fiscal en tasas y contribuciones especiales; reguladora en precios públicos) aprobada por el Pleno.

¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?

Las tasas y las contribuciones especiales son tributos locales de carácter potestativo; los precios públicos no son tributos. Tasa: servicio de solicitud obligatoria o no prestado por el sector privado. Precio público: servicio voluntario o que también presta el sector privado. La ordenanza fiscal se aprueba provisionalmente por el Pleno, se expone al público 30 días como mínimo y se aprueba definitivamente; si no hay reclamaciones, el acuerdo provisional pasa a definitivo automáticamente. La ordenanza fiscal solo entra en vigor tras la publicación íntegra de su texto en el boletín oficial de la provincia. Cuantía de las tasas por servicios: no puede exceder del coste real o previsible del servicio. Cuantía de los precios públicos: debe cubrir como mínimo el coste (salvo razones sociales con compensación presupuestaria). Contribuciones especiales: la base imponible no puede exceder del 90 por ciento del coste soportado por la entidad local. Empresas de suministros de interés general: tasa por aprovechamiento del dominio público del 1,5 por ciento de los ingresos brutos de facturación en el término municipal. Error típico: confundir las contribuciones especiales con los impuestos; las primeras exigen un beneficio especial derivado de una obra o servicio concreto. Contra el acuerdo definitivo de aprobación de una ordenanza fiscal solo cabe recurso contencioso-administrativo (no recurso de reposición).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024). (Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022)).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 15 a 19, 20 a 27, 28 a 37 y 41 a 47).
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (disposición adicional 43.ª).

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