Este temario corresponde EXCLUSIVAMENTE al Ayuntamiento de Madrid (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar), turno libre. Auxiliar Administrativo es uno de los cuerpos más fragmentados de España: cada ayuntamiento convoca su propio proceso selectivo con su propio temario, así que este fichero NO sirve para ningún otro ayuntamiento — cualquier opositor de Auxiliar Administrativo fuera del Ayuntamiento de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria municipal. Se ha elegido el Ayuntamiento de Madrid por ser la convocatoria más citable y mejor documentada que se ha podido verificar en el momento de construir este fichero; en el futuro sería deseable ampliar con temarios adaptados a otros ayuntamientos grandes, dejando claro en cada uno a qué municipio corresponde. Tampoco cubre: (1) el proceso de promoción interna independiente de esta misma categoría en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa distinto y más corto de 12 temas (Resolución de 4 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.748, de 29 de octubre de 2024); (2) el Cuerpo de Auxiliares de Administración General (C2) de la Comunidad de Madrid (gobierno autonómico, no ayuntamiento), que es una escala distinta y ya tiene su propio temario en src/data/temarios/auxiliar-administrativo-madrid.json.
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Este tema es la base de cualquier proceso selectivo de la Administración Pública: hay que conocer su estructura formal, los principios que la inspiran y, sobre todo, el catálogo de derechos y deberes fundamentales y el sistema de garantías que los protege, porque de ahí derivan buena parte de las preguntas de examen de todo el bloque jurídico. Conviene dominar la numeración de los artículos, la diferencia entre los tres niveles de protección del art. 53 y los supuestos en que pueden suspenderse los derechos (art. 55).
La Constitución de 1978 consta de un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1 a 9) y diez Títulos numerados (I a X), además de cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Tiene en total 169 artículos. El Título Preliminar recoge los principios básicos: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1), la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2), la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria (art. 1.3), y el art. 2 proclama la unidad de la Nación española reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas.
Los Títulos de la Constitución
Título I: De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10 a 55). Título II: De la Corona (arts. 56 a 65). Título III: De las Cortes Generales (arts. 66 a 96). Título IV: Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 a 107). Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 a 116). Título VI: Del Poder Judicial (arts. 117 a 127). Título VII: Economía y Hacienda (arts. 128 a 136). Título VIII: De la Organización Territorial del Estado (arts. 137 a 158). Título IX: Del Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165). Título X: De la reforma constitucional (arts. 166 a 169).
Valores superiores y principios generales del Título Preliminar
El art. 1.1 propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Otros preceptos del Título Preliminar: art. 3 (el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos); art. 4 (bandera de España: roja, gualda y roja); art. 5 (la capital del Estado es la villa de Madrid); art. 6 (los partidos políticos expresan el pluralismo político y su estructura y funcionamiento deben ser democráticos); art. 7 (sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales); art. 8 (Fuerzas Armadas: garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional); art. 9 (sujeción a la Constitución y al ordenamiento, y garantías del principio de seguridad jurídica).
El art. 9: sujeción al ordenamiento y principios de la seguridad jurídica
El art. 9.1 establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El art. 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (igualdad material o sustancial). El art. 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Fundamento de los derechos e interpretación (art. 10)
El art. 10.1 declara que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El art. 10.2 ordena interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El art. 10 encabeza el Título I pero está situado antes del Capítulo I.
Estructura del Título I: derechos y deberes fundamentales
El Título I se divide en cinco capítulos: Capítulo I, De los españoles y los extranjeros (arts. 11 a 13); Capítulo II, Derechos y libertades (arts. 14 a 38), a su vez dividido en la Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29) y la Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38); Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52); Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54); y Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). El art. 14 (igualdad) forma parte del Capítulo II pero precede a la Sección 1.ª; aun así goza de la misma protección reforzada que esta.
Españoles y extranjeros (Capítulo I, arts. 11 a 13)
Art. 11: la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley; ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Art. 12: los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. Art. 13: los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley; solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (redacción dada por la reforma de 1992). La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y quedan excluidos los delitos políticos (no se consideran tales los actos de terrorismo). La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
El derecho a la igualdad y los derechos fundamentales de la Sección 1.ª
El art. 14 proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La Sección 1.ª (arts. 15 a 29) recoge, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, con abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra (art. 15), la libertad ideológica y religiosa (art. 16, con la declaración de que ninguna confesión tendrá carácter estatal), el derecho a la libertad y seguridad (art. 17), el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen (art. 18), la libertad de residencia y circulación (art. 19), la libertad de expresión (art. 20), el derecho de reunión (art. 21), el derecho de asociación (art. 22), el derecho de participación política y de acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad (art. 23), la tutela judicial efectiva (art. 24), el principio de legalidad penal (art. 25), la prohibición de los Tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales (art. 26), el derecho a la educación (art. 27), el derecho de sindicación y a la huelga (art. 28) y el derecho de petición (art. 29).
Contenido de algunos derechos de examen
Art. 17: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial; el procedimiento de habeas corpus permite la puesta inmediata a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Art. 18.2: el domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; art. 18.3: se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Art. 20: se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones (20.1.a), a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (b), a la libertad de cátedra (c) y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (d); el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa (20.2) y solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial (20.5). Art. 21: el derecho de reunión pacífica y sin armas no necesitará autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Art. 22: las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada; están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Art. 28.1: la libertad sindical puede limitarse o exceptuarse para las Fuerzas o Institutos armados o los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar; art. 28.2: se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Art. 29: todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito; los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo podrán ejercerlo individualmente.
Tutela judicial efectiva y legalidad penal (arts. 24 y 25)
El art. 24.1 reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El art. 24.2 recoge las garantías procesales: derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. El art. 25.1 consagra el principio de legalidad penal y sancionadora (nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente); el art. 25.2 orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social; el art. 25.3 dispone que la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Derechos y deberes de la Sección 2.ª (arts. 30 a 38)
La Sección 2.ª recoge, junto a derechos, los principales deberes constitucionales: el derecho y deber de defender a España (art. 30.1), con regulación por ley de las obligaciones militares y de la objeción de conciencia, y la posibilidad de establecer un servicio civil (art. 30.2 y 3); el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (art. 31); el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32); el derecho a la propiedad privada y a la herencia, con delimitación de su contenido por su función social, y la privación de bienes solo por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización (art. 33); el derecho de fundación (art. 34); el derecho-deber de trabajar, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente (art. 35); los colegios profesionales (art. 36); la negociación colectiva laboral y las medidas de conflicto colectivo (art. 37); y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38).
Los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52)
El Capítulo III recoge, entre otros, la protección de la familia y de la infancia (art. 39), el progreso social y económico y el pleno empleo (art. 40), el régimen público de Seguridad Social (art. 41), la protección de la salud (art. 43), el acceso a la cultura (art. 44), el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45), la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47), la participación de la juventud (art. 48), la atención a las personas con discapacidad (art. 49, reformado en 2024 para eliminar la terminología anterior y actualizar su contenido), la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad (art. 50), la defensa de consumidores y usuarios (art. 51) y las organizaciones profesionales (art. 52). Aunque se denominan principios y no derechos, informan toda la actuación de los poderes públicos.
Las garantías de los derechos y libertades (art. 53)
El art. 53 distingue tres niveles de protección según dónde se ubique cada derecho dentro del Título I. El art. 53.1 establece que todos los derechos y libertades del Capítulo II (arts. 14 a 38) vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley que respete en todo caso su contenido esencial; su garantía frente a una ley que vulnere ese contenido esencial es el recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a). El art. 53.2 añade una protección reforzada, exclusiva del art. 14 y de la Sección 1.ª del Capítulo II (arts. 15 a 29): cualquier ciudadano puede recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (aplicable también a la objeción de conciencia del art. 30). El art. 53.3 dispone que los principios rectores del Capítulo III (arts. 39 a 52) solo informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y únicamente pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria según lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Otras garantías: reserva de ley orgánica, Defensor del Pueblo y reforma agravada
Además del art. 53, el sistema de garantías incluye: a) la reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas (art. 81.1, Sección 1.ª), cuya aprobación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2); b) la prohibición de que los decretos-leyes afecten a los derechos, deberes y libertades del Título I (art. 86.1); c) el Defensor del Pueblo (art. 54), alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración; es elegido por el Congreso y el Senado con mayoría de tres quintos de cada Cámara y su mandato es de cinco años (Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo); d) el recurso de amparo constitucional (arts. 161.1.b y 162.1.b), para el que están legitimados toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; e) la reforma agravada del art. 168, aplicable a la revisión total de la Constitución o a la parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I o al Título II.
La suspensión de derechos (art. 55)
El art. 55.1 permite suspender determinados derechos (entre otros, los de los arts. 17, 18.2 y 3, 19, 20.1.a y d y 20.5, 21, 28.2 y 37.2) cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de la suspensión lo dispuesto en el art. 17.3 (derechos del detenido) para el estado de excepción. El art. 55.2 prevé además una suspensión individual de ciertos derechos (arts. 17.2, 18.2 y 3) en el marco de investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, mediante la intervención judicial necesaria y el adecuado control parlamentario, regulada por ley orgánica. El art. 116 regula los tres estados excepcionales: el estado de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, y no autoriza suspender derechos; el estado de excepción requiere autorización previa del Congreso; el estado de sitio es declarado por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno (Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio).
La reforma constitucional (Título X) y reformas realizadas
La reforma ordinaria (art. 167) exige aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores y, de no lograrse, basta la aprobación por mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso. Se someterá a referéndum cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168) requiere aprobación del principio por dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras por mayoría de dos tercios, y referéndum obligatorio. No puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del art. 116 (art. 169). La Constitución se ha reformado en tres ocasiones: el art. 13.2 en 1992 (sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), el art. 135 en 2011 (estabilidad presupuestaria) y el art. 49 en 2024 (personas con discapacidad).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Constitución de 1978 tiene Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y 10 Títulos, con 169 artículos en total (4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final).
Art. 1.1: España es un Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
Art. 1.2: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Art. 1.3: la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
Art. 2: unidad de la Nación española y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, con solidaridad entre todas ellas.
Art. 3: el castellano es lengua oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla); las demás lenguas son oficiales en sus CCAA según sus Estatutos.
Art. 5: la capital del Estado es la villa de Madrid. Art. 6: partidos políticos; art. 7: sindicatos y asociaciones empresariales; art. 8: Fuerzas Armadas.
Art. 9.1: sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
Art. 9.2: igualdad real y efectiva: los poderes públicos remueven los obstáculos que impidan su plenitud.
Art. 9.3: principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de normas, irretroactividad desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
Art. 10.1: la dignidad de la persona y los derechos inviolables son fundamento del orden político y de la paz social; art. 10.2: interpretación conforme a la DUDH y a los tratados ratificados.
Título I (arts. 10-55): derechos y deberes fundamentales, con 5 capítulos.
Capítulo I (arts. 11-13): de los españoles y los extranjeros. Mayoría de edad a los 18 años (art. 12).
Capítulo II (arts. 14-38): derechos y libertades, dividido en Sección 1.ª (15-29) y Sección 2.ª (30-38).
Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de la política social y económica.
Capítulo IV (arts. 53-54): garantías de las libertades y derechos.
Capítulo V (art. 55): suspensión de derechos y libertades.
Art. 14: igualdad ante la ley, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición.
Art. 15: derecho a la vida y a la integridad física y moral; queda abolida la pena de muerte salvo lo que dispongan las leyes penales militares en tiempos de guerra.
Art. 17: derecho a la libertad y a la seguridad; la detención preventiva dura como máximo 72 horas.
Art. 18: derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen; inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.
Art. 20: libertad de expresión y de información veraz; sin censura previa; el secuestro de publicaciones solo por resolución judicial.
Art. 21: la reunión pacífica no necesita autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones basta comunicación previa a la autoridad.
Art. 22: las asociaciones solo se disuelven o suspenden por resolución judicial motivada; están prohibidas las secretas y paramilitares.
Art. 23: derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos.
Art. 24: derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, y garantías procesales (juez predeterminado, presunción de inocencia...).
Art. 25: principio de legalidad penal; la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad.
Art. 27: derecho a la educación; enseñanza básica obligatoria y gratuita.
Art. 28: libertad sindical y derecho de huelga; el art. 28.1 permite limitar la sindicación de las Fuerzas Armadas y Cuerpos sometidos a disciplina militar.
Art. 29: derecho de petición individual y colectiva por escrito; los militares solo individualmente.
Art. 30: derecho y deber de defender a España; objeción de conciencia (protegida por el amparo pese a estar en la Sección 2.ª).
Art. 31: deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según capacidad económica, con igualdad y progresividad y sin alcance confiscatorio.
Art. 35: derecho-deber al trabajo. Art. 38: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Art. 53.1: todos los derechos del Capítulo II vinculan a los poderes públicos y solo se regulan por ley que respete su contenido esencial; su garantía es el recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a).
Art. 53.2: SOLO el art. 14 y la Sección 1.ª (arts. 15-29) tienen protección reforzada: tutela ante Tribunales ordinarios por procedimiento preferente y sumario, y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Art. 53.3: los principios rectores del Capítulo III solo informan la legislación y solo son alegables según lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Art. 54: el Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I (mandato de cinco años; mayoría de tres quintos de cada Cámara).
Art. 55.1: suspensión de derechos en estado de excepción o de sitio; el estado de alarma no permite suspender derechos.
Art. 55.2: suspensión individual de derechos (arts. 17.2, 18.2 y 18.3) en investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo, por ley orgánica y con control judicial y parlamentario.
Art. 81: las leyes orgánicas desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1.ª); exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
Art. 86.1: los decretos-leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I.
El recurso de amparo del art. 53.2 es aplicable también a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30 CE.
Trampa típica: los principios rectores (arts. 39-52) NO son derechos fundamentales ni tienen amparo; el derecho a la propiedad (art. 33) y la libertad de empresa (art. 38) tampoco tienen amparo.
Reforma ordinaria (art. 167): tres quintos de cada Cámara. Reforma agravada (art. 168): dos tercios, disolución, ratificación por dos tercios y referéndum obligatorio.
La Constitución se ha reformado tres veces: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La reforma del art. 49 de la Constitución, realizada en 2024, se refiere a:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Auxiliar Ayuntamiento?
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Este tema es la base de cualquier proceso selectivo de la Administración Pública: hay que conocer su estructura formal, los principios que la inspiran y, sobre todo, el catálogo de derechos y deberes fundamentales y el sistema de garantías que los protege, porque de ahí derivan buena parte de las preguntas de examen de todo el bloque jurídico. Conviene dominar la numeración de los artículos, la diferencia entre los tres niveles de protección del art. 53 y los supuestos en que pueden suspenderse los derechos (art. 55).
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La Constitución de 1978 tiene Preámbulo, Título Preliminar (arts. 1-9) y 10 Títulos, con 169 artículos en total (4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final). Art. 1.1: España es un Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Art. 1.2: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Art. 1.3: la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. Art. 2: unidad de la Nación española y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, con solidaridad entre todas ellas. Art. 3: el castellano es lengua oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla); las demás lenguas son oficiales en sus CCAA según sus Estatutos. Art. 5: la capital del Estado es la villa de Madrid. Art. 6: partidos políticos; art. 7: sindicatos y asociaciones empresariales; art. 8: Fuerzas Armadas. Art. 9.1: sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Art. 9.2: igualdad real y efectiva: los poderes públicos remueven los obstáculos que impidan su plenitud. Art. 9.3: principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de normas, irretroactividad desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Art. 10.1: la dignidad de la persona y los derechos inviolables son fundamento del orden político y de la paz social; art. 10.2: interpretación conforme a la DUDH y a los tratados ratificados. Título I (arts. 10-55): derechos y deberes fundamentales, con 5 capítulos. Capítulo I (arts. 11-13): de los españoles y los extranjeros. Mayoría de edad a los 18 años (art. 12). Capítulo II (arts. 14-38): derechos y libertades, dividido en Sección 1.ª (15-29) y Sección 2.ª (30-38). Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de la política social y económica. Capítulo IV (arts. 53-54): garantías de las libertades y derechos. Capítulo V (art. 55): suspensión de derechos y libertades. Art. 14: igualdad ante la ley, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición. Art. 15: derecho a la vida y a la integridad física y moral; queda abolida la pena de muerte salvo lo que dispongan las leyes penales militares en tiempos de guerra. Art. 17: derecho a la libertad y a la seguridad; la detención preventiva dura como máximo 72 horas. Art. 18: derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen; inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Art. 20: libertad de expresión y de información veraz; sin censura previa; el secuestro de publicaciones solo por resolución judicial. Art. 21: la reunión pacífica no necesita autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones basta comunicación previa a la autoridad. Art. 22: las asociaciones solo se disuelven o suspenden por resolución judicial motivada; están prohibidas las secretas y paramilitares. Art. 23: derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos. Art. 24: derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, y garantías procesales (juez predeterminado, presunción de inocencia...). Art. 25: principio de legalidad penal; la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad. Art. 27: derecho a la educación; enseñanza básica obligatoria y gratuita. Art. 28: libertad sindical y derecho de huelga; el art. 28.1 permite limitar la sindicación de las Fuerzas Armadas y Cuerpos sometidos a disciplina militar. Art. 29: derecho de petición individual y colectiva por escrito; los militares solo individualmente. Art. 30: derecho y deber de defender a España; objeción de conciencia (protegida por el amparo pese a estar en la Sección 2.ª). Art. 31: deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según capacidad económica, con igualdad y progresividad y sin alcance confiscatorio. Art. 35: derecho-deber al trabajo. Art. 38: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Art. 53.1: todos los derechos del Capítulo II vinculan a los poderes públicos y solo se regulan por ley que respete su contenido esencial; su garantía es el recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a). Art. 53.2: SOLO el art. 14 y la Sección 1.ª (arts. 15-29) tienen protección reforzada: tutela ante Tribunales ordinarios por procedimiento preferente y sumario, y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Art. 53.3: los principios rectores del Capítulo III solo informan la legislación y solo son alegables según lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Art. 54: el Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I (mandato de cinco años; mayoría de tres quintos de cada Cámara). Art. 55.1: suspensión de derechos en estado de excepción o de sitio; el estado de alarma no permite suspender derechos. Art. 55.2: suspensión individual de derechos (arts. 17.2, 18.2 y 18.3) en investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo, por ley orgánica y con control judicial y parlamentario. Art. 81: las leyes orgánicas desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1.ª); exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. Art. 86.1: los decretos-leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I. El recurso de amparo del art. 53.2 es aplicable también a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30 CE. Trampa típica: los principios rectores (arts. 39-52) NO son derechos fundamentales ni tienen amparo; el derecho a la propiedad (art. 33) y la libertad de empresa (art. 38) tampoco tienen amparo. Reforma ordinaria (art. 167): tres quintos de cada Cámara. Reforma agravada (art. 168): dos tercios, disolución, ratificación por dos tercios y referéndum obligatorio. La Constitución se ha reformado tres veces: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49).
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Del índice oficial de BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024). (Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229)
Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024
Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011
Reforma del artículo 13.2 de la Constitución Española, de 27 de agosto de 1992
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
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