Tema 4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución del procedimiento. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Este temario corresponde EXCLUSIVAMENTE al Ayuntamiento de Madrid (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar), turno libre. Auxiliar Administrativo es uno de los cuerpos más fragmentados de España: cada ayuntamiento convoca su propio proceso selectivo con su propio temario, así que este fichero NO sirve para ningún otro ayuntamiento — cualquier opositor de Auxiliar Administrativo fuera del Ayuntamiento de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria municipal. Se ha elegido el Ayuntamiento de Madrid por ser la convocatoria más citable y mejor documentada que se ha podido verificar en el momento de construir este fichero; en el futuro sería deseable ampliar con temarios adaptados a otros ayuntamientos grandes, dejando claro en cada uno a qué municipio corresponde. Tampoco cubre: (1) el proceso de promoción interna independiente de esta misma categoría en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa distinto y más corto de 12 temas (Resolución de 4 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.748, de 29 de octubre de 2024); (2) el Cuerpo de Auxiliares de Administración General (C2) de la Comunidad de Madrid (gobierno autonómico, no ayuntamiento), que es una escala distinta y ya tiene su propio temario en src/data/temarios/auxiliar-administrativo-madrid.json.
Segunda parte de la LPAC: cómo se tramita un procedimiento administrativo desde que se inicia hasta que termina, cómo se ejecuta la resolución y cómo se recurre. Es contenido muy operativo, el que se aplica literalmente en el día a día de un puesto de Auxiliar Administrativo. Hay que dominar las fases del procedimiento (iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución), los plazos de subsanación, audiencia, prueba, información pública y caducidad, y distinguir con precisión los recursos de alzada, reposición y extraordinario de revisión.
Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado (art. 54). El inicio de oficio se produce por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (arts. 58 a 62). Antes del acuerdo de iniciación, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas (art. 55), y una vez iniciado puede adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución (art. 56). El órgano competente podrá acordar la acumulación de procedimientos con identidad sustancial o íntima conexión (art. 57). La solicitud de iniciación debe dirigirse al órgano competente y reunir los requisitos del art. 66: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su representante, así como la identificación del medio electrónico o, en su defecto, del lugar físico en que desea que se practique la notificación; hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud; lugar y fecha; firma o acreditación de la autenticidad de la voluntad expresada por cualquier medio; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
Subsanación y mejora de la solicitud (art. 68)
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de diez días, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el órgano competente podrá recabar la mejora voluntaria de los términos de la solicitud. Los interesados no tienen que aportar documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones ni los elaborados por estas (art. 28). Las declaraciones responsables y comunicaciones (art. 69) permiten iniciar la actividad desde el día de su presentación: la declaración responsable es el documento en el que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, y la comunicación pone en conocimiento de la Administración datos identificativos u otros relevantes.
Ordenación del procedimiento (arts. 70 a 74)
El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla (art. 70); su foliado se realiza mediante un índice numerado. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites (art. 71). Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (art. 72, concentración de trámites). Salvo que la norma fije plazo distinto, el plazo para cumplir un trámite por los interesados es de diez días a partir del día siguiente al de la notificación del acto correspondiente (art. 73). Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán su tramitación, salvo la recusación (art. 74).
Instrucción del procedimiento (arts. 75 a 83)
Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento (art. 75). Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio (art. 76). En cuanto a la prueba, los hechos relevantes para la decisión podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho (art. 77); cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor abrirá un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una norma disponga otro mayor o menor (art. 80). El trámite de audiencia (art. 82) es esencial: instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados, que dispondrán de un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, el órgano competente podrá acordar un período de información pública por un plazo no inferior a veinte días (art. 83).
Formas de terminación del procedimiento (arts. 84 a 96)
Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, siempre mediante resolución motivada (art. 84). Los procedimientos sancionadores pueden terminar con el pago voluntario del presunto responsable (art. 85) y las Administraciones podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico (terminación convencional, art. 86). La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo; será congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial, y deberá ser motivada en los casos legales (art. 88). Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos, por cualquier medio que permita su constancia (art. 94). La caducidad se produce cuando, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se paraliza el procedimiento por causa imputable a este durante tres meses: la Administración le advertirá que, transcurrido ese plazo, se producirá la caducidad y se acordará el archivo de las actuaciones (art. 95). La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. La tramitación simplificada del procedimiento (art. 96) permite resolver en un plazo máximo de treinta días desde el acuerdo que la decida.
Ejecución (arts. 97 a 105)
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión, que la resolución exija aprobación o autorización superior o que su eficacia esté supeditada a notificación, publicación o aprobación (art. 98). Cuando el obligado no cumpla voluntariamente, las Administraciones Públicas, previo apercibimiento, pueden proceder a la ejecución forzosa por los medios previstos en la ley: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Las multas coercitivas son reiterables y compatibles con las sanciones, y la compulsión directa sobre las personas solo procede cuando la ley lo autorice expresamente. Los interesados pueden oponerse a la ejecución mediante los recursos que procedan (art. 105). No se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materias de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
El silencio administrativo (arts. 24 y 25)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, los de impugnación de actos y disposiciones y los de responsabilidad patrimonial. Los actos producidos por silencio estimatorio pueden acreditarse mediante certificación. En el recurso de alzada, el silencio es desestimatorio salvo cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud y no se refiera a las materias de silencio negativo, en cuyo caso se entiende estimado. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo sin resolución produce desestimación (si el procedimiento tendía a reconocer derechos) o caducidad (si podía producir efectos desfavorables o de gravamen).
Revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio (arts. 106 a 111)
La revisión de oficio permite a la propia Administración anular o revisar sus actos sin necesidad de recurso. La declaración de nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, por las causas del art. 47.1, puede acordarse en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (art. 106); la resolución debe dictarse en seis meses desde el inicio, transcurridos los cuales se produce la caducidad si el procedimiento se inició de oficio. Las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables, en el plazo de cuatro años desde que se dictaron, y posteriormente impugnarlos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 107). Las Administraciones podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, y rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos en cualquier momento (art. 109).
Los recursos administrativos: concepto y clases (arts. 112 a 126)
El recurso administrativo es el acto por el que un sujeto legitimado pide a la Administración que revise una resolución administrativa dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades establecidas. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa; los recursos contra un acto administrativo que se funden en la nulidad de una disposición general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó la disposición. Las resoluciones y actos de trámite cualificados (los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos) son recurribles. La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado (art. 117.1); transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente sin que este haya dictado resolución expresa, se entenderá acordada la suspensión. La LPAC regula tres clases de recursos administrativos: el recurso de alzada (arts. 121 y 122), que cabe contra resoluciones y actos de trámite cualificados que no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, en el plazo de un mes si el acto fuera expreso (tres meses si no lo fuera, contados desde que se produzcan los efectos del silencio), con un plazo máximo para dictar y notificar la resolución de tres meses; el recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124), que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que pone fin a la vía administrativa, en el plazo de un mes si el acto fuera expreso (tres meses si no), con plazo máximo de resolución de un mes, con carácter potestativo antes de acudir a la vía contencioso-administrativa; y el recurso extraordinario de revisión (arts. 125 y 126), que solo cabe contra actos firmes en vía administrativa y únicamente por los cuatro motivos tasados que fija la ley (error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, aparición de documentos de valor esencial para la resolución que evidencien el error de la resolución recurrida, influencia esencial de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, o resolución dictada como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por sentencia judicial firme).
Fin de la vía administrativa y vía judicial
Ponen fin a la vía administrativa, entre otros, las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico (salvo que una ley establezca lo contrario) y los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento (art. 114). Frente a los actos que ponen fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados y Tribunales (Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa): en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acto expreso, o de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. El recurso potestativo de reposición, si se interpone, impide acudir a la vía judicial hasta que se resuelva expresamente o se produzca su desestimación presunta. La alzada y la reposición son incompatibles para un mismo acto: no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 54: los procedimientos se inician de oficio o a solicitud del interesado.
Art. 58: el inicio de oficio puede ser por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otro órgano o denuncia.
Art. 66: requisitos mínimos de toda solicitud (identificación y medio de notificación, hechos y razones, lugar y fecha, firma, órgano destinatario).
Art. 68: la subsanación de defectos en la solicitud tiene un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de desistimiento.
Art. 69: la declaración responsable y la comunicación permiten iniciar la actividad desde el día de su presentación.
Art. 70: el expediente es el conjunto ordenado de documentos que fundamentan la resolución.
Art. 71: el procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites.
Art. 73: plazo de 10 días para cumplir trámites por los interesados, salvo norma distinta.
Art. 74: las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
Art. 75: los actos de instrucción se realizan de oficio y por medios electrónicos.
Art. 77: los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho; período de prueba de entre 10 y 30 días.
Art. 82: el trámite de audiencia da un plazo de entre 10 y 15 días para alegaciones antes de la propuesta de resolución.
Art. 83: la información pública no puede durar menos de 20 días.
Art. 84: el procedimiento termina por resolución, desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material sobrevenida.
Art. 86: terminación convencional (acuerdos, pactos, convenios o contratos).
Art. 88: la resolución decide todas las cuestiones planteadas y no puede agravar la situación inicial del interesado.
Art. 95: caducidad por paralización de 3 meses imputable al interesado, previa advertencia.
Art. 96: tramitación simplificada, con plazo máximo de resolución de 30 días.
Art. 98: los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión o supeditación a notificación, publicación o aprobación superior.
Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; se elige el menos restrictivo.
Art. 24: transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, en general opera el silencio administrativo estimatorio; es desestimatorio en petición, dominio o servicio público, impugnación y responsabilidad patrimonial.
Art. 106: revisión de oficio por nulidad en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado; art. 107: lesividad de actos anulables en 4 años.
Art. 112.3: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa.
Art. 117: la interposición de recursos no suspende la ejecución; si en un mes no se resuelve la solicitud de suspensión, se entiende acordada.
El recurso de alzada se interpone ante el órgano superior jerárquico, contra actos que no ponen fin a la vía administrativa; plazo de 1 mes si el acto es expreso y 3 si es presunto.
El recurso de reposición es potestativo, se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que agota la vía administrativa; plazo de 1 mes si el acto es expreso y 3 si es presunto.
El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes y por 4 motivos tasados: error de hecho, documentos esenciales aparecidos, documentos o testimonios falsos, o resolución obtenida por conducta punible.
El recurso de alzada se resuelve en 3 meses; el de reposición, en 1 mes.
El recurso de reposición es incompatible con el de alzada: solo cabe uno de los dos frente al mismo acto.
El recurso extraordinario de revisión tiene plazos distintos según el motivo alegado (4 años para error de hecho; 3 meses para los demás motivos).
El recurso contencioso-administrativo: 2 meses si el acto es expreso; 6 meses si es presunto (LJCA).
La caducidad del procedimiento no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
La resolución que pone fin al procedimiento decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En el recurso extraordinario de revisión por error de hecho, el plazo para interponerlo es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Auxiliar Ayuntamiento?
Segunda parte de la LPAC: cómo se tramita un procedimiento administrativo desde que se inicia hasta que termina, cómo se ejecuta la resolución y cómo se recurre. Es contenido muy operativo, el que se aplica literalmente en el día a día de un puesto de Auxiliar Administrativo. Hay que dominar las fases del procedimiento (iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución), los plazos de subsanación, audiencia, prueba, información pública y caducidad, y distinguir con precisión los recursos de alzada, reposición y extraordinario de revisión.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Art. 54: los procedimientos se inician de oficio o a solicitud del interesado. Art. 55: información y actuaciones previas; art. 56: medidas provisionales; art. 57: acumulación. Art. 58: el inicio de oficio puede ser por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otro órgano o denuncia. Art. 66: requisitos mínimos de toda solicitud (identificación y medio de notificación, hechos y razones, lugar y fecha, firma, órgano destinatario). Art. 68: la subsanación de defectos en la solicitud tiene un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de desistimiento. Art. 69: la declaración responsable y la comunicación permiten iniciar la actividad desde el día de su presentación. Art. 70: el expediente es el conjunto ordenado de documentos que fundamentan la resolución. Art. 71: el procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites. Art. 73: plazo de 10 días para cumplir trámites por los interesados, salvo norma distinta. Art. 74: las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación del procedimiento, salvo la recusación. Art. 75: los actos de instrucción se realizan de oficio y por medios electrónicos. Art. 77: los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho; período de prueba de entre 10 y 30 días. Art. 82: el trámite de audiencia da un plazo de entre 10 y 15 días para alegaciones antes de la propuesta de resolución. Art. 83: la información pública no puede durar menos de 20 días. Art. 84: el procedimiento termina por resolución, desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material sobrevenida. Art. 86: terminación convencional (acuerdos, pactos, convenios o contratos). Art. 88: la resolución decide todas las cuestiones planteadas y no puede agravar la situación inicial del interesado. Art. 95: caducidad por paralización de 3 meses imputable al interesado, previa advertencia. Art. 96: tramitación simplificada, con plazo máximo de resolución de 30 días. Art. 98: los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión o supeditación a notificación, publicación o aprobación superior. Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; se elige el menos restrictivo. Art. 24: transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, en general opera el silencio administrativo estimatorio; es desestimatorio en petición, dominio o servicio público, impugnación y responsabilidad patrimonial. Art. 106: revisión de oficio por nulidad en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado; art. 107: lesividad de actos anulables en 4 años. Art. 112.3: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa. Art. 117: la interposición de recursos no suspende la ejecución; si en un mes no se resuelve la solicitud de suspensión, se entiende acordada. El recurso de alzada se interpone ante el órgano superior jerárquico, contra actos que no ponen fin a la vía administrativa; plazo de 1 mes si el acto es expreso y 3 si es presunto. El recurso de reposición es potestativo, se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que agota la vía administrativa; plazo de 1 mes si el acto es expreso y 3 si es presunto. El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes y por 4 motivos tasados: error de hecho, documentos esenciales aparecidos, documentos o testimonios falsos, o resolución obtenida por conducta punible. El recurso de alzada se resuelve en 3 meses; el de reposición, en 1 mes. El recurso de reposición es incompatible con el de alzada: solo cabe uno de los dos frente al mismo acto. El recurso extraordinario de revisión tiene plazos distintos según el motivo alegado (4 años para error de hecho; 3 meses para los demás motivos). El recurso contencioso-administrativo: 2 meses si el acto es expreso; 6 meses si es presunto (LJCA). La caducidad del procedimiento no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. La resolución que pone fin al procedimiento decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024). (Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565)
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
Constitución Española de 1978, art. 29 (derecho de petición)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Auxiliar Ayuntamiento.