Este temario corresponde EXCLUSIVAMENTE al Ayuntamiento de Madrid (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar), turno libre. Auxiliar Administrativo es uno de los cuerpos más fragmentados de España: cada ayuntamiento convoca su propio proceso selectivo con su propio temario, así que este fichero NO sirve para ningún otro ayuntamiento — cualquier opositor de Auxiliar Administrativo fuera del Ayuntamiento de Madrid debe consultar el temario de su propia convocatoria municipal. Se ha elegido el Ayuntamiento de Madrid por ser la convocatoria más citable y mejor documentada que se ha podido verificar en el momento de construir este fichero; en el futuro sería deseable ampliar con temarios adaptados a otros ayuntamientos grandes, dejando claro en cada uno a qué municipio corresponde. Tampoco cubre: (1) el proceso de promoción interna independiente de esta misma categoría en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un programa distinto y más corto de 12 temas (Resolución de 4 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.748, de 29 de octubre de 2024); (2) el Cuerpo de Auxiliares de Administración General (C2) de la Comunidad de Madrid (gobierno autonómico, no ayuntamiento), que es una escala distinta y ya tiene su propio temario en src/data/temarios/auxiliar-administrativo-madrid.json.
Las Entidades locales gozan de potestad reglamentaria (art. 4.1.a LBRL), que ejercen mediante ordenanzas y reglamentos, y de potestad de autoorganización, y el Alcalde puede además dictar bandos. La ordenanza regula con carácter general y externo materias de competencia municipal (convivencia, servicios, tributos); el reglamento organiza internamente la entidad o un servicio. Ambos son disposiciones administrativas de carácter general, subordinadas a la Constitución, las leyes y los reglamentos de rango superior. El procedimiento común de elaboración y aprobación está en el art. 49 de la Ley 7/1985 (aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia durante un mínimo de treinta días, resolución de alegaciones y aprobación definitiva por el Pleno), y la entrada en vigor exige su publicación íntegra en el boletín oficial (art. 70.2 LBRL). En Madrid, municipio de gran población (Título X LBRL) y con régimen especial por la Ley 22/2006 de Capitalidad, la Junta de Gobierno aprueba el proyecto y el Pleno la aprobación inicial y definitiva. Las ordenanzas fiscales siguen un procedimiento propio en el TRLRHL.
Potestad reglamentaria y de autoorganización de las Entidades locales
El art. 4.1.a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), reconoce a los municipios, provincias e islas, en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, las potestades reglamentaria y de autoorganización, además de la tributaria y financiera, la de programación o planificación, la expropiatoria, la de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes, la de presunción de legitimidad y ejecutoriedad de sus actos, la de ejecución forzosa y sancionadora, la de revisión de oficio de sus actos y las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública. En el mismo sentido, el art. 55 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) establece que, en la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar ordenanzas y reglamentos y los Alcaldes dictar bandos, sin que en ningún caso puedan contener preceptos opuestos a las leyes. La Ley 39/2015, en su art. 128.1, atribuye la potestad reglamentaria a los órganos de gobierno locales de conformidad con la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la LBRL. La autonomía local, garantizada por los arts. 137 y 140 de la Constitución, es el fundamento último de esta potestad.
Ordenanzas, reglamentos y bandos: diferencias
Aunque la ley las trata conjuntamente, conviene distinguir las figuras. La ordenanza es una disposición de carácter general que regula, en el ámbito de las competencias municipales, el comportamiento y las relaciones de los vecinos con la Administración y entre sí (convivencia, uso de espacios públicos, actividades, ruidos, limpieza, terrazas, etc.), y las ordenanzas fiscales establecen o regulan tributos. El reglamento es la disposición de carácter general que organiza la propia entidad o un servicio público (por ejemplo, el reglamento orgánico del Pleno, el reglamento de un servicio, el reglamento de participación ciudadana): tiene carácter predominantemente organizativo o de desarrollo. Los reglamentos orgánicos son los que la LBRL reserva a ciertas materias de organización municipal y exigen, en municipios de gran población, un procedimiento específico y mayoría absoluta. El bando es una disposición del Alcalde (art. 21.1.e LBRL se refiere a la facultad de dictar bandos) que puede ser de carácter normativo en lo que su habilitación permita, o meramente recordatorio o de aplicación de normas ya existentes; no sustituye a la ordenanza ni al reglamento y no puede innovar el ordenamiento más allá de las competencias del Alcalde. Las instrucciones y circulares son órdenes de servicio internas sin eficacia normativa externa (art. 6 Ley 40/2015).
Límites y jerarquía normativa
Las ordenanzas y reglamentos son disposiciones administrativas y, por tanto, están sometidos al principio de jerarquía normativa. El art. 128.2 de la Ley 39/2015 prohíbe que los reglamentos y disposiciones administrativas vulneren la Constitución o las leyes o regulen materias reservadas a la ley (o a las Cortes Generales o Asambleas legislativas por la Constitución y los Estatutos); sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, salvo en los casos en que la ley lo permita. En el ámbito local, esa habilitación existe: el Título XI de la LBRL (arts. 139 a 141) permite a las Entidades locales, en defecto de normativa sectorial específica, tipificar infracciones y sanciones en sus ordenanzas para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, y las multas no pueden exceder de 3.000 euros para las muy graves, 1.500 euros para las graves y 750 euros para las leves (art. 141 LBRL). Los tributos locales, por su parte, requieren la cobertura de la ley (principio de reserva de ley tributaria, art. 31.3 CE) y las ordenanzas fiscales solo pueden concretar los elementos que la ley les permite fijar. Además, rige el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 39/2015): las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición.
Procedimiento común de elaboración y aprobación (art. 49 LBRL)
El art. 49 LBRL establece el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales, con las siguientes fases: a) aprobación inicial por el Pleno; b) información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; c) resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones ni sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional (aprobación definitiva tácita), sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. La doctrina distingue una fase previa de iniciativa y de elaboración del proyecto (que corresponde a los servicios administrativos competentes, con informes técnicos y jurídicos) y las fases de aprobación propiamente dichas. Con carácter previo a la redacción, el art. 133 de la Ley 39/2015 exige una consulta pública previa a través del portal web de la Administración sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas, y, una vez elaborado el texto, la audiencia e información pública; el propio art. 133.4 permite prescindir de la consulta previa en determinados supuestos (normas presupuestarias u organizativas, urgencia, regulación parcial de una materia o cuando la norma no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia). Las entidades locales deben además respetar los principios de buena regulación del art. 129 de la Ley 39/2015: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Publicación y entrada en vigor (arts. 70.2 y 65.2 LBRL)
Conforme al art. 70.2 LBRL, los acuerdos que adopten las Corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publican en el boletín oficial de la provincia (en Madrid, al ser uniprovincial, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su publicación en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, BOAM) y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL. Este plazo es de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación del acuerdo por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, plazo en el que estas pueden requerir al ente local la anulación de actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento (art. 65 LBRL). Además, el art. 56 del Texto Refundido de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986) impone remitir copia íntegra de las ordenanzas y reglamentos a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma. La publicación de los reglamentos y la entrada en vigor de las disposiciones generales también se rigen por el art. 131 de la Ley 39/2015, que exige su publicación en el diario oficial correspondiente, y por el art. 2.1 del Código Civil (veinte días tras la publicación salvo disposición en contrario), si bien en el ámbito local la regla específica del art. 70.2 LBRL es la determinante.
Ordenanzas fiscales: procedimiento específico
Las ordenanzas fiscales se rigen por los arts. 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Los acuerdos provisionales de establecimiento, supresión y ordenación de tributos y de fijación de los elementos necesarios para determinar las cuotas se exponen en el tablón de anuncios de la entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente y presentar reclamaciones (art. 17 TRLRHL). Las entidades locales deben publicar los edictos en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, y, en municipios de más de 10.000 habitantes, además en un diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones adoptan los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones; si no se hubiesen presentado reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se eleva automáticamente a definitivo. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones deben publicarse en el boletín oficial. Contra los acuerdos definitivos no cabe recurso en vía administrativa, sino directamente recurso contencioso-administrativo (art. 19 TRLRHL). Las ordenanzas reguladoras de tributos que vayan a exigirse en el ejercicio siguiente deben estar aprobadas definitivamente antes de la fecha de devengo y publicadas con anterioridad al 1 de enero para que surtan efecto desde esa fecha. La aprobación de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección es potestativa.
Municipios de gran población y el Ayuntamiento de Madrid
Madrid es municipio de gran población en el sentido del Título X de la LBRL (arts. 121 y siguientes), por ser capital de Comunidad Autónoma, y goza además del régimen especial de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. En estos municipios se separa la función ejecutiva y la deliberante: el Pleno es el órgano de debate y adopción de las grandes decisiones, y el Alcalde y la Junta de Gobierno Local dirigen el gobierno y la administración. En materia normativa, corresponde al Pleno la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, incluidos los orgánicos (art. 123 LBRL), y a la Junta de Gobierno la aprobación del proyecto de ordenanzas y de reglamentos municipales, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones (art. 127.1.a LBRL). Por ello el procedimiento en Madrid exige: elaboración del proyecto por el Área de Gobierno competente, con informes jurídicos y, en su caso, económicos, aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, remisión al Pleno, dictamen de la comisión correspondiente, aprobación inicial por el Pleno, apertura del trámite de información pública y audiencia durante al menos treinta días, resolución de alegaciones y aprobación definitiva por el Pleno (que, si no hay alegaciones, se entiende producida sin nuevo acuerdo), y publicación en el BOAM y en el BOCM. Los reglamentos orgánicos y las normas del Pleno requieren la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Son reglamentos orgánicos de especial relevancia el Reglamento Orgánico del Pleno y los que regulan la organización y funcionamiento del Gobierno y la Administración municipal o la participación ciudadana; las demás disposiciones que no tengan carácter orgánico se aprueban como ordenanzas. Los textos y la fecha exactos de las normas vigentes deben consultarse en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
Control y revisión de las ordenanzas y reglamentos
Las ordenanzas y reglamentos locales pueden ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso directo contra una disposición general se interpone en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación (art. 46.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (art. 10.1.b LJCA); en Madrid, el TSJ de Madrid. El recurso indirecto (art. 26 LJCA) permite impugnar una disposición general con ocasión del recurso contra un acto de aplicación fundado en que la disposición no es conforme a derecho. Contra las disposiciones generales no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3 Ley 39/2015), aunque sí recurso contra los actos de aplicación. La Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma puede requerir al ente local la anulación del acuerdo (art. 65 LBRL) en el plazo de quince días hábiles o impugnarlo directamente (art. 66 LBRL) y solicitar la suspensión de la disposición recurrida si afecta a competencias del Estado o de la Comunidad Autónoma (art. 67 LBRL). Los vecinos pueden ejercer la acción pública en materia urbanística y medioambiental y las asociaciones legitimadas pueden impugnar. La nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas está regulada en el art. 47.2 de la Ley 39/2015: son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; esta nulidad puede declararse de oficio mediante la revisión de disposiciones del art. 106.2 de la Ley 39/2015 en cualquier momento.
Reglamentos orgánicos: especial referencia
En los municipios de gran población, el Reglamento Orgánico del Pleno regula la organización y funcionamiento del Pleno y de sus comisiones (art. 122.3 LBRL), y se aprueba por mayoría absoluta del número legal de miembros. En general, los municipios de gran población pueden aprobar, además, reglamentos orgánicos de organización y funcionamiento de los distritos, del Consejo Social de la Ciudad, de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, del Gobierno y Administración, de los órganos de gestión económico-financiera, de participación ciudadana y del Tribunal Económico-Administrativo Municipal, entre otros. La aprobación, modificación o supresión de los reglamentos orgánicos es competencia del Pleno, por mayoría absoluta cuando así lo disponga la ley. En Madrid, el Reglamento Orgánico del Pleno, el Reglamento Orgánico de los Distritos y el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, entre otros, constituyen el núcleo del ordenamiento organizativo municipal, junto con el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, y se complementan con las ordenanzas sectoriales (movilidad, medio ambiente, limpieza, actividades, tributos, atención a la ciudadanía y administración electrónica, transparencia, etc.).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 4.1.a LBRL: las Entidades locales tienen potestad reglamentaria y de autoorganización (entre otras prerrogativas).
Art. 55 TRRL (RDL 781/1986): las Entidades locales pueden aprobar ordenanzas y reglamentos y los Alcaldes dictar bandos; nunca preceptos opuestos a las leyes.
Art. 128.1 Ley 39/2015: la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las CCAA y a los órganos de gobierno locales.
Art. 128.2 Ley 39/2015: los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni tipificar infracciones o establecer sanciones o tributos salvo habilitación legal.
Art. 49 LBRL: aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia mínimo 30 días, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno.
Si no hay reclamaciones ni sugerencias durante la información pública, el acuerdo provisional se entiende definitivo sin nuevo acuerdo del Pleno (art. 49.c LBRL).
Art. 70.2 LBRL: las ordenanzas se publican íntegramente en el boletín oficial y no entran en vigor hasta su publicación completa y el transcurso del plazo del art. 65.2 LBRL (15 días hábiles).
Art. 123 LBRL (gran población): el Pleno aprueba ordenanzas y reglamentos, incluidos los orgánicos; art. 127.1.a LBRL: la Junta de Gobierno aprueba el proyecto de ordenanzas y reglamentos (salvo normas del Pleno y sus comisiones).
El Reglamento Orgánico del Pleno se aprueba por mayoría absoluta del número legal de miembros.
Arts. 139 a 141 LBRL: las ordenanzas pueden tipificar infracciones y sanciones en defecto de normativa sectorial; multas máximas de 3.000 euros (muy graves), 1.500 (graves) y 750 (leves).
Ordenanzas fiscales: arts. 15 a 19 TRLRHL; exposición pública mínima de 30 días; contra el acuerdo definitivo, recurso contencioso-administrativo directo.
Madrid es municipio de gran población (Título X LBRL) y capital con régimen especial por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
Art. 133 Ley 39/2015: consulta pública previa y audiencia/información pública en la elaboración de reglamentos; art. 129: principios de buena regulación.
Contra las disposiciones generales no cabe recurso administrativo (art. 112.3 Ley 39/2015); sí recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses (art. 46 LJCA).
Art. 37 Ley 39/2015: inderogabilidad singular de los reglamentos: un acto particular no puede vulnerar un reglamento aunque proceda de un órgano superior.
Art. 47.2 Ley 39/2015: son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior.
Error típico: confundir ordenanza (regulación externa de la convivencia y los tributos) con reglamento (organización del propio ente) o con bando (disposición del Alcalde).
Error típico: creer que la aprobación definitiva de una ordenanza corresponde al Alcalde o a la Junta de Gobierno; en el régimen local corresponde al Pleno.
El plazo mínimo de información pública es de 30 días en el procedimiento general (art. 49 LBRL) y en las ordenanzas fiscales (art. 17 TRLRHL).
El art. 65.2 LBRL fija en 15 días hábiles el plazo para el requerimiento de anulación por parte del Estado o de la Comunidad Autónoma.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Cuál es el plazo mínimo de información pública y audiencia a los interesados en el procedimiento de aprobación de ordenanzas locales (art. 49 LBRL)?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 13 de Auxiliar Ayuntamiento?
Las Entidades locales gozan de potestad reglamentaria (art. 4.1.a LBRL), que ejercen mediante ordenanzas y reglamentos, y de potestad de autoorganización, y el Alcalde puede además dictar bandos. La ordenanza regula con carácter general y externo materias de competencia municipal (convivencia, servicios, tributos); el reglamento organiza internamente la entidad o un servicio. Ambos son disposiciones administrativas de carácter general, subordinadas a la Constitución, las leyes y los reglamentos de rango superior. El procedimiento común de elaboración y aprobación está en el art. 49 de la Ley 7/1985 (aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia durante un mínimo de treinta días, resolución de alegaciones y aprobación definitiva por el Pleno), y la entrada en vigor exige su publicación íntegra en el boletín oficial (art. 70.2 LBRL). En Madrid, municipio de gran población (Título X LBRL) y con régimen especial por la Ley 22/2006 de Capitalidad, la Junta de Gobierno aprueba el proyecto y el Pleno la aprobación inicial y definitiva. Las ordenanzas fiscales siguen un procedimiento propio en el TRLRHL.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
Art. 4.1.a LBRL: las Entidades locales tienen potestad reglamentaria y de autoorganización (entre otras prerrogativas). Art. 55 TRRL (RDL 781/1986): las Entidades locales pueden aprobar ordenanzas y reglamentos y los Alcaldes dictar bandos; nunca preceptos opuestos a las leyes. Art. 128.1 Ley 39/2015: la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las CCAA y a los órganos de gobierno locales. Art. 128.2 Ley 39/2015: los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni tipificar infracciones o establecer sanciones o tributos salvo habilitación legal. Art. 49 LBRL: aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia mínimo 30 días, resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. Si no hay reclamaciones ni sugerencias durante la información pública, el acuerdo provisional se entiende definitivo sin nuevo acuerdo del Pleno (art. 49.c LBRL). Art. 70.2 LBRL: las ordenanzas se publican íntegramente en el boletín oficial y no entran en vigor hasta su publicación completa y el transcurso del plazo del art. 65.2 LBRL (15 días hábiles). Art. 123 LBRL (gran población): el Pleno aprueba ordenanzas y reglamentos, incluidos los orgánicos; art. 127.1.a LBRL: la Junta de Gobierno aprueba el proyecto de ordenanzas y reglamentos (salvo normas del Pleno y sus comisiones). El Reglamento Orgánico del Pleno se aprueba por mayoría absoluta del número legal de miembros. Arts. 139 a 141 LBRL: las ordenanzas pueden tipificar infracciones y sanciones en defecto de normativa sectorial; multas máximas de 3.000 euros (muy graves), 1.500 (graves) y 750 (leves). Ordenanzas fiscales: arts. 15 a 19 TRLRHL; exposición pública mínima de 30 días; contra el acuerdo definitivo, recurso contencioso-administrativo directo. Madrid es municipio de gran población (Título X LBRL) y capital con régimen especial por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Art. 133 Ley 39/2015: consulta pública previa y audiencia/información pública en la elaboración de reglamentos; art. 129: principios de buena regulación. Contra las disposiciones generales no cabe recurso administrativo (art. 112.3 Ley 39/2015); sí recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses (art. 46 LJCA). Art. 37 Ley 39/2015: inderogabilidad singular de los reglamentos: un acto particular no puede vulnerar un reglamento aunque proceda de un órgano superior. Art. 47.2 Ley 39/2015: son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior. Error típico: confundir ordenanza (regulación externa de la convivencia y los tributos) con reglamento (organización del propio ente) o con bando (disposición del Alcalde). Error típico: creer que la aprobación definitiva de una ordenanza corresponde al Alcalde o a la Junta de Gobierno; en el régimen local corresponde al Pleno. El plazo mínimo de información pública es de 30 días en el procedimiento general (art. 49 LBRL) y en las ordenanzas fiscales (art. 17 TRLRHL). El art. 65.2 LBRL fija en 15 días hábiles el plazo para el requerimiento de anulación por parte del Estado o de la Comunidad Autónoma.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022, páginas 96 a 103 (Resolución de 26 de abril de 2022 del Director General de Planificación de Recursos Humanos, por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid; Anexo, apartado "Programa"). Estas bases específicas son las que rigen la convocatoria de 256 plazas por turno libre publicada mediante Resolución de 1 de octubre de 2024 (BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024). (Auxiliar Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, turno libre, 256 plazas (Resolución de 1 de octubre de 2024, BOAM núm. 9.731, de 4 de octubre de 2024), regida por las bases específicas de la Resolución de 26 de abril de 2022 (BOAM núm. 9.128, de 29 de abril de 2022)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 4, 22, 49, 65 a 67, 70.2, 121 a 130 y 139 a 141)
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (arts. 55 y 56)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 37, 47, 106, 112, 128 a 133)
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (arts. 15 a 19)
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 10, 26 y 46)
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