Tema 4. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público y demás normativa de aplicación: derechos y deberes, formas de provisión de puestos, promoción interna y carrera profesional; situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen sancionador. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Grupo C, Subgrupo C1), turno de acceso libre. NO debe confundirse con el temario ya existente en este catálogo bajo el id 'informatica' (Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información / Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática, grados A1/A2): son tres cuerpos TIC distintos de la AGE regulados en la misma Resolución de 9 de julio de 2024 (Anexos separados), con temarios propios y no intercambiables — este fichero cubre exclusivamente el cuerpo AUXILIAR (C1). No cubre el turno de promoción interna (temario distinto y más corto, Anexo separado del mismo Cuerpo). La Oferta de Empleo Público 2025 (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2025) aprobó 900 plazas adicionales de ingreso libre para este mismo Cuerpo pendientes de una nueva convocatoria a fecha de redacción de este fichero; previsiblemente reutilizará el mismo programa de 34 temas, pero eso debe confirmarse cuando esa convocatoria se publique.
El Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015) es la norma de cabecera que fija el marco común de derechos, deberes y régimen jurídico de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas españolas, incluidos los funcionarios de la Administración General del Estado a los que se incorporará el aspirante. Este tema estudia, dentro de ese marco y de su normativa de desarrollo (Ley 30/1984 en lo que sigue vigente, Real Decreto 364/1995, Real Decreto 365/1995, Real Decreto 33/1986 y Ley 53/1984), los derechos y deberes, las formas de provisión de puestos, la promoción interna y la carrera profesional, las situaciones administrativas, las incompatibilidades y el régimen disciplinario. Se completa con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que impone obligaciones de publicidad activa y de ética institucional, y con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco internacional que orienta las políticas públicas y la gestión administrativa.
El Estatuto Básico del Empleado Público: de la Ley 7/2007 al texto refundido de 2015
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fue aprobado originalmente por la Ley 7/2007, de 12 de abril. La Ley 20/2014, de 29 de octubre, delegó en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, entre ellos uno que integrase en un único texto las sucesivas modificaciones sufridas por la Ley 7/2007 desde su aprobación. En ejercicio de esa habilitación se dictó el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), norma vigente que deroga la Ley 7/2007. El TREBEP es legislación básica (art. 149.1.18.ª CE): fija el mínimo común para todas las Administraciones y deja a la AGE y a las Comunidades Autónomas su desarrollo mediante leyes de función pública propias. En la AGE siguen aplicándose, en lo que no se oponga al TREBEP, normas anteriores: la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (parcialmente vigente), el Real Decreto 364/1995 (Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la AGE y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la AGE), el Real Decreto 365/1995 (Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la AGE) y el Real Decreto 33/1986 (Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la AGE).
Estructura del TREBEP y modificaciones recientes
El TREBEP se organiza en siete títulos: I (objeto y ámbito de aplicación), II (clases de personal), III (derechos y deberes; código de conducta; arts. 14 a 54), IV (adquisición y pérdida de la relación de servicio), V (ordenación de la actividad profesional; arts. 69 a 84, incluidos la planificación de recursos humanos, la oferta de empleo público, la estructuración del empleo y la provisión de puestos y movilidad), VI (situaciones administrativas; art. 85 y ss.) y VII (régimen disciplinario; arts. 93 a 98). Entre sus reformas recientes destacan: el Real Decreto-ley 29/2020, que introdujo el teletrabajo en el empleo público (art. 47 bis); el Real Decreto-ley 6/2019, que igualó los permisos por nacimiento de ambos progenitores (16 semanas), ampliados después a 19 semanas por el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio; y la reforma para reducir la temporalidad operada por el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, convalidado como Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que endureció los límites a la contratación y nombramiento temporal en el sector público.
Ámbito de aplicación y clases de personal
El TREBEP establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público y distingue cuatro clases de personal (art. 8): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. Los funcionarios de carrera (art. 9) están vinculados a una Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente; el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales está reservado a ellos. Los funcionarios interinos (art. 10) son nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, en cuatro supuestos: existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, sustitución transitoria de los titulares, ejecución de programas de carácter temporal y exceso o acumulación de tareas. Tras la Ley 20/2021, el nombramiento por vacante no puede superar tres años, salvo las excepciones previstas, y los abusos en la temporalidad dan lugar a responsabilidad y a compensación. El personal laboral (art. 11) se vincula por contrato de trabajo, y el personal eventual (art. 12) realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, no reservadas a funcionarios de carrera; su nombramiento y cese son libres, cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta su función de confianza y la condición de eventual no puede constituir mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna. El TREBEP regula además el personal directivo profesional (art. 13) como figura distinta de las cuatro clases.
Grupos de clasificación profesional (art. 76 TREBEP)
Los cuerpos y escalas de funcionarios de carrera se clasifican en grupos según la titulación exigida para el ingreso (art. 76): Grupo A, dividido en Subgrupos A1 y A2, que exige título universitario de Grado (o equivalente); Grupo B, que exige título de Técnico Superior; y Grupo C, dividido en Subgrupos C1 (título de Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). El nivel de titulación determina el acceso, las retribuciones básicas (sueldo y trienios) y el ámbito de la promoción interna. Las retribuciones básicas (art. 23) son el sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo, y los trienios, vinculados a la antigüedad; las complementarias (art. 24) son el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Derechos individuales de los empleados públicos (art. 14 TREBEP)
El artículo 14 del TREBEP reconoce a los empleados públicos, entre otros, los derechos a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación; a percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio; a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios; a la defensa jurídica y protección de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier órgano jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones; a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales; al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo; a la no discriminación; a las vacaciones, descansos, permisos y licencias; a la jubilación según los términos y condiciones establecidos en las normas aplicables; y a las prestaciones de Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. Tras la Ley Orgánica 3/2018 (protección de datos y garantía de los derechos digitales) se incorporaron además el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, y el derecho a la desconexión digital.
Derechos individuales de ejercicio colectivo y representación (art. 15 TREBEP)
El artículo 15 del TREBEP agrupa como derechos individuales ejercidos colectivamente la libertad sindical; la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; el ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso; el derecho de reunión; y el derecho a la información y consulta y participación en materia de prevención de riesgos laborales, en los términos que establece el propio Estatuto y la normativa específica. La negociación colectiva del personal funcionario se articula en mesas de negociación (la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y la Mesa General de Negociación de la AGE, además de las mesas sectoriales), que alcanzan Pactos y Acuerdos (arts. 36 a 38); las materias objeto de negociación se enumeran en el art. 37. Los órganos específicos de representación del personal funcionario son los delegados de personal (unidades electorales con menos de 50 funcionarios) y las juntas de personal (unidades con 50 o más funcionarios). Las condiciones de trabajo del personal laboral se negocian conforme al Estatuto de los Trabajadores y su convenio colectivo (en la AGE, el Convenio Único).
Jornada, permisos y vacaciones (arts. 47 a 51 TREBEP)
El Capítulo V del Título III regula la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. El permiso por nacimiento para la madre biológica y el permiso del progenitor distinto de la madre biológica son de 19 semanas tras el Real Decreto-ley 9/2025, iguales e intransferibles, y de 32 semanas en los supuestos de monoparentalidad, con un periodo inicial obligatorio de seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, 11 semanas voluntarias hasta que el menor cumpla doce meses y 2 hasta que cumpla ocho años (art. 49). Las vacaciones anuales son de un mes natural o de veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio, con días adicionales por antigüedad a partir de los quince años (art. 50). El teletrabajo se admite como modalidad de prestación del servicio a distancia, de carácter voluntario y reversible, con los mismos derechos y deberes que el trabajo presencial (art. 47 bis). Los permisos por razón de violencia de género y las reducciones de jornada por cuidado de menores o familiares completan el régimen de conciliación.
Deberes, código de conducta y principios éticos (arts. 52-54 TREBEP)
El Capítulo VI del Título III del TREBEP regula los deberes de los empleados públicos y su código de conducta. El artículo 52 impone el deber de desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales con sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, conforme a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Estos principios y reglas informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. El artículo 53 desarrolla los principios éticos (respeto a la Constitución y al resto de normas, satisfacción del interés general, actuación imparcial, abstención en conflictos de intereses, no aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales y de cortesía, y otros) y el artículo 54 los principios de conducta (trato correcto y respetuoso con ciudadanos, superiores y compañeros, diligencia, cooperación, deber de información y de guardar secreto, entre otros). Los principios éticos y de conducta tienen carácter de código de conducta y su incumplimiento puede acarrear responsabilidad disciplinaria.
Acceso al empleo público y pérdida de la condición de funcionario
El acceso al empleo público se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad (art. 55), y las Administraciones lo ofertan en la oferta de empleo público (art. 70), cuya ejecución debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición, y solo excepcionalmente el concurso, por ley (art. 61). En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes para personas con discapacidad (art. 59). La condición de funcionario de carrera se pierde (art. 63) por renuncia, pérdida de la nacionalidad (cuando proceda), jubilación total, sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial cuando sea firme. La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los 65 años, sin perjuicio de la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo hasta un máximo de 70 años (art. 67).
La provisión de puestos de trabajo: el concurso (arts. 78 y 79 TREBEP)
El artículo 78 del TREBEP dispone que las Administraciones proveerán los puestos mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que los procedimientos de provisión son el concurso y la libre designación con convocatoria pública. El concurso, regulado en el artículo 79, es el sistema normal u ordinario de provisión de puestos y consiste en la valoración de los méritos y capacidades, y en su caso aptitudes, de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico, que garantizan la transparencia y objetividad del proceso; las bases de la convocatoria fijan los méritos y su baremo. En la AGE, de acuerdo con la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, para participar en un concurso se exige una permanencia mínima de dos años en el puesto de destino definitivo, salvo excepciones. Además, los funcionarios pueden ocupar puestos con carácter provisional mediante comisión de servicios o adscripción provisional, y el TREBEP prevé la movilidad por razón de violencia de género o terrorista, así como la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.
La provisión de puestos de trabajo: la libre designación (art. 80 TREBEP)
El artículo 80 del TREBEP regula la libre designación con convocatoria pública, sistema excepcional frente al concurso, reservado por las leyes de función pública a determinados puestos en atención a la naturaleza de sus funciones (dirección, especial responsabilidad o confianza). Consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Los titulares de puestos obtenidos por libre designación pueden ser cesados discrecionalmente, y si son cesados o se suprime su puesto, deben ser mantenidos en la Administración con las condiciones establecidas por la ley, generalmente a disposición de un puesto de su Cuerpo o Escala. Debe distinguirse del concurso: el concurso es la regla, la libre designación es la excepción, y ambos exigen convocatoria pública.
La carrera profesional y la evaluación del desempeño (arts. 16 y 20 TREBEP)
El artículo 16 del TREBEP regula la carrera profesional del personal funcionario, que consiste en el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los funcionarios pueden progresar simultáneamente por cuatro modalidades: la carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo; la carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo; la promoción interna vertical; y la promoción interna horizontal. Cada Administración Pública determina qué modalidades implanta mediante las leyes de función pública. La carrera horizontal exige, para su aplicación, la evaluación de los méritos y la valoración de la trayectoria profesional (art. 17). La evaluación del desempeño (art. 20) es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados, conforme a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación; sus efectos se aplican a la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos y la continuidad en el puesto de trabajo, y el art. 20 prevé que la continuidad en un puesto obtenido por concurso quede ligada a la evaluación.
La promoción interna vertical y horizontal (art. 18 TREBEP)
El artículo 18 del TREBEP distingue la promoción interna vertical, consistente en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo (o Grupo de clasificación profesional cuando este no tenga Subgrupos) a otro del Subgrupo superior o Grupo, de la promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. En ambos casos los funcionarios de carrera deben poseer la titulación exigida y reunir los restantes requisitos, además de superar las correspondientes pruebas selectivas, y deben tener una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en el Subgrupo o Grupo de origen. Las Administraciones han de facilitar la promoción interna, y las plazas reservadas a la promoción interna se publican en la oferta de empleo público; se pueden valorar los méritos y la antigüedad, pero la promoción interna exige superar pruebas selectivas.
Las situaciones administrativas del personal funcionario (art. 85 y ss. TREBEP)
El artículo 85 del TREBEP enumera las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Las leyes de función pública pueden regular otras situaciones cuando concurran razones justificadas, y en la AGE el Real Decreto 365/1995 las desarrolla. Su finalidad común es compatibilizar la vinculación permanente del funcionario con su cuerpo o escala con circunstancias personales, profesionales o institucionales que impiden o desaconsejan el desempeño efectivo y continuado del puesto. En servicio activo (art. 86) se encuentran los funcionarios que prestan servicios en su condición de tales, salvo que les corresponda quedar en otra situación. Los servicios especiales (art. 87) corresponden, entre otros supuestos, a quienes son designados miembros del Gobierno o altos cargos, son elegidos miembros de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas autonómicas, son nombrados para órganos constitucionales o adquieren la condición de funcionarios de organizaciones internacionales; conllevan, en general, derecho a la reserva del puesto de trabajo y al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad y trienios. En servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88) quedan los funcionarios transferidos o que obtengan destino en otra Administración por los procedimientos de movilidad, rigiéndose por la legislación de la Administración de destino y conservando su condición en el cuerpo de origen.
Excedencias y suspensión de funciones (arts. 89 y 90 TREBEP)
La excedencia (art. 89) puede ser voluntaria por interés particular, que exige haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y no conlleva reserva de puesto ni cómputo del tiempo a efectos de carrera; voluntaria por agrupación familiar, para quienes obtengan puesto en otra localidad por tener el cónyuge destino definitivo como funcionario o laboral; por cuidado de familiares, de duración no superior a tres años por cada hijo (con reserva del puesto durante el primer año) o para atender a un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo; por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista, sin exigencia de servicios previos ni plazo de permanencia. La suspensión de funciones (art. 90) puede ser firme, por sentencia penal firme o sanción disciplinaria, con un máximo de seis años, o provisional, durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario, con un límite de seis meses salvo paralización del procedimiento por causa imputable al interesado. La suspensión firme superior a seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo.
El régimen de incompatibilidades (Ley 53/1984)
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, desarrolla el mandato del artículo 103.3 de la Constitución y se asienta en el principio de dedicación del personal a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las estrictamente derivadas del interés público. Su ámbito alcanza al personal al servicio de la AGE, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales y de los entes, organismos y empresas dependientes. Regla general: el desempeño de un puesto en el sector público es incompatible con el ejercicio de cualquier otro puesto en el sector público, salvo los supuestos exceptuados por la propia ley (por ejemplo, determinados puestos de docencia universitaria y sanitarios), y con las actividades privadas que puedan comprometer su imparcialidad o independencia, exigiéndose en todo caso el previo reconocimiento de compatibilidad. En particular, el personal no puede ejercer actividades privadas en los asuntos en que intervenga, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto. No se puede reconocer compatibilidad para actividades privadas a quienes perciban complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30 por ciento de su retribución básica, excluidos los conceptos de antigüedad. Quedan exceptuadas de la Ley, entre otras, la administración del patrimonio personal o familiar, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y la participación en cursos o seminarios de formación en centros oficiales. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades constituye falta muy grave según el artículo 95 del TREBEP. El Real Decreto 598/1985 desarrolla la ley para el ámbito de la Administración del Estado y sus entes.
El régimen disciplinario: faltas (arts. 93-95 TREBEP)
El Título VII del TREBEP regula el régimen disciplinario. La responsabilidad disciplinaria (art. 93) alcanza a los funcionarios y al personal laboral, y se exige conforme a los principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia (art. 94). El artículo 95 clasifica las faltas disciplinarias en muy graves, graves y leves, y tipifica directamente en el propio TREBEP únicamente las muy graves, entre ellas el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía, toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, el abandono del servicio, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave, la violación de la neutralidad o independencia políticas, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, el acoso laboral y la notoria falta de rendimiento. Las faltas graves y leves se determinan por la ley de Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma, o por los convenios colectivos para el personal laboral, atendiendo al grado de vulneración de la legalidad, a la gravedad de los daños al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos y al descrédito para la imagen pública. En la AGE las faltas graves y leves se tipifican en el Real Decreto 33/1986.
El régimen disciplinario: sanciones, prescripción y procedimiento (arts. 96-98 TREBEP)
El artículo 96 enumera las sanciones: separación del servicio de los funcionarios (que en el caso de interinos comporta la revocación del nombramiento y solo puede sancionar faltas muy graves); despido disciplinario del personal laboral (también solo por faltas muy graves); suspensión firme de funciones (o de empleo y sueldo para el personal laboral), con una duración máxima de seis años; traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia; demérito, que consiste en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; apercibimiento; y cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se gradúa teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año (art. 97). No puede imponerse sanción por falta muy grave o grave sino mediante procedimiento previo (art. 98), que respeta el principio de audiencia al interesado, la separación entre la fase instructora y la sancionadora y la presunción de inocencia; puede adoptarse la suspensión provisional como medida cautelar. El procedimiento disciplinario y la responsabilidad penal o civil son compatibles, pero no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos (non bis in idem) cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento.
La Ley 19/2013: objeto, ámbito y publicidad activa
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se estructura en un título preliminar y tres títulos: el Título I regula la transparencia de la actividad pública (publicidad activa y derecho de acceso), el Título II el buen gobierno y el Título III el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Su ámbito subjetivo (art. 2) comprende la AGE, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos y entidades públicas dependientes, las sociedades mercantiles de capital público mayoritario, y, respecto de sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. El artículo 3 impone obligaciones de publicidad activa a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas por encima de ciertos umbrales (más de 100.000 euros en un año o, al menos, el 40 por ciento de sus ingresos anuales con un mínimo de 5.000 euros). La publicidad activa obliga a publicar de forma periódica y actualizada, en las sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad: información institucional, organizativa y de planificación (art. 6), información de relevancia jurídica (art. 7) e información económica, presupuestaria y estadística (art. 8, que incluye contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y retribuciones de altos cargos). En la AGE, el Portal de la Transparencia es el punto de acceso centralizado.
La Ley 19/2013: el derecho de acceso a la información pública
El derecho de acceso a la información pública (art. 12) corresponde a todas las personas, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. Se entiende por información pública (art. 13) los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos obligados y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho puede limitarse (art. 14) cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y la protección del medio ambiente. Los límites se aplican de forma justificada y proporcionada. El artículo 15 protege los datos personales (con regímenes distintos según se trate de datos especialmente protegidos) y el artículo 16 admite el acceso parcial. La solicitud (art. 17) no tiene que motivarse, aunque puede exponer los motivos; debe identificar al solicitante y la información solicitada. El artículo 18 enumera las causas de inadmisión, entre ellas la información en curso de elaboración o publicación general, la que tenga carácter auxiliar o de apoyo, la que requiera una acción previa de reelaboración y las solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas. La resolución debe notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otro mes en caso de volumen o complejidad (art. 20); transcurrido el plazo sin resolución expresa la solicitud se entiende desestimada (silencio negativo). El acceso es gratuito, salvo la expedición de copias o la transposición a formato distinto del original, que pueden dar lugar a una exacción.
La Ley 19/2013: reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso puede interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (o el órgano autonómico equivalente), con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa (art. 24). La reclamación se interpone en el plazo de un mes desde la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; el Consejo debe resolver y notificar en el plazo máximo de tres meses, y transcurrido ese plazo la reclamación se entiende desestimada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines y está adscrito al ministerio competente. Sus funciones principales son promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso, resolver las reclamaciones, adoptar criterios de interpretación uniforme, asesorar en materia de transparencia y buen gobierno, y elaborar un informe anual de actividad. Su Presidente es nombrado por Real Decreto, a propuesta del titular del ministerio, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, por un mandato de cinco años no renovable; el Consejo cuenta con una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en la que participan representantes de las Cortes Generales, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos y de la AIReF. Su estatuto se aprueba por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre.
La Ley 19/2013: buen gobierno y régimen sancionador de los altos cargos
El Título II de la Ley 19/2013 regula el buen gobierno. Su ámbito (art. 25) alcanza a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y los altos cargos y asimilados de la AGE y de las demás Administraciones. Los principios generales (art. 26) obligan a actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y con vocación de servicio a la ciudadanía; y los principios de actuación incluyen respetar la Constitución, desempeñar su actividad con dedicación al servicio público, no aceptar regalos que superen los usos habituales, y abstenerse en los asuntos en que concurra conflicto de intereses. La ley tipifica infracciones muy graves, graves y leves en materia de conflictos de intereses, de gestión económico-presupuestaria y disciplinaria, e impone sanciones que incluyen la destitución y la inhabilitación para ser nombrado alto cargo, además de la publicación de las sanciones en el Boletín Oficial correspondiente. Se complementa con la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, que regula las incompatibilidades, las declaraciones de actividades, bienes e intereses, y las limitaciones al ejercicio de actividades privadas durante los dos años siguientes al cese. Cabe añadir la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que establece canales internos de información y crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 (Resolución 70/1, Transformar nuestro mundo) y articula un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, con la paz y las alianzas como elementos transversales (las cinco P: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, o partnerships). Se estructura en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, con un horizonte temporal que culmina en 2030; sucede a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). Los 17 ODS son: 1 Fin de la pobreza; 2 Hambre cero; 3 Salud y bienestar; 4 Educación de calidad; 5 Igualdad de género; 6 Agua limpia y saneamiento; 7 Energía asequible y no contaminante; 8 Trabajo decente y crecimiento económico; 9 Industria, innovación e infraestructura; 10 Reducción de las desigualdades; 11 Ciudades y comunidades sostenibles; 12 Producción y consumo responsables; 13 Acción por el clima; 14 Vida submarina; 15 Vida de ecosistemas terrestres; 16 Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17 Alianzas para lograr los objetivos. La Agenda 2030 es un compromiso político de carácter universal, no un tratado jurídicamente vinculante (soft law): corresponde a cada Estado definir su estrategia nacional y presentar informes voluntarios de seguimiento. Para el empleado público, los ODS más directamente conectados con la Administración son el ODS 16 (instituciones eficaces, responsables e inclusivas, y acceso a la información pública), el ODS 5 (igualdad de género), el ODS 10 y el ODS 17 (alianzas).
La Agenda 2030 en España
España ha incorporado la Agenda 2030 como referencia transversal de sus políticas públicas. El Gobierno aprobó en 2018 el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 y, en junio de 2021, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que fija el marco de la política española para el cumplimiento de los ODS. La coordinación corresponde a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, integrada en el ministerio que tenga atribuida la competencia (a verificar, pues la denominación y estructura ministerial cambian con cada Gobierno); la participación de la sociedad civil se canaliza a través del Consejo de Desarrollo Sostenible y la cooperación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales a través de la Conferencia Sectorial. Para la Administración General del Estado, la Agenda 2030 tiene implicaciones directas en planificación estratégica, contratación pública, rendición de cuentas y modernización de la gestión, y se vincula con la Ley 19/2013 (el ODS 16 incluye el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
TREBEP vigente: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre — texto refundido que deroga la Ley 7/2007, de 12 de abril. Habilitación: Ley 20/2014, de 29 de octubre.
El TREBEP es legislación básica: su desarrollo corresponde a las leyes de función pública de la AGE y de las Comunidades Autónomas. En la AGE siguen operando el RD 364/1995 (ingreso y provisión), el RD 365/1995 (situaciones administrativas) y el RD 33/1986 (régimen disciplinario).
Clases de personal (art. 8): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual. El personal directivo profesional (art. 13) es una figura aparte.
Personal eventual (art. 12): funciones de confianza o asesoramiento especial; nombramiento y cese libres; cesa automáticamente al cesar la autoridad a la que presta su función; su condición NO es mérito para acceder a la función pública.
Funcionario interino (art. 10): cuatro supuestos (vacante, sustitución transitoria, programa temporal, exceso o acumulación de tareas). Ley 20/2021: el nombramiento por vacante tiene un límite temporal de tres años.
Grupos (art. 76): A1 y A2 (Grado), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico), C2 (ESO).
Art. 14 TREBEP: derechos individuales (inamovilidad, carrera, retribuciones, formación, defensa jurídica, intimidad, no discriminación, vacaciones y permisos, jubilación, Seguridad Social, desconexión digital).
Art. 15 TREBEP: derechos de ejercicio colectivo — libertad sindical, negociación colectiva, huelga (con servicios esenciales), conflictos colectivos, reunión, información y consulta en prevención de riesgos laborales.
Representación del personal funcionario: delegados de personal (unidades con menos de 50 funcionarios) y juntas de personal (unidades con 50 o más).
Permiso por nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, iguales e intransferibles; vacaciones: un mes natural o 22 días hábiles anuales.
Arts. 52-54 TREBEP: deberes y código de conducta (art. 52, con 15 principios), principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54).
Acceso: igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 55); oposición y concurso-oposición como sistemas ordinarios; cupo no inferior al 7% para personas con discapacidad (art. 59); ejecución de la oferta de empleo en plazo improrrogable de tres años (art. 70).
Provisión de puestos (art. 78): concurso (art. 79, sistema ORDINARIO, méritos y capacidades valorados por órganos colegiados técnicos) y libre designación (art. 80, EXCEPCIONAL y discrecional, con cese discrecional).
Carrera profesional (art. 16): horizontal (sin cambiar de puesto), vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical y promoción interna horizontal. La evaluación del desempeño es el art. 20.
Promoción interna (art. 18): vertical (a Subgrupo o Grupo superior) frente a horizontal (a cuerpos del mismo Subgrupo). Exige superar pruebas selectivas y dos años de antigüedad en el Subgrupo o Grupo de origen.
Situaciones administrativas (art. 85): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones.
Excedencia voluntaria por interés particular: exige cinco años de servicios efectivos previos en cualquier Administración; no conlleva reserva de puesto ni cómputo de antigüedad.
Excedencia por cuidado de hijo: hasta tres años por cada hijo, con reserva del puesto el primer año. Excedencia por violencia de género: sin exigencia de servicios previos.
Suspensión firme de funciones: máximo seis años (arts. 90 y 96). Suspensión provisional: máximo seis meses salvo paralización por causa imputable al interesado.
Pérdida de la condición de funcionario (art. 63): renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación absoluta o especial firme. Jubilación forzosa a los 65 años, prolongable hasta 70 (art. 67).
Ley 53/1984: principio de dedicación a un solo puesto; incompatibilidad general con otro puesto público y con actividades privadas que comprometan la imparcialidad; exige reconocimiento previo de compatibilidad; no se reconoce compatibilidad privada si el complemento específico supera el 30% de la retribución básica (sin contar antigüedad).
Ley 53/1984: no se pueden ejercer actividades privadas en asuntos en que se intervenga, se haya intervenido en los dos últimos años o se tenga que intervenir por razón del puesto.
Art. 95 TREBEP: faltas muy graves, graves y leves — solo las MUY GRAVES están tipificadas directamente en el propio TREBEP; las graves y leves las fija la ley (en la AGE, el RD 33/1986).
Prescripción (art. 97): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones por faltas muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año.
Ley 19/2013 (9-dic-2013): Título I transparencia (publicidad activa + derecho de acceso), Título II buen gobierno, Título III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Derecho de acceso (arts. 12-24): corresponde a todas las personas; no exige motivar la solicitud; 12 límites tasados en el art. 14; plazo de resolución de un mes, ampliable por otro mes; silencio negativo.
Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa y previa al contencioso-administrativo; plazo de un mes para interponerla y tres meses para resolverla.
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: mandato de cinco años no renovable, nombrado por Real Decreto. Estatuto del Consejo: RD 919/2014.
Entidades privadas sujetas a publicidad activa (art. 3): partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que perciban más de 100.000 euros en ayudas o subvenciones en un año, o al menos el 40% de sus ingresos anuales (mínimo 5.000 euros).
Altos cargos: Ley 19/2013 (buen gobierno), Ley 3/2015 (ejercicio del alto cargo de la AGE; limitaciones de dos años tras el cese) y Ley 2/2023 (protección de los informantes).
Agenda 2030 (ONU, septiembre de 2015): 17 ODS y 169 metas; cinco P (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas); es un compromiso político, no un tratado vinculante.
ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas): el más directamente ligado a la modernización de la Administración Pública; ODS 5 igualdad de género; ODS 17 alianzas.
España: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (junio de 2021) y Plan de Acción de 2018.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué norma aprueba el texto refundido vigente del Estatuto Básico del Empleado Público?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Técnico Auxiliar de Informática?
El Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015) es la norma de cabecera que fija el marco común de derechos, deberes y régimen jurídico de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas españolas, incluidos los funcionarios de la Administración General del Estado a los que se incorporará el aspirante. Este tema estudia, dentro de ese marco y de su normativa de desarrollo (Ley 30/1984 en lo que sigue vigente, Real Decreto 364/1995, Real Decreto 365/1995, Real Decreto 33/1986 y Ley 53/1984), los derechos y deberes, las formas de provisión de puestos, la promoción interna y la carrera profesional, las situaciones administrativas, las incompatibilidades y el régimen disciplinario. Se completa con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que impone obligaciones de publicidad activa y de ética institucional, y con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco internacional que orienta las políticas públicas y la gestión administrativa.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
TREBEP vigente: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre — texto refundido que deroga la Ley 7/2007, de 12 de abril. Habilitación: Ley 20/2014, de 29 de octubre. El TREBEP es legislación básica: su desarrollo corresponde a las leyes de función pública de la AGE y de las Comunidades Autónomas. En la AGE siguen operando el RD 364/1995 (ingreso y provisión), el RD 365/1995 (situaciones administrativas) y el RD 33/1986 (régimen disciplinario). Clases de personal (art. 8): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual. El personal directivo profesional (art. 13) es una figura aparte. Personal eventual (art. 12): funciones de confianza o asesoramiento especial; nombramiento y cese libres; cesa automáticamente al cesar la autoridad a la que presta su función; su condición NO es mérito para acceder a la función pública. Funcionario interino (art. 10): cuatro supuestos (vacante, sustitución transitoria, programa temporal, exceso o acumulación de tareas). Ley 20/2021: el nombramiento por vacante tiene un límite temporal de tres años. Grupos (art. 76): A1 y A2 (Grado), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico), C2 (ESO). Art. 14 TREBEP: derechos individuales (inamovilidad, carrera, retribuciones, formación, defensa jurídica, intimidad, no discriminación, vacaciones y permisos, jubilación, Seguridad Social, desconexión digital). Art. 15 TREBEP: derechos de ejercicio colectivo — libertad sindical, negociación colectiva, huelga (con servicios esenciales), conflictos colectivos, reunión, información y consulta en prevención de riesgos laborales. Representación del personal funcionario: delegados de personal (unidades con menos de 50 funcionarios) y juntas de personal (unidades con 50 o más). Permiso por nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, iguales e intransferibles; vacaciones: un mes natural o 22 días hábiles anuales. Arts. 52-54 TREBEP: deberes y código de conducta (art. 52, con 15 principios), principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54). Acceso: igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 55); oposición y concurso-oposición como sistemas ordinarios; cupo no inferior al 7% para personas con discapacidad (art. 59); ejecución de la oferta de empleo en plazo improrrogable de tres años (art. 70). Provisión de puestos (art. 78): concurso (art. 79, sistema ORDINARIO, méritos y capacidades valorados por órganos colegiados técnicos) y libre designación (art. 80, EXCEPCIONAL y discrecional, con cese discrecional). Carrera profesional (art. 16): horizontal (sin cambiar de puesto), vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical y promoción interna horizontal. La evaluación del desempeño es el art. 20. Promoción interna (art. 18): vertical (a Subgrupo o Grupo superior) frente a horizontal (a cuerpos del mismo Subgrupo). Exige superar pruebas selectivas y dos años de antigüedad en el Subgrupo o Grupo de origen. Situaciones administrativas (art. 85): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Excedencia voluntaria por interés particular: exige cinco años de servicios efectivos previos en cualquier Administración; no conlleva reserva de puesto ni cómputo de antigüedad. Excedencia por cuidado de hijo: hasta tres años por cada hijo, con reserva del puesto el primer año. Excedencia por violencia de género: sin exigencia de servicios previos. Suspensión firme de funciones: máximo seis años (arts. 90 y 96). Suspensión provisional: máximo seis meses salvo paralización por causa imputable al interesado. Pérdida de la condición de funcionario (art. 63): renuncia, pérdida de nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme e inhabilitación absoluta o especial firme. Jubilación forzosa a los 65 años, prolongable hasta 70 (art. 67). Ley 53/1984: principio de dedicación a un solo puesto; incompatibilidad general con otro puesto público y con actividades privadas que comprometan la imparcialidad; exige reconocimiento previo de compatibilidad; no se reconoce compatibilidad privada si el complemento específico supera el 30% de la retribución básica (sin contar antigüedad). Ley 53/1984: no se pueden ejercer actividades privadas en asuntos en que se intervenga, se haya intervenido en los dos últimos años o se tenga que intervenir por razón del puesto. Art. 95 TREBEP: faltas muy graves, graves y leves — solo las MUY GRAVES están tipificadas directamente en el propio TREBEP; las graves y leves las fija la ley (en la AGE, el RD 33/1986). Art. 96 TREBEP: sanciones — separación del servicio, despido disciplinario (solo faltas muy graves), suspensión firme (máx. 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento. Prescripción (art. 97): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones por faltas muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año. Ley 19/2013 (9-dic-2013): Título I transparencia (publicidad activa + derecho de acceso), Título II buen gobierno, Título III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Derecho de acceso (arts. 12-24): corresponde a todas las personas; no exige motivar la solicitud; 12 límites tasados en el art. 14; plazo de resolución de un mes, ampliable por otro mes; silencio negativo. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: potestativa y previa al contencioso-administrativo; plazo de un mes para interponerla y tres meses para resolverla. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: mandato de cinco años no renovable, nombrado por Real Decreto. Estatuto del Consejo: RD 919/2014. Entidades privadas sujetas a publicidad activa (art. 3): partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que perciban más de 100.000 euros en ayudas o subvenciones en un año, o al menos el 40% de sus ingresos anuales (mínimo 5.000 euros). Altos cargos: Ley 19/2013 (buen gobierno), Ley 3/2015 (ejercicio del alto cargo de la AGE; limitaciones de dos años tras el cese) y Ley 2/2023 (protección de los informantes). Agenda 2030 (ONU, septiembre de 2015): 17 ODS y 169 metas; cinco P (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas); es un compromiso político, no un tratado vinculante. ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas): el más directamente ligado a la modernización de la Administración Pública; ODS 5 igualdad de género; ODS 17 alianzas. España: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (junio de 2021) y Plan de Acción de 2018.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real. (Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre)).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos en virtud de lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 15/2014.
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (preceptos vigentes).
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la AGE y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE.
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la AGE.
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015: Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (Gobierno de España, 2021).
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