Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Grupo C, Subgrupo C1), turno de acceso libre. NO debe confundirse con el temario ya existente en este catálogo bajo el id 'informatica' (Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información / Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática, grados A1/A2): son tres cuerpos TIC distintos de la AGE regulados en la misma Resolución de 9 de julio de 2024 (Anexos separados), con temarios propios y no intercambiables — este fichero cubre exclusivamente el cuerpo AUXILIAR (C1). No cubre el turno de promoción interna (temario distinto y más corto, Anexo separado del mismo Cuerpo). La Oferta de Empleo Público 2025 (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2025) aprobó 900 plazas adicionales de ingreso libre para este mismo Cuerpo pendientes de una nueva convocatoria a fecha de redacción de este fichero; previsiblemente reutilizará el mismo programa de 34 temas, pero eso debe confirmarse cuando esa convocatoria se publique.
Tema de encuadre constitucional común a la práctica totalidad de los procesos selectivos de la Administración del Estado. Cubre la Constitución Española de 1978 (elaboración, estructura, principios y valores superiores), el sistema de derechos y deberes fundamentales del Título I, sus garantías (reserva de ley, contenido esencial, amparo, Defensor del Pueblo, reforma agravada), su suspensión (art. 55 y estados de alarma, excepción y sitio del art. 116) y la Corona (Título II: funciones constitucionales del Rey, sucesión, regencia, refrendo). Todo el ordenamiento posterior, incluida la normativa de administración electrónica que desarrollan los siguientes temas de este bloque, debe respetar este marco.
Elaboración y aprobación de la Constitución de 1978
La Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales (Congreso y Senado) el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey en sesión solemne de las Cortes el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró en vigor. No debe confundirse el referéndum (6 de diciembre, 'Día de la Constitución') con la sanción (27 de diciembre) ni con la publicación y entrada en vigor (29 de diciembre). El texto fue elaborado por una Ponencia constitucional de siete miembros (los llamados 'padres de la Constitución') y debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso y en el Senado, con un amplio consenso entre las fuerzas políticas de la Transición.
Estructura sistemática de la Constitución
La Constitución consta de un Preámbulo (sin valor normativo directo, de carácter orientador e interpretativo), un Título Preliminar (arts. 1 a 9), diez Títulos numerados del I al X (arts. 10 a 169, en total 169 artículos), cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Los Títulos son: I (derechos y deberes fundamentales), II (la Corona), III (las Cortes Generales), IV (el Gobierno y la Administración), V (relaciones Gobierno-Cortes), VI (el Poder Judicial), VII (economía y hacienda), VIII (organización territorial del Estado), IX (el Tribunal Constitucional) y X (la reforma constitucional).
El artículo 1: España como Estado social y democrático de Derecho
El artículo 1.1 CE define a España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 1.2 atribuye la soberanía nacional al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el artículo 1.3 establece la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. El artículo 9.1 añade que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Valores superiores frente a principios del artículo 9.3
Los valores superiores del artículo 1.1 (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político) son fundamentos axiológicos que inspiran todo el ordenamiento, mientras que los principios del artículo 9.3 son garantías técnicas de funcionamiento del sistema jurídico: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es un error frecuente en examen confundir ambas listas o atribuir a uno de los valores superiores la 'seguridad jurídica'.
El artículo 2: unidad de la Nación y autonomía de nacionalidades y regiones
El artículo 2 CE proclama la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es el fundamento constitucional directo del Estado de las Autonomías (Título VIII).
El artículo 3: las lenguas oficiales
El castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (art. 3.1); las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2); y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección (art. 3.3).
Los símbolos del Estado: bandera y capital (arts. 4 y 5)
El artículo 4 CE regula la bandera de España (roja, amarilla y roja, con la franja amarilla de doble anchura que las rojas) y permite que los Estatutos reconozcan banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. El artículo 5 fija Madrid como capital del Estado.
Los partidos políticos (art. 6)
El artículo 6 CE establece que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
Sindicatos y organizaciones empresariales (art. 7)
El artículo 7 CE dispone que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Las Fuerzas Armadas (art. 8)
El artículo 8 CE encomienda a las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regula las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución.
El Título I: estructura general de los derechos y deberes fundamentales
El Título I (arts. 10 a 55) se abre con el artículo 10, que declara la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social, y ordena (art. 10.2) interpretar las normas sobre derechos y libertades de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España. Se divide en cinco capítulos: Capítulo I (arts. 11-13, españoles y extranjeros), Capítulo II (arts. 14-38, derechos y libertades: art. 14 y, a continuación, la Sección 1ª de los derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 15-29, y la Sección 2ª de los derechos y deberes de los ciudadanos, arts. 30-38), Capítulo III (arts. 39-52, principios rectores de la política social y económica), Capítulo IV (arts. 53-54, garantías de las libertades y derechos fundamentales) y Capítulo V (art. 55, suspensión de los derechos y libertades).
Capítulo I: nacionalidad, mayoría de edad y extranjeros (arts. 11-13)
La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, y ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad (art. 11); los españoles son mayores de edad a los dieciocho años (art. 12). Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (art. 13.1); solo los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (art. 13.2, reformado en 1992). La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, con exclusión de los delitos políticos, sin que se consideren como tales los actos de terrorismo (art. 13.3); la ley regula el derecho de asilo (art. 13.4).
El artículo 14: la igualdad ante la ley
El artículo 14 CE proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Atención sistemática: el artículo 14 es el primero del Capítulo II, pero NO pertenece a la Sección 1ª (que va de los arts. 15 a 29); aun así goza del procedimiento preferente y sumario y del recurso de amparo (art. 53.2). La igualdad formal del art. 14 se complementa con la igualdad material del art. 9.2 y con la igualdad de sexos del art. 32 y del art. 35.
Mapa de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª, arts. 15-29)
Art. 15: derecho a la vida y a la integridad física y moral (abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra). Art. 16: libertad ideológica, religiosa y de culto; nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Art. 17: libertad y seguridad; la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, un máximo de setenta y dos horas, tras las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial; procedimiento de habeas corpus (art. 17.4). Art. 18: honor, intimidad personal y familiar y propia imagen; inviolabilidad del domicilio (solo con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito); secreto de las comunicaciones (salvo resolución judicial); y limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad (art. 18.4, base constitucional de la protección de datos). Art. 19: elegir libremente residencia y circular por el territorio nacional, y entrar y salir de España. Art. 20: libertades de expresión, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, cátedra e información veraz; no cabe censura previa y el secuestro de publicaciones solo procede por resolución judicial. Art. 21: reunión pacífica y sin armas; en lugares de tránsito público basta comunicación previa a la autoridad. Art. 22: asociación (las asociaciones secretas y de carácter paramilitar están prohibidas; su disolución o suspensión requiere resolución judicial motivada). Art. 23: participación en los asuntos públicos y acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Art. 24: tutela judicial efectiva sin indefensión, juez ordinario predeterminado por la ley, defensa y asistencia de letrado, presunción de inocencia, proceso público sin dilaciones indebidas. Art. 25: legalidad penal (nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa) y orientación de las penas a la reeducación y reinserción social. Art. 26: prohibición de tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Art. 27: derecho a la educación y libertad de enseñanza. Art. 28: libertad sindical y derecho de huelga. Art. 29: derecho de petición individual y colectiva, por escrito.
Sección 2ª del Capítulo II: derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30-38) y principios rectores
Los artículos 30 a 38 recogen: el derecho y deber de defender a España y la objeción de conciencia (art. 30); el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (art. 31); el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32); el derecho a la propiedad privada y a la herencia, con función social (art. 33); el derecho de fundación (art. 34); el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente (art. 35); los colegios profesionales (art. 36); el derecho a la negociación colectiva laboral y a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37); y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38). Estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y su regulación exige ley (que respete su contenido esencial, art. 53.1), pero no son tutelables mediante recurso de amparo (salvo la objeción de conciencia del art. 30.2).
Distinción de protección dentro del Capítulo II
Los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª (arts. 15 a 29) gozan del máximo nivel de garantía: reserva de ley orgánica para su desarrollo (art. 81.1), procedimiento agravado de reforma constitucional (art. 168), tutela por procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2), y prohibición de que el decreto-ley los afecte (art. 86.1). El art. 14 queda protegido por el amparo y el procedimiento preferente y sumario (art. 53.2), pero, al no estar situado en la Sección 1ª, no queda cubierto de forma literal por el procedimiento de reforma del art. 168 (que menciona solo la Sección 1ª del Capítulo II) y su inclusión en la reserva de ley orgánica del art. 81 es una cuestión doctrinal. Los derechos y deberes de la Sección 2ª (arts. 30 a 38) tienen una protección inferior: reserva de ley ordinaria y, salvo la objeción de conciencia, sin amparo constitucional.
Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III)
Los principios rectores del Capítulo III (arts. 39 a 52) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3): no son directamente exigibles como los derechos fundamentales. Recogen, entre otros: protección de la familia y de la infancia (art. 39), progreso social y económico y distribución de la renta (art. 40), régimen público de Seguridad Social (art. 41), emigrantes (art. 42), protección de la salud (art. 43), acceso a la cultura (art. 44), medio ambiente (art. 45), patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), vivienda digna (art. 47), participación de la juventud (art. 48), atención a las personas con discapacidad (art. 49, cuya redacción fue reformada en febrero de 2024 para sustituir la expresión 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'), tercera edad (art. 50), defensa de consumidores y usuarios (art. 51) y organizaciones profesionales (art. 52).
Las garantías de los derechos y libertades (art. 53)
El artículo 53 CE establece varios niveles de garantía: (1) los derechos y libertades del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio (art. 53.1), pudiendo además impugnarse la ley ante el Tribunal Constitucional por recurso de inconstitucionalidad; (2) cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II (y la objeción de conciencia del art. 30) ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2); (3) los principios del Capítulo III solo informan la legislación positiva y se alegan según lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3). Entre las garantías generales se cuentan también el Defensor del Pueblo (art. 54), la reserva de ley, el control jurisdiccional de la Administración (art. 106) y el sometimiento a los tratados internacionales (art. 10.2 y art. 96).
El Defensor del Pueblo (art. 54)
El artículo 54 CE crea el Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Su regulación se completa con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (desarrollada en el Tema 2 de este temario).
La suspensión de derechos y libertades (art. 55 y art. 116)
El artículo 55.1 CE permite suspender determinados derechos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución: libertad y seguridad (art. 17, aunque se exceptúa el art. 17.3 en el estado de excepción), inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18.2 y 18.3), libre circulación y residencia (art. 19), libertades de expresión e información en los supuestos del art. 20.1.a) y d) y 20.5, derecho de reunión (art. 21), derecho de huelga (art. 28.2) y medidas de conflicto colectivo (art. 37.2). El estado de alarma NO permite la suspensión de derechos, solo su limitación. El artículo 55.2 prevé además la suspensión individualizada, mediante ley orgánica, de los derechos de los arts. 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas en relación con investigaciones sobre la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. Nunca se ha declarado un estado de excepción ni de sitio desde 1978.
Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 y LO 4/1981)
El artículo 116 CE remite a una ley orgánica (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio) la regulación de los tres estados. Estado de alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse; procede ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Estado de excepción: requiere autorización previa del Congreso a solicitud del Gobierno, dura un máximo de treinta días, prorrogables por otros treinta con el mismo requisito, y procede cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, el funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente. Estado de sitio: lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno, que determina su ámbito territorial, duración y condiciones, ante una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. Durante cualquiera de los estados no puede disolverse el Congreso (art. 116.5) y no se interrumpe el funcionamiento de los poderes constitucionales.
Aplicaciones del estado de alarma y jurisprudencia constitucional
El estado de alarma se ha declarado en dos ocasiones desde 1978: en diciembre de 2010 con motivo de la paralización del control aéreo y en 2020 por la pandemia de COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y, posteriormente, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre). El Tribunal Constitucional, en las Sentencias 148/2021 (14 de julio) y 183/2021 (27 de octubre), declaró contrarias a la Constitución parte de las medidas del primer estado de alarma (por entender que el confinamiento generalizado suponía una suspensión, y no una mera limitación, del derecho de libre circulación del art. 19, lo que solo cabe en estado de excepción) y la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma, por una delegación de la autoridad competente en los presidentes autonómicos y por el insuficiente control parlamentario.
El artículo 9.2: la igualdad material
El artículo 9.2 CE encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es el fundamento constitucional de las políticas de igualdad de género y de las medidas de acción positiva que desarrolla otro tema de este bloque.
La reforma constitucional: procedimiento ordinario (art. 167)
El procedimiento ordinario de reforma constitucional (art. 167) exige aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hay acuerdo entre ambas, se intenta obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores que presenta un texto que se vota en ambas; y si aun así no se logra, siempre que el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios. Aprobada la reforma por las Cortes, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166, por remisión al art. 87.1 y 87.2). Se ha utilizado en tres ocasiones: 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y 2024 (art. 49, personas con discapacidad).
La reforma constitucional: procedimiento agravado (art. 168)
El procedimiento agravado de reforma (art. 168), reservado a la revisión total de la Constitución o a una revisión parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al Título II (la Corona), exige: aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara; disolución inmediata de las Cortes; ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras y estudio del nuevo texto constitucional, que debe aprobarse por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras; y referéndum obligatorio de ratificación. Nunca se ha utilizado.
La Corona: naturaleza y estatuto del Rey (Título II, arts. 56-57)
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1). Su título es el de Rey de España y puede utilizar los demás que correspondan a la Corona (art. 56.2). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos están siempre refrendados (art. 56.3 y art. 64), de modo que de ellos responde quien los refrenda. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (art. 57.1). Don Felipe VI fue proclamado Rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Don Juan Carlos I hecha efectiva por la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio.
Sucesión a la Corona (art. 57)
El heredero tiene la dignidad de Príncipe (o Princesa) de Asturias y los demás títulos vinculados al heredero (art. 57.2). El orden de sucesión sigue la regla de primogenitura y representación: la línea anterior es preferida a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos (art. 57.1). Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveen a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España (art. 57.3). Quienes contraigan matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedan excluidos de la sucesión, por sí y sus descendientes (art. 57.4). Las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (art. 57.5). La heredera actual es la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz.
Reina consorte, juramento, regencia y tutela (arts. 58-61)
La Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia (art. 58). Regencia: si el Rey es menor de edad, ejerce la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona (art. 59.1); si el Rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad es reconocida por las Cortes Generales, asume inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero si es mayor de edad (art. 59.2); cuando no haya ninguna persona a quien corresponda la Regencia, la nombran las Cortes Generales y se compone de una, tres o cinco personas (art. 59.3); para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad (art. 59.4), y se ejerce siempre por mandato constitucional y en nombre del Rey (art. 59.5). Tutela del Rey menor (art. 60): la ejerce la persona designada en el testamento del Rey difunto, si es mayor de edad y español de nacimiento; en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; y, en su defecto, la nombran las Cortes Generales; no pueden acumularse los cargos de Regente y de tutor, salvo el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey. Juramento (art. 61): el Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas; el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes, al hacerse cargo de sus funciones, prestan el mismo juramento y el de fidelidad al Rey.
Funciones constitucionales del Rey (art. 62)
Corresponde al Rey: a) sancionar y promulgar las leyes; b) convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución; c) convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos constitucionales; e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; f) expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas; i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; j) el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Otras funciones del Rey (art. 63) y refrendo (art. 64)
El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él (art. 63.1); le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes (art. 63.2); y, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz (art. 63.3). Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 (investidura fallida) serán refrendados por el Presidente del Congreso (art. 64.1). De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden (art. 64.2). Sin refrendo, los actos del Rey carecen de validez.
La Casa del Rey (art. 65)
El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y distribuye libremente la misma (art. 65.1). El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2). Se trata de una organización de naturaleza institucional, que presta apoyo al Rey, cuyos miembros nombra y releva libremente el propio Monarca, y que no forma parte de la Administración General del Estado.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Referéndum: 6-dic-1978. Sanción por el Rey: 27-dic-1978. Publicación en BOE y entrada en vigor: 29-dic-1978 — son tres fechas distintas, no confundirlas.
Estructura: Preámbulo + Título Preliminar (arts. 1-9) + Títulos I a X (arts. 10-169; 169 artículos en total) + 4 disposiciones adicionales + 9 transitorias + 1 derogatoria + 1 final.
Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad, pluralismo político — distintos de los principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad).
Soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2); forma política del Estado: Monarquía parlamentaria (art. 1.3).
Art. 2: unidad indisoluble de la Nación + derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones + solidaridad entre ellas, en un mismo artículo.
Art. 3: castellano oficial del Estado (deber de conocerlo, derecho a usarlo); demás lenguas oficiales en sus CCAA según Estatuto; modalidades lingüísticas como patrimonio cultural.
Bandera (art. 4): roja-amarilla-roja, franja amarilla de doble anchura que las rojas. Capital (art. 5): Madrid.
Partidos políticos (art. 6) vs. sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7): ambos con estructura interna y funcionamiento democráticos, pero en artículos distintos con función constitucional distinta.
Fuerzas Armadas (art. 8): Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire — garantizan soberanía, independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional.
Título I dividido en 5 capítulos: I (españoles/extranjeros, arts. 11-13), II (derechos y libertades, arts. 14-38), III (principios rectores, arts. 39-52), IV (garantías, arts. 53-54), V (suspensión, art. 55). El art. 10 es introductorio (dignidad; interpretación conforme a tratados, art. 10.2).
TRAMPA: el art. 14 está en el Capítulo II pero FUERA de la Sección 1ª (arts. 15-29). Se protege con amparo (art. 53.2) pero la reserva de ley orgánica (art. 81) y el art. 168 se refieren a la Sección 1ª.
Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29): máxima protección — ley orgánica, recurso de amparo, procedimiento agravado de reforma (art. 168).
Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38): protección inferior — ley ordinaria respetando el contenido esencial, sin recurso de amparo (salvo objeción de conciencia del art. 30.2).
Principios rectores (Capítulo III, arts. 39-52): NO son directamente exigibles, solo alegables según lo que digan las leyes que los desarrollen (art. 53.3) — trampa clásica de examen confundirlos con derechos exigibles.
Art. 53.2: procedimiento preferente y sumario + recurso de amparo, para el art. 14, la Sección 1ª (arts. 15-29) y la objeción de conciencia (art. 30).
Detención preventiva (art. 17.2): máximo 72 horas; habeas corpus (art. 17.4). Intimidad (art. 18), secreto de comunicaciones (art. 18.3, salvo resolución judicial) y limitación del uso de la informática (art. 18.4).
Extranjeros (art. 13): derechos del art. 23 solo para españoles, salvo sufragio activo y pasivo en elecciones municipales por reciprocidad (reforma de 1992).
Suspensión general de derechos (art. 55.1): solo con estados de excepción y de sitio, nunca con el de alarma. Suspensión individual (art. 55.2): arts. 17.2, 18.2 y 18.3 en casos de terrorismo/bandas armadas, con ley orgánica, control judicial y parlamentario.
Estado de alarma: Gobierno, decreto en Consejo de Ministros, 15 días, prórroga con autorización del Congreso. Excepción: autorización previa del Congreso, 30 días + 30. Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Regulados en la LO 4/1981.
STC 148/2021 y 183/2021: declararon inconstitucionales medidas del estado de alarma por COVID-19 (confinamiento = suspensión y no limitación de la libre circulación; prórroga de seis meses sin control parlamentario suficiente).
Defensor del Pueblo (art. 54): alto comisionado de las Cortes Generales, no del Gobierno ni del Rey.
Art. 9.2 (igualdad material) es la base constitucional de las políticas de igualdad de género y de la acción positiva — distinto del art. 14 (igualdad formal ante la ley).
Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión paritaria y, con mayoría absoluta del Senado, 2/3 del Congreso; referéndum solo si lo piden 1/10 de una Cámara en 15 días.
Reforma agravada (art. 168): para revisión total, Título Preliminar, Título I Cap. II Sección 1ª o Título II (la Corona) — 2/3 de cada Cámara + disolución de Cortes + ratificación por las nuevas Cámaras (2/3) + referéndum OBLIGATORIO.
Reformas realizadas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Todas por el procedimiento del art. 167.
No confundir 'revisión total' (siempre agravada) con 'revisión parcial': la parcial solo es agravada si toca esas tres materias concretas; el resto de reforma parcial va por el procedimiento ordinario.
Corona (art. 56): Jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia; arbitra y modera. Persona inviolable y no sujeta a responsabilidad; responden quienes refrendan sus actos.
Sucesión (art. 57): primogenitura y representación; a igual grado, varón antes que mujer (precepto discutido, no reformado). Las dudas y abdicaciones se resuelven por ley orgánica (LO 3/2014 para la abdicación de Juan Carlos I).
Regencia (art. 59): una, tres o cinco personas si la nombran las Cortes; requisito: español y mayor de edad. Tutela (art. 60): distinta de la regencia; no se acumulan salvo padre, madre o ascendientes directos.
Funciones del Rey (art. 62): sancionar y promulgar leyes, convocar/disolver Cortes, convocar referéndum, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, nombrar y separar ministros, expedir decretos, mando supremo FFAA, derecho de gracia (sin indultos generales).
Art. 63: embajadores, tratados y declarar la guerra/hacer la paz previa autorización de las Cortes. Art. 64: refrendo — regla general Presidente del Gobierno o ministro competente; excepción: Presidente del Congreso (propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y disolución del art. 99).
Art. 65: el Rey recibe una cantidad global de los Presupuestos para su Familia y Casa y distribuye libremente; nombra y releva libremente a los miembros de su Casa.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿En qué fecha se publicó en el BOE y entró en vigor la Constitución Española de 1978?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Técnico Auxiliar de Informática?
Tema de encuadre constitucional común a la práctica totalidad de los procesos selectivos de la Administración del Estado. Cubre la Constitución Española de 1978 (elaboración, estructura, principios y valores superiores), el sistema de derechos y deberes fundamentales del Título I, sus garantías (reserva de ley, contenido esencial, amparo, Defensor del Pueblo, reforma agravada), su suspensión (art. 55 y estados de alarma, excepción y sitio del art. 116) y la Corona (Título II: funciones constitucionales del Rey, sucesión, regencia, refrendo). Todo el ordenamiento posterior, incluida la normativa de administración electrónica que desarrollan los siguientes temas de este bloque, debe respetar este marco.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
Referéndum: 6-dic-1978. Sanción por el Rey: 27-dic-1978. Publicación en BOE y entrada en vigor: 29-dic-1978 — son tres fechas distintas, no confundirlas. Estructura: Preámbulo + Título Preliminar (arts. 1-9) + Títulos I a X (arts. 10-169; 169 artículos en total) + 4 disposiciones adicionales + 9 transitorias + 1 derogatoria + 1 final. Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad, pluralismo político — distintos de los principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad). Soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2); forma política del Estado: Monarquía parlamentaria (art. 1.3). Art. 2: unidad indisoluble de la Nación + derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones + solidaridad entre ellas, en un mismo artículo. Art. 3: castellano oficial del Estado (deber de conocerlo, derecho a usarlo); demás lenguas oficiales en sus CCAA según Estatuto; modalidades lingüísticas como patrimonio cultural. Bandera (art. 4): roja-amarilla-roja, franja amarilla de doble anchura que las rojas. Capital (art. 5): Madrid. Partidos políticos (art. 6) vs. sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7): ambos con estructura interna y funcionamiento democráticos, pero en artículos distintos con función constitucional distinta. Fuerzas Armadas (art. 8): Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire — garantizan soberanía, independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional. Título I dividido en 5 capítulos: I (españoles/extranjeros, arts. 11-13), II (derechos y libertades, arts. 14-38), III (principios rectores, arts. 39-52), IV (garantías, arts. 53-54), V (suspensión, art. 55). El art. 10 es introductorio (dignidad; interpretación conforme a tratados, art. 10.2). TRAMPA: el art. 14 está en el Capítulo II pero FUERA de la Sección 1ª (arts. 15-29). Se protege con amparo (art. 53.2) pero la reserva de ley orgánica (art. 81) y el art. 168 se refieren a la Sección 1ª. Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29): máxima protección — ley orgánica, recurso de amparo, procedimiento agravado de reforma (art. 168). Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38): protección inferior — ley ordinaria respetando el contenido esencial, sin recurso de amparo (salvo objeción de conciencia del art. 30.2). Principios rectores (Capítulo III, arts. 39-52): NO son directamente exigibles, solo alegables según lo que digan las leyes que los desarrollen (art. 53.3) — trampa clásica de examen confundirlos con derechos exigibles. Art. 53.2: procedimiento preferente y sumario + recurso de amparo, para el art. 14, la Sección 1ª (arts. 15-29) y la objeción de conciencia (art. 30). Detención preventiva (art. 17.2): máximo 72 horas; habeas corpus (art. 17.4). Intimidad (art. 18), secreto de comunicaciones (art. 18.3, salvo resolución judicial) y limitación del uso de la informática (art. 18.4). Extranjeros (art. 13): derechos del art. 23 solo para españoles, salvo sufragio activo y pasivo en elecciones municipales por reciprocidad (reforma de 1992). Suspensión general de derechos (art. 55.1): solo con estados de excepción y de sitio, nunca con el de alarma. Suspensión individual (art. 55.2): arts. 17.2, 18.2 y 18.3 en casos de terrorismo/bandas armadas, con ley orgánica, control judicial y parlamentario. Estado de alarma: Gobierno, decreto en Consejo de Ministros, 15 días, prórroga con autorización del Congreso. Excepción: autorización previa del Congreso, 30 días + 30. Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Regulados en la LO 4/1981. STC 148/2021 y 183/2021: declararon inconstitucionales medidas del estado de alarma por COVID-19 (confinamiento = suspensión y no limitación de la libre circulación; prórroga de seis meses sin control parlamentario suficiente). Defensor del Pueblo (art. 54): alto comisionado de las Cortes Generales, no del Gobierno ni del Rey. Art. 9.2 (igualdad material) es la base constitucional de las políticas de igualdad de género y de la acción positiva — distinto del art. 14 (igualdad formal ante la ley). Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, Comisión paritaria y, con mayoría absoluta del Senado, 2/3 del Congreso; referéndum solo si lo piden 1/10 de una Cámara en 15 días. Reforma agravada (art. 168): para revisión total, Título Preliminar, Título I Cap. II Sección 1ª o Título II (la Corona) — 2/3 de cada Cámara + disolución de Cortes + ratificación por las nuevas Cámaras (2/3) + referéndum OBLIGATORIO. Reformas realizadas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Todas por el procedimiento del art. 167. No confundir 'revisión total' (siempre agravada) con 'revisión parcial': la parcial solo es agravada si toca esas tres materias concretas; el resto de reforma parcial va por el procedimiento ordinario. Corona (art. 56): Jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia; arbitra y modera. Persona inviolable y no sujeta a responsabilidad; responden quienes refrendan sus actos. Sucesión (art. 57): primogenitura y representación; a igual grado, varón antes que mujer (precepto discutido, no reformado). Las dudas y abdicaciones se resuelven por ley orgánica (LO 3/2014 para la abdicación de Juan Carlos I). Regencia (art. 59): una, tres o cinco personas si la nombran las Cortes; requisito: español y mayor de edad. Tutela (art. 60): distinta de la regencia; no se acumulan salvo padre, madre o ascendientes directos. Funciones del Rey (art. 62): sancionar y promulgar leyes, convocar/disolver Cortes, convocar referéndum, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, nombrar y separar ministros, expedir decretos, mando supremo FFAA, derecho de gracia (sin indultos generales). Art. 63: embajadores, tratados y declarar la guerra/hacer la paz previa autorización de las Cortes. Art. 64: refrendo — regla general Presidente del Gobierno o ministro competente; excepción: Presidente del Congreso (propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y disolución del art. 99). Art. 65: el Rey recibe una cantidad global de los Presupuestos para su Familia y Casa y distribuye libremente; nombra y releva libremente a los miembros de su Casa.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real. (Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (Títulos Preliminar, I, II y X; arts. 53, 55, 56-65, 116, 166-168).
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio, y 183/2021, de 27 de octubre (estado de alarma por COVID-19).
Reformas constitucionales de 27 de agosto de 1992 (art. 13.2), 27 de septiembre de 2011 (art. 135) y de febrero de 2024 (art. 49).
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