Tema 2. Las Cortes Generales: atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo.
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Grupo C, Subgrupo C1), turno de acceso libre. NO debe confundirse con el temario ya existente en este catálogo bajo el id 'informatica' (Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información / Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática, grados A1/A2): son tres cuerpos TIC distintos de la AGE regulados en la misma Resolución de 9 de julio de 2024 (Anexos separados), con temarios propios y no intercambiables — este fichero cubre exclusivamente el cuerpo AUXILIAR (C1). No cubre el turno de promoción interna (temario distinto y más corto, Anexo separado del mismo Cuerpo). La Oferta de Empleo Público 2025 (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2025) aprobó 900 plazas adicionales de ingreso libre para este mismo Cuerpo pendientes de una nueva convocatoria a fecha de redacción de este fichero; previsiblemente reutilizará el mismo programa de 34 temas, pero eso debe confirmarse cuando esa convocatoria se publique.
Desarrollo del Título III de la Constitución (las Cortes Generales: composición, elección, funcionamiento, procedimiento legislativo y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado), del Título IX (el Tribunal Constitucional: composición, estatuto de sus miembros y atribuciones, arts. 159-165 CE y LO 2/1979) y de la institución del Defensor del Pueblo (art. 54 CE y LO 3/1981). Es contenido troncal de cualquier temario de acceso a la Administración del Estado.
Las Cortes Generales como titulares de la potestad legislativa (art. 66)
El artículo 66 CE establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables (art. 66.3). El bicameralismo es imperfecto: el Congreso tiene preeminencia sobre el Senado en el procedimiento legislativo, en la investidura y en el control político del Gobierno.
Composición del Congreso de los Diputados (art. 68)
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley (art. 68.1). La circunscripción electoral es la provincia, y Ceuta y Melilla están representadas cada una por un Diputado (art. 68.2). La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) fija el número en 350 Diputados, que se distribuyen asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y repartiendo el resto proporcionalmente a la población. La elección se verifica en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional (art. 68.3), con la fórmula D'Hondt y con la exclusión de las candidaturas que no alcancen un porcentaje mínimo de votos válidos en la circunscripción (3 % según la LOREG). El mandato dura cuatro años, y las elecciones tienen lugar entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato (art. 68.4 y 68.6).
Composición del Senado (art. 69)
El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1). En cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 69.2). En las provincias insulares, cada isla o agrupación de islas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma (art. 69.3). Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una (art. 69.4). Las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, correspondiendo la designación a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad (art. 69.5). El mandato es de cuatro años (art. 69.6).
Causas de inelegibilidad e incompatibilidad (art. 70)
La ley electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a) los componentes del Tribunal Constitucional; b) los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno; c) el Defensor del Pueblo; d) los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo; e) los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo; f) los miembros de las Juntas Electorales (art. 70.1). La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras está sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral (art. 70.2). Para que el sufragio sea universal, la LO 2/2018, de 5 de diciembre, reformó la LOREG para reconocer el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, suprimiendo la privación del voto por incapacitación judicial.
Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento (art. 71)
Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1), que no tiene límite temporal. Durante el período de su mandato gozan también de inmunidad y solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito; no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, el llamado suplicatorio (art. 71.2). En las causas contra Diputados y Senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3). Los Diputados y Senadores perciben una asignación que fijan las respectivas Cámaras (art. 71.4).
Autonomía de las Cámaras (art. 72)
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma se someten a una votación final sobre su totalidad, que requiere la mayoría absoluta (art. 72.1). Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes (art. 72.3). Las sesiones conjuntas son presididas por el Presidente del Congreso y se rigen por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Reglamentos vigentes: Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, y Texto Refundido del Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994.
Sesiones y períodos ordinarios (art. 73)
Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio (art. 73.1). Pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deben convocarse con un orden del día determinado y se clausuran una vez agotado éste (art. 73.2).
Sesiones conjuntas de ambas Cámaras (art. 74)
Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (por ejemplo, reconocer la inhabilitación del Rey, nombrar la Regencia, proveer a la sucesión o recibir el juramento del Rey), y no para tramitar leyes, que siempre se hace por separado en cada Cámara (art. 74.1). Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los arts. 94.1 (autorización de determinados tratados), 145.2 (acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas) y 158.2 (Fondos de Compensación Interterritorial) se adoptan por mayoría de cada una de las Cámaras (art. 74.2).
Plenos, Comisiones y delegación legislativa en Comisiones (art. 75)
Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones (art. 75.1). Las Cámaras pueden delegar en Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, pero el Pleno puede siempre recabar el debate y votación de cualquier proyecto o proposición (art. 75.2). Quedan excluidos de la delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado (art. 75.3).
Comisiones de investigación y peticiones (arts. 76 y 77)
El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras conjuntamente, pueden nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, y la ley regula las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento (art. 76.2). Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas, y pueden remitirlas al Gobierno (art. 77).
Diputaciones Permanentes (art. 78)
En cada Cámara existe una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica (art. 78.1). Las Diputaciones Permanentes asumen las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 (convalidación de decretos-leyes) y 116 (estados de alarma, excepción y sitio), en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y en los demás casos que la Constitución establezca. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes siguen ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales (art. 78.2 y 78.3).
Quórum y mayorías (art. 79)
Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros (art. 79.1). Los acuerdos, para ser válidos, deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas pueda establecer el Reglamento de las Cámaras (art. 79.2). El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable (art. 79.3).
Publicidad de las sesiones (art. 80)
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. Es la publicidad la regla y el carácter secreto la excepción.
Las leyes orgánicas (art. 81)
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1). La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2). No existe jerarquía entre ley orgánica y ley ordinaria, sino distinción por materias y por el procedimiento de aprobación (principio de competencia).
Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decretos legislativos y decretos-leyes (arts. 82-86)
Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley (decretos legislativos) mediante una ley de bases (para textos articulados) o una ley ordinaria (para refundir textos legales); la delegación debe ser expresa, para materia concreta y con fijación del plazo, y no cabe para materias reservadas a ley orgánica (arts. 82-85). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación; durante ese plazo las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86).
Iniciativa legislativa (art. 87)
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras (art. 87.1). Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa (art. 87.2). Una ley orgánica regula las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, para la que se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas; no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87.3, desarrollado por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo).
Los proyectos de ley (art. 88)
Los proyectos de ley son aprobados en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Se distinguen de las proposiciones de ley, que son la iniciativa legislativa que parte de las propias Cámaras, de las Comunidades Autónomas o de la iniciativa popular (art. 89).
Tramitación en el Senado y veto (art. 90)
Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación (art. 90.1). El Senado, en el plazo de dos meses a partir de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas. El veto debe ser aprobado por mayoría absoluta; el proyecto no puede ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta el texto inicial, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple (art. 90.2). El plazo de dos meses se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso (art. 90.3).
Sanción, promulgación y publicación de las leyes (art. 91)
El Rey sanciona en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulga y ordena su inmediata publicación. Es un acto formal y debido, no discrecional, coherente con la Monarquía parlamentaria del art. 1.3.
Referéndum y tratados internacionales (arts. 92-96)
Las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados (art. 92). Los tratados que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93) o que afecten a determinadas materias (art. 94.1) requieren la autorización de las Cortes Generales (en el art. 93, por ley orgánica). Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1), y sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
Control parlamentario del Gobierno: información, comparecencia, preguntas, interpelaciones
Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 109). Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, que tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, pudiendo solicitar que informen ante las mismas los funcionarios de sus Departamentos (art. 110). El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras; para esta materia, el Reglamento de las Cámaras establece un tiempo mínimo semanal, y toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición (art. 111). Son instrumentos ordinarios de control político distintos de la moción de censura o la cuestión de confianza (mecanismos con consecuencias sobre la propia existencia del Gobierno, que estudia el Tema 3).
Competencias de designación y otras atribuciones de cada Cámara
Congreso: otorga la confianza para la investidura del Presidente del Gobierno (art. 99), adopta la moción de censura (art. 113), vota la cuestión de confianza (art. 112), convalida los decretos-leyes (art. 86), autoriza el estado de excepción y declara el de sitio por mayoría absoluta (art. 116), autoriza la prórroga del estado de alarma, autoriza la convocatoria de referéndum (art. 92) y tiene la última palabra en el procedimiento legislativo (arts. 90 y 91). Senado: Cámara de representación territorial; interviene en el procedimiento legislativo mediante veto y enmiendas, y le corresponde aprobar por mayoría absoluta las medidas de coerción estatal del art. 155 (requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma que no cumpla sus obligaciones constitucionales o legales). Ambas Cámaras eligen a miembros de órganos constitucionales: cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional cada una (mayoría de tres quintos), cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial cada una, seis Consejeros de Cuentas cada una para el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo (a propuesta de una Comisión mixta).
Disolución de las Cámaras y fin del mandato
El mandato de los Diputados y Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (arts. 68.4 y 69.6). El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que decreta el Rey; el decreto de disolución fija la fecha de las elecciones (art. 115.1). La propuesta de disolución no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura (art. 115.2). No procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99.5 (investidura fallida, única disolución automática: transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso) (art. 115.3). Durante los estados de alarma, excepción y sitio no puede disolverse el Congreso (art. 116.5).
El Tribunal Constitucional: naturaleza y composición (arts. 159 y 160)
El Tribunal Constitucional (TC) es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica (LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, LOTC). Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1). Los miembros deben ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2). Se designan por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años (art. 159.3). La condición de miembro del TC es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil (art. 159.4). Sus miembros son independientes e inamovibles durante su mandato (art. 159.5). El Presidente es nombrado por el Rey entre sus miembros, a propuesta del Pleno, por un período de tres años (art. 160).
Atribuciones del Tribunal Constitucional (art. 161 y LOTC)
El TC tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; b) del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2; c) de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; d) de las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas (art. 161.1). La LOTC añade, entre otros, los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, los conflictos en defensa de la autonomía local y el control previo de la constitucionalidad de los tratados internacionales (art. 95 CE). El Gobierno puede impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, lo que produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses (art. 161.2).
Legitimación y plazos de los procesos constitucionales (arts. 162-163 y LOTC)
Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 162.1.a); el plazo es de tres meses desde la publicación de la norma (art. 33 LOTC). Para el recurso de amparo, está legitimada toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b); exige agotar la vía judicial previa y se interpone en 20 días contra actos de la Administración (art. 43 LOTC), 30 días contra resoluciones judiciales (art. 44 LOTC) y tres meses en el caso de actos parlamentarios sin valor de ley (art. 42 LOTC). La cuestión de inconstitucionalidad la plantean los jueces y tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución (art. 163). La LO 6/2007, de 24 de mayo, reformó la LOTC para exigir la 'especial trascendencia constitucional' del recurso de amparo.
Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional (arts. 164 y 165)
Las sentencias del TC se publican en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley o no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos, y, salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (art. 164). Una ley orgánica regula el funcionamiento del TC, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones (art. 165). La LO 15/2015, de 16 de octubre, reforzó los mecanismos de ejecución de las resoluciones del TC (multas coercitivas, suspensión de autoridades que incumplan).
El Defensor del Pueblo: naturaleza y elección (art. 54 y LO 3/1981)
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (art. 54 CE). Se regula por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Es elegido por las Cortes Generales por un mandato de cinco años, mediante una mayoría cualificada de ambas Cámaras a propuesta de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Debe ser mayor de edad y estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. No está sometido a mandato imperativo, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio; goza de inviolabilidad y de inmunidad. Es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Pública y con cualquier actividad profesional, mercantil o laboral. Le auxilian un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, nombrados por él con la conformidad previa de las Cámaras.
El Defensor del Pueblo: funciones y procedimiento
Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y de sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, arbitrario o abusivo de sus facultades. Puede dirigirse a él toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna, sin que la presentación de la queja requiera abogado ni procurador, y es gratuita; el plazo para formularla es de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos. No investiga las quejas respecto de las que estén pendientes resolución judicial. Tras la investigación puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Presenta un informe anual a las Cortes Generales, de la actividad desarrollada en el año. Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo (art. 162 CE). Desde 2009 ejerce las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Las autoridades y funcionarios tienen el deber de auxilio preferente y urgente; la obstrucción puede constituir delito de desobediencia. Cesa por expiración del plazo, renuncia, muerte o incapacidad, notoria negligencia en sus deberes o condena firme por delito doloso.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 66: Cortes Generales = Congreso + Senado; representan al pueblo español, ejercen potestad legislativa, aprueban Presupuestos y controlan al Gobierno; son inviolables.
Congreso: 300-400 Diputados (350 por LOREG), sufragio universal directo, circunscripción provincial, proporcional (D'Hondt), mandato 4 años; Ceuta y Melilla 1 Diputado cada una.
Senado: Cámara de representación TERRITORIAL — 4 Senadores por provincia + 3 por Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, 1 por las demás islas o agrupaciones, 2 por Ceuta y 2 por Melilla + Senadores designados por las Comunidades Autónomas (1 fijo + 1 por cada millón de habitantes).
Inviolabilidad (por opiniones en el ejercicio de funciones, sin límite temporal) ≠ inmunidad (solo durante el mandato, exige suplicatorio salvo flagrante delito) — no son sinónimos, error típico de examen.
Causas contra Diputados/Senadores: competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3).
Art. 70: inelegibles en todo caso: miembros del TC, altos cargos que determine la ley (salvo miembros del Gobierno), Defensor del Pueblo, Jueces/Magistrados/Fiscales en activo, militares profesionales y miembros de FCSE en activo, miembros de las Juntas Electorales.
Autonomía de las Cámaras (art. 72): cada una aprueba su Reglamento (mayoría absoluta, votación final sobre la totalidad) y su presupuesto; el Estatuto del Personal de las Cortes se regula de común acuerdo; los poderes de policía interior corresponden a los Presidentes de las Cámaras.
Periodos ordinarios de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. Extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de miembros de cualquier Cámara.
Sesión conjunta de ambas Cámaras: SOLO para competencias no legislativas del Título II (Corona) — nunca para tramitar leyes.
Delegación legislativa en Comisiones (art. 75): excluidas reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos.
Diputación Permanente (art. 78): mínimo 21 miembros; asume las facultades de la Cámara disuelta o con mandato expirado (convalidación de decretos-leyes, art. 86, y estados excepcionales, art. 116).
Art. 79: acuerdos válidos con la mayoría de miembros PRESENTES y con asistencia de la mayoría de los miembros; el voto de Diputados y Senadores es personal e indelegable.
Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en votación FINAL sobre el conjunto del proyecto — no en cada trámite parcial. Entre LO y ley ordinaria no hay jerarquía, sino distinción por materias.
Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad; no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general; convalidación por el Congreso en 30 días.
Iniciativa legislativa: Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas de CCAA (solicitan al Gobierno o remiten proposición a la Mesa del Congreso, con hasta 3 delegados) e iniciativa popular (mínimo 500.000 firmas; excluidas materias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y prerrogativa de gracia).
Proyecto de ley (del Gobierno, vía Consejo de Ministros) ≠ proposición de ley (de las Cámaras, CCAA o iniciativa popular) — distinguir el origen.
Veto del Senado a un proyecto ya aprobado por el Congreso: por mayoría ABSOLUTA, y el Congreso lo levanta por mayoría absoluta (o, pasados 2 meses desde el veto, por mayoría simple).
Plazo ordinario del Senado para vetar/enmendar: 2 meses; se reduce a 20 días naturales si el proyecto se declara urgente (por el Gobierno o por el Congreso).
Sanción real: plazo de 15 días — es un acto DEBIDO, no discrecional (coherente con la Monarquía parlamentaria del art. 1.3).
Arts. 109 (información y ayuda), 110 (presencia de miembros del Gobierno) y 111 (preguntas e interpelaciones): control ordinario ≠ moción de censura / cuestión de confianza (control con consecuencias sobre la subsistencia del Gobierno).
Comisiones de investigación (art. 76): sus conclusiones NO vinculan a los Tribunales ni afectan a resoluciones judiciales, aunque pueden trasladarse al Ministerio Fiscal; la comparecencia es obligatoria.
Disolución (art. 115): a propuesta del Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad, previa deliberación del Consejo de Ministros; no puede proponerse con una moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior, salvo la investidura fallida (art. 99.5).
TC: 12 miembros nombrados por el Rey — 4 Congreso (3/5) + 4 Senado (3/5) + 2 Gobierno + 2 CGPJ. Juristas con más de 15 años de ejercicio. Mandato 9 años, renovación por tercios cada 3 años. Presidente: 3 años, nombrado por el Rey a propuesta del Pleno.
Incompatibilidades del magistrado constitucional (art. 159.4): mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, carreras judicial y fiscal, actividades profesionales o mercantiles. Son independientes e inamovibles.
Atribuciones del TC (art. 161): recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia entre Estado y CCAA, y las demás materias que le atribuyan la CE y las leyes orgánicas (control previo de tratados, art. 95).
Recurso de inconstitucionalidad: legitimados Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y Asambleas de las CCAA; plazo de 3 meses. Cuestión de inconstitucionalidad: la plantean jueces y tribunales (art. 163).
Sentencias del TC: se publican en el BOE, valor de cosa juzgada desde el día siguiente a la publicación, sin recurso; la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos generales (art. 164).
Amparo: exige agotar la vía judicial previa; plazos de 20 días (vía administrativa), 30 días (resoluciones judiciales) y 3 meses (actos parlamentarios); LO 6/2007 exige especial trascendencia constitucional.
Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54), no del Gobierno ni del Rey; mandato de 5 años; elegido por mayoría cualificada de ambas Cámaras a propuesta de la Comisión Mixta; no recibe instrucciones; informe anual a las Cortes.
Quejas ante el Defensor del Pueblo: cualquier persona con interés legítimo, sin abogado ni procurador, gratuitas, en el plazo de un año desde el conocimiento de los hechos; legitimado para recurrir en inconstitucionalidad y amparo.
13 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 130 aciertos
Entre los legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad se encuentran:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Técnico Auxiliar de Informática?
Desarrollo del Título III de la Constitución (las Cortes Generales: composición, elección, funcionamiento, procedimiento legislativo y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado), del Título IX (el Tribunal Constitucional: composición, estatuto de sus miembros y atribuciones, arts. 159-165 CE y LO 2/1979) y de la institución del Defensor del Pueblo (art. 54 CE y LO 3/1981). Es contenido troncal de cualquier temario de acceso a la Administración del Estado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
Art. 66: Cortes Generales = Congreso + Senado; representan al pueblo español, ejercen potestad legislativa, aprueban Presupuestos y controlan al Gobierno; son inviolables. Congreso: 300-400 Diputados (350 por LOREG), sufragio universal directo, circunscripción provincial, proporcional (D'Hondt), mandato 4 años; Ceuta y Melilla 1 Diputado cada una. Senado: Cámara de representación TERRITORIAL — 4 Senadores por provincia + 3 por Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, 1 por las demás islas o agrupaciones, 2 por Ceuta y 2 por Melilla + Senadores designados por las Comunidades Autónomas (1 fijo + 1 por cada millón de habitantes). Inviolabilidad (por opiniones en el ejercicio de funciones, sin límite temporal) ≠ inmunidad (solo durante el mandato, exige suplicatorio salvo flagrante delito) — no son sinónimos, error típico de examen. Causas contra Diputados/Senadores: competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3). Art. 70: inelegibles en todo caso: miembros del TC, altos cargos que determine la ley (salvo miembros del Gobierno), Defensor del Pueblo, Jueces/Magistrados/Fiscales en activo, militares profesionales y miembros de FCSE en activo, miembros de las Juntas Electorales. Autonomía de las Cámaras (art. 72): cada una aprueba su Reglamento (mayoría absoluta, votación final sobre la totalidad) y su presupuesto; el Estatuto del Personal de las Cortes se regula de común acuerdo; los poderes de policía interior corresponden a los Presidentes de las Cámaras. Periodos ordinarios de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. Extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de miembros de cualquier Cámara. Sesión conjunta de ambas Cámaras: SOLO para competencias no legislativas del Título II (Corona) — nunca para tramitar leyes. Delegación legislativa en Comisiones (art. 75): excluidas reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos. Diputación Permanente (art. 78): mínimo 21 miembros; asume las facultades de la Cámara disuelta o con mandato expirado (convalidación de decretos-leyes, art. 86, y estados excepcionales, art. 116). Art. 79: acuerdos válidos con la mayoría de miembros PRESENTES y con asistencia de la mayoría de los miembros; el voto de Diputados y Senadores es personal e indelegable. Ley orgánica: mayoría absoluta del Congreso en votación FINAL sobre el conjunto del proyecto — no en cada trámite parcial. Entre LO y ley ordinaria no hay jerarquía, sino distinción por materias. Decreto-ley (art. 86): extraordinaria y urgente necesidad; no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general; convalidación por el Congreso en 30 días. Iniciativa legislativa: Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas de CCAA (solicitan al Gobierno o remiten proposición a la Mesa del Congreso, con hasta 3 delegados) e iniciativa popular (mínimo 500.000 firmas; excluidas materias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y prerrogativa de gracia). Proyecto de ley (del Gobierno, vía Consejo de Ministros) ≠ proposición de ley (de las Cámaras, CCAA o iniciativa popular) — distinguir el origen. Veto del Senado a un proyecto ya aprobado por el Congreso: por mayoría ABSOLUTA, y el Congreso lo levanta por mayoría absoluta (o, pasados 2 meses desde el veto, por mayoría simple). Plazo ordinario del Senado para vetar/enmendar: 2 meses; se reduce a 20 días naturales si el proyecto se declara urgente (por el Gobierno o por el Congreso). Sanción real: plazo de 15 días — es un acto DEBIDO, no discrecional (coherente con la Monarquía parlamentaria del art. 1.3). Arts. 109 (información y ayuda), 110 (presencia de miembros del Gobierno) y 111 (preguntas e interpelaciones): control ordinario ≠ moción de censura / cuestión de confianza (control con consecuencias sobre la subsistencia del Gobierno). Comisiones de investigación (art. 76): sus conclusiones NO vinculan a los Tribunales ni afectan a resoluciones judiciales, aunque pueden trasladarse al Ministerio Fiscal; la comparecencia es obligatoria. Disolución (art. 115): a propuesta del Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad, previa deliberación del Consejo de Ministros; no puede proponerse con una moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior, salvo la investidura fallida (art. 99.5). TC: 12 miembros nombrados por el Rey — 4 Congreso (3/5) + 4 Senado (3/5) + 2 Gobierno + 2 CGPJ. Juristas con más de 15 años de ejercicio. Mandato 9 años, renovación por tercios cada 3 años. Presidente: 3 años, nombrado por el Rey a propuesta del Pleno. Incompatibilidades del magistrado constitucional (art. 159.4): mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, carreras judicial y fiscal, actividades profesionales o mercantiles. Son independientes e inamovibles. Atribuciones del TC (art. 161): recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia entre Estado y CCAA, y las demás materias que le atribuyan la CE y las leyes orgánicas (control previo de tratados, art. 95). Recurso de inconstitucionalidad: legitimados Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y Asambleas de las CCAA; plazo de 3 meses. Cuestión de inconstitucionalidad: la plantean jueces y tribunales (art. 163). Sentencias del TC: se publican en el BOE, valor de cosa juzgada desde el día siguiente a la publicación, sin recurso; la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos generales (art. 164). Amparo: exige agotar la vía judicial previa; plazos de 20 días (vía administrativa), 30 días (resoluciones judiciales) y 3 meses (actos parlamentarios); LO 6/2007 exige especial trascendencia constitucional. Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54), no del Gobierno ni del Rey; mandato de 5 años; elegido por mayoría cualificada de ambas Cámaras a propuesta de la Comisión Mixta; no recibe instrucciones; informe anual a las Cortes. Quejas ante el Defensor del Pueblo: cualquier persona con interés legítimo, sin abogado ni procurador, gratuitas, en el plazo de un año desde el conocimiento de los hechos; legitimado para recurrir en inconstitucionalidad y amparo.
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Del índice oficial de BOE núm. 166, de 10 de julio de 2024, páginas 86740 a 86827: Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado (identificador oficial BOE-A-2024-14098), Anexo V — Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (código de cuerpo 1188), ingreso libre, páginas 86775-86776 (requisitos y estructura de la prueba) y 86803-86807 (programa/temario). Verificado por lectura directa del PDF oficial del BOE (el PDF de 2024 lleva texto extraíble, no es un escaneo): los 33 temas y sus títulos literales de este fichero coinciden con el Anexo V real. (Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (C1), ingreso libre — Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública (1.879 plazas de ingreso libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (Título III arts. 66-96, Título IV arts. 109-111 y 115-116, Título IX arts. 159-165 y art. 54).
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, y Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la LOTC.
Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de modificación de la LOREG para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, y Texto Refundido del Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994.
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