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Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: objeto; ámbito de aplicación; principios generales; políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género: objeto; ámbito de aplicación; principios rectores; formación a profesionales de la salud. El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025) · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994).

Este temario corresponde a la categoría de Celador/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía — se ha priorizado el SAS por coherencia con el resto de temarios sanitarios ya publicados en este catálogo (p. ej. Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería), también del SAS. Es el Anexo XVII de la Resolución de 30 de julio de 2024, que aprobó nuevos programas de materias para varias categorías del SAS; este mismo programa rige el proceso selectivo de acceso libre y promoción interna convocado por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025). Es distinto del temario de la categoría de Celador/a-Conductor/a (Anexo IX de la misma resolución), que incluye además materias de conducción y mecánica de vehículos y tiene su propio proceso selectivo; ese temario no está cubierto aquí. Otros servicios de salud autonómicos (SERMAS de Madrid, SERGAS de Galicia, etc.) convocan la categoría de Celador con temarios similares mas no idénticos, que tampoco están cubiertos por este fichero.

Andalucía cuenta con dos leyes propias en materia de igualdad de género, aprobadas el mismo día: la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que fija el marco general de actuación de los poderes públicos andaluces frente a la discriminación por razón de sexo, y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que regula la respuesta institucional frente a esta forma extrema de discriminación, con un papel expreso para los profesionales de la salud en la detección precoz. Ambas fueron reformadas en 2018 (Ley 9/2018, de 8 de octubre, para la Ley 12/2007; Ley 7/2018, de 30 de julio, para la Ley 13/2007) y se completan con la legislación estatal (Ley Orgánica 3/2007 y Ley Orgánica 1/2004), con el Plan de Igualdad de la Administración de la Junta de Andalucía y con protocolos internos de actuación frente al acoso, que trasladan estos principios a la organización interna del SAS.

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Objeto y estructura de la Ley 12/2007

El art. 1 de la Ley 12/2007 tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, a fin de alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. La ley se organiza en un título preliminar de disposiciones generales y en títulos posteriores que despliegan las políticas públicas de igualdad en distintos ámbitos (educación, cultura, empleo, salud, conciliación, participación, entre otros) y la organización institucional necesaria para aplicarlas. Fue modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, que reforzó sus instrumentos de transversalidad. Es una norma autonómica que se sitúa en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115), de ámbito estatal.

Ámbito de aplicación y principios generales de actuación

La Ley 12/2007 se dirige ante todo a los poderes públicos de Andalucía en el ejercicio de sus competencias (Administración de la Junta de Andalucía, sus entes instrumentales y las entidades locales en el marco de sus competencias), y proyecta también obligaciones sobre ámbitos en los que la Administración se relaciona con el sector privado, como la contratación pública y las subvenciones. Entre los principios generales de actuación de los poderes públicos andaluces se encuentran: la igualdad de trato entre mujeres y hombres, entendida como ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo; la transversalidad de género (también llamada mainstreaming), que obliga a integrar la perspectiva de género en el diseño, la ejecución y la evaluación de todas las políticas públicas, incluidas las sanitarias que aplica el SAS; la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos y puestos de decisión; y el uso no sexista del lenguaje. Las referencias a artículos concretos del título preliminar conviene contrastarlas en el texto consolidado antes del examen.

Instrumentos para aplicar la transversalidad de género

La transversalidad no se limita a una declaración de principios: la normativa andaluza la apoya en instrumentos concretos. Entre ellos destacan el informe de evaluación del impacto de género, que acompaña a los proyectos de ley y de reglamento y valora su efecto previsible sobre mujeres y hombres; la perspectiva de género en los presupuestos de la Comunidad Autónoma; las estadísticas y estudios desagregados por sexo; los planes estratégicos de igualdad aprobados por el Gobierno andaluz; y las unidades de igualdad de género existentes en las Consejerías, que impulsan y coordinan la aplicación de estas medidas en cada departamento. El Instituto Andaluz de la Mujer actúa como organismo de impulso y coordinación general.

Discriminación directa, indirecta y acoso: conceptos y ejemplos

Los conceptos básicos son comunes a la Ley 12/2007 y a la Ley Orgánica 3/2007 (arts. 6 y 7 de esta última). La discriminación directa se produce cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo (por ejemplo, excluir a una candidata de un proceso selectivo por estar embarazada; la LO 3/2007 considera expresamente discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad). La discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo, salvo que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzarla sean necesarios y adecuados. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con ese mismo propósito o efecto, sin que tenga necesariamente un componente sexual. Ambos se consideran en todo caso actos discriminatorios, y también lo es el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso. La LO 3/2007 protege además frente a las represalias (indemnidad): el trato adverso por haber presentado una queja o reclamación o participado en un procedimiento por discriminación es también discriminatorio. En un centro sanitario, el acoso puede darse entre profesionales y, en ocasiones, por parte de pacientes o acompañantes.

Acción positiva y presencia equilibrada en el empleo público

Tanto la Ley 12/2007 como la LO 3/2007 (art. 11) habilitan a los poderes públicos a adoptar medidas de acción positiva: medidas específicas, temporales y proporcionadas dirigidas a corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho, que cesan cuando se alcanza el objetivo. No son discriminación, sino instrumentos para lograr la igualdad real. En el empleo público se concretan en el impulso de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y de valoración y en los puestos directivos, y en la incorporación de la perspectiva de género en las convocatorias y bases de los procesos selectivos. La LO 3/2007 define la composición equilibrada como aquella en la que cada sexo no supera el 60 % ni baja del 40 %. Todo ello sin que suponga una preferencia automática por razón de sexo en la resolución de un proceso selectivo concreto, que sigue rigiéndose por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

El enfoque de género en las políticas de salud

La Ley 12/2007 extiende la transversalidad de género al ámbito sanitario: exige incorporar la perspectiva de género en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las políticas de salud, reconociendo que determinadas enfermedades y factores de riesgo se manifiestan o afectan de forma diferente a mujeres y a hombres, y que la investigación biomédica y los protocolos clínicos deben tener en cuenta estas diferencias para evitar sesgos de género en el diagnóstico y en el tratamiento. Para el personal del SAS, este enfoque se traduce en la atención a necesidades específicas de las mujeres en distintas etapas de su vida (salud reproductiva, climaterio, entre otras) dentro de la cartera de servicios del sistema sanitario público.

Objeto, ámbito y concepto de violencia de género en la Ley 13/2007

El art. 1 de la Ley 13/2007 tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el solo hecho de serlo; y adoptar medidas para su erradicación mediante actuaciones de prevención y de protección integral, incluidas las de detección, atención y recuperación. Su ámbito de aplicación es el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Ley 13/2007 fue modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio, que amplió el concepto de violencia de género y las formas de violencia reconocidas más allá de la violencia ejercida en la pareja o expareja, que es el ámbito al que se circunscribe la Ley Orgánica 1/2004. Esta diferencia explica que el concepto andaluz sea más amplio que el estatal, que es el que determina, por ejemplo, la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Principios rectores y ejes de actuación de la Ley 13/2007

La ley articula la respuesta institucional sobre varios principios rectores: la consideración de la violencia de género como problema social que exige una respuesta integral y coordinada de todos los poderes públicos; la atención integral a las mujeres que la sufren y a sus hijas e hijos; la transversalidad; y el impulso de la coordinación entre las Administraciones y servicios implicados (sanitarios, sociales, educativos, judiciales, policiales). Sus medidas se agrupan en torno a cuatro ejes: sensibilización y prevención (en especial en el ámbito educativo y en los medios de comunicación), detección, atención integral (información, asistencia social, psicológica y jurídica) y recuperación, incluyendo apoyo para la autonomía personal y laboral de las víctimas. La respuesta sanitaria se articula dentro de este esquema como pieza de la detección y de la atención.

Formación a profesionales de la salud

La Ley 13/2007 dispone que los planes y programas sanitarios incluyan la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía para abordar de forma adecuada la detección precoz, la atención a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus efectos sobre la salud de las mujeres. Esta formación se dirige de forma prioritaria a los servicios de atención primaria y a los de atención especializada de mayor relevancia para la salud de la mujer, dado que el ámbito sanitario es, con frecuencia, el primer contexto en el que puede detectarse una situación de violencia de género no denunciada por otras vías. El personal Celador/a, por su contacto directo con pacientes y acompañantes en los traslados y en el control de accesos, puede también observar signos o indicios relevantes que debe poner en conocimiento del profesional sanitario responsable. (El número exacto del artículo que regula esta formación debe contrastarse en el texto consolidado de la ley.)

El protocolo sanitario de actuación ante la violencia de género

En desarrollo de la ley, el Sistema Sanitario Público de Andalucía cuenta con un protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género, cuyas fases generales se preguntan con frecuencia: la detección (sospecha activa ante indicadores físicos o de comportamiento), la valoración del riesgo para la seguridad de la mujer y, en su caso, de sus hijas e hijos, la información a la mujer sobre sus derechos y sobre los recursos de atención disponibles, el plan de actuación coordinado con los servicios sociales y, cuando se constatan lesiones, la emisión del parte de lesiones dirigido a la autoridad judicial. Principios transversales del protocolo son el respeto a la voluntad y los tiempos de la mujer, la confidencialidad y la prevención de la revictimización. El personal Celador/a no participa en las fases clínicas, pero su papel de observación y de comunicación inmediata al profesional sanitario responsable, sin interrogar ni confrontar a la mujer ni al agresor, es un eslabón práctico de la cadena de detección.

Derechos laborales y de protección social de las víctimas (LO 1/2004)

La respuesta institucional andaluza se complementa con la legislación estatal, en particular la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760), que reconoce a las trabajadoras víctimas de violencia de género derechos laborales y de protección social específicos: derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral o funcionarial con reserva del puesto y a la justificación de las faltas de asistencia o de puntualidad motivadas por su situación. Para acceder a estos derechos se acredita la condición de víctima por los medios previstos (en general, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios). Estos derechos son relevantes también para el personal estatutario del SAS que pudiera encontrarse en esta situación, y el Estatuto Marco y el EBEP los recogen en sus regímenes de movilidad, excedencia y permisos. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, amplió la protección institucional frente a las violencias sexuales.

Recursos de información y atención a las víctimas

Conviene conocer los recursos básicos: el teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género (estatal, gratuito, atiende las 24 horas, no deja rastro en la factura telefónica y presta atención en numerosos idiomas); el teléfono de información del Instituto Andaluz de la Mujer 900 200 999; el 112 para emergencias; los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; y las unidades policiales especializadas. La orden de protección es la resolución judicial que reúne medidas penales y civiles de protección de la víctima. Ante una situación de riesgo inmediato, el personal del centro debe avisar a los profesionales sanitarios y, según el protocolo del centro, al servicio de seguridad o a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Coordinación institucional: el Instituto Andaluz de la Mujer

El Instituto Andaluz de la Mujer, creado por la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, es el organismo de la Junta de Andalucía de referencia en el diseño, impulso y coordinación de las políticas de igualdad y contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma, actuando en colaboración con las distintas Consejerías, entre ellas la competente en materia de salud, y con las entidades locales. Su papel es coherente con el principio de transversalidad de género que recorre tanto la Ley 12/2007 como la Ley 13/2007: las políticas de igualdad no se agotan en una única Consejería, sino que deben integrarse en la actuación de toda la Administración andaluza, incluido el Servicio Andaluz de Salud.

El Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Junta de Andalucía

Como desarrollo de los principios de la Ley 12/2007 y de la LO 3/2007 (cuyo art. 62 obliga a la Administración General del Estado a negociar un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, y cuyo art. 51 fija criterios de actuación de las Administraciones en el empleo público), la Administración de la Junta de Andalucía dispone de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo aplicable a su personal. Sus elementos característicos son la garantía de confidencialidad para la persona denunciante y para la denunciada durante la tramitación, la posibilidad de adoptar medidas cautelares mientras se investigan los hechos (como la separación temporal de los puestos de trabajo), la investigación por personas con formación específica en la materia, la agilidad del procedimiento y la prohibición expresa de represalias contra quien denuncia de buena fe o colabora en la investigación. En el Estatuto Marco, el acoso y la discriminación son infracciones disciplinarias de especial gravedad.

El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía

El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sus organismos autónomos es el instrumento con el que la propia Administración andaluza, como empleadora, aplica internamente los principios de las Leyes 12/2007 y 13/2007 y de la LO 3/2007 a su plantilla, incluido el personal del SAS. Un plan de igualdad es, en general, un conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras un diagnóstico de situación, para alcanzar en la organización la igualdad de trato y de oportunidades y eliminar la discriminación por razón de sexo. Incorpora medidas concretas en materia de acceso al empleo público, promoción, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, formación en igualdad, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y lenguaje inclusivo en las comunicaciones administrativas, dando cumplimiento así a la obligación de las Administraciones públicas de ser un referente en la aplicación efectiva del principio de igualdad. Para el sector privado, el Real Decreto-ley 6/2019 extendió la obligación de contar con plan de igualdad a las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, y el Real Decreto 901/2020 regula los planes de igualdad y su registro. La denominación, vigencia y medidas concretas de la edición vigente del Plan deben contrastarse en la sede oficial de la Junta.

Conciliación y corresponsabilidad

Las leyes de igualdad vinculan la igualdad real con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En el empleo público, los permisos por nacimiento y cuidado se han equiparado entre ambos progenitores: el Real Decreto-ley 6/2019, que modificó el EBEP, los igualó en 16 semanas desde 2021, y el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, los amplió a 19 semanas para cada uno, y a 32 semanas en las familias monoparentales. En la categoría de Celador/a, que presta servicio en turnos rotatorios, nocturnos y festivos, la conciliación es una cuestión organizativa cotidiana, y la planificación de turnos debe respetar los permisos, las reducciones de jornada por cuidado y la protección de la maternidad y de las víctimas de violencia de género.

Conceptos que suelen confundirse en el examen

Igualdad formal (igualdad ante la ley, art. 14 CE) frente a igualdad material o real (art. 9.2 CE: los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan la igualdad). Sexo (rasgo biológico) frente a género (construcción social de los roles atribuidos a mujeres y hombres). Acción positiva (medida temporal y proporcionada, lícita) frente a discriminación (trato desfavorable injustificado). Discriminación directa frente a indirecta (en la segunda la norma o práctica es aparentemente neutra). Acoso sexual (componente sexual) frente a acoso por razón de sexo (sin componente sexual necesario). Violencia de género en la Ley 13/2007 (concepto autonómico, más amplio) frente a violencia de género en la LO 1/2004 (violencia ejercida sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o pareja afectiva) y frente a la violencia doméstica o intrafamiliar. Ley 12/2007 (igualdad en general) frente a Ley 13/2007 (violencia de género).

El lenguaje no sexista como medida transversal

Entre las medidas transversales del Plan de Igualdad de la AGJA se encuentra el fomento del lenguaje no sexista y de la comunicación inclusiva en toda la documentación, cartelería, formularios y comunicaciones oficiales, evitando el uso genérico del masculino cuando pueda invisibilizar a las mujeres y utilizando fórmulas que nombren a ambos sexos o términos colectivos neutros. En los centros del SAS, esta medida alcanza a la señalización interna, a los impresos de uso habitual por el personal —incluido el Celador/a— y a las comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, como expresión práctica y cotidiana del principio de igualdad.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las Leyes 12/2007 (igualdad de género) y 13/2007 (violencia de género) son autonómicas, de 26 de noviembre de 2007, y fueron reformadas en 2018 (Ley 9/2018 y Ley 7/2018, respectivamente).
  • El art. 1 de la Ley 12/2007 busca hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres eliminando la discriminación de la mujer en todos los ámbitos.
  • El art. 1 de la Ley 13/2007 define la violencia de género como manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercida sobre estas por el solo hecho de serlo.
  • La Ley 13/2007 obliga a incluir en los planes sanitarios la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía en detección precoz, priorizando Atención Primaria y los servicios más relevantes para la salud de la mujer.
  • El ámbito sanitario es con frecuencia el primer contexto en el que puede detectarse una situación de violencia de género no denunciada por otras vías; también el Celador/a puede observar indicios relevantes en su contacto con pacientes y acompañantes, y debe comunicarlos al profesional sanitario sin interrogar a la mujer.
  • La discriminación indirecta se produce por una disposición o práctica aparentemente neutra que perjudica particularmente a un sexo, sin justificación objetiva; la directa es el trato desfavorable por razón de sexo (incluido el embarazo y la maternidad).
  • El acoso sexual exige un componente de índole sexual; el acoso por razón de sexo no lo exige, pero comparte el mismo propósito o efecto de atentar contra la dignidad de la persona. Ambos son discriminatorios.
  • Las medidas de acción positiva son temporales y proporcionadas, y no suponen una preferencia automática en un proceso selectivo concreto, que se rige por mérito y capacidad.
  • Composición equilibrada según la LO 3/2007: ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 %.
  • Transversalidad de género (mainstreaming): integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas; se apoya en el informe de evaluación del impacto de género, los presupuestos con perspectiva de género y las unidades de igualdad.
  • Los derechos laborales y de protección social de las víctimas de violencia de género (reducción o reordenación de jornada, movilidad geográfica, suspensión con reserva de puesto, justificación de faltas) proceden de la LO 1/2004 estatal, que complementa a la Ley 13/2007 andaluza.
  • La LO 1/2004 se centra en la violencia en la pareja o expareja; el concepto de la Ley 13/2007 es más amplio, sobre todo tras la reforma de 2018.
  • Teléfonos clave: 016 (estatal, gratuito, 24 horas, sin rastro en la factura), 900 200 999 (Instituto Andaluz de la Mujer) y 112 (emergencias).
  • El Instituto Andaluz de la Mujer (creado por la Ley 10/1988) es el organismo de referencia autonómico en el diseño y coordinación de las políticas de igualdad.
  • El Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo de la Junta de Andalucía garantiza confidencialidad, prevé medidas cautelares y prohíbe represalias contra quien denuncia de buena fe.
  • El Plan de Igualdad de la AGJA aplica internamente los principios de igualdad a la plantilla, incluido el personal del SAS; el lenguaje no sexista es una de sus medidas transversales.
  • Los permisos por nacimiento y cuidado del personal público son de 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, tras el RDL 9/2025.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El derecho de una trabajadora víctima de violencia de género a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica se reconoce en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 7 de Celador?

Andalucía cuenta con dos leyes propias en materia de igualdad de género, aprobadas el mismo día: la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que fija el marco general de actuación de los poderes públicos andaluces frente a la discriminación por razón de sexo, y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que regula la respuesta institucional frente a esta forma extrema de discriminación, con un papel expreso para los profesionales de la salud en la detección precoz. Ambas fueron reformadas en 2018 (Ley 9/2018, de 8 de octubre, para la Ley 12/2007; Ley 7/2018, de 30 de julio, para la Ley 13/2007) y se completan con la legislación estatal (Ley Orgánica 3/2007 y Ley Orgánica 1/2004), con el Plan de Igualdad de la Administración de la Junta de Andalucía y con protocolos internos de actuación frente al acoso, que trasladan estos principios a la organización interna del SAS.

¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?

Las Leyes 12/2007 (igualdad de género) y 13/2007 (violencia de género) son autonómicas, de 26 de noviembre de 2007, y fueron reformadas en 2018 (Ley 9/2018 y Ley 7/2018, respectivamente). El art. 1 de la Ley 12/2007 busca hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres eliminando la discriminación de la mujer en todos los ámbitos. El art. 1 de la Ley 13/2007 define la violencia de género como manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercida sobre estas por el solo hecho de serlo. La Ley 13/2007 obliga a incluir en los planes sanitarios la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía en detección precoz, priorizando Atención Primaria y los servicios más relevantes para la salud de la mujer. El ámbito sanitario es con frecuencia el primer contexto en el que puede detectarse una situación de violencia de género no denunciada por otras vías; también el Celador/a puede observar indicios relevantes en su contacto con pacientes y acompañantes, y debe comunicarlos al profesional sanitario sin interrogar a la mujer. La discriminación indirecta se produce por una disposición o práctica aparentemente neutra que perjudica particularmente a un sexo, sin justificación objetiva; la directa es el trato desfavorable por razón de sexo (incluido el embarazo y la maternidad). El acoso sexual exige un componente de índole sexual; el acoso por razón de sexo no lo exige, pero comparte el mismo propósito o efecto de atentar contra la dignidad de la persona. Ambos son discriminatorios. Las medidas de acción positiva son temporales y proporcionadas, y no suponen una preferencia automática en un proceso selectivo concreto, que se rige por mérito y capacidad. Composición equilibrada según la LO 3/2007: ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 %. Transversalidad de género (mainstreaming): integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas; se apoya en el informe de evaluación del impacto de género, los presupuestos con perspectiva de género y las unidades de igualdad. Los derechos laborales y de protección social de las víctimas de violencia de género (reducción o reordenación de jornada, movilidad geográfica, suspensión con reserva de puesto, justificación de faltas) proceden de la LO 1/2004 estatal, que complementa a la Ley 13/2007 andaluza. La LO 1/2004 se centra en la violencia en la pareja o expareja; el concepto de la Ley 13/2007 es más amplio, sobre todo tras la reforma de 2018. Teléfonos clave: 016 (estatal, gratuito, 24 horas, sin rastro en la factura), 900 200 999 (Instituto Andaluz de la Mujer) y 112 (emergencias). El Instituto Andaluz de la Mujer (creado por la Ley 10/1988) es el organismo de referencia autonómico en el diseño y coordinación de las políticas de igualdad. El Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo de la Junta de Andalucía garantiza confidencialidad, prevé medidas cautelares y prohíbe represalias contra quien denuncia de buena fe. El Plan de Igualdad de la AGJA aplica internamente los principios de igualdad a la plantilla, incluido el personal del SAS; el lenguaje no sexista es una de sus medidas transversales. Los permisos por nacimiento y cuidado del personal público son de 19 semanas para cada progenitor, 32 en monoparentalidad, tras el RDL 9/2025.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007), modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
  • Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007), modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE-A-2004-21760).
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE-A-2007-6115).
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
  • Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de creación del Instituto Andaluz de la Mujer.

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