Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios generales del sistema de salud; competencias de las Administraciones Públicas; estructura del sistema sanitario público. La organización general del sistema sanitario público de Andalucía (SSPA). Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía: objeto, principios y alcance; derechos y deberes de los ciudadanos. El Plan Andaluz de Salud. Conocimiento general de los Planes marco y Estrategias vigentes de la Consejería competente en materia de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. El Contrato Programa.
Este temario corresponde a la categoría de Celador/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía — se ha priorizado el SAS por coherencia con el resto de temarios sanitarios ya publicados en este catálogo (p. ej. Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería), también del SAS. Es el Anexo XVII de la Resolución de 30 de julio de 2024, que aprobó nuevos programas de materias para varias categorías del SAS; este mismo programa rige el proceso selectivo de acceso libre y promoción interna convocado por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025). Es distinto del temario de la categoría de Celador/a-Conductor/a (Anexo IX de la misma resolución), que incluye además materias de conducción y mecánica de vehículos y tiene su propio proceso selectivo; ese temario no está cubierto aquí. Otros servicios de salud autonómicos (SERMAS de Madrid, SERGAS de Galicia, etc.) convocan la categoría de Celador con temarios similares mas no idénticos, que tampoco están cubiertos por este fichero.
La Ley 14/1986, General de Sanidad (LGS), creó el Sistema Nacional de Salud integrando las estructuras y servicios públicos sanitarios de todas las Administraciones. La Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, desarrolla ese modelo en el ámbito autonómico y regula el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), del que forma parte el Servicio Andaluz de Salud. Junto al Plan Andaluz de Salud y al Contrato Programa, son el marco organizativo en el que se inserta el trabajo diario de cualquier categoría del SAS, incluida la de Celador/a.
Principios generales del Sistema Nacional de Salud (arts. 1 y 3 LGS)
El art. 1 LGS tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el art. 43 CE. En su redacción originaria declaraba titulares de ese derecho a todos los españoles y a los ciudadanos extranjeros con residencia en territorio nacional; hoy la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos se ha universalizado por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que revirtió la exclusión de las personas extranjeras sin autorización de residencia introducida por el Real Decreto-ley 16/2012. El art. 3 LGS fija los principios generales: los medios y actuaciones del sistema sanitario se orientan prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades; la asistencia sanitaria pública se extiende a toda la población, con acceso y prestaciones en condiciones de igualdad efectiva; y la política de salud debe orientarse a superar los desequilibrios territoriales y sociales. Estas estructuras y servicios se integran en el Sistema Nacional de Salud (art. 44), definido como el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas
La LGS distribuye competencias conforme al bloque de constitucionalidad. Al Estado corresponden, entre otras materias, la sanidad exterior, las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales y la coordinación general sanitaria (art. 40 LGS, en desarrollo del art. 149.1.16ª CE), mientras que las Comunidades Autónomas ejercen las competencias asumidas en sus Estatutos (art. 55 EAA para Andalucía) sobre planificación sanitaria, salud pública y gestión de los servicios asistenciales (art. 41). Las Corporaciones Locales participan en los órganos de dirección de los Servicios de Salud y tienen responsabilidades de salubridad en sus territorios, como el control sanitario de edificios, de la industria y de la distribución de alimentos (art. 42). Esta descentralización culminó en Andalucía con el traspaso de los servicios del INSALUD (Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero), dando lugar al Servicio Andaluz de Salud, creado por la Ley 8/1986, de 6 de mayo, como ente gestor de la sanidad pública andaluza.
El Sistema Sanitario Público de Andalucía (Ley 2/1998)
El art. 1 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, tiene por objeto regular las actuaciones que hacen efectivo el derecho a la protección de la salud en Andalucía, definir los derechos y deberes de los ciudadanos y ordenar las actividades sanitarias de las entidades públicas y privadas en el territorio andaluz. Entre los principios que inspiran el sistema figuran la universalización y equidad, la integración funcional de todos los recursos sanitarios públicos, la planificación, la descentralización, la participación ciudadana y la mejora continua de la calidad. El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es el conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de las organizaciones públicas sanitarias de la Comunidad Autónoma: el Servicio Andaluz de Salud y las entidades instrumentales sanitarias (agencias públicas empresariales, consorcios y fundaciones) que prestan servicios sanitarios. El Servicio Andaluz de Salud, creado por la Ley 8/1986 como organismo autónomo, tiene hoy la forma de agencia administrativa adscrita a la Consejería competente (Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía) y es el ente gestor que hace efectiva esta organización sobre el territorio. La participación se canaliza a través de órganos como el Consejo Andaluz de Salud y los consejos de salud de área y de distrito.
Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 6 y 8 de la Ley 2/1998)
El art. 6 de la Ley 2/1998 reconoce derechos como el acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva; el respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad sin discriminación; la información sobre riesgos para la salud individual y colectiva; la confidencialidad de los datos relacionados con la salud; y la libre elección de médico y centro. El art. 8 impone deberes correlativos, análogos a los del art. 11 LGS: cumplir las prescripciones sanitarias, cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de los centros, responsabilizarse del uso adecuado de los recursos del sistema y firmar el documento de alta voluntaria cuando se rechaza el tratamiento. En el plano estatal, los derechos del paciente en materia de autonomía, información clínica y documentación clínica se recogen principalmente en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre (consentimiento informado, instrucciones previas, historia clínica), que derogó parte del art. 10 LGS. La normativa andaluza ha establecido además garantías de plazo de respuesta, como el plazo máximo de 180 días para determinados procesos quirúrgicos (Decreto 209/2001) y plazos máximos para primeras consultas de asistencia especializada y pruebas diagnósticas (Decreto 96/2004). El Celador/a, en su trato diario con pacientes y usuarios, es garante práctico de varios de estos derechos: trato digno, confidencialidad e información básica sobre la organización del centro.
El Plan Andaluz de Salud y el Contrato Programa
El Plan Andaluz de Salud, previsto en la Ley 2/1998, es el marco de referencia e instrumento indicativo para todas las actuaciones sanitarias en Andalucía: fija objetivos y prioridades para un periodo determinado, orientando la planificación de la Consejería y del SAS. Se ha aprobado en sucesivas ediciones, desde el primer Plan en la década de 1990 hasta el IV Plan Andaluz de Salud, con horizonte 2020; la edición vigente debe comprobarse en la web de la Consejería. El Contrato Programa es el instrumento de planificación estratégica plurianual que suscribe la Consejería con el SAS (y, en cascada, este con sus centros) para fijar objetivos asistenciales, de calidad y de actividad, junto con los recursos asociados; convierte los objetivos generales del Plan Andaluz de Salud en compromisos concretos y evaluables de cada nivel de la organización, incluidos los servicios donde presta funciones el personal Celador/a. En el nivel de las unidades, los compromisos se concretan en los acuerdos de gestión de las Unidades de Gestión Clínica con la dirección de su centro.
El Área de Salud como estructura básica territorial (art. 56 LGS)
El art. 56 LGS configura el Área de Salud como la estructura fundamental del sistema sanitario, responsable de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud correspondiente en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas a desarrollar por ellos. Las Áreas de Salud se delimitan teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del área; en general extienden su acción a una población de entre 200.000 y 250.000 habitantes, con excepciones. Cada Área de Salud debe disponer al menos de un hospital general, con los servicios que la política sanitaria y asistencial requiera. Dentro del Área, la Zona Básica de Salud es el marco territorial de la atención primaria (art. 62) y el centro de salud la estructura física y funcional que desarrolla la atención primaria integral (art. 63). Este concepto legal es el que en Andalucía se ha desarrollado, en la práctica, a través de los Distritos de Atención Primaria y las Áreas de Gestión Sanitaria estudiadas en el Tema 4.
La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (RD 1030/2006)
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, es decir, el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos que garantizan las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan. Desarrolla la Ley 16/2003, que tras el Real Decreto-ley 16/2012 distingue la cartera común básica (asistencia sanitaria cubierta de forma completa con financiación pública), la cartera común suplementaria (con aportación del usuario, como la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente) y la cartera común de servicios accesorios. Las prestaciones incluyen la salud pública, la atención primaria, la atención especializada, la atención de urgencia, la atención sociosanitaria y la prestación farmacéutica, ortoprotésica y de productos dietéticos y de transporte sanitario. Sobre esta cartera común, cada servicio de salud autonómico, incluido el SAS, puede aprobar una cartera de servicios complementaria, que incorpora técnicas, tecnologías o procedimientos adicionales financiados con cargo a sus propios presupuestos, sin perjuicio de la cartera común garantizada a nivel estatal.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (art. 47 LGS)
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado. Se creó en el art. 47 LGS y hoy se regula en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS (art. 69). Está compuesto por el Ministro de Sanidad, que lo preside, y por los Consejeros competentes en materia de sanidad de todas las Comunidades Autónomas. Sus funciones incluyen conocer, debatir e informar iniciativas legislativas o de gran importancia en materia sanitaria, y procurar la cohesión del sistema a través de la fijación de prestaciones, criterios de calidad y otros aspectos comunes, evitando que la descentralización sanitaria derive en desigualdades injustificadas entre Comunidades Autónomas.
Financiación del sistema sanitario público
El sistema sanitario público español se financia fundamentalmente a través de impuestos generales y no mediante cotizaciones sociales específicas afectadas a la sanidad, como sucedía en el modelo originario de la Seguridad Social: la financiación íntegra con impuestos se alcanzó a finales de la década de 1990 y quedó integrada en el sistema de financiación autonómica por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que acompañó a la transferencia de la sanidad a las diez Comunidades que aún no la tenían. Cada Comunidad Autónoma, entre ellas Andalucía, recibe de este modo los recursos con los que financia su propio servicio de salud, dentro del marco de suficiencia financiera y solidaridad interterritorial que garantiza la Constitución, y los distribuye entre sus distintos niveles asistenciales conforme a sus propias prioridades de planificación sanitaria.
La Ley 33/2011, General de Salud Pública
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, complementa a la Ley General de Sanidad regulando de forma específica las actuaciones que permiten identificar, prevenir y afrontar los problemas de salud de la población, más allá de la asistencia clínica individual: vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, prevención de las enfermedades y protección de la salud frente a riesgos ambientales. Introduce además la obligación de evaluar el impacto en salud de determinadas normas y políticas públicas, y refuerza la coordinación entre la sanidad y otros ámbitos que inciden en la salud de la población, como la educación, el medio ambiente o las políticas sociales.
La Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo relativo a su ejercicio, a la estructura general de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de estos y a su participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, con el objetivo de garantizar que todos los profesionales sanitarios ofrezcan a la ciudadanía una atención de calidad. Aunque el Celador/a es personal de gestión y servicios y no una profesión sanitaria titulada en el sentido de esta ley, su marco de actuación se enmarca dentro de equipos en los que sí trabajan estas profesiones reguladas por la LOPS, con las que coordina su actividad diaria.
Planes integrales y estrategias de salud del SAS
Además del Plan Andaluz de Salud, de carácter general, el Servicio Andaluz de Salud impulsa planes y procesos asistenciales integrados dirigidos a problemas de salud concretos que exigen una respuesta coordinada entre distintos niveles asistenciales y especialidades: por ejemplo, en el ámbito de la atención oncológica, la salud mental, los cuidados paliativos o las enfermedades crónicas más prevalentes. Estos planes fijan objetivos específicos, itinerarios asistenciales del paciente entre Atención Primaria y Especializada, e indicadores de seguimiento, y se actualizan periódicamente conforme a la evidencia científica disponible y a las prioridades sanitarias de cada momento.
Evolución histórica: del INSALUD a la transferencia sanitaria a Andalucía
Antes de la creación de las estructuras sanitarias autonómicas, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en toda España era gestionada por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), creado en 1978 como organismo dependiente de la Administración General del Estado. Al amparo de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía de 1981, Andalucía recibió el traspaso de servicios y funciones del INSALUD mediante el Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero, y creó el Servicio Andaluz de Salud por la Ley 8/1986. Andalucía fue una de las primeras Comunidades Autónomas, junto con Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia, Navarra y Canarias, en asumir estas competencias; las diez Comunidades restantes las asumieron a comienzos de 2002, tras lo cual el INSALUD se extinguió y su gestión residual en Ceuta y Melilla pasó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, tiene por objeto establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el SNS y la colaboración entre las Administraciones. Regula las prestaciones del SNS y la cartera de servicios, la farmacia, los profesionales, la investigación, el sistema de información sanitaria, la calidad (con el Instituto de Información Sanitaria y la Agencia de Calidad), la salud pública, la participación de ciudadanos y profesionales y el Consejo Interterritorial. Es una norma básica estatal que complementa a la LGS y la actualiza respecto de la nueva distribución competencial tras las transferencias.
Estructura del Servicio de Salud autonómico y niveles asistenciales (LGS)
La LGS prevé que cada Comunidad Autónoma cree su propio Servicio de Salud, que integra todos los centros, servicios y establecimientos de la Comunidad, de las Diputaciones, de los Ayuntamientos y de cualquier otra Administración territorial intracomunitaria, bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma (art. 49). La asistencia se organiza en dos niveles complementarios: la atención primaria, de primer contacto y acceso directo del ciudadano al sistema, y la atención especializada, a la que se accede por derivación desde primaria (salvo las urgencias). La continuidad de la asistencia se logra mediante la coordinación entre ambos niveles. Los hospitales (art. 65 y ss.) son la estructura sanitaria de la atención especializada y forman parte del Área de Salud correspondiente.
Planes integrales y estrategias: cómo identificarlos en el temario
El epígrafe oficial habla del conocimiento general de los Planes marco y Estrategias vigentes de la Consejería competente en materia de salud y del SAS. A efectos de examen conviene distinguir tres planos: los instrumentos de planificación general (Plan Andaluz de Salud y Contrato Programa), los planes integrales por problemas de salud (por ejemplo, de salud mental, oncología, cuidados paliativos o diabetes) y las estrategias transversales (por ejemplo, de seguridad del paciente, de calidad, de cuidados o de humanización de la asistencia). Los planes integrales y estrategias se publican en la web de la Consejería y del SAS y su vigencia se renueva con frecuencia, por lo que debe consultarse allí el listado actualizado antes del examen; en el examen suele preguntarse su finalidad general (coordinar niveles asistenciales y fijar objetivos e indicadores), no su contenido detallado.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LGS integra en el Sistema Nacional de Salud las estructuras y servicios sanitarios públicos de todas las Administraciones; la asistencia se extiende a toda la población en condiciones de igualdad (art. 3 LGS).
El art. 1 de la Ley 2/1998 regula el derecho a la protección de la salud en Andalucía y define derechos y deberes de los ciudadanos ante el SSPA; el art. 2 fija los principios rectores.
El art. 6 de la Ley 2/1998 reconoce el derecho a la confidencialidad; el art. 8 impone el deber de cuidar las instalaciones y usar responsablemente los recursos.
El Plan Andaluz de Salud fija objetivos y prioridades; el Contrato Programa traduce esos objetivos en compromisos concretos y evaluables entre la Consejería y el SAS.
El Área de Salud (art. 56 LGS) es la estructura fundamental del sistema sanitario, delimitada por factores geográficos, demográficos y sanitarios, y debe disponer al menos de un hospital general.
El RD 1030/2006 fija la cartera de servicios comunes del SNS; el SAS puede añadir una cartera complementaria propia, pero nunca reducir la común.
El Consejo Interterritorial del SNS, presidido por el Ministro de Sanidad y con los Consejeros autonómicos de sanidad, coordina el sistema y evita desigualdades territoriales injustificadas; se creó en el art. 47 LGS y hoy se regula en el art. 69 de la Ley 16/2003.
La sanidad pública se financia con impuestos generales (no con cotizaciones específicas); la Ley 21/2001 integró la financiación sanitaria en el sistema de financiación autonómica.
Andalucía fue una de las Comunidades pioneras (junto a Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Navarra y Canarias) en recibir el traspaso del INSALUD antes de la generalización de las transferencias sanitarias a comienzos de los años 2000.
La Ley 44/2003 (LOPS) regula el ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas, con las que el Celador/a coordina su actividad sin ser él mismo profesión sanitaria en ese sentido.
El Plan Andaluz de Salud convive con planes y procesos asistenciales integrados específicos (oncología, salud mental, cuidados paliativos, crónicos) que fijan itinerarios entre niveles asistenciales.
Titularidad del derecho: universal tras el RDL 7/2018 (que revirtió la exclusión del RDL 16/2012 para personas extranjeras sin autorización de residencia).
El SAS fue creado por la Ley 8/1986 y hoy tiene la forma de agencia administrativa adscrita a la Consejería competente (Ley 9/2007); la sanidad se traspasó a Andalucía por el RD 400/1984.
Las diez Comunidades que no tenían transferida la sanidad la asumieron a comienzos de 2002 (financiación: Ley 21/2001); el INSALUD se extinguió y quedó INGESA para Ceuta y Melilla.
La cartera común del SNS se divide en básica, suplementaria y de servicios accesorios (Ley 16/2003, tras el RDL 16/2012); las Comunidades pueden añadir una cartera complementaria propia.
Los deberes de los usuarios (art. 11 LGS) incluyen cumplir las prescripciones, cuidar las instalaciones, usar adecuadamente las prestaciones y firmar el alta voluntaria si se rechaza el tratamiento.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 3 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, la asistencia sanitaria pública:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Celador?
La Ley 14/1986, General de Sanidad (LGS), creó el Sistema Nacional de Salud integrando las estructuras y servicios públicos sanitarios de todas las Administraciones. La Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, desarrolla ese modelo en el ámbito autonómico y regula el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), del que forma parte el Servicio Andaluz de Salud. Junto al Plan Andaluz de Salud y al Contrato Programa, son el marco organizativo en el que se inserta el trabajo diario de cualquier categoría del SAS, incluida la de Celador/a.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
La LGS integra en el Sistema Nacional de Salud las estructuras y servicios sanitarios públicos de todas las Administraciones; la asistencia se extiende a toda la población en condiciones de igualdad (art. 3 LGS). El art. 1 de la Ley 2/1998 regula el derecho a la protección de la salud en Andalucía y define derechos y deberes de los ciudadanos ante el SSPA; el art. 2 fija los principios rectores. El art. 6 de la Ley 2/1998 reconoce el derecho a la confidencialidad; el art. 8 impone el deber de cuidar las instalaciones y usar responsablemente los recursos. El Plan Andaluz de Salud fija objetivos y prioridades; el Contrato Programa traduce esos objetivos en compromisos concretos y evaluables entre la Consejería y el SAS. El Área de Salud (art. 56 LGS) es la estructura fundamental del sistema sanitario, delimitada por factores geográficos, demográficos y sanitarios, y debe disponer al menos de un hospital general. El RD 1030/2006 fija la cartera de servicios comunes del SNS; el SAS puede añadir una cartera complementaria propia, pero nunca reducir la común. El Consejo Interterritorial del SNS, presidido por el Ministro de Sanidad y con los Consejeros autonómicos de sanidad, coordina el sistema y evita desigualdades territoriales injustificadas; se creó en el art. 47 LGS y hoy se regula en el art. 69 de la Ley 16/2003. La sanidad pública se financia con impuestos generales (no con cotizaciones específicas); la Ley 21/2001 integró la financiación sanitaria en el sistema de financiación autonómica. Andalucía fue una de las Comunidades pioneras (junto a Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Navarra y Canarias) en recibir el traspaso del INSALUD antes de la generalización de las transferencias sanitarias a comienzos de los años 2000. La Ley 44/2003 (LOPS) regula el ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas, con las que el Celador/a coordina su actividad sin ser él mismo profesión sanitaria en ese sentido. El Plan Andaluz de Salud convive con planes y procesos asistenciales integrados específicos (oncología, salud mental, cuidados paliativos, crónicos) que fijan itinerarios entre niveles asistenciales. Titularidad del derecho: universal tras el RDL 7/2018 (que revirtió la exclusión del RDL 16/2012 para personas extranjeras sin autorización de residencia). El SAS fue creado por la Ley 8/1986 y hoy tiene la forma de agencia administrativa adscrita a la Consejería competente (Ley 9/2007); la sanidad se traspasó a Andalucía por el RD 400/1984. Las diez Comunidades que no tenían transferida la sanidad la asumieron a comienzos de 2002 (financiación: Ley 21/2001); el INSALUD se extinguió y quedó INGESA para Ceuta y Melilla. La cartera común del SNS se divide en básica, suplementaria y de servicios accesorios (Ley 16/2003, tras el RDL 16/2012); las Comunidades pueden añadir una cartera complementaria propia. Los deberes de los usuarios (art. 11 LGS) incluyen cumplir las prescripciones, cuidar las instalaciones, usar adecuadamente las prestaciones y firmar el alta voluntaria si se rechaza el tratamiento.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, texto consolidado (BOE-A-1986-10499).
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (BOJA núm. 74, de 4 de julio de 1998).
Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud.
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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