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Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: principios básicos; derechos y obligaciones; la publicidad activa; el derecho de acceso a la información pública; el fomento de la transparencia.

Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025) · Índice oficial del BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994).

Este temario corresponde a la categoría de Celador/a del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía — se ha priorizado el SAS por coherencia con el resto de temarios sanitarios ya publicados en este catálogo (p. ej. Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería), también del SAS. Es el Anexo XVII de la Resolución de 30 de julio de 2024, que aprobó nuevos programas de materias para varias categorías del SAS; este mismo programa rige el proceso selectivo de acceso libre y promoción interna convocado por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025). Es distinto del temario de la categoría de Celador/a-Conductor/a (Anexo IX de la misma resolución), que incluye además materias de conducción y mecánica de vehículos y tiene su propio proceso selectivo; ese temario no está cubierto aquí. Otros servicios de salud autonómicos (SERMAS de Madrid, SERGAS de Galicia, etc.) convocan la categoría de Celador con temarios similares mas no idénticos, que tampoco están cubiertos por este fichero.

El personal Celador/a accede con frecuencia a información sobre pacientes —nombre, ubicación, motivo del traslado— aunque no maneje directamente la historia clínica: por eso está también sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo desarrolla en España. Como personal de una Administración pública andaluza, está además sujeto a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que regula la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, con límites que protegen precisamente la intimidad y los datos de salud de terceros.

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El deber de confidencialidad (art. 5 LOPDGDD)

El art. 5 LOPDGDD impone a los responsables y encargados del tratamiento, y a todas las personas que intervengan en cualquier fase del mismo, el deber de confidencialidad, obligándoles al secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los que tengan acceso; este deber subsiste aun cuando finalice la relación con el responsable o el encargado del tratamiento. Para el Celador/a, que puede conocer por razón de su trabajo el nombre de un paciente, su ubicación en planta o el motivo de un traslado, este deber se suma al que impone el Estatuto Marco (Ley 55/2003) entre los deberes del personal estatutario y al derecho a la intimidad del paciente de la Ley 41/2002 (art. 7), cuyo art. 16.6 sujeta al deber de secreto a todo el personal que accede a datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones. La confidencialidad es, por tanto, una obligación deontológica y legal, y su vulneración puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, administrativa y penal (arts. 197 y 199 del Código Penal, sobre descubrimiento y revelación de secretos).

Categorías especiales de datos: los datos de salud (art. 9 LOPDGDD)

El art. 9 LOPDGDD regula el tratamiento de categorías especiales de datos, entre las que se incluyen los datos relativos a la salud. Como regla general, el tratamiento de estos datos está prohibido salvo que concurra alguna de las excepciones tasadas del art. 9.2 RGPD: consentimiento explícito del afectado, obligaciones en el ámbito laboral y de seguridad social, protección de intereses vitales del interesado cuando este no pueda consentir, o —el supuesto más relevante en el ámbito sanitario— cuando el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, diagnóstico médico o prestación de asistencia sanitaria, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario sujeto a la obligación de secreto profesional (art. 9.3 RGPD). El art. 9.2 LOPDGDD añade que los tratamientos fundados en las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD (interés público esencial, medicina preventiva y asistencial, y salud pública) deben estar amparados en una norma con rango de ley.

Derechos de las personas sobre sus datos (Título III LOPDGDD)

El Título III LOPDGDD desarrolla el ejercicio de los derechos reconocidos en el RGPD: derecho de acceso (art. 13), a saber qué datos propios se tratan y para qué; derecho de rectificación (art. 14); derecho de supresión o "derecho al olvido" (art. 15); derecho a la limitación del tratamiento (art. 16); derecho a la portabilidad (art. 17); y derecho de oposición (art. 18). En el ámbito sanitario, estos derechos generales conviven con el régimen específico de acceso a la historia clínica que establece la Ley 41/2002, que en algunos aspectos —como el acceso a anotaciones subjetivas de los profesionales— es más restrictivo que el régimen general de protección de datos.

Objeto y principios de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía

El art. 1 de la Ley 1/2014 tiene por objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, como instrumento para facilitar el conocimiento de la actividad de los poderes públicos y promover el ejercicio responsable de esa actividad. La publicidad activa consiste en la difusión por iniciativa propia de la Administración de la información en su poder (organización, normativa, contratos, subvenciones, presupuestos); el derecho de acceso permite a cualquier persona solicitar contenidos o documentos en poder de las entidades incluidas en el ámbito de la ley, entre ellas el SAS.

Límites del derecho de acceso y su relación con los datos de salud

El derecho de acceso a la información pública no es absoluto: la Ley 1/2014 remite a los límites de la legislación básica estatal (arts. 14 y 15 de la Ley 19/2013), entre los que se encuentra expresamente la protección de datos personales. Cuando la información contenga datos especialmente protegidos, como los de salud, el acceso solo puede autorizarse con el consentimiento expreso del afectado o si está amparado por una norma con rango de ley (art. 15.1 Ley 19/2013). Para el personal Celador/a esto significa que la transparencia administrativa (acceso a información sobre la organización o el funcionamiento del SAS) nunca ampara el acceso de terceros a datos clínicos de pacientes concretos, que siguen protegidos por el deber de confidencialidad.

Privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD)

El art. 25 RGPD impone a los responsables del tratamiento la obligación de aplicar, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas para cumplir con los principios de protección de datos de forma efectiva (privacidad desde el diseño). Además, deben garantizar que, por defecto, solo se traten los datos personales necesarios para cada finalidad específica, tanto en cantidad de datos como en plazo de conservación y accesibilidad (privacidad por defecto). En la práctica, para el Celador/a esto se traduce en que los sistemas y aplicaciones que utiliza (registro de traslados, gestión logística) deben estar diseñados para mostrarle únicamente la información imprescindible para realizar su función, sin acceso innecesario a datos clínicos completos.

El Delegado de Protección de Datos (DPD) en las Administraciones Públicas

El art. 37 RGPD y el art. 34 LOPDGDD obligan a las Administraciones Públicas, incluidos los servicios de salud como el SAS, a designar un Delegado de Protección de Datos (DPD), figura con conocimientos especializados que informa y asesora al responsable del tratamiento sobre sus obligaciones, supervisa el cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD, coopera con la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía) y actúa como punto de contacto para los interesados en cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos.

Base jurídica del tratamiento de datos (art. 6 RGPD)

El art. 6 RGPD exige que todo tratamiento de datos personales se apoye en, al menos, una de las bases jurídicas que enumera: el consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, la protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, o la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero; esta última base no puede ser invocada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. En el ámbito de una Administración sanitaria pública como el SAS, la base jurídica habitual para el tratamiento de los datos de los pacientes es el cumplimiento de una misión de interés público o de una obligación legal (art. 8 LOPDGDD: exige norma con rango de ley), sin perjuicio de que determinados tratamientos, como los de categorías especiales de datos de salud, exijan además una de las excepciones específicas del art. 9.2 RGPD estudiadas en el punto anterior.

Notificación de brechas de seguridad (art. 33 RGPD)

El art. 33 RGPD obliga al responsable del tratamiento a notificar a la autoridad de control competente cualquier violación de la seguridad de los datos personales, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, en el plazo de 72 horas desde que tenga constancia de ella; si la notificación no se realiza en ese plazo, debe ir acompañada de una explicación motivada de la dilación. Cuando la violación entrañe además un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el art. 34 RGPD obliga también a comunicarlo directamente a los interesados afectados sin dilación indebida. El personal del SAS que detecte un posible incidente de seguridad (por ejemplo, el extravío de un documento con datos de pacientes) debe comunicarlo de inmediato por los canales internos establecidos, precisamente para permitir el cumplimiento de estos plazos.

Plazo de respuesta al ejercicio de derechos (art. 12 RGPD)

El art. 12.3 RGPD fija en un mes, con carácter general, el plazo del que dispone el responsable del tratamiento para responder a una solicitud de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición, plazo que puede prorrogarse dos meses más cuando la complejidad y el número de solicitudes así lo requieran, informando al interesado de la prórroga y de sus motivos dentro del primer mes. Este plazo general convive, en el ámbito sanitario, con el plazo específico que la Ley 41/2002 pueda establecer para el acceso a la historia clínica, que suele ser más ágil dada la naturaleza asistencial de la información solicitada.

Contenidos de la publicidad activa según la Ley 1/2014

La Ley 1/2014 detalla los contenidos concretos que las entidades incluidas en su ámbito, entre ellas el SAS, deben publicar por iniciativa propia como publicidad activa: información institucional y organizativa (estructura, funciones, normativa aplicable), información sobre altos cargos y su régimen retributivo, información de relevancia jurídica (proyectos normativos en tramitación), información sobre planificación y evaluación (planes y programas anuales o plurianuales, como el Plan Andaluz de Salud), e información económica, presupuestaria y estadística (contratos, convenios, subvenciones y ayudas concedidas). Toda esta información debe publicarse en los correspondientes portales de transparencia y mantenerse actualizada, clara y accesible para la ciudadanía.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad de control autonómica encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de garantizar el derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma, resolviendo las reclamaciones que se presenten frente a las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública. Actúa con independencia orgánica y funcional respecto de la Administración de la Junta de Andalucía, de forma equivalente, en su ámbito autonómico, al papel que desempeña el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal.

Relación entre la Ley 1/2014 andaluza y la Ley 19/2013 estatal de Transparencia

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, es la norma básica estatal en esta materia, de aplicación a todas las Administraciones públicas españolas. La Ley 1/2014 andaluza desarrolla y complementa esa norma básica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiendo reconocer un régimen de transparencia igual o más amplio que el estatal, pero nunca inferior a los mínimos que este garantiza. Esta relación entre norma básica estatal y norma autonómica de desarrollo es el mismo esquema competencial ya estudiado, con carácter general, en el Tema 2 respecto de otras materias compartidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

Disposiciones generales de la LOPDGDD: objeto, ámbito, menores y fallecidos

La LO 3/2018 tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y complementar sus disposiciones, y garantizar los derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato del art. 18.4 CE (art. 1). No se aplica, entre otros, a los tratamientos excluidos del RGPD (actividades domésticas, seguridad nacional) ni a los de personas fallecidas, aunque las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, o sus herederos, pueden solicitar el acceso, la rectificación o la supresión de los datos del fallecido, salvo prohibición expresa de este o de la ley (art. 3). El tratamiento de datos basado en el consentimiento de un menor solo es lícito si este tiene más de catorce años; por debajo de esa edad se requiere el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela (art. 7). Estas reglas se distinguen de la mayoría de edad sanitaria y del consentimiento informado de la Ley 41/2002, que sigue su régimen propio.

Principios de protección de datos (art. 5 RGPD y arts. 4 a 10 LOPDGDD)

El art. 5 RGPD fija los principios relativos al tratamiento: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva (el responsable debe cumplirlos y poder demostrarlo). La LOPDGDD los desarrolla en su Título II: exactitud de los datos (art. 4), deber de confidencialidad (art. 5), tratamiento basado en el consentimiento (art. 6), consentimiento de los menores (art. 7), tratamientos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos (art. 8), categorías especiales de datos (art. 9) y datos de condenas e infracciones penales (art. 10). El consentimiento ha de ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca; no se admite el consentimiento tácito, ni las casillas premarcadas.

Transparencia, información al afectado y derechos del RGPD

El art. 11 LOPDGDD permite cumplir el deber de información mediante un sistema por capas: primera capa con la información básica (identidad del responsable, finalidad y posibilidad de ejercer los derechos) y remisión a una segunda capa con el resto de información exigida por los arts. 13 y 14 RGPD. Los derechos del interesado recogidos en el RGPD son: acceso (art. 15), rectificación (art. 16), supresión (art. 17), limitación del tratamiento (art. 18), portabilidad (art. 20), oposición (art. 21) y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (art. 22); su ejercicio es gratuito, con carácter general, y se canaliza ante el responsable, que puede designar a su Delegado de Protección de Datos como punto de contacto. Contra la falta de respuesta o una respuesta insatisfactoria cabe reclamación ante la autoridad de control. No confundir la numeración del RGPD (arts. 15 a 22) con la del Título III de la LOPDGDD (arts. 13 a 18), que desarrolla los mismos derechos.

Responsabilidad proactiva: registro, evaluación de impacto y seguridad

El responsable y el encargado deben llevar un registro de las actividades de tratamiento (art. 30 RGPD); las Administraciones públicas están obligadas a publicar el inventario de sus actividades de tratamiento por medios electrónicos (art. 31 LOPDGDD). Cuando un tratamiento entrañe probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, como el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos, debe realizarse una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (art. 35 RGPD). La seguridad de los sistemas de las Administraciones públicas se rige por el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo). La LOPDGDD prevé también la figura del encargado del tratamiento, que trata datos por cuenta del responsable en virtud de un contrato o acto jurídico (art. 33), como una empresa de gestión documental o de mantenimiento informático.

Régimen sancionador y autoridades de control

El RGPD faculta a las autoridades de control para imponer multas administrativas de hasta 10 millones de euros o el 2 % de la facturación anual global (infracciones menos graves) y de hasta 20 millones de euros o el 4 % (infracciones más graves). La LOPDGDD califica las infracciones en muy graves (art. 72), graves (art. 73) y leves (art. 74), con plazos de prescripción de tres, dos y un año respectivamente. Cuando el responsable o encargado es una Administración pública, el art. 77 LOPDGDD sustituye la multa por una resolución de apercibimiento, con medidas para que cese la conducta, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias de los empleados públicos. La autoridad de control estatal es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); en Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ejerce el control sobre el tratamiento de datos de la Administración autonómica y de las entidades locales andaluzas.

Garantía de los derechos digitales (Título X LOPDGDD)

El Título X de la LOPDGDD reconoce a los trabajadores y empleados públicos derechos digitales con incidencia directa en el entorno laboral: derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87), derecho a la desconexión digital (art. 88), derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89) y derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización (art. 90). Los empleadores deben informar previamente y de forma expresa, clara y concisa a los trabajadores y a sus representantes sobre estas medidas. Con carácter general, toda persona puede ejercer el derecho de rectificación en internet y el derecho al olvido en búsquedas y en redes sociales (arts. 93 y 94).

Procedimiento de acceso a la información pública y reclamación (Ley 19/2013 y Ley 1/2014)

La solicitud de acceso a la información pública puede presentarse sin necesidad de motivar (art. 17 Ley 19/2013) y se dirige a la entidad que posea la información. Pueden ser inadmitidas, entre otras causas, las solicitudes referidas a información en curso de elaboración, de carácter auxiliar o de apoyo, que requieran una acción previa de reelaboración o que sean manifiestamente repetitivas o abusivas (art. 18). El órgano competente debe resolver y notificar en el plazo máximo que fije la norma aplicable (un mes en la Ley 19/2013, ampliable; la normativa andaluza establece un plazo menor de veinte días hábiles); transcurrido el plazo sin resolución expresa, el silencio es negativo. Frente a la resolución, el solicitante puede interponer una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, previa a la vía contencioso-administrativa y sustitutiva de los recursos administrativos; el plazo de interposición es de un mes y el Consejo resuelve y notifica en el plazo de tres meses (art. 24 Ley 19/2013 y normas andaluzas de desarrollo).

Buenas prácticas del Celador/a en protección de datos y confidencialidad

Por la naturaleza de su trabajo, el Celador/a conoce con frecuencia información de pacientes sin ser el responsable de su historia clínica. Las pautas básicas son: acceder solo a la información estrictamente necesaria para realizar el traslado o la tarea encomendada (minimización); no comentar con compañeros no implicados, familiares de otros pacientes o personas ajenas el estado, diagnóstico o ubicación de un paciente; no dejar a la vista documentos con datos (hojas de traslado, listados, pulseras identificativas); no fotografiar ni difundir imágenes de pacientes o de documentación por mensajería o redes sociales; confirmar la identidad del paciente con los medios establecidos antes del traslado sin pronunciar innecesariamente datos clínicos en voz alta; y comunicar de inmediato a su superior cualquier pérdida de documentos, acceso indebido o incidente de seguridad. El incumplimiento puede constituir falta disciplinaria y dar lugar a responsabilidades administrativas y penales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El deber de confidencialidad del art. 5 LOPDGDD subsiste aunque termine la relación de servicio con el responsable o encargado del tratamiento.
  • Los datos de salud son una categoría especial de datos (art. 9 LOPDGDD): su tratamiento está prohibido salvo excepciones tasadas, entre ellas la prestación de asistencia sanitaria.
  • Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición (arts. 13 a 18 LOPDGDD) conviven, en el ámbito sanitario, con el régimen específico de la historia clínica de la Ley 41/2002.
  • La transparencia pública (Ley 1/2014) tiene como límite expreso la protección de datos personales: nunca ampara el acceso de terceros a datos clínicos de pacientes.
  • El principio de privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD) exige limitar por defecto el acceso a los datos estrictamente necesarios para cada función.
  • Las Administraciones Públicas, incluido el SAS, deben designar un Delegado de Protección de Datos (art. 37 RGPD, art. 34 LOPDGDD).
  • Una violación de seguridad de datos debe notificarse a la autoridad de control en el plazo de 72 horas (art. 33 RGPD); si hay alto riesgo para los afectados, debe comunicárseles también a ellos (art. 34 RGPD).
  • El plazo general de respuesta al ejercicio de derechos es de un mes, prorrogable dos meses más en casos complejos (art. 12.3 RGPD).
  • El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad autonómica que resuelve las reclamaciones en materia de acceso a la información pública.
  • La Ley 1/2014 andaluza desarrolla la norma básica estatal (Ley 19/2013) y nunca puede reconocer un régimen de transparencia inferior al que esta garantiza.
  • La publicidad activa incluye información institucional, de altos cargos, de relevancia jurídica, de planificación y económico-presupuestaria.
  • Art. 6 RGPD: las autoridades públicas no pueden basar sus tratamientos en el interés legítimo cuando ejercen sus funciones; el SAS actúa por misión de interés público u obligación legal.
  • El consentimiento de un menor para el tratamiento de datos es válido a partir de los catorce años (art. 7 LOPDGDD).
  • Art. 9.2 LOPDGDD: los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD exigen norma con rango de ley.
  • A las Administraciones públicas no se les imponen multas por infracciones de protección de datos, sino apercibimiento y medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD).
  • Derechos digitales laborales (Título X): intimidad en dispositivos digitales (art. 87), desconexión digital (art. 88), videovigilancia (art. 89) y geolocalización (art. 90).
  • La revelación de secretos por quien conoce información de otro por razón de oficio o relación laboral es delito (art. 199 Código Penal); el personal que accede a la historia clínica está sujeto al deber de secreto (art. 16.6 Ley 41/2002).
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El objeto de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, es regular:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Celador?

El personal Celador/a accede con frecuencia a información sobre pacientes —nombre, ubicación, motivo del traslado— aunque no maneje directamente la historia clínica: por eso está también sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo desarrolla en España. Como personal de una Administración pública andaluza, está además sujeto a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que regula la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, con límites que protegen precisamente la intimidad y los datos de salud de terceros.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

El deber de confidencialidad del art. 5 LOPDGDD subsiste aunque termine la relación de servicio con el responsable o encargado del tratamiento. Los datos de salud son una categoría especial de datos (art. 9 LOPDGDD): su tratamiento está prohibido salvo excepciones tasadas, entre ellas la prestación de asistencia sanitaria. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición (arts. 13 a 18 LOPDGDD) conviven, en el ámbito sanitario, con el régimen específico de la historia clínica de la Ley 41/2002. La transparencia pública (Ley 1/2014) tiene como límite expreso la protección de datos personales: nunca ampara el acceso de terceros a datos clínicos de pacientes. El principio de privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD) exige limitar por defecto el acceso a los datos estrictamente necesarios para cada función. Las Administraciones Públicas, incluido el SAS, deben designar un Delegado de Protección de Datos (art. 37 RGPD, art. 34 LOPDGDD). Una violación de seguridad de datos debe notificarse a la autoridad de control en el plazo de 72 horas (art. 33 RGPD); si hay alto riesgo para los afectados, debe comunicárseles también a ellos (art. 34 RGPD). El plazo general de respuesta al ejercicio de derechos es de un mes, prorrogable dos meses más en casos complejos (art. 12.3 RGPD). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad autonómica que resuelve las reclamaciones en materia de acceso a la información pública. La Ley 1/2014 andaluza desarrolla la norma básica estatal (Ley 19/2013) y nunca puede reconocer un régimen de transparencia inferior al que esta garantiza. La publicidad activa incluye información institucional, de altos cargos, de relevancia jurídica, de planificación y económico-presupuestaria. Art. 6 RGPD: las autoridades públicas no pueden basar sus tratamientos en el interés legítimo cuando ejercen sus funciones; el SAS actúa por misión de interés público u obligación legal. El consentimiento de un menor para el tratamiento de datos es válido a partir de los catorce años (art. 7 LOPDGDD). Art. 9.2 LOPDGDD: los tratamientos de las letras g), h) e i) del art. 9.2 RGPD exigen norma con rango de ley. A las Administraciones públicas no se les imponen multas por infracciones de protección de datos, sino apercibimiento y medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD). Derechos digitales laborales (Título X): intimidad en dispositivos digitales (art. 87), desconexión digital (art. 88), videovigilancia (art. 89) y geolocalización (art. 90). La revelación de secretos por quien conoce información de otro por razón de oficio o relación laboral es delito (art. 199 Código Penal); el personal que accede a la historia clínica está sujeto al deber de secreto (art. 16.6 Ley 41/2002).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2024, páginas 49044/61 a 49044/63, Anexo XVII (Resolución de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, BOJA-A-2024-00305994) (Programa de materias aprobado por Resolución de 30 de julio de 2024, vigente para las pruebas selectivas de acceso libre y promoción interna a la categoría de Celador/a convocadas por Resolución de 4 de febrero de 2025 (BOJA núm. 26, de 7 de febrero de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, texto consolidado (BOE-A-2018-16673).
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), arts. 5, 6, 9, 12, 25, 33, 34 y 37.
  • Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 197 y 199.

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