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Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: Objeto; ámbito de aplicación; principios generales; políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género: Objeto; ámbito de aplicación; principios rectores; formación a profesionales de la salud. El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025) · Índice oficial del BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE..

Este temario corresponde al personal estatutario fijo de la categoría Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sistemas de acceso libre y promoción interna. Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 31 de julio de 2024), citado como programa aplicable por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE y de Técnico/a en Farmacia. Consta de 29 temas (10 de Temario Común + 19 de Temario Específico). No cubre otras categorías técnicas del SAS (Técnico/a en Farmacia, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Anatomía Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico o Radioterapia), que tienen programas propios en Anexos distintos de la misma resolución.

Andalucía cuenta con dos leyes propias en materia de igualdad de género, ambas de 26 de noviembre de 2007: la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre), que fija el marco general de actuación de los poderes públicos andaluces frente a la discriminación por razón de sexo y despliega políticas públicas de igualdad (transversalidad, evaluación de impacto de género, unidades de igualdad, planes estratégicos, presupuestos con perspectiva de género), y la Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio), que regula la respuesta institucional frente a esta forma extrema de discriminación, con un papel expreso para el personal sanitario en la detección precoz. Ambas se completan con la normativa estatal (LO 3/2007 y LO 1/2004) y con el Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía, que las aplica a su propia plantilla, incluido el personal del Servicio Andaluz de Salud.

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Objeto y estructura de la Ley 12/2007

El art. 1 de la Ley 12/2007 tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social, educativa y cultural. La ley se estructura en un Título Preliminar (con los conceptos esenciales y los principios generales) y varios títulos posteriores que despliegan las políticas públicas de igualdad y las medidas en distintos ámbitos (educación, cultura, empleo, salud, conciliación, participación). Fue modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, que reforzó sus instrumentos y la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Ámbito de aplicación y principios generales (Ley 12/2007)

La ley se aplica a los poderes públicos de Andalucía en el ejercicio de sus competencias, y proyecta también obligaciones sobre las entidades privadas que contraten, reciban ayudas o colaboren con la Administración andaluza. Entre los conceptos esenciales del Título Preliminar figuran la discriminación directa e indirecta por razón de sexo, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Los principios generales de actuación de los poderes públicos andaluces son, entre otros, la igualdad de trato entre mujeres y hombres, entendida como ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, y la transversalidad de género (o mainstreaming): la integración de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas, y no solo en las específicas de igualdad.

Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género: instrumentos

La Ley 12/2007 articula las políticas públicas de igualdad mediante varios instrumentos: a) la evaluación previa del impacto de género de los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno, con intervención de un órgano específico (la Comisión de Impacto de Género); b) las unidades de igualdad de género en las Consejerías, que impulsan y asesoran en la integración de la perspectiva de género en cada departamento; c) los planes estratégicos para la igualdad de mujeres y hombres, como programación de objetivos y medidas; d) la elaboración de estadísticas y estudios desagregados por sexo; e) la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género, con un informe de evaluación del impacto de género del presupuesto; y f) la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos directivos y colegiados, entendida como la que no supera el 60 % ni baja del 40 % de ninguno de los sexos.

Objeto y ámbito de la Ley 13/2007

El art. 1 de la Ley 13/2007 tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el solo hecho de serlo; y adoptar medidas para su erradicación mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las mujeres que se encuentren en esa situación, incluidas las acciones de detección, atención y recuperación. El art. 2 fija su ámbito de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Ley 7/2018, de 30 de julio, que la modifica, amplió el concepto de violencia de género más allá de la violencia en la pareja o expareja, para incluir otras manifestaciones contra las mujeres (violencia sexual, en el ámbito laboral, social o institucional, violencia a través de las tecnologías, mutilación genital, matrimonios forzados o trata con fines de explotación), y reforzó los instrumentos de coordinación.

Principios rectores de la Ley 13/2007

La ley articula la respuesta institucional sobre varios principios rectores: la consideración de la violencia de género como problema social que afecta a los derechos humanos y exige una respuesta integral y coordinada de todos los poderes públicos; la atención integral a las mujeres que la sufren, atendiendo también a sus hijas e hijos; el impulso de la coordinación entre las distintas Administraciones y servicios implicados (sanitarios, sociales, educativos, judiciales, policiales); y la prioridad de las actuaciones de prevención y de sensibilización social frente a esta forma de violencia. Las medidas se ordenan en torno a la prevención y sensibilización (educación, medios de comunicación y publicidad, ámbito sanitario), la detección, la atención y protección integral a las víctimas (información, asistencia jurídica, psicológica y social, recursos de acogida) y la coordinación institucional.

Formación a profesionales de la salud (art. 24 Ley 13/2007)

El art. 24 de la Ley 13/2007 obliga a que los planes y programas sanitarios incluyan la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía para abordar de forma adecuada la detección precoz, la atención a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus efectos sobre la salud de las mujeres, la rehabilitación y la atención a colectivos de mujeres con especiales dificultades. Esta formación se dirige de forma prioritaria a los servicios de atención primaria y a los servicios de atención especializada de mayor relevancia para la salud de la mujer, dado que el ámbito sanitario es, con frecuencia, el primer contexto en el que puede detectarse una situación de violencia de género que la víctima no ha denunciado por otras vías. El personal TCAE, por su contacto directo y continuado con las pacientes, puede observar signos o indicios relevantes que deben ponerse en conocimiento del profesional sanitario responsable.

Discriminación directa, indirecta y acoso: conceptos y ejemplos

La discriminación directa se produce cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de su sexo (por ejemplo, excluir a una candidata de un proceso selectivo por estar embarazada). La discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo, salvo justificación objetiva y razonable. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual que tenga como propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con ese mismo propósito o efecto, sin componente sexual necesariamente. Estas definiciones coinciden con las de la LO 3/2007 (arts. 6 y 7), que además considera discriminatorio todo trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad (art. 8). En un centro sanitario, ambas figuras pueden darse tanto entre profesionales como, en ocasiones, por parte de pacientes o acompañantes.

Acción positiva y paridad en el empleo público (Ley 12/2007)

La Ley 12/2007 habilita a los poderes públicos andaluces a adoptar medidas de acción positiva: actuaciones dirigidas a corregir situaciones de desigualdad de partida entre mujeres y hombres, favoreciendo especialmente a las mujeres cuando se encuentren en una posición de desventaja. Deben ser temporales, razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido. En el ámbito del empleo público, esto se traduce en el impulso de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y en los puestos directivos, así como en la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de las convocatorias, sin que ello suponga en ningún caso una preferencia automática por razón de sexo en la resolución de un proceso selectivo concreto, que sigue rigiéndose por los principios de mérito y capacidad.

El enfoque de género en las políticas de salud

La Ley 12/2007 extiende la transversalidad de género al ámbito sanitario: exige incorporar la perspectiva de género en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las políticas de salud, reconociendo que determinadas enfermedades y factores de riesgo se manifiestan o afectan de forma diferente a mujeres y a hombres, y que los protocolos clínicos deben tener en cuenta estas diferencias para evitar sesgos de género en el diagnóstico y en el tratamiento. Para el personal del SAS, incluido el TCAE, este enfoque se traduce en la atención a necesidades específicas de las mujeres en distintas etapas de su vida (salud reproductiva, climaterio) dentro de la cartera de servicios del sistema sanitario público. A nivel estatal, el art. 27 de la LO 3/2007 recoge la integración del principio de igualdad en la política de salud.

El protocolo sanitario de actuación ante la violencia de género

En desarrollo del mandato de formación y detección de la Ley 13/2007, los centros del SAS cuentan con protocolos de actuación sanitaria ante la violencia de género (el Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género, en coherencia con el Protocolo común del Sistema Nacional de Salud), con fases generales: la detección (sospecha activa ante indicadores físicos o de comportamiento), la valoración del riesgo para la seguridad de la mujer y, en su caso, de sus hijas e hijos, la información a la mujer sobre sus derechos y sobre los recursos de atención disponibles, y la coordinación con los servicios sociales y, cuando la situación lo requiera, con la autoridad judicial mediante el correspondiente parte de lesiones. El personal TCAE no participa en estas fases clínicas, pero su papel de observación y de comunicación inmediata al profesional sanitario responsable es un eslabón práctico de esta cadena de detección.

Derechos laborales y de protección social de las víctimas (LO 1/2004)

La respuesta institucional andaluza de la Ley 13/2007 se complementa con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que reconoce a las trabajadoras víctimas de violencia de género derechos laborales y de protección social específicos: derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral o funcionarial con reserva del puesto, y a la justificación de las faltas de asistencia o de puntualidad motivadas por su situación (arts. 21 y 22 de la LO 1/2004, con la acreditación de la situación prevista en su art. 23). Estos derechos son relevantes también para el personal estatutario del SAS, incluido el TCAE, que pudiera encontrarse en esta situación. El art. 15 de la LO 1/2004 regula la sensibilización e intervención en el ámbito sanitario, y su art. 16 prevé una comisión contra la violencia de género en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Coordinación institucional: el Instituto Andaluz de la Mujer

El Instituto Andaluz de la Mujer es el organismo de la Junta de Andalucía de referencia en el diseño, impulso y coordinación de las políticas de igualdad y contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma, actuando en colaboración con las distintas Consejerías, entre ellas la competente en materia de salud, y con las entidades locales. Dispone de una red de centros de información a la mujer y de un teléfono gratuito de información y atención a mujeres (900 200 999), y funciona en paralelo al 016 estatal y al 112 en emergencias. Su papel es coherente con el principio de transversalidad de género que recorre tanto la Ley 12/2007 como la Ley 13/2007: las políticas de igualdad no se agotan en una única Consejería, sino que deben integrarse en la actuación de toda la Administración andaluza, incluido el Servicio Andaluz de Salud.

El Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Junta de Andalucía

Como desarrollo interno de los principios de la Ley 12/2007, la Administración de la Junta de Andalucía dispone de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo aplicable a todo su personal, incluido el del SAS. Sus elementos característicos son la garantía de confidencialidad para la persona denunciante y para la denunciada durante la tramitación, la posibilidad de adoptar medidas cautelares mientras se investigan los hechos (como la separación temporal de los puestos de trabajo), la investigación por personas con formación específica en la materia, y la prohibición expresa de represalias contra quien denuncia de buena fe o colabora en la investigación.

El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía

El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sus organismos autónomos es el instrumento con el que la propia Administración andaluza, como empleadora, aplica internamente los principios de las Leyes 12/2007 y 13/2007 a su plantilla, incluido el personal del SAS. Incorpora medidas concretas en materia de acceso al empleo público, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, formación en igualdad, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y fomento del lenguaje inclusivo en las comunicaciones administrativas, dando cumplimiento así a la obligación de las Administraciones públicas de ser un referente en la aplicación efectiva del principio de igualdad. Un plan de igualdad se estructura habitualmente en: diagnóstico de la situación, objetivos, medidas o ejes de actuación, calendario, y sistema de seguimiento y evaluación.

El lenguaje no sexista como medida transversal

Entre las medidas transversales del Plan de Igualdad de la AGJA se encuentra el fomento del lenguaje no sexista y de la comunicación inclusiva en toda la documentación, cartelería, formularios y comunicaciones oficiales, evitando el uso genérico del masculino cuando pueda invisibilizar a las mujeres y utilizando fórmulas que nombren a ambos sexos o términos colectivos neutros. En los centros del SAS, esta medida alcanza a la señalización interna, a los impresos de uso habitual por el personal —incluido el TCAE— y a las comunicaciones dirigidas a la ciudadanía, como expresión práctica y cotidiana del principio de igualdad.

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es la norma básica estatal que precede y sirve de marco general a la Ley 12/2007 andaluza, aplicable a todo el territorio español. Regula, entre otros aspectos, el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, la integración del principio de igualdad en la política sanitaria (art. 27), los criterios de actuación de las Administraciones en el empleo público (art. 51), la composición equilibrada de los órganos de selección (art. 53) y los planes de igualdad en las empresas. Tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 6/2019, el plan de igualdad es obligatorio en empresas de cincuenta o más personas trabajadoras. Su relación con la Ley 12/2007 andaluza es la de norma básica estatal y norma autonómica de desarrollo.

Otras normas de referencia: LO 10/2022 y Ley 15/2022

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, refuerza la respuesta frente a la violencia sexual y prevé la formación y sensibilización de los profesionales, incluidos los sanitarios. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, extiende la protección frente a la discriminación a numerosos motivos (sexo, origen, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, entre otros) y se proyecta expresamente sobre el ámbito sanitario. Ambas conviven con las leyes andaluzas y deben ser conocidas como marco estatal.

El principio de transversalidad de género aplicado a la atención sanitaria del TCAE

La transversalidad de género en la atención sanitaria implica que el personal TCAE debe prestar un cuidado libre de estereotipos de género: evitar minimizar síntomas de dolor o malestar en pacientes mujeres por prejuicios históricos de infravaloración del dolor femenino, adaptar el trato y el lenguaje utilizado con hombres y mujeres por igual, y ser especialmente sensible a las necesidades de intimidad y pudor que puedan variar según la identidad de género de la persona atendida, dentro siempre del respeto a la dignidad de todos los pacientes reconocido en el Estatuto Marco (Tema 8) y en la Ley 41/2002 (Tema 9).

Indicadores de sospecha de violencia de género observables en el contacto directo con la paciente

Durante los cuidados de higiene, movilización o exploración, el personal TCAE puede observar indicadores que, sin constituir un diagnóstico, deben motivar la comunicación al profesional sanitario responsable: lesiones en distintas fases de curación o localizadas en zonas poco habituales en accidentes casuales, un relato de los hechos incoherente con el tipo de lesión observada, actitud de sobreprotección o control excesivo por parte de la pareja o acompañante durante la atención, ansiedad o miedo desproporcionado de la paciente, o retrasos injustificados en la solicitud de atención sanitaria. La detección de cualquiera de estos indicadores debe comunicarse siempre al profesional sanitario responsable, nunca gestionarse de forma autónoma por el TCAE. Es esencial mantener la confidencialidad, evitar el interrogatorio y no culpabilizar ni juzgar a la mujer, y no confrontar con el agresor ni mencionar la sospecha ante el acompañante.

Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el empleo público andaluz

El Plan de Igualdad de la AGJA y la normativa de función pública andaluza reconocen medidas de conciliación aplicables también al personal estatutario del SAS: la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares dependientes, la excedencia por cuidado de familiares con reserva de puesto, la adaptación de la jornada y de los turnos por motivos de conciliación, y los permisos por nacimiento, adopción o cuidado de menores. Estas medidas, aunque desarrolladas de forma específica en el Estatuto Marco y en la normativa de permisos y licencias, forman parte también del compromiso transversal de igualdad de la Junta de Andalucía con su propia plantilla.

Normativa andaluza LGTBI y de identidad de género

Andalucía cuenta con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, y con la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Extienden el principio de igualdad de trato a la orientación sexual y a la identidad de género, con incidencia en el ámbito sanitario: trato acorde con la identidad de género sentida, formación del personal sanitario en diversidad sexual y de género y eliminación de discriminaciones en el acceso a la asistencia. A nivel estatal rige la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El personal TCAE debe respetar el nombre y el trato acorde con la identidad de género de cada persona atendida.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, es un acuerdo institucional entre las principales fuerzas políticas y las Administraciones españolas, incluidas las Comunidades Autónomas, que fija un conjunto de medidas y de compromisos presupuestarios plurianuales para reforzar la prevención, la detección y la atención integral a las víctimas de violencia de género en todos los ámbitos, incluido el sanitario. Su desarrollo en Andalucía se traduce en el refuerzo de la formación del personal sanitario, en la mejora de los protocolos de detección y derivación, y en el fortalecimiento de los recursos de atención integral a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos, en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer.

La atención integral a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género

La normativa andaluza y estatal en materia de violencia de género reconoce a los hijos e hijas de las víctimas la condición de víctimas directas de esta violencia, con derecho a una atención integral que incluye el apoyo psicológico y sanitario específico para menores expuestos a situaciones de violencia en el hogar. En el ámbito sanitario, esto implica que la detección de un caso de violencia de género debe activar también la valoración de la situación de los menores a cargo de la mujer, coordinándose los servicios sanitarios con los servicios sociales y, cuando proceda, con la autoridad judicial, para garantizar la protección integral de todo el núcleo familiar afectado.

Esquema comparativo: Ley 12/2007 frente a Ley 13/2007

Ley 12/2007: igualdad de género en sentido amplio; destinatarios, los poderes públicos andaluces; instrumentos de transversalidad (impacto de género, unidades de igualdad, planes estratégicos, presupuestos); reformada por Ley 9/2018. Ley 13/2007: violencia de género; prevención, sensibilización, detección, atención y protección integral; reformada por Ley 7/2018. Ambas son autonómicas y de la misma fecha (26 de noviembre de 2007), pero la violencia de género en sentido penal y procesal (juzgados de violencia sobre la mujer, órdenes de protección) es competencia estatal desarrollada por la LO 1/2004. Confundir la fecha de ambas o atribuir a la Ley 13/2007 competencias judiciales es un error típico.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 1 de la Ley 12/2007 busca hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres eliminando la discriminación de la mujer en todos los ámbitos.
  • Las Leyes 12/2007 y 13/2007 son de la misma fecha: 26 de noviembre de 2007. La 12/2007 trata la igualdad y la 13/2007 la violencia de género.
  • La Ley 12/2007 fue modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre; la Ley 13/2007 por la Ley 7/2018, de 30 de julio.
  • El art. 1 de la Ley 13/2007 define la violencia de género como manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres por el solo hecho de serlo.
  • El art. 24 de la Ley 13/2007 obliga a formar al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía en detección precoz de la violencia de género, priorizando Atención Primaria y los servicios más relevantes para la salud de la mujer.
  • El ámbito sanitario es con frecuencia el primer contexto en el que puede detectarse una situación de violencia de género no denunciada por otras vías; el personal TCAE puede observar indicios relevantes en su contacto directo con la paciente.
  • Discriminación directa (trato menos favorable por razón de sexo) frente a discriminación indirecta (disposición o práctica aparentemente neutra que perjudica a un sexo, salvo justificación objetiva).
  • Acoso sexual (comportamiento de índole sexual que atenta contra la dignidad) frente a acoso por razón de sexo (mismo efecto, sin componente sexual necesario).
  • Transversalidad de género: integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, no solo en las específicas de igualdad.
  • Instrumentos de la Ley 12/2007: evaluación de impacto de género, unidades de igualdad de género, planes estratégicos, estadísticas por sexo y presupuestos con perspectiva de género.
  • Presencia equilibrada: ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 %.
  • Las medidas de acción positiva no suponen preferencia automática por razón de sexo en un proceso selectivo, que sigue rigiéndose por mérito y capacidad.
  • Fases del protocolo sanitario ante violencia de género: detección, valoración del riesgo, información a la mujer sobre sus derechos y recursos, y coordinación con servicios sociales y, en su caso, autoridad judicial (parte de lesiones).
  • El TCAE no participa en las fases clínicas del protocolo; su papel es de observación y comunicación inmediata al profesional sanitario responsable, nunca gestión autónoma.
  • Ante la sospecha: confidencialidad, no interrogar, no confrontar con el agresor ni hablar de la sospecha delante del acompañante.
  • La LO 1/2004 reconoce a las trabajadoras víctimas derechos laborales específicos: reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica, suspensión con reserva de puesto y justificación de faltas.
  • El Instituto Andaluz de la Mujer coordina las políticas de igualdad y contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma. Teléfonos: 900 200 999 (IAM), 016 (estatal) y 112 (emergencias).
  • El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía aplica internamente las Leyes 12/2007 y 13/2007 a su plantilla: acceso al empleo, conciliación, formación en igualdad y prevención del acoso.
  • La Ley Orgánica 3/2007 es la norma básica estatal que enmarca a la Ley 12/2007; tras el RDL 6/2019 el plan de igualdad es obligatorio desde las 50 personas trabajadoras.
  • Indicadores observables de sospecha de violencia de género: lesiones en distintas fases de curación, relato incoherente con la lesión, sobreprotección o control excesivo del acompañante, ansiedad desproporcionada o retraso injustificado en pedir atención.
  • El Plan de Igualdad de la AGJA fomenta el lenguaje no sexista en documentación, cartelería, formularios y comunicaciones oficiales.
  • Normas LGTBI: Ley 2/2014 (identidad de género, Andalucía), Ley 8/2017 (LGTBI, Andalucía) y Ley 4/2023 (estatal).
  • El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) fija compromisos plurianuales de prevención, detección y atención integral, incluido el refuerzo de la formación del personal sanitario.
  • Los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género tienen la condición de víctimas directas, con derecho a atención integral y apoyo psicológico y sanitario específico.
  • La violencia de género en sentido penal y procesal (juzgados, órdenes de protección) es materia estatal (LO 1/2004); la ley andaluza regula prevención, atención y coordinación.
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El Instituto Andaluz de la Mujer:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 7 de TCAE?

Andalucía cuenta con dos leyes propias en materia de igualdad de género, ambas de 26 de noviembre de 2007: la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre), que fija el marco general de actuación de los poderes públicos andaluces frente a la discriminación por razón de sexo y despliega políticas públicas de igualdad (transversalidad, evaluación de impacto de género, unidades de igualdad, planes estratégicos, presupuestos con perspectiva de género), y la Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio), que regula la respuesta institucional frente a esta forma extrema de discriminación, con un papel expreso para el personal sanitario en la detección precoz. Ambas se completan con la normativa estatal (LO 3/2007 y LO 1/2004) y con el Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía, que las aplica a su propia plantilla, incluido el personal del Servicio Andaluz de Salud.

¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?

El art. 1 de la Ley 12/2007 busca hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres eliminando la discriminación de la mujer en todos los ámbitos. Las Leyes 12/2007 y 13/2007 son de la misma fecha: 26 de noviembre de 2007. La 12/2007 trata la igualdad y la 13/2007 la violencia de género. La Ley 12/2007 fue modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre; la Ley 13/2007 por la Ley 7/2018, de 30 de julio. El art. 1 de la Ley 13/2007 define la violencia de género como manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres por el solo hecho de serlo. El art. 24 de la Ley 13/2007 obliga a formar al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía en detección precoz de la violencia de género, priorizando Atención Primaria y los servicios más relevantes para la salud de la mujer. El ámbito sanitario es con frecuencia el primer contexto en el que puede detectarse una situación de violencia de género no denunciada por otras vías; el personal TCAE puede observar indicios relevantes en su contacto directo con la paciente. Discriminación directa (trato menos favorable por razón de sexo) frente a discriminación indirecta (disposición o práctica aparentemente neutra que perjudica a un sexo, salvo justificación objetiva). Acoso sexual (comportamiento de índole sexual que atenta contra la dignidad) frente a acoso por razón de sexo (mismo efecto, sin componente sexual necesario). Transversalidad de género: integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, no solo en las específicas de igualdad. Instrumentos de la Ley 12/2007: evaluación de impacto de género, unidades de igualdad de género, planes estratégicos, estadísticas por sexo y presupuestos con perspectiva de género. Presencia equilibrada: ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 %. Las medidas de acción positiva no suponen preferencia automática por razón de sexo en un proceso selectivo, que sigue rigiéndose por mérito y capacidad. Fases del protocolo sanitario ante violencia de género: detección, valoración del riesgo, información a la mujer sobre sus derechos y recursos, y coordinación con servicios sociales y, en su caso, autoridad judicial (parte de lesiones). El TCAE no participa en las fases clínicas del protocolo; su papel es de observación y comunicación inmediata al profesional sanitario responsable, nunca gestión autónoma. Ante la sospecha: confidencialidad, no interrogar, no confrontar con el agresor ni hablar de la sospecha delante del acompañante. La LO 1/2004 reconoce a las trabajadoras víctimas derechos laborales específicos: reducción/reordenación de jornada, movilidad geográfica, suspensión con reserva de puesto y justificación de faltas. El Instituto Andaluz de la Mujer coordina las políticas de igualdad y contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma. Teléfonos: 900 200 999 (IAM), 016 (estatal) y 112 (emergencias). El Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía aplica internamente las Leyes 12/2007 y 13/2007 a su plantilla: acceso al empleo, conciliación, formación en igualdad y prevención del acoso. La Ley Orgánica 3/2007 es la norma básica estatal que enmarca a la Ley 12/2007; tras el RDL 6/2019 el plan de igualdad es obligatorio desde las 50 personas trabajadoras. Indicadores observables de sospecha de violencia de género: lesiones en distintas fases de curación, relato incoherente con la lesión, sobreprotección o control excesivo del acompañante, ansiedad desproporcionada o retraso injustificado en pedir atención. El Plan de Igualdad de la AGJA fomenta el lenguaje no sexista en documentación, cartelería, formularios y comunicaciones oficiales. Normas LGTBI: Ley 2/2014 (identidad de género, Andalucía), Ley 8/2017 (LGTBI, Andalucía) y Ley 4/2023 (estatal). El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) fija compromisos plurianuales de prevención, detección y atención integral, incluido el refuerzo de la formación del personal sanitario. Los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género tienen la condición de víctimas directas, con derecho a atención integral y apoyo psicológico y sanitario específico. La violencia de género en sentido penal y procesal (juzgados, órdenes de protección) es materia estatal (LO 1/2004); la ley andaluza regula prevención, atención y coordinación.

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Del índice oficial de BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE. (Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007).
  • Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007).
  • Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
  • Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

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