Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Disposiciones generales; principios de protección de datos; derechos de las personas. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: Principios básicos; derechos y obligaciones; la publicidad activa; el derecho de acceso a la información pública; el fomento de la transparencia.
Este temario corresponde al personal estatutario fijo de la categoría Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sistemas de acceso libre y promoción interna. Es el programa de materias vigente desde agosto de 2024 (Anexo VIII de la Resolución de 31 de julio de 2024), citado como programa aplicable por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE y de Técnico/a en Farmacia. Consta de 29 temas (10 de Temario Común + 19 de Temario Específico). No cubre otras categorías técnicas del SAS (Técnico/a en Farmacia, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Anatomía Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico o Radioterapia), que tienen programas propios en Anexos distintos de la misma resolución.
El personal TCAE maneja a diario datos de salud de los pacientes, una categoría especial de datos personales sujeta a protección reforzada: su tratamiento se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo adapta y desarrolla en España. Además, como personal de una Administración pública andaluza, está sujeto a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que regula la publicidad activa de la actividad administrativa y el derecho de acceso a la información pública, con límites que protegen precisamente la intimidad y los datos de salud de terceros.
El art. 5 LOPDGDD impone a los responsables y encargados del tratamiento, y a todas las personas que intervengan en cualquier fase del mismo, el deber de confidencialidad, obligándoles al secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los que tengan acceso; este deber subsiste aun cuando finalice la relación con el responsable o el encargado del tratamiento. Para el personal TCAE, que accede a datos clínicos por razón de su trabajo, este deber se suma al ya recogido entre los deberes del personal estatutario en el art. 19 de la Ley 55/2003 (Estatuto Marco) y a la reserva exigida por la Ley 41/2002, y refuerza que la confidencialidad de la información de salud es tanto una obligación deontológica como una obligación legal exigible.
Categorías especiales de datos: los datos de salud (art. 9 LOPDGDD)
El art. 9 LOPDGDD regula el tratamiento de categorías especiales de datos, entre las que se incluyen los datos relativos a la salud y los genéticos o biométricos dirigidos a identificar de forma unívoca a una persona. Como regla general, el tratamiento de estos datos está prohibido (art. 9.1 RGPD) salvo que concurra alguna de las excepciones tasadas del art. 9.2 RGPD: consentimiento explícito del afectado, obligaciones en el ámbito laboral y de seguridad social, protección de intereses vitales del interesado cuando este no pueda dar su consentimiento, interés público esencial, interés público en el ámbito de la salud pública, o —el supuesto más relevante en el ámbito sanitario— cuando el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral, diagnóstico médico, prestación de asistencia sanitaria o gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria (art. 9.2.h), siempre que lo realice un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional (art. 9.3 RGPD). El art. 9.2 LOPDGDD exige que los tratamientos fundados en el interés público esencial, la asistencia sanitaria o la salud pública estén amparados en una norma con rango de ley, y el art. 9.1 aclara que el mero consentimiento no basta para levantar la prohibición cuando la finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. La disposición adicional decimoséptima regula específicamente los tratamientos de datos de salud, en especial con fines de investigación.
Derechos de las personas sobre sus datos (Título III LOPDGDD)
El Título III LOPDGDD (arts. 11 a 18) desarrolla el ejercicio de los derechos reconocidos en el RGPD. El art. 11 regula la transparencia e información al afectado, que puede facilitarse «por capas» (información básica sobre responsable, finalidad y ejercicio de derechos, con remisión a un medio accesible para el resto). El art. 12 recoge las disposiciones generales sobre ejercicio de derechos (gratuidad, representación, medios). Después se regulan el derecho de acceso (art. 13), a saber qué datos propios se tratan y para qué; el derecho de rectificación (art. 14); el derecho de supresión o «derecho al olvido» (art. 15); el derecho a la limitación del tratamiento (art. 16); el derecho a la portabilidad (art. 17); y el derecho de oposición (art. 18). El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas se recoge en el art. 22 RGPD. En el ámbito sanitario, estos derechos generales conviven con el régimen específico de acceso a la historia clínica que establece la Ley 41/2002 (art. 18), que en algunos aspectos (como el acceso a las anotaciones subjetivas de los profesionales o a datos aportados por terceros en interés terapéutico) es más restrictivo que el régimen general de protección de datos.
Objeto y principios de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía
El art. 1 de la Ley 1/2014 tiene por objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, como instrumento para facilitar el conocimiento de la actividad de los poderes públicos y promover el ejercicio responsable de esa actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana plena. La publicidad activa consiste en la difusión por iniciativa propia de la Administración de la información en su poder (organización, normativa, contratos, subvenciones, presupuestos); el derecho de acceso permite a cualquier persona solicitar contenidos o documentos en poder de las entidades incluidas en el ámbito de la ley. La ley es de aplicación a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (entre ellas el SAS), a las entidades locales, a las universidades públicas andaluzas, a otras instituciones y entidades públicas y, con obligaciones específicas, a las personas físicas o jurídicas privadas que perciban ayudas públicas o presten servicios públicos. Entre sus principios básicos se encuentran la transparencia, el libre acceso a la información pública, la veracidad, la utilidad, la gratuidad, la facilidad y comprensión, la accesibilidad, la interoperabilidad, la reutilización y la no discriminación tecnológica.
Límites del derecho de acceso y su relación con los datos de salud
El derecho de acceso a la información pública no es absoluto: la Ley 1/2014 remite a los límites de la legislación básica estatal (Ley 19/2013), entre los que se encuentra expresamente la protección de datos personales, y en particular la protección reforzada de los datos relativos a la salud, que como categoría especial exige, en general, el consentimiento expreso del afectado, o una norma con rango de ley que lo ampare, para su acceso o cesión a terceros. El acceso a datos meramente identificativos relacionados con la organización y el funcionamiento de la Administración se pondera con el interés público en la divulgación. Para el personal TCAE esto significa que la transparencia administrativa (acceso a información sobre la organización, el funcionamiento o los contratos del SAS) nunca ampara el acceso de terceros a datos clínicos de pacientes concretos, que siguen protegidos por el deber de confidencialidad y por el régimen específico de la historia clínica.
Privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD)
El art. 25 RGPD impone a los responsables del tratamiento la obligación de aplicar, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas para cumplir con los principios de protección de datos de forma efectiva (privacidad desde el diseño). Además, deben garantizar que, por defecto, solo se traten los datos personales necesarios para cada finalidad específica, tanto en cantidad de datos como en plazo de conservación y accesibilidad (privacidad por defecto). En la práctica, para el TCAE esto se traduce en que los sistemas y aplicaciones que utiliza deben estar diseñados para mostrarle únicamente la información imprescindible para realizar su función de cuidados, sin acceso innecesario a datos clínicos completos ajenos a su ámbito de actuación.
El Delegado de Protección de Datos (DPD) en las Administraciones Públicas
El art. 37 RGPD y el art. 34 LOPDGDD obligan a las Administraciones Públicas y, en todo caso, a los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes (se exceptúan los profesionales de la salud que ejercen a título individual), a designar un Delegado de Protección de Datos (DPD), figura con conocimientos especializados que informa y asesora al responsable del tratamiento sobre sus obligaciones, supervisa el cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD, coopera con la autoridad de control y actúa como punto de contacto para los interesados en cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos. El DPD actúa con independencia y no puede recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones.
Base jurídica del tratamiento de datos (art. 6 RGPD)
El art. 6 RGPD exige que todo tratamiento de datos personales se apoye en, al menos, una de las bases jurídicas que enumera: el consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, la protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, o la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero. Esta última base no es aplicable al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. En el ámbito de una Administración sanitaria pública como el SAS, la base jurídica habitual para el tratamiento de los datos de los pacientes es el cumplimiento de una misión de interés público (o una obligación legal), sin perjuicio de que el tratamiento de datos de salud exija además una de las excepciones específicas del art. 9.2 RGPD. Conforme al art. 8 LOPDGDD, el tratamiento por obligación legal o interés público solo puede derivar de una norma con rango de ley.
Notificación de brechas de seguridad (art. 33 RGPD)
El art. 33 RGPD obliga al responsable del tratamiento a notificar a la autoridad de control competente cualquier violación de la seguridad de los datos personales, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, en el plazo de 72 horas desde que tenga constancia de ella. Cuando la violación entrañe además un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el art. 34 RGPD obliga también a comunicarlo directamente a los interesados afectados sin dilación indebida. El personal del SAS, incluido el TCAE, que detecte un posible incidente de seguridad (por ejemplo, el extravío de un documento con datos de pacientes) debe comunicarlo de inmediato por los canales internos establecidos.
Plazo de respuesta al ejercicio de derechos (art. 12 RGPD)
El art. 12.3 RGPD fija en un mes, con carácter general, el plazo del que dispone el responsable del tratamiento para responder a una solicitud de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición, plazo que puede prorrogarse dos meses más cuando la complejidad y el número de solicitudes así lo requieran, informando al interesado de la prórroga y de sus motivos dentro del primer mes. Este plazo general convive, en el ámbito sanitario, con el plazo específico que la Ley 41/2002 pueda establecer para el acceso a la historia clínica, que suele ser más ágil dada la naturaleza asistencial de la información solicitada.
Contenidos de la publicidad activa según la Ley 1/2014
La Ley 1/2014 detalla los contenidos concretos que las entidades incluidas en su ámbito, entre ellas el SAS, deben publicar por iniciativa propia como publicidad activa: información institucional y organizativa (estructura, funciones, normativa aplicable), información sobre altos cargos y su régimen retributivo, información de relevancia jurídica, información sobre planificación y evaluación (planes y programas anuales o plurianuales, como el Plan Andaluz de Salud), e información económica, presupuestaria y estadística (contratos, convenios, subvenciones y ayudas concedidas). Toda esta información debe publicarse en los correspondientes portales de transparencia, actualizada y accesible para la ciudadanía.
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad de control autonómica encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de garantizar el derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma, resolviendo las reclamaciones que se presenten frente a las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública. Actúa con independencia orgánica y funcional respecto de la Administración de la Junta de Andalucía, de forma equivalente, en su ámbito autonómico, al papel que desempeña el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal.
Relación entre la Ley 1/2014 andaluza y la Ley 19/2013 estatal de Transparencia
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, es la norma básica estatal en esta materia, de aplicación a todas las Administraciones públicas españolas. La Ley 1/2014 andaluza desarrolla y complementa esa norma básica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiendo reconocer un régimen de transparencia igual o más amplio que el estatal, pero nunca inferior a los mínimos que este garantiza. Esta relación entre norma básica estatal y norma autonómica de desarrollo es el mismo esquema competencial ya estudiado, con carácter general, en el Tema 2 respecto de otras materias compartidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
El régimen sancionador de la LOPDGDD
La LOPDGDD (Título IX, arts. 70 a 78), en desarrollo del régimen sancionador del RGPD, clasifica las infracciones en muy graves (art. 72), graves (art. 73) y leves (art. 74), que prescriben a los tres años, dos años y un año, respectivamente. El RGPD permite multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global (infracciones de principios básicos y derechos) y de hasta 10 millones o el 2 % (otras obligaciones). Cuando los responsables o encargados son Administraciones públicas, entre ellas el SAS, el art. 77 LOPDGDD prevé que la autoridad de control dicte una resolución de apercibimiento y establezca las medidas correctoras, sin imposición de multa económica, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda. Para el personal del SAS, el incumplimiento del deber de confidencialidad se sanciona, en la práctica, principalmente a través del régimen disciplinario del Estatuto Marco, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera derivarse.
La videovigilancia en los centros sanitarios y su relación con la protección de datos
Los sistemas de videovigilancia instalados en accesos, pasillos y zonas comunes de los centros sanitarios, con fines de seguridad de personas, instalaciones y bienes (art. 22 LOPDGDD), constituyen un tratamiento de datos personales sujeto a la normativa de protección de datos: exigen cartelería informativa visible, limitación de las cámaras a zonas estrictamente necesarias, supresión de las imágenes en el plazo máximo de un mes desde su captación (salvo que deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones) y restricción del acceso a las imágenes al personal autorizado. En ningún caso pueden captarse imágenes en zonas de descanso, aseos o vestuarios, y la captación en zonas de cuidado directo del paciente afecta de forma muy intensa a su intimidad y dignidad, por lo que exige una justificación de necesidad y proporcionalidad estricta.
Dispositivos móviles personales y mensajería instantánea: riesgo para la confidencialidad de los datos de salud
El uso de teléfonos móviles personales o de aplicaciones de mensajería instantánea no corporativas para fotografiar, comentar o transmitir información sobre pacientes constituye una de las infracciones más frecuentes y graves del deber de confidencialidad en el ámbito sanitario, al escapar por completo del control y la trazabilidad de los sistemas corporativos. El Código de Conducta TIC (Tema 10) y el propio deber de confidencialidad del Estatuto Marco prohíben esta práctica; el personal TCAE debe limitar el uso de sus dispositivos personales durante la jornada laboral a fines ajenos al tratamiento de información de pacientes, utilizando exclusivamente los canales y aplicaciones corporativas autorizadas cuando necesite comunicar información relacionada con su trabajo.
La comunicación de información a familiares y acompañantes: límites del deber de confidencialidad
Conforme al art. 5 de la Ley 41/2002 (Tema 9), el titular del derecho a la información es el paciente, y solo se informará a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho en la medida en que el paciente lo permita de forma expresa o tácita. El personal TCAE, en su contacto directo y frecuente con familiares y acompañantes durante los cuidados, debe evitar facilitar información clínica que no le corresponde comunicar (diagnósticos, pronósticos, resultados de pruebas), remitiendo estas cuestiones al profesional sanitario responsable, y limitarse a la información básica de organización y funcionamiento del centro que sí es propia de sus funciones.
Publicidad activa y protección de datos en los procesos selectivos del SAS
La publicación de las listas de personas admitidas y excluidas, de puntuaciones o de resultados en los procesos selectivos y de provisión de plazas del SAS —incluidas las convocatorias de la categoría de TCAE— es una manifestación de publicidad activa que debe conciliarse con la protección de datos personales: habitualmente se realiza mediante identificación disociada (DNI parcialmente oculto o número de orden), evitando la publicación de datos personales innecesarios más allá de los estrictamente exigidos por los principios de transparencia, igualdad y publicidad que rigen el acceso al empleo público.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad de control estatal independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en todo el territorio nacional, con potestad de investigación, de resolución de reclamaciones de los interesados y de imposición de sanciones. En Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ejerce las funciones de control de la protección de datos respecto de los tratamientos de la Administración andaluza, además de las de acceso a la información pública, mientras que la AEPD conserva las competencias generales en el resto del territorio y para el sector privado.
El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD)
El art. 30 RGPD obliga a todo responsable y encargado del tratamiento, incluidas las Administraciones Públicas, a llevar un registro de las actividades de tratamiento que realiza bajo su responsabilidad, con un contenido mínimo que incluye el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del DPD, las finalidades del tratamiento, las categorías de interesados y de datos tratados, las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen los datos, y los plazos previstos para la supresión. El art. 31 LOPDGDD obliga además a las Administraciones públicas a hacer público un inventario de sus actividades de tratamiento, accesible por medios electrónicos. El SAS mantiene este registro para los distintos tratamientos que realiza sobre los datos de sus pacientes (por ejemplo, Diraya) y de su propio personal, como instrumento de rendición de cuentas ante la autoridad de control.
Disposiciones generales de la LOPDGDD (Título I) y conceptos básicos del RGPD
La LOPDGDD tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar sus disposiciones, y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, desarrollando el derecho fundamental a la protección de datos personales del art. 18.4 CE (art. 1). Se aplica a todo tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero; quedan fuera, entre otros, los tratamientos de personas fallecidas (que regula específicamente el art. 3: sus herederos o personas designadas pueden solicitar el acceso, rectificación o supresión, salvo prohibición expresa del fallecido) y los efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Conceptos clave del RGPD: dato personal (toda información sobre una persona física identificada o identificable); tratamiento (cualquier operación sobre datos); responsable (quien determina fines y medios); encargado (quien trata datos por cuenta del responsable); interesado; consentimiento (manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca); seudonimización y violación de la seguridad de los datos. Ámbito territorial: se aplica a los responsables establecidos en la UE.
Principios de protección de datos (Título II LOPDGDD y art. 5 RGPD)
El art. 5 RGPD enumera los principios del tratamiento: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva (el responsable debe poder demostrar el cumplimiento). El Título II LOPDGDD los concreta: exactitud (art. 4), deber de confidencialidad (art. 5), consentimiento (art. 6: manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante declaración o acción afirmativa; no cabe el consentimiento tácito), consentimiento de los menores (art. 7: pueden consentir los mayores de 14 años; por debajo de esa edad se requiere el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela), tratamiento por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos (art. 8), categorías especiales de datos (art. 9) y datos de condenas e infracciones penales (art. 10).
Seguridad: Esquema Nacional de Seguridad y evaluación de impacto
En materia de seguridad, el art. 32 RGPD exige medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo (seudonimización, cifrado, confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, restablecimiento del acceso y verificación periódica). En el sector público, la LOPDGDD (disposición adicional primera) impone aplicar las medidas del Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo. El art. 35 RGPD exige una evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando sea probable que un tratamiento entrañe un alto riesgo, en particular el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos como los de salud. El personal TCAE contribuye a la seguridad con prácticas básicas: no compartir contraseñas, cerrar sesión en los equipos, no dejar documentación con datos a la vista y comunicar de inmediato cualquier incidente.
Los derechos digitales (Título X LOPDGDD)
El Título X LOPDGDD (arts. 79 a 97) garantiza los derechos digitales de la ciudadanía: derechos en la era digital, neutralidad y acceso universal a Internet, seguridad y educación digital, protección de los menores en Internet, rectificación y actualización de informaciones en medios, derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, derecho a la desconexión digital, intimidad frente al uso de videovigilancia y geolocalización en el ámbito laboral, derecho al olvido en búsquedas de Internet y en servicios de redes sociales, portabilidad en redes sociales y derecho al testamento digital. Para el personal del SAS tienen especial relevancia el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87), la desconexión digital (art. 88) y los límites a la videovigilancia y geolocalización laboral (arts. 89 y 90).
Procedimiento de acceso a la información pública en Andalucía y reclamaciones
El derecho de acceso a la información pública puede ejercerlo cualquier persona sin necesidad de motivar su solicitud, que se presenta ante la entidad que posea la información; si esta no la tiene, se remite al órgano competente. La ley andaluza fija el plazo máximo de resolución y notificación en veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otros veinte cuando el volumen o la complejidad lo justifiquen; transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada (silencio negativo). Contra la resolución, puede interponerse con carácter potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El acceso es, en general, gratuito, salvo el coste de copias o soportes. Si la información afecta a derechos o intereses de terceros, se les da trámite de alegaciones. La ley prevé también un régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los cargos y personal sujetos.
Fomento de la transparencia y novedades normativas
La Ley 1/2014 prevé medidas de fomento de la transparencia: formación y sensibilización del personal y de la ciudadanía, simplificación y claridad de la información y evaluación y seguimiento de su cumplimiento mediante informes periódicos. En el plano estatal y europeo, conviene conocer dos novedades recientes: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que obliga a las entidades del sector público a disponer de un sistema interno de información (canal de denuncias) con garantías de confidencialidad y prohibición de represalias, y el Reglamento (UE) 2025/327, sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que regula el uso primario (asistencia) y secundario (investigación, políticas) de los datos de salud electrónicos, con aplicación escalonada.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El deber de confidencialidad del art. 5 LOPDGDD subsiste aunque termine la relación de servicio con el responsable o encargado del tratamiento.
Los datos de salud son una categoría especial de datos (art. 9 LOPDGDD): su tratamiento está prohibido salvo excepciones tasadas, entre ellas la prestación de asistencia sanitaria.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición (arts. 13 a 18 LOPDGDD) conviven, en el ámbito sanitario, con el régimen específico de acceso a la historia clínica de la Ley 41/2002; las decisiones automatizadas se regulan en el art. 22 RGPD.
La transparencia pública (Ley 1/2014) tiene como límite expreso la protección de datos personales: nunca ampara el acceso de terceros a datos clínicos de pacientes.
La privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD) implica que los sistemas deben mostrar al TCAE solo la información imprescindible para su función, sin acceso innecesario a datos clínicos ajenos.
Las Administraciones Públicas, incluido el SAS, deben designar un Delegado de Protección de Datos (DPD, art. 37 RGPD y art. 34 LOPDGDD) que supervisa el cumplimiento normativo.
El tratamiento de datos por el SAS se basa habitualmente en el cumplimiento de una misión de interés público (art. 6 RGPD), sin perjuicio de exigir además una excepción del art. 9.2 RGPD para datos de salud.
Ante una brecha de seguridad, el responsable debe notificarla a la autoridad de control en 72 horas (art. 33 RGPD); el personal que detecte un incidente debe comunicarlo de inmediato por los canales internos.
El plazo general de respuesta al ejercicio de derechos es de un mes, prorrogable dos meses más (art. 12.3 RGPD).
La publicidad activa de la Ley 1/2014 incluye información institucional, de altos cargos, jurídica, de planificación (como el Plan Andaluz de Salud) y económico-presupuestaria.
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad autonómica que resuelve reclamaciones sobre acceso a la información pública y controla la protección de datos en el sector público andaluz, con independencia orgánica y funcional.
La Ley 1/2014 andaluza desarrolla la Ley 19/2013 estatal de Transparencia; puede ampliar el régimen de transparencia pero nunca reducirlo por debajo de los mínimos estatales.
La videovigilancia en centros sanitarios (art. 22 LOPDGDD) exige cartel informativo, cámaras solo donde sean necesarias y supresión de imágenes en un mes; nunca en aseos o vestuarios, y en zonas de cuidado al paciente solo con justificación estricta.
El uso de móviles personales o mensajería no corporativa para fotografiar o comentar información de pacientes es una infracción grave y frecuente del deber de confidencialidad.
Conforme al art. 5 de la Ley 41/2002, el titular del derecho a la información es el paciente; el TCAE no debe facilitar a familiares diagnósticos ni resultados de pruebas, que corresponden al profesional sanitario responsable.
La AEPD es la autoridad de control estatal en protección de datos; en Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía asume el control respecto de la Administración andaluza.
El SAS debe llevar un registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) con finalidades, categorías de interesados y datos, destinatarios y plazos de supresión.
Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación de conservación; integridad y confidencialidad; responsabilidad proactiva.
Consentimiento de menores (art. 7 LOPDGDD): válido a partir de los 14 años; por debajo, necesita el de quien ejerza la patria potestad o tutela.
Interés legítimo (art. 6.1.f RGPD): no es base válida para las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
Sector público (art. 77 LOPDGDD): ante infracciones, apercibimiento y medidas correctoras, sin multa económica.
Prescripción de infracciones LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año.
Ley 1/2014: acceso sin motivar la solicitud; plazo de 20 días hábiles ampliable por otros 20; silencio negativo; reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia.
Los centros sanitarios obligados a conservar historias clínicas deben designar DPD (art. 34 LOPDGDD).
En el sector público se aplica el Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022); la evaluación de impacto (art. 35 RGPD) es obligatoria en tratamientos de alto riesgo, como los de datos de salud a gran escala.
La Ley 2/2023 obliga al sector público a contar con un canal interno de información, con confidencialidad del informante y prohibición de represalias.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
En la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información pública es de:
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El personal TCAE maneja a diario datos de salud de los pacientes, una categoría especial de datos personales sujeta a protección reforzada: su tratamiento se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo adapta y desarrolla en España. Además, como personal de una Administración pública andaluza, está sujeto a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que regula la publicidad activa de la actividad administrativa y el derecho de acceso a la información pública, con límites que protegen precisamente la intimidad y los datos de salud de terceros.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
El deber de confidencialidad del art. 5 LOPDGDD subsiste aunque termine la relación de servicio con el responsable o encargado del tratamiento. Los datos de salud son una categoría especial de datos (art. 9 LOPDGDD): su tratamiento está prohibido salvo excepciones tasadas, entre ellas la prestación de asistencia sanitaria. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición (arts. 13 a 18 LOPDGDD) conviven, en el ámbito sanitario, con el régimen específico de acceso a la historia clínica de la Ley 41/2002; las decisiones automatizadas se regulan en el art. 22 RGPD. La transparencia pública (Ley 1/2014) tiene como límite expreso la protección de datos personales: nunca ampara el acceso de terceros a datos clínicos de pacientes. La privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD) implica que los sistemas deben mostrar al TCAE solo la información imprescindible para su función, sin acceso innecesario a datos clínicos ajenos. Las Administraciones Públicas, incluido el SAS, deben designar un Delegado de Protección de Datos (DPD, art. 37 RGPD y art. 34 LOPDGDD) que supervisa el cumplimiento normativo. El tratamiento de datos por el SAS se basa habitualmente en el cumplimiento de una misión de interés público (art. 6 RGPD), sin perjuicio de exigir además una excepción del art. 9.2 RGPD para datos de salud. Ante una brecha de seguridad, el responsable debe notificarla a la autoridad de control en 72 horas (art. 33 RGPD); el personal que detecte un incidente debe comunicarlo de inmediato por los canales internos. El plazo general de respuesta al ejercicio de derechos es de un mes, prorrogable dos meses más (art. 12.3 RGPD). La publicidad activa de la Ley 1/2014 incluye información institucional, de altos cargos, jurídica, de planificación (como el Plan Andaluz de Salud) y económico-presupuestaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad autonómica que resuelve reclamaciones sobre acceso a la información pública y controla la protección de datos en el sector público andaluz, con independencia orgánica y funcional. La Ley 1/2014 andaluza desarrolla la Ley 19/2013 estatal de Transparencia; puede ampliar el régimen de transparencia pero nunca reducirlo por debajo de los mínimos estatales. La videovigilancia en centros sanitarios (art. 22 LOPDGDD) exige cartel informativo, cámaras solo donde sean necesarias y supresión de imágenes en un mes; nunca en aseos o vestuarios, y en zonas de cuidado al paciente solo con justificación estricta. El uso de móviles personales o mensajería no corporativa para fotografiar o comentar información de pacientes es una infracción grave y frecuente del deber de confidencialidad. Conforme al art. 5 de la Ley 41/2002, el titular del derecho a la información es el paciente; el TCAE no debe facilitar a familiares diagnósticos ni resultados de pruebas, que corresponden al profesional sanitario responsable. La AEPD es la autoridad de control estatal en protección de datos; en Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía asume el control respecto de la Administración andaluza. El SAS debe llevar un registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) con finalidades, categorías de interesados y datos, destinatarios y plazos de supresión. Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación de conservación; integridad y confidencialidad; responsabilidad proactiva. Consentimiento de menores (art. 7 LOPDGDD): válido a partir de los 14 años; por debajo, necesita el de quien ejerza la patria potestad o tutela. Interés legítimo (art. 6.1.f RGPD): no es base válida para las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Sector público (art. 77 LOPDGDD): ante infracciones, apercibimiento y medidas correctoras, sin multa económica. Prescripción de infracciones LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año. Ley 1/2014: acceso sin motivar la solicitud; plazo de 20 días hábiles ampliable por otros 20; silencio negativo; reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia. Los centros sanitarios obligados a conservar historias clínicas deben designar DPD (art. 34 LOPDGDD). En el sector público se aplica el Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022); la evaluación de impacto (art. 35 RGPD) es obligatoria en tratamientos de alto riesgo, como los de datos de salud a gran escala. La Ley 2/2023 obliga al sector público a contar con un canal interno de información, con confidencialidad del informante y prohibición de represalias.
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Del índice oficial de BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 2024, páginas 49062/25 a 49062/29 (Resolución de 31 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del SAS; Anexo VIII — Programa para la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería). Este programa es el vigente y aplicable citado por la Resolución de 19 de febrero de 2025 que convoca el concurso-oposición de TCAE. (Concurso-oposición 2025, acceso libre y promoción interna (Resolución de 19 de febrero de 2025, de la Dirección General de Personal del SAS, BOJA núm. 37, de 25 de febrero de 2025)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, texto consolidado (BOE-A-2018-16673).
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), arts. 5, 6, 9, 12, 25, 30, 32-35 y 37.
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (BOE-A-2014-7534).
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Reglamento (UE) 2025/327 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.
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