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Tema 4. Políticas de igualdad de género. El Plan de Igualdad de la AGE

Grupo profesional E1, especialidad Servicios Administrativos (funciones de ordenanza), personal laboral fijo, IV Convenio colectivo único de la AGE · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026, páginas 96306 a 96367 (Resolución de 6 de julio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado; Anexo VI, temario de materias comunes, y Anexo VII, temario específico del grupo E1, especialidad Servicios Administrativos).

En la Administración General del Estado, el puesto tradicionalmente llamado "ordenanza" o "subalterno" ya no se provee, en la práctica totalidad de los departamentos, mediante la antigua Agrupación Profesional funcionarial (Grupo E del EBEP), sino como personal laboral fijo del grupo profesional E1, especialidad "Servicios Administrativos", regulado por el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE. Las funciones (control de accesos, reparto de correspondencia y paquetería, recados oficiales, manejo de fotocopiadoras) son las mismas que las que tradicionalmente se asocian a un ordenanza, por lo que este temario recoge esa vía de acceso. Este mismo programa (Anexo VI de materias comunes + Anexo VII específico de la especialidad Servicios Administrativos) es el que se cita de forma prácticamente idéntica en varias convocatorias departamentales publicadas en la misma tanda de julio de 2026 (p. ej. Defensa BOE-A-2026-14677, Interior BOE-A-2026-14786), todas dentro del mismo proceso selectivo coordinado por la Subsecretaría. NO cubre: (1) otras especialidades del grupo E1/E2 dentro del mismo Convenio (Conducción de vehículos, Telefonista, Tareas Complementarias de Apoyo del grupo E0, etc.), que tienen su propio Anexo VII con temario distinto; (2) las convocatorias de Agrupación Profesional de Subalternos que sí siguen existiendo como cuerpo funcionarial en otras Administraciones (algunas Comunidades Autónomas, como Canarias, o determinados organismos), que tienen normativa y temario propios y no están cubiertas por este fichero.

Tema transversal presente en la práctica totalidad de las convocatorias públicas actuales: el marco normativo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y su aplicación específica al personal de la Administración General del Estado a través de los planes de igualdad.

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La Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación por razón de sexo. Introduce el principio de transversalidad de género, de forma que dicho principio se integre en la totalidad de las políticas públicas.

Los planes de igualdad como instrumento

Un plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptado tras realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la organización la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijan los objetivos concretos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación.

El Plan de Igualdad de la Administración General del Estado

La Administración General del Estado, como empleadora, cuenta con su propio Plan de Igualdad, negociado con la representación sindical, que despliega medidas en materias como el acceso al empleo público, la promoción profesional, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Su desarrollo se enmarca en el deber general de las Administraciones Públicas de remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación.

El Real Decreto-ley 6/2019 y la obligatoriedad de los planes de igualdad

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, reforzó la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad, extendiéndola progresivamente a empresas de menor tamaño —se rebajó el umbral desde las 250 personas trabajadoras hacia plantillas más pequeñas— y reforzó también el principio de transparencia retributiva como herramienta para combatir la brecha salarial de género. En el ámbito de las Administraciones Públicas, el deber de contar con un plan de igualdad deriva tanto de la Ley Orgánica 3/2007 como de su propia condición de empleadoras, sujetas a las obligaciones generales en materia de igualdad efectiva.

El Reglamento de planes de igualdad y su registro

El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, regula los planes de igualdad y su registro, y desarrolla el contenido mínimo que debe recoger el diagnóstico previo a cualquier plan: materias como el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones (incluida la auditoría retributiva) y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Los planes de igualdad deben inscribirse en el correspondiente registro público.

La igualdad retributiva y la auditoría retributiva

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, desarrolla el principio de transparencia retributiva y concreta la obligación de llevar un registro retributivo de toda la plantilla, desagregado por sexo, que incluya los valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales. Cuando corresponda elaborar un plan de igualdad, debe incluirse además una auditoría retributiva que permita verificar si el sistema retributivo cumple con el principio de igual retribución por trabajo de igual valor, identificando y corrigiendo las posibles diferencias no justificadas.

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral

La conciliación se articula mediante un conjunto de derechos laborales, como la reducción de jornada por cuidado de menores o de familiares, la excedencia por cuidado de hijos o de otros familiares, los permisos vinculados al nacimiento y cuidado del menor, y la adaptación de jornada, regulados con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y, con mayor amplitud, en el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE. En los últimos años se han ampliado estos derechos para trasponer normativa de la Unión Europea en materia de conciliación y de condiciones de trabajo transparentes y predecibles, reforzando permisos como el permiso parental, cuya configuración definitiva conviene siempre contrastar en la normativa vigente en el momento del examen.

La transversalidad de género y el lenguaje inclusivo

El principio de transversalidad de género implica que todas las políticas públicas deben valorar su impacto, en las fases de planificación, ejecución y evaluación, sobre la situación respectiva de mujeres y hombres, lo que se traduce, entre otras herramientas, en los informes de impacto de género que deben acompañar a determinadas normas y planes de especial relevancia económica y social. Asimismo, las Administraciones Públicas deben garantizar un uso no sexista del lenguaje administrativo en sus comunicaciones, impresos y documentos oficiales, como manifestación concreta de ese principio de transversalidad.

El protocolo frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

El plan de igualdad de la AGE y la normativa de función pública exigen la existencia de un protocolo específico de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, que debe garantizar la confidencialidad de las personas afectadas, la celeridad en la tramitación, la presunción de inocencia de la persona denunciada y la protección frente a represalias de quienes denuncien o participen en el procedimiento. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se consideran, a todos los efectos, manifestaciones de discriminación por razón de sexo que la Ley Orgánica 3/2007 obliga a prevenir y a sancionar.

La equiparación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor

Tras las sucesivas reformas del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, ambos progenitores disponen de diecinueve semanas de permiso por nacimiento y cuidado del menor —el Real Decreto-ley 6/2019 las equiparó en dieciséis desde el año 2021 y el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, las amplió a diecinueve, y a treinta y dos semanas en las familias monoparentales—, de las cuales las seis primeras son obligatorias e ininterrumpidas para cada progenitor inmediatamente tras el parto y deben disfrutarse a tiempo completo, siendo intransferible el resto del periodo entre los progenitores. Esta equiparación en la duración del permiso entre el progenitor gestante y el no gestante constituye una de las medidas más relevantes de las últimas reformas en materia de igualdad efectiva, al corregir el reparto desigual de las responsabilidades de cuidado que tradicionalmente penalizaba la carrera profesional de las mujeres.

La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, tiene por objeto garantizar el derecho a la libertad sexual y actuar contra todas las formas de violencia sexual, reforzando el elemento del consentimiento como eje de la respuesta penal frente a las agresiones sexuales. Aunque su contenido es principalmente penal y asistencial, incide también en el ámbito laboral y de la función pública al reforzar la exigencia de protocolos específicos de prevención y actuación frente al acoso sexual y a la violencia sexual en los entornos de trabajo, en línea con el deber de las Administraciones Públicas, como empleadoras, de garantizar entornos libres de este tipo de violencia.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Su objeto es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
  • Introduce el principio de transversalidad de género en todas las políticas públicas.
  • Un plan de igualdad se elabora tras un diagnóstico previo de situación en la organización.
  • Fija objetivos, estrategias, medidas concretas y sistemas de seguimiento y evaluación.
  • La AGE cuenta con su propio Plan de Igualdad, negociado con la representación sindical.
  • El Plan de Igualdad de la AGE cubre acceso al empleo, promoción, formación, retribución y conciliación.
  • Incluye medidas de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
  • Las Administraciones Públicas tienen el deber de remover obstáculos que perpetúen la discriminación.
  • El Plan de Igualdad de la AGE se negocia con la representación sindical del personal.
  • La discriminación por razón de sexo queda eliminada como objetivo expreso de la LO 3/2007.
  • Un plan de igualdad debe basarse siempre en un diagnóstico previo de la situación real de la organización.
  • El seguimiento y la evaluación periódica son parte obligatoria de todo plan de igualdad.
  • La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una de las materias que despliega el Plan de Igualdad de la AGE.
  • El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son manifestaciones de discriminación que los planes de igualdad deben prevenir.
  • La LO 3/2007 busca eliminar la discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito de la vida.
  • La transversalidad de género implica integrar la perspectiva de igualdad en todas las políticas, no solo en las específicas de igualdad.
  • Los planes de igualdad son de obligada negociación en el ámbito de las Administraciones Públicas.
  • El diagnóstico previo de un plan de igualdad identifica la situación real de partida antes de fijar medidas.
  • Las estrategias y prácticas del plan buscan alcanzar los objetivos concretos fijados en el diagnóstico.
  • El Real Decreto-ley 6/2019 reforzó la obligatoriedad de los planes de igualdad y el principio de transparencia retributiva.
  • El Real Decreto 901/2020 regula los planes de igualdad y su registro público.
  • El diagnóstico previo de un plan de igualdad debe abarcar selección, clasificación profesional, formación, promoción, retribuciones y prevención del acoso, entre otras materias.
  • El Real Decreto 902/2020 desarrolla la igualdad retributiva y el registro retributivo desagregado por sexo.
  • La auditoría retributiva verifica si el sistema retributivo cumple el principio de igual retribución por trabajo de igual valor.
  • La transversalidad de género se traduce, entre otras herramientas, en los informes de impacto de género.
  • Las Administraciones Públicas deben garantizar un uso no sexista del lenguaje en sus comunicaciones oficiales.
  • El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son manifestaciones de discriminación que deben prevenirse mediante un protocolo específico.
  • El protocolo de acoso debe garantizar confidencialidad, celeridad, presunción de inocencia y protección frente a represalias.
  • Tras el RDL 9/2025, ambos progenitores tienen derecho a 19 semanas de permiso por nacimiento y cuidado del menor, y a 32 semanas en las familias monoparentales.
  • De esas 19 semanas, las 6 primeras son obligatorias e ininterrumpidas para cada progenitor, a tiempo completo; 11 son voluntarias hasta los 12 meses del menor y 2 hasta que cumpla 8 años.
  • El resto del permiso por nacimiento, más allá de las 6 semanas obligatorias, es intransferible entre progenitores.
  • La Ley Orgánica 10/2022 garantiza la libertad sexual y refuerza el consentimiento frente a las agresiones sexuales.
  • La LO 10/2022 también refuerza la exigencia de protocolos de prevención del acoso sexual en los entornos laborales.
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El registro retributivo obligatorio debe desagregarse:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Personal Subalterno?

Tema transversal presente en la práctica totalidad de las convocatorias públicas actuales: el marco normativo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y su aplicación específica al personal de la Administración General del Estado a través de los planes de igualdad.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Su objeto es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Introduce el principio de transversalidad de género en todas las políticas públicas. Un plan de igualdad se elabora tras un diagnóstico previo de situación en la organización. Fija objetivos, estrategias, medidas concretas y sistemas de seguimiento y evaluación. La AGE cuenta con su propio Plan de Igualdad, negociado con la representación sindical. El Plan de Igualdad de la AGE cubre acceso al empleo, promoción, formación, retribución y conciliación. Incluye medidas de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Las Administraciones Públicas tienen el deber de remover obstáculos que perpetúen la discriminación. El Plan de Igualdad de la AGE se negocia con la representación sindical del personal. La discriminación por razón de sexo queda eliminada como objetivo expreso de la LO 3/2007. Un plan de igualdad debe basarse siempre en un diagnóstico previo de la situación real de la organización. El seguimiento y la evaluación periódica son parte obligatoria de todo plan de igualdad. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una de las materias que despliega el Plan de Igualdad de la AGE. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son manifestaciones de discriminación que los planes de igualdad deben prevenir. La LO 3/2007 busca eliminar la discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito de la vida. La transversalidad de género implica integrar la perspectiva de igualdad en todas las políticas, no solo en las específicas de igualdad. Los planes de igualdad son de obligada negociación en el ámbito de las Administraciones Públicas. El diagnóstico previo de un plan de igualdad identifica la situación real de partida antes de fijar medidas. Las estrategias y prácticas del plan buscan alcanzar los objetivos concretos fijados en el diagnóstico. El Real Decreto-ley 6/2019 reforzó la obligatoriedad de los planes de igualdad y el principio de transparencia retributiva. El Real Decreto 901/2020 regula los planes de igualdad y su registro público. El diagnóstico previo de un plan de igualdad debe abarcar selección, clasificación profesional, formación, promoción, retribuciones y prevención del acoso, entre otras materias. El Real Decreto 902/2020 desarrolla la igualdad retributiva y el registro retributivo desagregado por sexo. La auditoría retributiva verifica si el sistema retributivo cumple el principio de igual retribución por trabajo de igual valor. La transversalidad de género se traduce, entre otras herramientas, en los informes de impacto de género. Las Administraciones Públicas deben garantizar un uso no sexista del lenguaje en sus comunicaciones oficiales. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son manifestaciones de discriminación que deben prevenirse mediante un protocolo específico. El protocolo de acoso debe garantizar confidencialidad, celeridad, presunción de inocencia y protección frente a represalias. Tras el RDL 9/2025, ambos progenitores tienen derecho a 19 semanas de permiso por nacimiento y cuidado del menor, y a 32 semanas en las familias monoparentales. De esas 19 semanas, las 6 primeras son obligatorias e ininterrumpidas para cada progenitor, a tiempo completo; 11 son voluntarias hasta los 12 meses del menor y 2 hasta que cumpla 8 años. El resto del permiso por nacimiento, más allá de las 6 semanas obligatorias, es intransferible entre progenitores. La Ley Orgánica 10/2022 garantiza la libertad sexual y refuerza el consentimiento frente a las agresiones sexuales. La LO 10/2022 también refuerza la exigencia de protocolos de prevención del acoso sexual en los entornos laborales.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026, páginas 96306 a 96367 (Resolución de 6 de julio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado; Anexo VI, temario de materias comunes, y Anexo VII, temario específico del grupo E1, especialidad Servicios Administrativos) (Grupo profesional E1, especialidad Servicios Administrativos (funciones de ordenanza), personal laboral fijo, IV Convenio colectivo único de la AGE).

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