En la Administración General del Estado, el puesto tradicionalmente llamado "ordenanza" o "subalterno" ya no se provee, en la práctica totalidad de los departamentos, mediante la antigua Agrupación Profesional funcionarial (Grupo E del EBEP), sino como personal laboral fijo del grupo profesional E1, especialidad "Servicios Administrativos", regulado por el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE. Las funciones (control de accesos, reparto de correspondencia y paquetería, recados oficiales, manejo de fotocopiadoras) son las mismas que las que tradicionalmente se asocian a un ordenanza, por lo que este temario recoge esa vía de acceso. Este mismo programa (Anexo VI de materias comunes + Anexo VII específico de la especialidad Servicios Administrativos) es el que se cita de forma prácticamente idéntica en varias convocatorias departamentales publicadas en la misma tanda de julio de 2026 (p. ej. Defensa BOE-A-2026-14677, Interior BOE-A-2026-14786), todas dentro del mismo proceso selectivo coordinado por la Subsecretaría. NO cubre: (1) otras especialidades del grupo E1/E2 dentro del mismo Convenio (Conducción de vehículos, Telefonista, Tareas Complementarias de Apoyo del grupo E0, etc.), que tienen su propio Anexo VII con temario distinto; (2) las convocatorias de Agrupación Profesional de Subalternos que sí siguen existiendo como cuerpo funcionarial en otras Administraciones (algunas Comunidades Autónomas, como Canarias, o determinados organismos), que tienen normativa y temario propios y no están cubiertas por este fichero.
Última tarea específica del bloque: el deber de detectar y comunicar, por el cauce adecuado, las anomalías o incidentes observados durante el desempeño del puesto (averías, deficiencias de seguridad, incidencias en el control de accesos), como parte de la contribución de este perfil a la seguridad y al buen funcionamiento del centro, en conexión directa con la normativa de prevención de riesgos laborales.
Incluyen, entre otros: averías en instalaciones o equipos del centro, deficiencias en las condiciones de seguridad (puertas de emergencia obstruidas, señalización deteriorada), incidencias en el control de accesos (personas no identificadas, accesos forzados), y cualquier otra circunstancia anómala detectada durante el desarrollo habitual de las tareas del puesto.
Cauce de comunicación
La comunicación debe dirigirse a la persona o unidad responsable que corresponda según el protocolo interno del centro (servicio de mantenimiento, responsable de seguridad, superior jerárquico directo), de forma que la incidencia pueda ser atendida con la mayor rapidez posible y, en su caso, quede constancia documental para su seguimiento.
Relación con la prevención de riesgos laborales
Esta tarea se conecta con el deber general de todo trabajador, recogido en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Marco general de la prevención de riesgos laborales
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma básica que establece el deber general del empresario de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y, correlativamente, el deber de estos de colaborar en su cumplimiento. Esta ley se desarrolla reglamentariamente mediante distintas normas específicas, como el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 486/1997, sobre lugares de trabajo, o el Real Decreto 1215/1997, sobre equipos de trabajo. El marco también prevé cauces de representación de los trabajadores en esta materia, a través de los delegados de prevención y, en los centros de mayor tamaño, del Comité de Seguridad y Salud, que pueden ser destinatarios adicionales de información sobre anomalías relevantes.
El Plan de Autoprotección y los simulacros de emergencia
Determinados centros, en función de su actividad y características, deben contar con un Plan de Autoprotección conforme a la Norma Básica de Autoprotección (Real Decreto 393/2007), que recoge las medidas de prevención y de actuación ante emergencias (incendio, evacuación) y que suele concretarse en simulacros periódicos. El personal de este grupo profesional colabora habitualmente en la ejecución práctica de estas medidas: control de las vías de evacuación, comprobación de que las salidas de emergencia permanecen libres de obstáculos, y apoyo en el desarrollo de los simulacros.
Anomalías relacionadas con la seguridad física del centro
Además de las averías e incidencias ya señaladas, deben comunicarse anomalías como el mal funcionamiento de cámaras de videovigilancia o de sistemas de alarma, los intentos de acceso no autorizado a zonas restringidas, o la presencia de objetos abandonados o sospechosos en zonas comunes. Según la gravedad de la situación, el protocolo interno del centro puede prever la comunicación no solo al responsable de seguridad o al superior jerárquico, sino también, si procede, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Anomalías en equipos informáticos y en instalaciones técnicas
El mal funcionamiento de equipos informáticos, de climatización, de iluminación o de otras instalaciones técnicas del centro debe comunicarse igualmente por el cauce establecido (servicio de mantenimiento o soporte informático), evitando cualquier intento de reparación por cuenta propia que exceda de las tareas de primer nivel asignadas al puesto, dado que una manipulación inadecuada puede agravar la avería o generar riesgos adicionales.
Registro y trazabilidad de las incidencias comunicadas
Dejar constancia escrita de la incidencia comunicada (mediante un parte de incidencias, una aplicación informática de gestión de mantenimiento, o cualquier otro medio previsto en el centro), con indicación de la fecha, la hora y una breve descripción, permite su seguimiento posterior, facilita que quede constancia de quién la comunicó y cuándo, y puede resultar relevante, en su caso, para depurar responsabilidades si la anomalía no fue atendida a tiempo.
El derecho de paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente
El artículo 21 de la Ley 31/1995 reconoce al trabajador que, por motivos razonables, considere que una situación entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, el derecho a interrumpir su actividad y, si es necesario, a abandonar el lugar de trabajo, informando de ello cuanto antes a su superior jerárquico directo o a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención. Este derecho no exime, sin embargo, del deber general de comunicar la situación por el cauce habitual en cuanto sea posible.
Contribución a la mejora continua de la seguridad del centro
Las incidencias detectadas y comunicadas por el personal que desempeña funciones de ordenanza constituyen una fuente de información valiosa para la evaluación de riesgos del puesto y para la revisión periódica de las medidas preventivas del centro. Por ello, más allá del cumplimiento formal del deber de informar, la comunicación diligente y detallada de las anomalías observadas contribuye de manera directa a reducir su repetición futura y a mejorar las condiciones de seguridad y salud de todas las personas que trabajan o acceden al centro.
Los canales de información de irregularidades: la Ley 2/2023
Junto al deber específico de informar sobre riesgos para la seguridad y la salud (art. 29 Ley 31/1995), el ordenamiento prevé canales más amplios para comunicar irregularidades detectadas en el ámbito de trabajo. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, obliga a las entidades del sector público a disponer de un sistema interno de información (buzón o canal de denuncias) y garantiza la protección frente a represalias de quien comunique de buena fe, a través de dicho canal, acciones u omisiones que puedan constituir infracciones normativas graves. Se trata de un cauce distinto y complementario al deber específico de comunicar anomalías o incidentes de seguridad propio de este tema, orientado a infracciones de mayor trascendencia (fraude, corrupción, incumplimientos normativos graves) y no a cualquier incidencia material del día a día.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Deben comunicarse averías en instalaciones o equipos del centro de trabajo.
También deficiencias en condiciones de seguridad, como salidas de emergencia obstruidas.
Y cualquier incidencia en el control de accesos (personas no identificadas, accesos forzados).
La comunicación se dirige a la persona o unidad responsable según el protocolo interno.
En su caso, debe quedar constancia documental de la incidencia para su seguimiento.
El artículo 29 de la Ley 31/1995 recoge el deber de informar sobre riesgos para la seguridad y la salud.
Ese deber se dirige al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados en prevención.
La Ley 31/1995 es la norma básica de prevención de riesgos laborales.
El RD 39/1997 aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
El RD 486/1997 y el RD 1215/1997 desarrollan, respectivamente, los lugares de trabajo y los equipos de trabajo.
Los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud son cauces de representación de los trabajadores en PRL.
La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) exige un Plan de Autoprotección en determinados centros.
El personal de este grupo colabora en el control de vías de evacuación y en los simulacros de emergencia.
El mal funcionamiento de cámaras de videovigilancia o alarmas debe comunicarse como anomalía de seguridad.
Los intentos de acceso no autorizado o los objetos sospechosos deben comunicarse según el protocolo del centro.
Las averías informáticas o de instalaciones técnicas se comunican al servicio de mantenimiento o soporte correspondiente.
No deben intentarse reparaciones que excedan del mantenimiento de primer nivel asignado al puesto.
Dejar constancia de fecha y hora de una incidencia facilita su seguimiento y, en su caso, depurar responsabilidades.
El artículo 21 de la Ley 31/1995 reconoce el derecho a paralizar la actividad ante riesgo grave e inminente.
Ese derecho incluye, si es necesario, abandonar el lugar de trabajo, informando cuanto antes al superior.
Comunicar anomalías con diligencia contribuye a la mejora continua de la seguridad del centro.
Detectar y comunicar anomalías es una contribución directa del puesto a la seguridad del centro.
Cualquier situación que, a juicio del trabajador, entrañe riesgo para la seguridad debe comunicarse de inmediato.
Informar de anomalías es parte de la contribución del puesto al buen funcionamiento general del centro.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula los canales internos de información de irregularidades y protege frente a represalias a quien informa de buena fe.
El canal de la Ley 2/2023 es distinto y complementario al deber específico de comunicar anomalías de seguridad del art. 29 de la Ley 31/1995.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El Real Decreto 39/1997 aprueba:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Personal Subalterno?
Última tarea específica del bloque: el deber de detectar y comunicar, por el cauce adecuado, las anomalías o incidentes observados durante el desempeño del puesto (averías, deficiencias de seguridad, incidencias en el control de accesos), como parte de la contribución de este perfil a la seguridad y al buen funcionamiento del centro, en conexión directa con la normativa de prevención de riesgos laborales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
Deben comunicarse averías en instalaciones o equipos del centro de trabajo. También deficiencias en condiciones de seguridad, como salidas de emergencia obstruidas. Y cualquier incidencia en el control de accesos (personas no identificadas, accesos forzados). La comunicación se dirige a la persona o unidad responsable según el protocolo interno. En su caso, debe quedar constancia documental de la incidencia para su seguimiento. El artículo 29 de la Ley 31/1995 recoge el deber de informar sobre riesgos para la seguridad y la salud. Ese deber se dirige al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados en prevención. La Ley 31/1995 es la norma básica de prevención de riesgos laborales. El RD 39/1997 aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. El RD 486/1997 y el RD 1215/1997 desarrollan, respectivamente, los lugares de trabajo y los equipos de trabajo. Los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud son cauces de representación de los trabajadores en PRL. La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) exige un Plan de Autoprotección en determinados centros. El personal de este grupo colabora en el control de vías de evacuación y en los simulacros de emergencia. El mal funcionamiento de cámaras de videovigilancia o alarmas debe comunicarse como anomalía de seguridad. Los intentos de acceso no autorizado o los objetos sospechosos deben comunicarse según el protocolo del centro. Las averías informáticas o de instalaciones técnicas se comunican al servicio de mantenimiento o soporte correspondiente. No deben intentarse reparaciones que excedan del mantenimiento de primer nivel asignado al puesto. Dejar constancia de fecha y hora de una incidencia facilita su seguimiento y, en su caso, depurar responsabilidades. El artículo 21 de la Ley 31/1995 reconoce el derecho a paralizar la actividad ante riesgo grave e inminente. Ese derecho incluye, si es necesario, abandonar el lugar de trabajo, informando cuanto antes al superior. Comunicar anomalías con diligencia contribuye a la mejora continua de la seguridad del centro. Detectar y comunicar anomalías es una contribución directa del puesto a la seguridad del centro. Cualquier situación que, a juicio del trabajador, entrañe riesgo para la seguridad debe comunicarse de inmediato. Informar de anomalías es parte de la contribución del puesto al buen funcionamiento general del centro. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula los canales internos de información de irregularidades y protege frente a represalias a quien informa de buena fe. El canal de la Ley 2/2023 es distinto y complementario al deber específico de comunicar anomalías de seguridad del art. 29 de la Ley 31/1995.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026, páginas 96306 a 96367 (Resolución de 6 de julio de 2026, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado; Anexo VI, temario de materias comunes, y Anexo VII, temario específico del grupo E1, especialidad Servicios Administrativos) (Grupo profesional E1, especialidad Servicios Administrativos (funciones de ordenanza), personal laboral fijo, IV Convenio colectivo único de la AGE).
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