Este fichero cubre el bloque de 15 temas de materias comunes compartido por los tres Cuerpos Generales de la Administración de Justicia (Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Administrativa, y Gestión Procesal y Administrativa), que es el banco de preguntas ya en producción bajo el id "justicia". No cubre la parte específica de ninguno de los tres cuerpos: esas partes específicas ya tienen temario propio en el catálogo bajo los ids "auxilio-judicial", "tramitacion-procesal" y "gestion-procesal". Los temas 1 a 5 tratan la organización del Poder Judicial (LOPJ), el CGPJ y el estatuto de Jueces y Magistrados, la Oficina Judicial y los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, la Administración de Justicia transferida a las Comunidades Autónomas en general, y el caso concreto de Cataluña. Los temas 6 a 10 tratan la organización de la Justicia transferida en País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra y la Comunitat Valenciana. Los temas 11 a 15 tratan los actos procesales generales y el bloque común de Derecho Constitucional (Título VI CE), Ley 39/2015, Ley 40/2015 y TREBEP.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) regula, junto con la Ley 40/2015, el funcionamiento del sector público: mientras que la Ley 40/2015 ordena la organización interna de las Administraciones, la Ley 39/2015 disciplina la relación externa entre la Administración y los ciudadanos, esto es, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. Se estructura en un título preliminar y seis títulos (I a VI) con 133 artículos, y entró en vigor derogando la antigua Ley 30/1992. Para el personal de los Cuerpos Generales de Justicia resulta relevante porque muchos trámites de la Administración de Justicia con relevancia administrativa (no jurisdiccional) se rigen supletoriamente por esta norma.
El artículo 3 reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, entre otros, a las personas físicas y jurídicas y a los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses. El artículo 4 define quiénes tienen la condición de interesados en el procedimiento: quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, quienes sin haberlo iniciado tengan derechos que puedan resultar afectados, y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen antes de la resolución.
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones
El artículo 13 enumera derechos como el de comunicarse en las lenguas cooficiales, utilizar medios electrónicos, no presentar documentos ya aportados o que obren en poder de la Administración, obtener información y orientación, o ser tratados con respeto y deferencia. El artículo 53 añade derechos específicos del interesado dentro de un procedimiento, como conocer su estado de tramitación y obtener copia de los documentos.
Cómputo de plazos
El artículo 30 regula el cómputo de plazos señalados por días: se cuentan a partir del día siguiente a la notificación o publicación, excluyendo los días inhábiles. Si el plazo se fija en meses o años, se computa de fecha a fecha. Son inhábiles los sábados, domingos y festivos declarados; en el ámbito estatal y autonómico se publica anualmente el calendario de días inhábiles.
Obligación de resolver y silencio administrativo
El artículo 21 impone a la Administración la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, en el plazo máximo fijado por la norma reguladora o, en su defecto, en tres meses. El artículo 24 regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: con carácter general tiene efectos estimatorios, salvo las excepciones legalmente previstas (entre ellas, el ejercicio del derecho de petición o procedimientos de impugnación de actos y disposiciones), en que el silencio es desestimatorio.
Notificaciones
Los artículos 40 a 46 regulan las notificaciones, que deben cursarse en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, debiendo contener el texto íntegro de la resolución. Pueden practicarse en papel o por medios electrónicos, siendo estos últimos preferentes para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14).
Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos
El artículo 47 enumera, en una lista cerrada (numerus clausus), los supuestos de nulidad de pleno derecho (por ejemplo, actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, actos dictados por órgano manifiestamente incompetente, o actos de contenido imposible). El artículo 48 establece que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, sin alcanzar la gravedad de los supuestos de nulidad.
Fases del procedimiento administrativo común
El Título IV regula las tres fases clásicas del procedimiento: iniciación (de oficio o a solicitud del interesado), ordenación e instrucción (alegaciones, prueba, informes, trámite de audiencia) y terminación (resolución, desistimiento, renuncia, caducidad o terminación convencional).
Revisión de los actos en vía administrativa
El Título V regula los mecanismos de revisión: la revisión de oficio de actos nulos y la declaración de lesividad de actos anulables, y los recursos administrativos (alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión), que permiten a los interesados impugnar los actos administrativos antes de acudir, en su caso, a la vía judicial.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 39/2015 es de 1 de octubre, tiene 133 artículos y se estructura en un título preliminar (arts. 1-2) más seis títulos: I (3-12), II (13-33), III (34-52), IV (53-105), V (106-126) y VI (127-133).
Derogó la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No confundir Ley 39/2015 (procedimiento, relación con el ciudadano) con Ley 40/2015 (organización interna del sector público).
El plazo máximo general para resolver, si la norma reguladora no fija otro, es de tres meses (art. 21).
El silencio administrativo es estimatorio con carácter general y desestimatorio solo en los supuestos tasados por la ley (art. 24).
Las notificaciones deben cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el acto haya sido dictado.
La nulidad de pleno derecho (art. 47) es una lista cerrada; la anulabilidad (art. 48) es la regla general residual.
Error frecuente de examen: pensar que cualquier infracción del ordenamiento produce nulidad; en realidad, por defecto produce anulabilidad.
Las tres fases del procedimiento son iniciación, instrucción y terminación.
Los recursos administrativos ordinarios son el de alzada y el potestativo de reposición; el extraordinario de revisión es excepcional y solo procede por los motivos tasados legalmente.
El trámite de audiencia es una garantía esencial del interesado antes de la propuesta de resolución.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) regula, junto con la Ley 40/2015, el funcionamiento del sector público: mientras que la Ley 40/2015 ordena la organización interna de las Administraciones, la Ley 39/2015 disciplina la relación externa entre la Administración y los ciudadanos, esto es, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. Se estructura en un título preliminar y seis títulos (I a VI) con 133 artículos, y entró en vigor derogando la antigua Ley 30/1992. Para el personal de los Cuerpos Generales de Justicia resulta relevante porque muchos trámites de la Administración de Justicia con relevancia administrativa (no jurisdiccional) se rigen supletoriamente por esta norma.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
La Ley 39/2015 es de 1 de octubre, tiene 133 artículos y se estructura en un título preliminar (arts. 1-2) más seis títulos: I (3-12), II (13-33), III (34-52), IV (53-105), V (106-126) y VI (127-133). Derogó la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No confundir Ley 39/2015 (procedimiento, relación con el ciudadano) con Ley 40/2015 (organización interna del sector público). El plazo máximo general para resolver, si la norma reguladora no fija otro, es de tres meses (art. 21). El silencio administrativo es estimatorio con carácter general y desestimatorio solo en los supuestos tasados por la ley (art. 24). Las notificaciones deben cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el acto haya sido dictado. La nulidad de pleno derecho (art. 47) es una lista cerrada; la anulabilidad (art. 48) es la regla general residual. Error frecuente de examen: pensar que cualquier infracción del ordenamiento produce nulidad; en realidad, por defecto produce anulabilidad. Las tres fases del procedimiento son iniciación, instrucción y terminación. Los recursos administrativos ordinarios son el de alzada y el potestativo de reposición; el extraordinario de revisión es excepcional y solo procede por los motivos tasados legalmente. El trámite de audiencia es una garantía esencial del interesado antes de la propuesta de resolución.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Los 15 temas de este bloque (de los que estos 5 primeros forman parte) constituyen el temario común compartido por los tres Cuerpos Generales de la Administración de Justicia: Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Administrativa, y Gestión Procesal y Administrativa. Su contenido se corresponde con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) —incluida su reforma por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituyó los antiguos juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia— y con la normativa de organización territorial de la Justicia transferida a las Comunidades Autónomas. La convocatoria más reciente conocida para el Cuerpo de Auxilio Judicial es la Orden PJC/1549/2025, de 22 de diciembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025). (Parte común del temario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia).
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