Tema 12. Normas de cumplimiento: Protección de datos. Prevención de Blanqueo de Capitales. Compromiso ético y transparencia. Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
Correos es una Sociedad Estatal (personal laboral, no funcionarial), por lo que sus procesos selectivos no se publican en el BOE sino en su propio portal corporativo y en el punto de acceso general de empleo público. Este temario de 12 temas es común a los cuatro puestos operativos convocados dentro del Grupo Profesional IV (Personal Operativo): Reparto 1 (motorizado), Reparto 2 (a pie), Agente de Clasificación y Atención al Cliente — los perfiles de mayor volumen de plazas de Correos. El examen consta de 90 preguntas sobre este temario más 10 psicotécnicas; el umbral para superarlo varía según el puesto (55 aciertos para Reparto/Agente de Clasificación, 60 para Atención al Cliente), pero el temario en sí es idéntico para todos ellos. Esta es la convocatoria más reciente de Correos con proceso selectivo completado (examen celebrado el 7 de mayo de 2023): es también la mayor oferta de empleo de Correos en décadas. A fecha de esta ficha (agosto de 2026) Correos prepara una nueva convocatoria (primera fase del Plan Estratégico 2024-2028), pero sus bases y temario aún no se habían publicado.
El Tema 12 reúne cuatro bloques normativos de cumplimiento (compliance) que afectan de forma transversal a toda la actividad de Correos como gran prestador de servicios postales y financieros: la protección de datos personales de remitentes, destinatarios, empleados y usuarios de sus servicios; la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, derivada de su actividad de giro y transferencia de dinero; el compromiso ético y la transparencia frente a empleados, clientes y sociedad (código de conducta, canal de denuncias de la Ley 2/2023, Ley 19/2013 de transparencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas); y la seguridad de la información y la ciberseguridad, reforzada por su condición de entidad del sector público que gestiona sistemas críticos para la prestación de un servicio esencial y se rige por el Esquema Nacional de Seguridad. Estos cuatro ámbitos comparten un mismo objetivo: garantizar que la actividad de Correos se ajusta a la legalidad, protege los derechos de las personas y genera confianza en una empresa que trata a diario datos sensibles, dinero y comunicaciones de millones de ciudadanos.
El RGPD y la LOPDGDD: marco general de protección de datos aplicado a Correos
La actividad de Correos implica el tratamiento masivo y constante de datos personales: nombres, direcciones y teléfonos de remitentes y destinatarios, datos de identificación en giros y notificaciones, datos de empleados y datos derivados de la videovigilancia y la geolocalización de la flota. Este tratamiento está sometido al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), de aplicación directa en toda la Unión Europea desde el 25 de mayo de 2018, y a su norma española de desarrollo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Ambas normas exigen a Correos, entre otras obligaciones, contar con una base jurídica para cada tratamiento (ejecución de un contrato de envío, obligación legal, interés legítimo), informar a los interesados de forma clara sobre el tratamiento de sus datos, limitar la conservación de los datos al tiempo necesario, garantizar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, y notificar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) las brechas de seguridad que supongan un riesgo para los afectados en el plazo de 72 horas desde que se tenga conocimiento de ellas. La LOPDGDD añade especificidades propias del ordenamiento español, como los derechos digitales en el ámbito laboral y, especialmente relevante para Correos, la regulación del uso de sistemas de videovigilancia y de geolocalización.
Videovigilancia en oficinas y geolocalización de vehículos de reparto
La LOPDGDD dedica preceptos específicos a dos tratamientos de datos muy presentes en la operativa diaria de Correos. Por un lado, la videovigilancia: el artículo 22 regula los tratamientos con fines de videovigilancia para preservar la seguridad de las personas y los bienes e instalaciones (por ejemplo, las cámaras en las oficinas), con el deber de informar mediante un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible; el artículo 89 regula el uso de cámaras y grabación de sonidos en el lugar de trabajo para el control laboral, permitido al amparo del Estatuto de los Trabajadores siempre que se informe con carácter previo, de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores y a sus representantes, y con prohibición de cámaras en lugares de descanso o esparcimiento (vestuarios, aseos, comedores). Por otro lado, la geolocalización de los vehículos de reparto y de los dispositivos del personal: el artículo 90 de la LOPDGDD exige informar de manera expresa, clara e inequívoca a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, de la existencia del sistema de geolocalización, de sus características y del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión. En ambos casos rige el principio de proporcionalidad: los datos solo pueden utilizarse para las finalidades informadas -control de la actividad laboral, optimización de rutas, seguridad- y no de forma indiscriminada, y los incumplimientos pueden dar lugar a sanciones de la AEPD que, según la gravedad de la infracción, alcanzan hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global de la empresa.
La Ley 10/2010 y la prevención del blanqueo de capitales
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, traspone al ordenamiento español las directivas europeas antiblanqueo y establece un conjunto de obligaciones para los denominados 'sujetos obligados': entidades financieras, pero también otros operadores económicos -notarios, casinos, entidades de pago y, en lo que aquí interesa, los servicios postales- que, por la naturaleza de su actividad, pueden ser utilizados para introducir en la economía legal fondos de origen ilícito o para financiar el terrorismo. Entre las obligaciones generales que la ley impone a los sujetos obligados destacan: aplicar medidas de diligencia debida sobre el cliente (identificación formal, identificación del titular real, propósito e índole de la operación), conservar la documentación de las operaciones y de la identificación de los clientes durante un plazo mínimo de diez años, formar periódicamente a su personal para detectar operaciones sospechosas, establecer procedimientos y órganos internos de control (como el Órgano de Control Interno), y comunicar al organismo supervisor, por iniciativa propia, cualquier hecho u operación -incluidos los meros intentos- respecto de los que exista indicio o certeza de estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El incumplimiento de estas obligaciones constituye infracción administrativa que puede ser leve, grave o muy grave, con sanciones económicas que en los supuestos más graves alcanzan varios millones de euros.
Correos como sujeto obligado y el papel del SEPBLAC
El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 incluye expresamente entre los sujetos obligados a los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia. Correos queda así sometido a la ley no por su actividad postal general (transporte de cartas y paquetes), sino específicamente por prestar servicios de envío de dinero como el Giro Internacional y el Giro Nacional, una actividad asimilable a la que realizan las entidades de pago y que, por implicar el movimiento de efectivo entre particulares -a menudo hacia o desde países de riesgo-, resulta especialmente sensible desde la perspectiva del blanqueo de capitales. El organismo receptor de las comunicaciones de los sujetos obligados es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, conocido por su acrónimo SEPBLAC, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de España y presta apoyo a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (órgano del Ministerio de Economía). El SEPBLAC recibe las comunicaciones de operaciones sospechosas que le remiten los sujetos obligados, las analiza y, cuando procede, las traslada a las autoridades judiciales, policiales o fiscales; también resuelve las consultas que le plantean los sujetos obligados sobre casos dudosos y ejerce funciones de supervisión e inspección del cumplimiento de la Ley 10/2010. Trampa de examen: el SEPBLAC no debe confundirse con la CNMC (calidad postal) ni con la AEPD (protección de datos): cada organismo tiene una competencia material distinta, aunque los tres puedan intervenir sobre la actividad de Correos.
Compromiso ético: código de conducta y Canal Ético de Correos
Más allá de las obligaciones estrictamente legales, Correos ha asumido un compromiso corporativo de actuación ética y transparente, articulado en torno a un código ético y de conducta que fija los principios y pautas de comportamiento exigibles a todas las personas del grupo (empleados, directivos, administradores) en sus relaciones con clientes, proveedores, otras administraciones y la sociedad en general. Este código desarrolla, entre otros, principios de integridad, no discriminación, respeto a los derechos humanos, prevención de conflictos de interés, rechazo del soborno y la corrupción, y cumplimiento de la legalidad vigente en materia de protección de datos, prevención de blanqueo de capitales y defensa de la competencia. Para garantizar su aplicación efectiva, Correos dispone de un Canal Ético, un cauce confidencial y seguro a través del cual empleados y terceros pueden comunicar de buena fe hechos que puedan constituir un incumplimiento del código de conducta o una infracción normativa, incluyendo las conductas previstas en la Ley 2/2023. La existencia de un canal de este tipo, gestionado con garantías de confidencialidad y sin represalias para quien comunica de buena fe, constituye en sí misma una manifestación del compromiso de transparencia de la compañía, y su correcto funcionamiento suele estar supervisado por un órgano interno de cumplimiento normativo (compliance) independiente de las áreas de negocio.
El canal de denuncias de la Ley 2/2023
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, traspone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937 (Directiva Whistleblowing) y obliga a las entidades del sector público y a las empresas privadas de 50 o más trabajadores a disponer de un Sistema Interno de Información: un canal a través del cual cualquier persona que, en un contexto laboral o profesional, tenga conocimiento de infracciones del Derecho de la Unión Europea o de infracciones penales o administrativas graves o muy graves, pueda comunicarlo de forma confidencial. La ley exige que el canal garantice la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado, permita la comunicación anónima, y establece un plazo máximo de siete días naturales para acusar recibo de la comunicación y de tres meses (ampliable a otros tres en casos de especial complejidad) para dar respuesta a las actuaciones de investigación. La norma prohíbe expresamente cualquier represalia contra el informante de buena fe (despido, no renovación, cambio de puesto, discriminación) y prevé un régimen sancionador propio, independiente del que corresponda a la infracción denunciada. Correos integra su Sistema Interno de Información en su Canal Ético corporativo.
El Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) y la ciberseguridad del personal
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado actualmente por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que deroga al anterior Real Decreto 3/2010, establece los principios básicos y los requisitos mínimos que deben cumplir en materia de seguridad de la información las entidades del sector público y las entidades privadas que prestan servicios o se relacionan con las Administraciones Públicas por medios electrónicos. Su base legal es la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El ENS se apoya en la gestión continua de riesgos, la prevención, detección y respuesta ante incidentes, y la mejora continua, y organiza las medidas de seguridad en tres grupos (marco organizativo, marco operacional y medidas de protección) cuyo rigor depende de la categoría del sistema (básica, media o alta). Correos, como sociedad mercantil estatal integrada en el sector público y que se relaciona electrónicamente con las Administraciones Públicas (notificaciones, DEHú), adapta sus sistemas a este marco. A nivel individual, el cumplimiento del ENS y la seguridad de la información dependen en buena medida de las buenas prácticas del personal: no compartir contraseñas ni utilizar contraseñas débiles o reutilizadas, bloquear el equipo al ausentarse del puesto, desconfiar de correos electrónicos o SMS sospechosos de phishing o smishing que suplanten a Correos o a terceros (una amenaza especialmente frecuente en el sector postal, dada la costumbre de recibir avisos de entrega por SMS), no conectar dispositivos externos no autorizados a los equipos corporativos y comunicar de inmediato cualquier incidente de seguridad detectado al servicio correspondiente.
Las bases jurídicas del tratamiento de datos personales
El artículo 6 del RGPD exige que todo tratamiento de datos personales se apoye en una base jurídica concreta de entre las tasadas por la norma, entre ellas: la ejecución de un contrato con el interesado (por ejemplo, el contrato de transporte que se perfecciona con la admisión de un envío), el cumplimiento de una obligación legal (por ejemplo, la conservación de documentación exigida por la Ley 10/2010 en materia de blanqueo de capitales), el consentimiento del interesado (necesario, por ejemplo, para determinadas comunicaciones comerciales) o el interés legítimo del responsable (que puede amparar, con las debidas garantías, tratamientos como la videovigilancia con fines de seguridad). Identificar correctamente la base jurídica aplicable a cada tratamiento es el primer paso que exige el principio de licitud del RGPD, y determina además qué derechos puede ejercer el interesado sobre ese tratamiento concreto.
Los derechos de los interesados: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
El RGPD reconoce a toda persona cuyos datos son tratados por Correos un catálogo de derechos que puede ejercer de forma gratuita: el derecho de acceso (conocer qué datos suyos se tratan y con qué finalidad), rectificación (corregir datos inexactos), supresión (solicitar la eliminación de sus datos cuando ya no sean necesarios o el tratamiento no tenga base jurídica que lo ampare), oposición (oponerse a un tratamiento concreto, especialmente relevante frente a la publicidad directa o marketing), limitación (paralizar temporalmente el tratamiento mientras se resuelve una controversia sobre los datos) y portabilidad (recibir sus datos en un formato estructurado para trasladarlos a otro responsable). Correos debe habilitar canales accesibles (formulario en su web, correo postal o electrónico dirigido a su responsable de protección de datos) para que cualquier interesado pueda ejercer estos derechos, y responder en el plazo general de un mes que fija el propio RGPD.
El Delegado de Protección de Datos (DPO)
El artículo 37 del RGPD obliga a las autoridades y organismos públicos, así como a las entidades que realizan tratamientos a gran escala de datos personales o de categorías especiales, a designar un Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer, DPO), figura que Correos tiene designada dada la magnitud y la naturaleza de los tratamientos de datos que realiza (millones de envíos, datos de empleados, datos financieros de operaciones de giro). El DPO tiene entre sus funciones informar y asesorar al responsable del tratamiento sobre sus obligaciones en materia de protección de datos, supervisar el cumplimiento del RGPD y de las políticas internas de la empresa en esta materia, y actuar como punto de contacto tanto para los interesados que quieran ejercer sus derechos como para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en sus relaciones de supervisión con Correos.
El Registro de Actividades de Tratamiento
El artículo 30 del RGPD obliga a los responsables del tratamiento a mantener un Registro de Actividades de Tratamiento, un documento interno (no público, aunque debe estar disponible para la autoridad de control que lo solicite) que recoge, para cada tratamiento de datos que realiza la organización, información como sus finalidades, las categorías de datos e interesados afectados, los destinatarios a los que se comunican los datos (incluidas transferencias a terceros países), los plazos previstos de conservación y una descripción general de las medidas de seguridad aplicadas. Dada la enorme variedad de tratamientos que realiza Correos (postales, financieros, de recursos humanos, de videovigilancia, de geolocalización), su Registro de Actividades de Tratamiento es un instrumento de gestión interna especialmente extenso y es una de las primeras cosas que verifica la AEPD ante una inspección o una investigación derivada de una reclamación.
La Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD)
Cuando un tratamiento de datos, por su naturaleza, alcance o finalidad, entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el RGPD exige al responsable realizar con carácter previo una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD o DPIA, por sus siglas en inglés), que analiza sistemáticamente el tratamiento previsto, valora su necesidad y proporcionalidad, evalúa los riesgos para los interesados y determina las medidas para mitigarlos. Tratamientos como la videovigilancia a gran escala de las oficinas de Correos o la geolocalización sistemática de toda la flota de reparto son ejemplos de tratamientos que, por su escala y por afectar a colectivos amplios de trabajadores o del público, pueden requerir la realización de una EIPD antes de su implantación o de modificaciones sustanciales en su alcance.
Cesiones internacionales de datos y garantías aplicables
En el desarrollo de su actividad internacional (Tema 11), Correos comparte determinados datos personales de remitentes y destinatarios con administraciones postales y autoridades aduaneras de terceros países fuera de la Unión Europea, en el marco de las obligaciones de intercambio de información aduanera descritas en ese tema. El RGPD exige que estas transferencias internacionales de datos personales se realicen con garantías adecuadas: bien porque la Comisión Europea ha reconocido que el país de destino ofrece un nivel de protección equiparable (decisión de adecuación), bien mediante cláusulas contractuales tipo u otros instrumentos que garanticen un nivel de protección de datos equivalente al europeo, incluso cuando el destinatario de la información se encuentra en un país sin ese reconocimiento de adecuación.
Indicadores de riesgo en la prevención del blanqueo de capitales
Dentro de las medidas de diligencia debida que exige la Ley 10/2010, el personal de Correos que gestiona operaciones de giro debe estar formado para identificar indicadores de riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo: operaciones fraccionadas en varios envíos de menor importe realizadas por la misma persona en un corto periodo de tiempo (posiblemente para eludir umbrales de control), envíos de dinero hacia o desde países considerados de mayor riesgo por los organismos internacionales (como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI), incoherencia entre el perfil económico aparente del cliente y el volumen de las operaciones que realiza, o reticencia del cliente a facilitar la información de identificación exigida. La detección de estos indicadores debe traducirse en la comunicación correspondiente al Órgano de Control Interno de la compañía y, en su caso, en una comunicación de operación sospechosa (COS) al SEPBLAC.
El régimen sancionador de la Ley 10/2010
El incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales puede constituir infracción leve, grave o muy grave según la Ley 10/2010, con un régimen sancionador que en los supuestos más graves (por ejemplo, el incumplimiento sistemático de las obligaciones de diligencia debida o de comunicación de operaciones sospechosas) puede alcanzar multas de varios millones de euros para la entidad, además de sanciones a título personal para los administradores o directivos responsables del incumplimiento, que pueden incluir la separación del cargo o la inhabilitación temporal. Este régimen sancionador refuerza, desde una perspectiva punitiva, la relevancia práctica que tiene para el personal de Correos que gestiona operaciones de giro el cumplimiento riguroso de los protocolos de identificación y diligencia debida sobre el cliente.
El titular real en las operaciones de giro
Dentro de las medidas de diligencia debida de la Ley 10/2010, cuando el cliente de una operación de giro actúa por cuenta de un tercero (por ejemplo, un intermediario que envía dinero en nombre de otra persona), Correos debe identificar no solo a quien realiza materialmente la operación en el mostrador, sino también al titular real de los fondos, es decir, la persona física que en última instancia posee o controla el cliente o en cuyo nombre se realiza la operación. Esta exigencia de identificar al titular real, más allá del cliente formal, es una de las medidas reforzadas de diligencia debida propias de la normativa antiblanqueo y busca evitar que se utilicen terceras personas como testaferros para ocultar el origen o el destinatario final de fondos de procedencia ilícita.
Escalas del régimen sancionador del RGPD
El RGPD distingue dos escalas de sanciones económicas según la gravedad de la infracción cometida: las infracciones menos graves pueden sancionarse con multas de hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual global de la empresa (la cifra mayor de las dos), mientras que las infracciones más graves -entre ellas, el incumplimiento de los principios básicos del tratamiento, de las bases de licitud o de los derechos de los interesados- pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global, cifra ya mencionada en el punto sobre videovigilancia y geolocalización de este mismo tema. Esta doble escala (2%/10M€ frente a 4%/20M€) es un dato que conviene memorizar con precisión porque distingue el nivel de gravedad de cada tipo de infracción dentro del régimen sancionador europeo de protección de datos.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI)
La Ley 2/2023 crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (conocida por su acrónimo A.A.I.), un organismo de nueva creación con personalidad jurídica propia y plena independencia orgánica y funcional, encargado de promover la cultura de la información y prevención de conductas contrarias a Derecho, gestionar un canal externo de denuncias complementario a los canales internos de las empresas y organismos públicos (como el Canal Ético de Correos), y velar por la adecuada protección de las personas que informen sobre infracciones normativas frente a posibles represalias. La existencia de esta autoridad externa, independiente de la propia organización, refuerza las garantías del sistema de denuncias más allá del canal interno que cada entidad, incluida Correos, está obligada a mantener.
Doble factor de autenticación y otras medidas técnicas de ciberseguridad
Además de las buenas prácticas de comportamiento del personal ya descritas (contraseñas robustas, bloqueo de equipo, alerta ante phishing), el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad exige la implantación de medidas técnicas de ciberseguridad en los sistemas de información: autenticación de doble factor para el acceso a sistemas y aplicaciones sensibles, cifrado de las comunicaciones y del almacenamiento de datos especialmente sensibles, segmentación de redes para limitar el impacto de un eventual incidente de seguridad, y planes de continuidad y recuperación ante desastres que permitan restablecer los sistemas críticos (como la aplicación de admisión IRIS y los sistemas de seguimiento) en caso de un incidente grave, dada la dependencia operativa total que tiene hoy la actividad diaria de admisión, tratamiento, transporte y entrega respecto de estos sistemas informáticos.
Categorización de sistemas según el ENS: básica, media y alta
El Esquema Nacional de Seguridad clasifica los sistemas de información en tres categorías (básica, media o alta) en función de la valoración del impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad o trazabilidad de la información o de los servicios (dimensiones de seguridad), determinando así el nivel de exigencia de las medidas de seguridad del Real Decreto 311/2022. Un sistema que gestiona información especialmente crítica para la prestación del Servicio Postal Universal (por ejemplo, los sistemas centrales de gestión de envíos, Tema 6) previsiblemente se clasifica en una categoría de mayor exigencia que un sistema de uso interno de menor criticidad, lo que se traduce en la obligación de aplicar un conjunto más amplio y riguroso de medidas de seguridad técnicas y organizativas.
Principios del tratamiento de datos (art. 5 RGPD)
El artículo 5 del RGPD enumera los principios que deben respetarse en todo tratamiento: licitud, lealtad y transparencia (tratamiento lícito y con información clara al interesado); limitación de la finalidad (los datos se recogen con fines determinados, explícitos y legítimos y no se tratan de forma incompatible con ellos); minimización de datos (solo los adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); exactitud (datos exactos y actualizados); limitación del plazo de conservación (no más tiempo del necesario); integridad y confidencialidad (seguridad adecuada frente a acceso no autorizado, pérdida o destrucción); y, como principio transversal, responsabilidad proactiva o rendición de cuentas (el responsable debe cumplir y poder demostrar que cumple). En la práctica de Correos, minimización y confidencialidad significan acceder solo a los datos necesarios para la gestión concreta y no comentar la información de un envío o cliente con terceros.
Conceptos clave del RGPD: dato personal, responsable, encargado y categorías especiales
Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable (nombre, dirección, DNI, número de envío asociado a una persona). Tratamiento es cualquier operación sobre datos (recogida, registro, consulta, comunicación, supresión). El responsable del tratamiento determina los fines y medios (en la gestión de sus servicios, Correos); el encargado del tratamiento lo trata por cuenta del responsable, en virtud de un contrato (art. 28 RGPD), como un proveedor de servicios informáticos; la persona interesada es el titular de los datos. Las categorías especiales de datos (art. 9 RGPD: origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, salud, vida u orientación sexual) tienen una protección reforzada y su tratamiento está prohibido salvo que concurra alguna excepción legal. El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco; en España, los menores de 14 años necesitan el consentimiento de sus padres o tutores (art. 7 LOPDGDD).
Brechas de seguridad y régimen sancionador de la LOPDGDD
Una brecha de seguridad es todo incidente que ocasione la destrucción, pérdida, alteración o comunicación o acceso no autorizados a datos personales. El responsable debe notificarla a la AEPD sin dilación indebida y, de ser posible, en un máximo de 72 horas desde que tuvo constancia (art. 33 RGPD), salvo que sea improbable que suponga un riesgo para los derechos y libertades; si el riesgo es alto, debe comunicarla también a las personas afectadas (art. 34 RGPD). El encargado debe avisar al responsable sin dilación. La LOPDGDD clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, con plazos de prescripción de tres, dos y un año respectivamente. El RGPD prevé dos escalas de multas administrativas: hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación global (obligaciones del responsable y del encargado, entre otras) y hasta 20 millones o el 4% (principios básicos, licitud, derechos de los interesados, transferencias internacionales).
Protección de datos en la práctica del puesto: ventanilla y reparto
En el mostrador, el empleado debe comprobar la identidad antes de facilitar información sensible sobre un envío o una operación a quien la solicita, no leer datos en voz alta a la vista de otros clientes, no dejar documentos o pantallas visibles (política de escritorio limpio) y no fotografiar documentos de identidad con dispositivos personales. En el reparto, los avisos y documentos con datos personales no deben dejarse a la vista, las PDA deben bloquearse al terminar la gestión y los listados de envíos no deben comentarse con terceros ni sacarse de las instalaciones. No debe confundirse la protección de datos (RGPD/LOPDGDD, derecho a controlar los propios datos personales) con el secreto de las comunicaciones postales (art. 18.3 CE), que protege el contenido y la existencia de las comunicaciones: ambos operan simultáneamente sobre los envíos postales.
Diligencia debida en la Ley 10/2010: tipos y medidas reforzadas
La diligencia debida sobre la clientela se aplica en tres niveles: simplificada (para clientes o productos de riesgo bajo), normal u ordinaria y reforzada (para supuestos de riesgo elevado). Comprende: identificar formalmente al cliente mediante documento fehaciente (DNI, NIE o pasaporte), identificar al titular real, conocer el propósito e índole de la relación o de la operación y aplicar un seguimiento continuo. Se aplican medidas reforzadas, entre otros, a las personas con responsabilidad pública (PEP), a las relaciones con países de riesgo identificados por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a operaciones que no se corresponden con el perfil del cliente. El Reglamento de la Ley 10/2010 se aprobó por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Deberes del personal en prevención del blanqueo: examen, comunicación y no revelación
El personal que gestiona operaciones de giro debe: aplicar la identificación exigida en cada operación; examinar con especial atención cualquier hecho u operación que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo o la financiación del terrorismo (examen especial); comunicar sin dilación al órgano interno competente los indicios, incluso si la operación no llegó a ejecutarse; guardar la documentación durante diez años; y asistir a las acciones de formación. Rige una prohibición de revelación: ni el sujeto obligado ni sus empleados pueden revelar al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al SEPBLAC o que se está examinando una operación. La ley protege al empleado que comunica de buena fe, garantizando la confidencialidad de su identidad y prohibiendo represalias.
Novedades europeas en prevención del blanqueo de capitales
La Unión Europea ha aprobado en 2024 un nuevo paquete normativo antiblanqueo compuesto, entre otras normas, por el Reglamento (UE) 2024/1624 (norma única directamente aplicable a los sujetos obligados, que será de aplicación general en julio de 2027), la Directiva (UE) 2024/1640 y el Reglamento (UE) 2024/1620, que crea la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, con sede en Fráncfort). Hasta que el nuevo régimen resulte plenamente aplicable, continúa vigente la Ley 10/2010 y su Reglamento. La reforma refuerza la armonización europea, la supervisión y el tratamiento del titular real.
Transparencia: la Ley 19/2013 y su aplicación a Correos
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplica, entre otros sujetos, a las sociedades mercantiles estatales como Correos, y se articula en tres pilares: publicidad activa (publicación de oficio de información institucional, organizativa, económica y presupuestaria), derecho de acceso a la información pública (cualquier persona puede solicitar información sin necesidad de motivar la solicitud; el plazo general de resolución es de un mes, ampliable por otro mes) y buen gobierno (principios éticos y de actuación de los responsables públicos). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el órgano independiente de control, ante el que cabe reclamación potestativa previa a la vía contencioso-administrativa. El Portal de Transparencia de Correos (tema 10) es la herramienta de publicidad activa de la compañía.
Cumplimiento penal y prevención de la corrupción
El Código Penal (art. 31 bis) prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su provecho por sus representantes o empleados, y reconoce como atenuante o exención la existencia de un modelo de organización y gestión eficaz para prevenir delitos (compliance penal) con un órgano de supervisión, un canal de denuncias y un sistema disciplinario. Para las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, el Código prevé un régimen específico en el que solo pueden imponerse penas de multa o de intervención judicial (art. 31 quinquies). Existen normas técnicas de referencia como la UNE 19601 (compliance penal) y la ISO 37001 (antisoborno). Los delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios o revelación de secretos son riesgos propios que el código ético de Correos aborda con políticas sobre regalos, atenciones y conflictos de interés.
Conceptos de ciberseguridad: tríada CID y amenazas habituales
La seguridad de la información se resume en la tríada CID: confidencialidad (solo accede quien está autorizado), integridad (la información no se altera de forma no autorizada) y disponibilidad (la información y los servicios están accesibles cuando se necesitan); el ENS añade la autenticidad y la trazabilidad. Las amenazas más frecuentes son: phishing (correo fraudulento para obtener credenciales o inducir a pinchar enlaces), smishing (por SMS) y vishing (por llamada telefónica); la ingeniería social (manipulación de personas); el malware y, en particular, el ransomware (cifrado de datos con exigencia de rescate); la suplantación de identidad y el fraude del CEO. Las defensas básicas son contraseñas robustas y únicas, doble factor de autenticación, actualización de software, copias de seguridad, minimización de privilegios y comunicación inmediata de incidentes. A escala nacional, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y el INCIBE-CERT son referentes en respuesta a incidentes.
Marco europeo y nacional de ciberseguridad: NIS2 y otras normas
Además del ENS, el marco de ciberseguridad comprende, entre otras normas, el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información (transposición de la primera Directiva NIS) y la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), que amplía los sectores y las entidades obligadas e incluye los servicios postales y de mensajería entre los sectores críticos. Estas normas imponen medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad y obligaciones de notificación de incidentes significativos. La transposición completa de NIS2 al ordenamiento español debe consultarse en la norma vigente en cada momento. Estas obligaciones complementan, sin sustituir, las exigidas por el RGPD en materia de seguridad del tratamiento.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El RGPD (Reglamento UE 2016/679) y la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018) rigen la protección de datos; el art. 22 LOPDGDD regula la videovigilancia de seguridad, el art. 89 la videovigilancia laboral y el art. 90 la geolocalización laboral.
Correos es sujeto obligado de la Ley 10/2010 (art. 2.1) por sus servicios de giro o transferencia, bajo la supervisión del SEPBLAC; conserva la documentación diez años.
La Ley 2/2023 obliga a implantar un Sistema Interno de Información confidencial, con acuse de recibo en 7 días naturales y respuesta en 3 meses (ampliable otros 3); prohíbe las represalias.
Esquema Nacional de Seguridad: Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (deroga el RD 3/2010); categorías básica, media y alta; aplicable al sector público y a quienes se relacionan electrónicamente con él.
El art. 6 del RGPD exige una base jurídica para cada tratamiento: ejecución de contrato, obligación legal, consentimiento, interés vital, misión de interés público e interés legítimo.
Derechos RGPD: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad; plazo general de respuesta de un mes.
El art. 37 del RGPD obliga a designar un Delegado de Protección de Datos (DPO); el art. 30 exige el Registro de Actividades de Tratamiento; el art. 35, la evaluación de impacto (EIPD).
Las brechas de seguridad con riesgo deben notificarse a la AEPD en 72 horas; si el riesgo es alto, también a los afectados.
RGPD: dos escalas de multas, hasta 10 millones o el 2% y hasta 20 millones o el 4% de la facturación global.
Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación de conservación; integridad y confidencialidad; responsabilidad proactiva.
Consentimiento de menores: en España, a partir de 14 años (art. 7 LOPDGDD).
En operaciones de giro por cuenta de terceros se identifica también al titular real; medidas reforzadas para PEP y países de riesgo.
Prohibición de revelación: no se puede comunicar al cliente que se ha informado al SEPBLAC.
La AAI (Autoridad Independiente de Protección del Informante) gestiona un canal externo complementario a los canales internos.
Tríada CID: confidencialidad, integridad y disponibilidad (el ENS añade autenticidad y trazabilidad).
Ley 19/2013: publicidad activa, derecho de acceso (un mes, ampliable) y buen gobierno; el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supervisa.
No confundir SEPBLAC (blanqueo), AEPD (datos), CNMC (mercado y calidad postal) ni AAI (informantes).
El nuevo paquete antiblanqueo de la UE (Reglamento 2024/1624, AMLA) será de aplicación general en julio de 2027.
NIS2 (Directiva UE 2022/2555) incluye los servicios postales y de mensajería entre los sectores críticos.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según la Ley 2/2023, ¿en qué plazo máximo debe acusarse recibo de una comunicación recibida por el Sistema Interno de Información?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 12 de Correos?
El Tema 12 reúne cuatro bloques normativos de cumplimiento (compliance) que afectan de forma transversal a toda la actividad de Correos como gran prestador de servicios postales y financieros: la protección de datos personales de remitentes, destinatarios, empleados y usuarios de sus servicios; la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, derivada de su actividad de giro y transferencia de dinero; el compromiso ético y la transparencia frente a empleados, clientes y sociedad (código de conducta, canal de denuncias de la Ley 2/2023, Ley 19/2013 de transparencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas); y la seguridad de la información y la ciberseguridad, reforzada por su condición de entidad del sector público que gestiona sistemas críticos para la prestación de un servicio esencial y se rige por el Esquema Nacional de Seguridad. Estos cuatro ámbitos comparten un mismo objetivo: garantizar que la actividad de Correos se ajusta a la legalidad, protege los derechos de las personas y genera confianza en una empresa que trata a diario datos sensibles, dinero y comunicaciones de millones de ciudadanos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?
El RGPD (Reglamento UE 2016/679) y la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018) rigen la protección de datos; el art. 22 LOPDGDD regula la videovigilancia de seguridad, el art. 89 la videovigilancia laboral y el art. 90 la geolocalización laboral. Correos es sujeto obligado de la Ley 10/2010 (art. 2.1) por sus servicios de giro o transferencia, bajo la supervisión del SEPBLAC; conserva la documentación diez años. La Ley 2/2023 obliga a implantar un Sistema Interno de Información confidencial, con acuse de recibo en 7 días naturales y respuesta en 3 meses (ampliable otros 3); prohíbe las represalias. Esquema Nacional de Seguridad: Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (deroga el RD 3/2010); categorías básica, media y alta; aplicable al sector público y a quienes se relacionan electrónicamente con él. El art. 6 del RGPD exige una base jurídica para cada tratamiento: ejecución de contrato, obligación legal, consentimiento, interés vital, misión de interés público e interés legítimo. Derechos RGPD: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad; plazo general de respuesta de un mes. El art. 37 del RGPD obliga a designar un Delegado de Protección de Datos (DPO); el art. 30 exige el Registro de Actividades de Tratamiento; el art. 35, la evaluación de impacto (EIPD). Las brechas de seguridad con riesgo deben notificarse a la AEPD en 72 horas; si el riesgo es alto, también a los afectados. RGPD: dos escalas de multas, hasta 10 millones o el 2% y hasta 20 millones o el 4% de la facturación global. Principios del art. 5 RGPD: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación de conservación; integridad y confidencialidad; responsabilidad proactiva. Consentimiento de menores: en España, a partir de 14 años (art. 7 LOPDGDD). En operaciones de giro por cuenta de terceros se identifica también al titular real; medidas reforzadas para PEP y países de riesgo. Prohibición de revelación: no se puede comunicar al cliente que se ha informado al SEPBLAC. La AAI (Autoridad Independiente de Protección del Informante) gestiona un canal externo complementario a los canales internos. Tríada CID: confidencialidad, integridad y disponibilidad (el ENS añade autenticidad y trazabilidad). Ley 19/2013: publicidad activa, derecho de acceso (un mes, ampliable) y buen gobierno; el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supervisa. No confundir SEPBLAC (blanqueo), AEPD (datos), CNMC (mercado y calidad postal) ni AAI (informantes). El nuevo paquete antiblanqueo de la UE (Reglamento 2024/1624, AMLA) será de aplicación general en julio de 2027. NIS2 (Directiva UE 2022/2555) incluye los servicios postales y de mensajería entre los sectores críticos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Primer Desarrollo de las Bases Generales de la Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral Fijo en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (Grupo Profesional IV, Personal Operativo) — Anexo III: Programa de Pruebas, publicado por Correos el 14 de octubre de 2022 (firmado por Fernando Ramírez Ruiz, Director de Personas y Relaciones Laborales), en desarrollo de las Bases Generales publicadas el 27 de mayo de 2022 (Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral Fijo 2022, Grupo Profesional IV (Personal Operativo): Reparto, Agente-Clasificación y Atención al Cliente (7.757 plazas)).
Fuentes de este desarrollo
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), arts. 7, 22, 89 y 90
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, art. 2.1 (BOE-A-2010-6737); Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento
Reglamento (UE) 2024/1624, Directiva (UE) 2024/1640 y Reglamento (UE) 2024/1620 (paquete antiblanqueo de la UE)
SEPBLAC - sepblac.es
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción; Directiva (UE) 2019/1937
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 31 bis y 31 quinquies
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (BOE-A-2022-7191)
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información; Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2)
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